Sentencia 2011-01267 de octubre 23 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 730011102000201101267 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según acta de Sala 082 de la fecha.

Registro de proyecto 8 de octubre de 2013.

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer en apelación el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(7), 59 de la Ley 1123 de 2007(8), ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde.

Ahora, para proferir fallo sancionatorio se hace exigible la certeza sobre la materialidad de la falta y la responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios de la ley procesal que conforman el derecho fundamental del debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

La falta atribuida en el fallo de primera instancia, se encuentra consagrada tipificada en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, en los siguientes términos:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…).

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Ahora bien, antes de entrar a analizar el acervo probatorio para determinar si efectivamente el abogado Edward Ancízar Ramírez Correa incurrió o no en el citado tipo disciplinario, esta superioridad estima pertinente realizar las siguientes precisiones:

En nuestro ordenamiento legal, la profesión de abogado se encuentra regulada por la Constitución Política, por el Decreto 196 de 1971 y hoy por la Ley 1123 de 2007, correspondiéndole el control de la misma al Estado, quien lo ejerce a través de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, en tal virtud, el numeral 3º del artículo 256 superior, dispone:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, las siguientes atribuciones... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley...” (resaltado fuera del texto).

Luego entonces, partiendo del supuesto jurídico según el cual, el Estado a través de la acción disciplinaria, busca sancionar las conductas que constituyan falta por parte de los abogados en ejercicio de la profesión, sin que se vislumbre excepción alguna, en la jurisdicción disciplinaria el sujeto pasivo de la acción se encuentra calificado jurídicamente, razón por la cual, personas diferentes a los abogados en ejercicio de la profesión, no son sancionables bajo esta jurisdicción.

Como puede observarse, no por el simple hecho de que la persona denunciada ostente la condición de abogado, es merecedor de reproche disciplinario, pues debe examinarse que su conducta la haya desplegado en ejercicio de la profesión.

Frente al concepto del ejercicio profesional, la jurisprudencia ha considerado que se puede predicar, entre otros, en los siguientes casos:

a) Asesoría profesional tanto en el ámbito privado o público.

b) Consejería.

c) Actuación en actividades jurídicas extra procesales que requieran conocimientos jurídicos.

d) Desempeño en cargos públicos o privados, que requieran título profesional de abogado.

e) Desempeño de cargos en la rama judicial como funcionarios o empleados de la misma, que exijan como requisito, la condición de abogado.

f) El ejercicio como litigante.

Ahora bien, se encuentra plenamente demostrado, que el señor Pedro Nel Quintero Puentes, el abogado Edward Ancízar Ramírez Correa y la señora Olga María Horta celebraron “contrato de prestación de servicios” en donde estos últimos se comprometieron a prestar sus “servicio de intermediación y asesoría en la compraventa de cesion(Sic) de credito(Sic) o derechos litigiosos con la entidad Banco Vilvao Vizcaya Argentina… en el cual es deudor la señor(a) Flor Nory Conde Gonzalez(Sic) siendo que en aquella obligación se encuentra inmersa la garantía hipotecaria del inmueble ubicado en la MZ 13 casa 12 del barrio Cantabria… objeto de cobro mediante proceso ejecutivo hipotecario que cursa ante el Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué…”(9).

Igualmente, se estipuló en la cláusula segunda del citado contrato que el hoy quejoso, se comprometía a pagar en su totalidad la suma de $ 30.000.000 por concepto del valor a cancelar al BBVA por la cesión de los derechos litigiosos, los honorarios del abogado que tramitó el proceso a la fecha de la suscripción del contrato y los del profesional que lo llevaría hasta el final del remate o subasta pública más la comisión por venta que “recibirían aquellos”, además el valor del impuesto predial, los servicios públicos y el 3% del remate, entregando a la fecha de firma del documento $ 7.000.000.

Pues bien, consideró el a quo que el Dr. Edward Ancízar Ramírez Correa, al desplegar la anterior conducta, actualizó los verbos rectores del tipo imputado, en tanto si bien actuó como comerciante, también puso de presente al quejoso, su condición de abogado, en virtud de la cual prestó asesoría y dio las explicaciones e indicaciones que determinaron que el señor Quintero se desprendiera de su patrimonio, razón por la cual si resultaba destinatario de la ley disciplinaria, conclusión que esta Superioridad no comparte por las razones que pasan a exponer:

En primer lugar, nótese como del contrato de prestación de servicios realizado entre el señor Pedro Nel Quintero Puentes y el investigado se evidencia que este último se comprometió a prestar sus servicios de intermediación y asesoría en relación a una cesión de crédito o de derechos litigiosos dentro de un asunto civil que recaía sobre un bien inmueble. En ningún momento se presentó o identificó como profesional del derecho, es decir no estaba ejerciendo la abogacía, actuaba como una persona natural que suscribió con otra, un contrato de tipo civil, que escapa a la competencia de esta Sala, dichas partes no suscribieron ningún otro contrato, ni el primero otorgó poder al segundo para adelantar gestión alguna.

Además, en dicho contrato se señaló textualmente “los señores prestadores de aquellos servicios de intermediación se comprometen a gestionar ante la empresa BBVA hasta la materialización de la correspondiente cesion(Sic) de credito(Sic) o derechos litigiosos… tan pronto culmine el proceso de negociación y cancelación ante la Refinancia… esta emitirá la documentación a presentar ante el correspondiente juzgado que tramita el proceso hipotecario, siendo que para ello se requiere de un abogado a continuar con el trámite legal establecido hasta su culminación con el respectivo remate o subasta pública, y este será designado por los contratante…” (resaltado nuestro).

De esta manera, evidencia lo anterior, se dejaba claro que en el momento de necesitar los servicios de un profesional del derecho, el contratante, esto es, el quejoso, debía designar uno, lo cual ratifica que el hoy investigado no actuaba como tal dentro de esas diligencias, aunado a las declaraciones de la señora Olga María Ramírez Horta, quien ratificó que el investigado firmó el pluricitado contrato en calidad de comisionista.

Con todo lo anterior, esta instancia estima que la conducta desplegada por el abogado Edward Ancízar Ramírez Correa es atípica, toda vez que en el contrato de prestación de servicios suscrito no estaba actuando en calidad de abogado, sino como intermediario o comisionista en la compra o cesión de unos derechos litigiosos.

Tampoco puede concluirse como lo hizo el a quo que por ostentar el investigado la condición de abogado, este prestó asesoría, dio explicaciones e indicaciones determinantes para el desprendimiento patrimonial del quejoso, siendo por tal razón su conducta disciplinable por esta jurisdicción, porque tal y como el abogado defensor lo dijo, actuó dentro del asunto como comisionista, corroborado ello por el propio contrato suscrito en donde se especificó que “Olga María(Sic) Ramirez(Sic) Horta y Edward Ancizar Ramirez(Sic) Correa… prestaran sus servicios de intermediación y asesoría en la compraventa… que los señores prestadores de aquellos servicios de intermediación se comprometen a gestionar ante la empresa BBVA hasta la materialización de la correspondiente cesión(Sic) de credito(Sic) o de derechos litigiosos”.

Luego entonces se probó que en ningún momento se le encargó al denunciado adelantar las gestiones en calidad de profesional del derecho, tanto así que no suscribió el contrato haciendo referencia a su tarjeta profesional, contrario a ello lo hizo con su número de cédula de ciudadanía y condicionado el contrato que al momento de necesitar un abogado, el contratante lo buscaría, lo que acredita más la tesis expuesta.

Así las cosas, la conducta del abogado Ramírez Correa no estructura todos los elementos constitutivos para el ejercicio de la profesión, veamos:

a) Capacidad de ejercicio, acreditada con la tarjeta profesional, mediante la cual se indica, que es idóneo para actuar en calidad de abogado.

b) Un mandato debidamente conferido para que interviniera en un caso concreto.

c) Un proceso judicial que requería la presencia de profesionales del derecho para la postulación de derechos litigiosos, pues si bien, éstos recaían sobre un asunto que se adelantó en el Juzgado Doce Civil Municipal de Ibagué, del propio contrato de prestación de servicios describió el hecho de estar actuando un abogado ante el despacho judicial y para el caso en concreto.

Entonces, el denunciado en ningún momento representó judicialmente al señor Quintero Puentes, pues se itera, este último contrató con el investigado pero un contrato de intermediación y asesoría de cesión de crédito y no para que adelantará gestión judicial alguna en su nombre.

Y es que debe señalarse también que el hecho de ostentar la calidad de profesional del derecho, no implica, que no pueda realizar otro tipo de negocios o desempeñar algunos cargos, razón por la cual, esta colegiatura no puede pronunciarse al respecto, toda vez que de hacerlo, estaría extralimitándose en el ejercicio de sus funciones y, a su vez, invadiendo el ámbito de competencia de otras instancias.

En este estricto orden de ideas, es procedente terminar el procedimiento disciplinario, pues de acuerdo a la norma contenida en el artículo 256 de la Constitución Política, esta corporación es competente para investigar la conducta de los togados en ejercicio de su profesión, situación que en este preciso evento no se materializa, sin perjuicio de que el quejoso pueda formular la respectiva demanda ante la jurisdicción competente si considera que se ha transgredido el ordenamiento jurídico, en materia penal por ejemplo o la vía civil de la responsabilidad contractual.

Así las cosas, debe darse aplicación al artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, según el cual, “En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento” (resaltado nuestro).

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 21 de noviembre de 2012 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual sancionó al abogado Edward Ancízar Ramírez Correa, para en su lugar ABSOLVERLO acorde con la parte motiva de este proveído.

2. Notifíquese personalmente esta decisión al abogado disciplinado, para tal fin, se comisiona al seccional de instancia, de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley; líbrense las comunicaciones que fueren pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

(7) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

(8) “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

(9) Contrato obrante a folios 123 y 124, C.O.