Sentencia 2011-01267 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002325000201101267 - 01 (0766-2013)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Pedro José Daza Ospina

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación

Apelación Sentencia – Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Recibido el expediente en el Despacho sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

1. Problema jurídico.

El problema jurídico a resolver en esta instancia, se contrae a determinar si el señor Pedro José Daza Ospina, por haber desempeñado los cargos de Controlador de Tránsito Aéreo y Técnico Aeronáutico, desde el 27 de octubre de 1988 hasta el 30 de junio de 2009, en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, tiene derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966, normas que contemplan este derecho al cumplir (20) años de servicios, cualquiera que fuera su edad(1), y equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios(2). Para desatar la cuestión litigiosa es preciso revisar: i) El régimen pensional previsto para algunos funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, ii.) El análisis del caso concreto.

2. Del régimen especial aplicable a algunos empleados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Evolución normativa.

El artículo 2º de la Ley 7ª del 10 de marzo de 1961, “Sobre pensiones de jubilación de Radio - operadores, Técnicos de Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos”, dispuso:

“Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1237 de 1946 y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad.

PAR.—Es bien sabido que para poder gozar de la pensión de jubilación en los términos anteriores, los trabajadores señalados deberán reintegrar o compensar a la Caja Nacional de Previsión Social las sumas que por concepto de auxilio de cesantía hubieren recibido de Aerovías Nacionales de Colombia, S.A. (Avianca)”.

A su vez, el artículo 3º del Decreto 1372 de 1966, reglamentario de la Ley 7ª de 1961, “Sobre pensiones de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de meteorología”, estableció:

“Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de la planta de cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento Administrativo del Servicio Civil”.

Y en lo concerniente al monto de la pensión vitalicia de jubilación, el artículo 6º del mismo Decreto, señaló:

“De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946, el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de servicios”.

Posteriormente, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, con respecto a las actividades de alto riesgo, se indicó lo siguiente:

“ART. 140.—Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Fue entonces cuando - en desarrollo de lo dispuesto en la transcrita norma de la Ley 100 de 1993 - mediante el Decreto 1835 de 1994(3), se precisaron las actividades consideradas de alto riesgo, y de contera, se modificaron los requisitos consagrados en la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966, para acceder a la pensión de jubilación, así:

“ART. 2º—Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

(…)

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil de conformidad con la reglamentación contenida en la resolución No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio del cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.

Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución 2450 de diciembre 19 de 1974 por medio del cual se adopta el manual de reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren”.

Y en lo que concierne al tema pensional, se dijo:

ART. 6º—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que laboren en las actividades previstas en el numeral 4º del artículo 2º de este decreto, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando cumplan los siguientes requisitos:

1) a. 55 años de edad y b. 1000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este decreto.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1000 semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o

2) a. 45 años de edad y b. 1000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este decreto.

Empero, este mismo decreto estableció un régimen de transición, al siguiente por menor:

ART. 7º—Régimen de transición. El régimen general de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombre, o 10 o más años de servicios prestados o cotizados, así:

1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este decreto;

2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados a la planta de personal del sector técnico aeronáutico; Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los funcionarios descritos en los numerales 1º y 2º de este artículo, serán los establecidos en el régimen anterior que les era aplicable. Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.

Sin embargo, el Decreto 1835 de 1994, fue derogado por el Decreto 2090 de 2003, el cual, nuevamente modificó los requisitos para acceder a la pensión y a su vez, estableció otro régimen de transición:

ART. 3º—Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

ART. 4º—Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

(…)

ART. 6º—Régimen de transición. (Artículo condicionalmente exequible) Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PAR.—Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia (abr. 1º/1994), se encontraran próximas a cumplir los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, así:

“ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Aparte tachado Inexequible. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Inciso condicionalmente exequible. Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Inciso condicionalmente exequible. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PAR.—Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

PAR. 2º. Parágrafo inexequible”.

3.2. Análisis del caso concreto.

Establecido lo anterior y descendiendo al caso bajo estudio, deberá verificarse si el demandante se encontraba amparado por el régimen de transición consagrado en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 y su parágrafo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la inconformidad del recurrente gira en torno a la interpretación que tanto la Entidad demandada como el Colegiado de primera instancia otorgan a la mencionada norma, en lo tocante al cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es preciso analizar también el alcance de la normatividad que consagra este régimen de transición.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el certificado expedido por el jefe del grupo de situaciones administrativas de la dirección de talento humano de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el señor Pedro José Daza Ospina prestó sus servicios a la mencionada entidad desde el 27 de Octubre de 1998 hasta el 30 de junio de 2009, desempeñando los siguientes cargos:

CargoDesdeHasta
Controlador de tránsito aéreo Grado 0827-10-8819-02-89
Controlador de tránsito aéreo Grado 1020-02-8913-09-90
Controlador de tránsito aéreo Grado 1214-09-9031-01-94
Técnico aeronáutico III Grado 1801-02-9425-08-97
Controlador de tránsito aéreo aeródromo 2126-08-9725-05-98
Controlador de tránsito aéreo radar 2526-05-9802-04-03
Controlador de tránsito aéreo supervisor 2803-04-0313-12-07
Controlador de tránsito aéreo experto 3014-12-0730-06-09

En este documento se indica que el cargo de Técnico aeronáutico III Grado 18, desempeñado por el demandante, durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1994 y el 24 de agosto de 1997, correspondía a las funciones de Controlador de tránsito aéreo. (Fls. 3 y 4)

Así las cosas, para la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 (jul. 28/2003), el demandante había cotizado, aproximadamente, 758 semanas en ejercicio de una actividad calificada como de alto riesgo(4), en consecuencia, cumplió con el primero de los requisitos consagrados en el artículo 6º ibídem.

Empero, el parágrafo de esta misma norma determinó con suficiente claridad, que este derecho solo podrá ejercerse por quienes estando cobijados por el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, cumplieran en adición a los requisitos especiales en él señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

Es decir, esta disposición contiene un régimen de transición, con unas exigencias especiales cuya efectividad está supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, que al momento de su entrada en vigencia (abr. 1º/1994), estas personas tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados.

Así las cosas, para que una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003, la pensión sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, la norma no plantea como opción, el cumplir con los requisitos establecidos en uno u otro régimen; por el contrario, indiscutiblemente, exige que una vez satisfechos los correspondientes al régimen del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, también lo sean los consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; dicho en otras palabras, impone el cumplimiento de todos ellos, en conjunto.

Esta adición entre los requisitos especiales del régimen de transición del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 y los consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es excluyente, pues en efecto, de este precepto se desprenden diferentes hipótesis que hacen posible el cumplimiento de sendos requisitos, así:

Tendrán derecho a que una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003, para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, aquellas personas que:

a. i.) A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (abr. 1º/1994) tuvieren 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres y, ii.) A la fecha en que entró en vigencia el Decreto 2090 de 2003 (jul. 28/2003), hubieran completado 500 semanas de cotización especial;

b. i.) A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (abr. 1º/1994) tuvieran 15 años de servicio y ii.) A la fecha en que entró en vigencia el Decreto 2090 de 2003 (jul. 28/2003) completaran 500 semanas de cotización especial.

En consecuencia, la norma que consagra el régimen de transición cuya aplicación depreca el demandante, no admite interpretaciones diferentes a la aquí plasmada y per se, no resulta contraria al principio de favorabilidad, pues como en reiteradas oportunidades lo ha dicho la Corte Constitucional, este opera bajo las siguientes condiciones:

“El principio de favorabilidad en materia laboral, consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación más favorable al empleado, en caso de duda en la aplicación e interpretación jurídicas.

El principio apunta a superar controversias respecto de la aplicación de dos normas y cuando un precepto admite diversas interpretaciones. A juicio de la Corte, “la favorabilidad opera, entonces, no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones (…)”. [20]

Profundizando en el último escenario propuesto, cuando una norma admite varias interpretaciones, ha expuesto esta Corte que para la aplicación de la favorabilidad deben presentarse, además, dos elementos, a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra interpretación; y, (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, que sean aplicables a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto [21]”(5).

Así las cosas, al tenor de las razones consignadas, la norma en comento es lo suficientemente clara, no ofrece duda y se reitera, en su contenido, evidentemente, no concurren dos interpretaciones, pues la sugerida por la parte actora resultaría abiertamente contraria a esta disposición, al escindir su contenido del parágrafo que la complementa y darle un alcance que no tiene.

Aclarado lo anterior, según se desprende del acervo probatorio obrante en el expediente, el señor Daza Ospina nació el 28 de agosto de 1964(6), en consecuencia, para la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 (abr. 1º/1994), solo contaba con 29 años, 7 meses y 4 días de edad y tan solo 5 años, 5 meses y 5 días de servicio acreditados(7).

Por lo tanto, como bien lo expuso el a quo, si bien el demandante demostró que para la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), había cotizado aproximadamente 758 semanas en ejercicio de una actividad calificada como de alto riesgo, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación que se reitera, debía ser satisfecha por el demandante en adición a la primera de las condiciones, para así tener derecho a la pensión, una vez acreditara el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003.

Así las cosas, la decisión que se impone es la de confirmar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

SE CONFIRMA la sentencia del seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección D, dentro del proceso promovido por el señor Pedro José Daza Ospina, contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en liquidación, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 Ley 7 de 1961. ART. 2º—“Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad”.

2 Decreto 1372 de 1966. ART. 6º—“De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7ª de 1961 y 21 del decreto 1237 de 1946, el personal de que trata el presente decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de las asignaciones que hubieren devengado durante el último año de servicios”.

3 “Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos”.

4 En la Sentencia C- 663/07, la Corte Constitucional, declaró la exequibilidad condicionada del artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, al siguiente pormenor: “La Corte procederá, por las razones anteriores, a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003 acusado con el fin de remover este obstáculo al acceso al régimen de transición pensional. Para ello se tomará en cuenta la interpretación más favorable a los trabajadores, que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales actividades hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieran el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003. De esta manera, no serán exigibles 500 semanas de “cotización especial” ni un mínimo de semanas de “cotización especial”. Dicho de otro modo, en atención a la perspectiva naturalista y jurídica descritas previamente sobre el límite establecido por el legislador con el régimen de transición fijado en el artículo 6º del decreto acusado, es claro que para permitir el acceso de los trabajadores de alto riesgo al régimen de transición descrito, deben valer dentro de las 500 semanas de cotización especial aquellas semanas de cotización que pueda acreditar el trabajador efectuadas en cualquier actividad previa a ese decreto, que hubieren sido calificada jurídicamente como de alto riesgo y no solo las cotizaciones de carácter “especial” derivadas del Decreto 1281 de 1994. Dicha calificación jurídica puede haberse plasmado en diferentes tipos de regulación especial en materia pensional en razón del riesgo asociado a la actividad efectuada, v.gr, (i) regulaciones que establecían una cotización especial, (ii) normas que clasificaban la actividad como de alto riesgo, (iii) o un régimen especial de orden pensional justificado por la necesidad de protección especial de la actividad y del trabajador que la realiza exponiéndose a riesgos. Así también se acoge la interpretación más favorable al trabajador”. Resaltado fuera de texto.

5 Sentencia T-559/11

6 Ver folio 86.

7 Ver folio 3.