Sentencia 2011-01297 de abril 27 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 05001-23-31-000-2011-01297-01(2272-15)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Mónica Rodríguez Maya

Demandado: Municipio de Sabaneta - Antioquia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984.

Bogotá, D.C., abril veintisiete de dos mil dieciséis. SE 038.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿La señora Mónica Rodríguez Maya adquirió la calidad de funcionaria de hecho durante el período en el que ejerció funciones como gerontóloga para el municipio de Sabaneta?

A efectos de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes temas: (i) Formas de vinculación con el Estado; (ii) la figura del funcionario de hecho y; (iii) caso concreto.

1. Formas de vinculación con el Estado.

El artículo 122 de la Constitución Política dispuso:

“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

(…)”.

Así el empleo público existe una vez se cree en la planta de personal respectiva, se señalen sus específicas funciones y, cuando sus emolumentos se encuentran previstos en el respectivo presupuesto. La titularidad para ejercerlo se adquirirá sólo a partir de la posesión del mismo. Al respecto, esta Subsección mediante sentencia de 13 de febrero de 2014(2), manifestó:

“[…] Un empleado público es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público y pueda obtener los derechos que de ellos se derivan, son, en principio, la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la determinación de las funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor (C.P., art. 122).

Entonces, para que una persona natural desempeñe un empleo público se requiere que su ingreso se realice por medio de una designación válida, nombramiento o elección según el caso, seguida de la posesión para poder ejercer las funciones del empleo. Es decir que la persona nombrada y posesionada es la que se encuentra investida de las facultades, cumple con sus obligaciones y presta el servicio correspondiente […]”.

Ahora, el artículo 125 Constitucional determinó las formas en que procede la vinculación con la administración pública en los siguientes términos:

“ART. 125.—Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (…)”.

De esta manera, se pude inferir que la Constitución prevé tres formas de vinculación con el Estado a saber: (i) A través de una relación legal y reglamentaria, propia de los empleados públicos; (ii) mediante una relación contractual laboral, en la cual están los trabajadores oficiales y; (iii) por medio de una relación contractual de carácter estatal, configurada por los contratos de prestación de servicios(3).

No obstante, puede existir una vinculación con el Estado excepcional y anormal que se ha denominado “funcionario de hecho”, forma de vinculación a través de la cual una persona ocupa un cargo de la administración pública y cumple las funciones propias del mismo, empero su investidura es irregular, conforme pasa a exponerse.

1.1. Funcionario de hecho.

La jurisprudencia de esta corporación ha señalado(4), que esta forma anormal de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos, a saber:

“[…] a) En los periodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio de la función pública pero por causas anteriores o supervivientes resulta inválido o deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras, revoluciones, grandes calamidades, etc., (…) es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo ciertas funciones públicas […]”.

Ahora bien, para que la figura del funcionario de hecho se configure en el período de normalidad institucional, es necesario que se cumplan ciertos requisitos esenciales. En ese sentido, esta corporación en sentencia del 9 de junio de 2011(5), expuso:

“[…] En consecuencia los requisitos esenciales para que se configure el funcionario de hecho en los períodos de normalidad institucional son, que exista de jure el cargo, que la función ejercida irregularmente, se haga en la misma forma y apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada regularmente.

[…].

En conclusión, para que se configure la existencia de una relación de hecho es necesario que el cargo esté creado de conformidad con las normas legales y la función sea ejercidas irregularmente, pero, también puede darse cuando un empleado ejerce funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo caso, debe ser objeto de protección a través del principio de la realidad frente a las formas previsto en el artículo 53 Constitucional. Además, de que el cargo debió haberse ejercido en la misma forma y apariencia como si lo hubiese desempeñado un empleado designado regularmente […]”(6) (se resalta).

Es decir, que para que un particular ostente la calidad de funcionario de hecho deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que exista el empleo dentro de la planta de personal de la entidad; (ii) que las funciones sean ejercidas irregularmente y; (iii) que además de ello las cumpla del mismo modo como lo haría un funcionario público.

También puede predicarse la existencia del funcionario de hecho cuando la persona ejerza funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones(7).

Cabe aclarar que cuando la Subsección señala que las funciones deben ser ejercidas de manera irregular, se refiere a que la persona que las cumple no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja la vinculación legal y reglamentaria, esto es, no existe ni nombramiento o elección según el tipo de cargo, ni tampoco la posesión o tales requisitos pese a que existieron, ya no están vigentes.

En conclusión: Además de las tres clases de vinculación con el Estado que existen y que se enunciaron en el acápite primero de esta providencia, existe otro tipo de vinculación excepcional y anormal a la que se le ha denominado “funcionario de hecho”.

Para que se dé esta última clase de vinculación es necesario acreditar entonces: (i) la existencia del cargo público; (ii) el ejercicio de las funciones de forma irregular (sin que medie nombramiento o elección según el caso, ni posesión o que estos ya no estén vigentes) y; (iii) que se ejerzan las funciones en las mismas condiciones en las que lo haría un funcionario de planta de la entidad.

Además puede predicarse la existencia del funcionario de hecho cuando la persona ejerza funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones.

2. Caso concreto.

La parte demandante sostiene que en su caso se configuró la existencia de un funcionario de hecho por el tiempo prolongado de su contratación en el cargo de gerontóloga, lo que contraría la naturaleza del contrato de prestación de servicios y obligaba a la entidad a la creación del respectivo empleo y a ocuparlo en provisionalidad o en carrera administrativa por cumplir funciones de forma permanente.

Pues bien, pasará la Subsección a determinar si en el sub examine se cumplieron los requisitos exigidos jurisprudencialmente para que se declare la existencia de un funcionario de hecho.

a) Existencia del cargo.

El 19 de octubre de 1994 la secretaria de la comisión seccional del servicio civil suscribió comunicación (folio 305, cuaderno principal) dirigida a la señora María del Carmen Ramírez Ospina, en la cual le informa que había sido inscrita en carrera administrativa en el empleo de gerontóloga, código 32801 mediante Resolución 677 del 18 de octubre de 1994. De lo que se infiere que el cargo de Gerontóloga existía en la planta de personal del municipio.

Adicionalmente, obra copia del Decreto 77 del 18 de mayo de 2004 (fls. 373 a 394, cdno. de antecedentes 2) por medio del cual el municipio de Sabaneta —Antioquia— adecuó la planta de cargos de la entidad territorial. En el artículo 5º de dicho acto administrativo determinó “…la planta de cargos del municipio de Sabaneta…”, dentro de la cual se encuentra el profesional universitario gerontólogo, código 340, grado 09, con una asignación mensual de $ 1.532.764.

Igualmente, obra Resolución 793 del 24 de octubre de 2005, por medio de la cual se realizan unas incorporaciones a la planta de personal de cargos del municipio (fls. 406 a 409, ib.), en los que se encuentra el profesional universitario gerontólogo, código 219, grado 9, desempeñado por la señora María del Carmen Ramírez Ospina, quien asumió el cargo en carrera administrativa, como se expuso en precedencia.

En conclusión

Se demostró la existencia del cargo de gerontóloga dentro de la planta de personal del municipio de Sabaneta (Antioquia).

b) Ejercicio de las funciones de forma irregular.

En el presente asunto se demostró que la señora Mónica Rodríguez Maya se vinculó con el municipio de Sabaneta - Antioquia mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios(8), entre el 2 de febrero de 1998 y el 30 de junio de 2010. Los contratos firmados son los siguientes:(9) (fls. 14 a 78, cdno. ppal.):

Número contratoPlazoTérminoValor
Sin númeroDel 2 de febrero hasta el 1º de agosto de 19986 meses$ 3.600.000
306Del 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 19984 meses
27 días
$ 3.430.000
038Del 17 de febrero hasta el 16 de junio de 19994 meses$ 1.680.000
275Del 2 de agosto hasta el 24 de diciembre de 19994 meses
23 días
$ 2.002.000
019Del 9 de febrero hasta el 30 de junio de 20004 meses$ 2.087.400
161Del 1 de agosto hasta el 22 de diciembre de 20004 meses$ 2.087.400
013Del 8 de febrero hasta el 8 de agosto de 20016 meses$ 2.400.000
0137Del 21 de agosto hasta el 21 de diciembre de 20014 meses$ 1.800.000
018Del 15 de enero hasta el 30 de junio de 20025 meses$ 4.703.278
178Del 16 de julio hasta el 20 de diciembre de 20024 meses$ 4.363.282
012Del 4 de febrero hasta el 3 de julio de 20035 meses$ 6.000.000
220Del 1º de agosto hasta el 20 de diciembre de 20034 meses
20 días
$ 4.666.667
021Del 16 de febrero hasta el 15 de julio de 20045 meses$ 6.000.000
197Del 2 de agosto al 21 de diciembre de 20044 meses
15 días
$ 5.400.000
133
(otrosí del 27 de enero de 2006)
Desde el 27 de enero de 20068 meses
15 días
$ 15.925.524
050Del 29 de enero de 200711 meses$ 20.524.691
172Del 13 de febrero hasta el 13 de mayo de 20083 meses$ 6.529.092
649Del 13 de mayo hasta el 13 de agosto de 20083 meses$ 6.529.092
1112

Del 14 de agosto de 20084 meses
17 días
$ 12.330.000
197Del 8 de enero hasta el 30 de junio de 20095 meses$ 15.120.000
1112
(otrosí del 30 de julio de 2009)
Del 15 de julio de 20095 meses$ 13.500.000
250Del 20 de enero hasta el 30 de junio de 20105 meses$ 15.210.000

De esta manera, no puede predicarse la existencia de la figura de “funcionario de hecho” por cuanto la vinculación de la demandante no fue “irregular”. Por el contrario, la misma se dio en virtud de los contratos de prestación de servicios ya descritos, la cual es una de las tres formas previstas legalmente para vincularse con el Estado, según se explicó.

Recuérdese que para que se configure la figura de funcionario de hecho en el caso de la demandante, la vinculación con el Estado debió ser anormal, irregular, esto es, que no existiera título de nombramiento y posesión válidos que la habilitaran para ejercer las funciones propias del empleo público que ocupaba, evento que no aconteció en el sub examine, puesto que el ejercicio de las funciones se cumplió en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad territorial, según quedó demostrado.

En conclusión

Las funciones desempeñadas por la demandante como gerontóloga no las cumplió en virtud de una vinculación irregular, sino en cumplimiento de los contratos de prestación de servicios suscritos con el municipio de Sabaneta (Antioquia).

c) El ejercicio de las funciones en las mismas condiciones en las que lo hace el funcionario de planta de la entidad.

Frente a este punto, la Subsección advierte que las funciones que cumplió la demandante fueron diversas en cada período y fijadas de acuerdo a la vigencia del contrato que regía su vinculación en el momento.

Así, en algunos contratos simplemente se enunciaba que la labor a desempeñar consistía en “prestar sus servicios de gerontóloga en el CAITES” (fls. 14 a 23, cdno. 1). En otros contratos las obligaciones consistían en “[…] mejorar la calidad de vida del adulto mayor por medio de la promoción y prevención a nivel biopsicosocial, propiciar con programas educativos un clima pedagógico que invite a los usuarios del CAITES a trabajar por su crecimiento personal, dar cumplimiento a la propuesta presentada […]”, entre otras (fls. 24 a 41, cdno. 1).

En los demás la obligación consistía en “[…] promover la autonomía y participación plena de las personas mayores en la comunidad en base a los principios del envejecimiento activo. 2. Propiciar programas educativos con un clima pedagógico que invite a los mayores a trabajar por su crecimiento personal y la adecuada interacción a su entorno. 3. Vincular a la familia de todos los gerontes para que comprendan y asimilen el proceso de envejecimiento como hecho natural, etc. […]” (fls. 43 a 66, cdno. 1).

De acuerdo a lo anterior, es claro que las funciones desempeñadas por la señora Mónica Rodríguez Maya si bien giraban en torno a la gerontología, las mismas variaban dependiendo de la necesidad que se pretendía cubrir con el contrato celebrado y se dirigían a la ejecución y promoción de programas que cobijaban al adulto mayor.

Contrario sucede con las funciones propias del cargo del profesional universitario en gerontología que existe de planta en el municipio de Sabaneta (Antioquia), las cuales están debidamente reglamentadas y difieren de las desarrolladas por la demandante.

En efecto, algunas de dichas funciones son: “[…] Coordinar y ejecutar programas de salud, educación, prevención y atención para los adultos mayores del municipio. 2. Coordinar y ejecutar programas de mantenimiento físico y recreativo para los adultos mayores. 3. Diseñar, coordinar y ejecutar las diferentes acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. 4. Asesorar, apoyar y orientar a la comunidad y a las instituciones sobre la elaboración y ejecución de proyectos y; sobre el desarrollo ejecución y forma de acceder a los programas del centro de atención integral de la tercera edad […]” (fls. 372 a 377, cdno. de antecedentes 2).

Nótese que las funciones del cargo establecido en la planta de personal están dirigidas al diseño y creación de programas que beneficien al adulto mayor, mientras que las funciones de la demandante están dirigidas precisamente a la ejecución de esos programas.

De esta manera, la Subsección infiere que la demandante no cumplía las mismas funciones que las que ejercía un funcionario de planta de la entidad, ni tampoco en las mismas condiciones, luego tampoco se acreditó este requisito esencial para que se le considere como una funcionaria de hecho.

En conclusión: La señora Mónica Rodríguez Maya no ejerció las mismas funciones del cargo de profesional universitario en gerontología que existe en la planta de personal del municipio de Sabaneta (Antioquia).

Conclusión general

La señora Mónica Rodríguez Maya sólo logró acreditar la existencia del cargo de gerontóloga en la planta de personal del municipio de Sabaneta (Antioquia), empero, los demás requisitos para que se declare que es una funcionaria no se acreditaron. Esto es, no demostró que ejerció las funciones de forma irregular, ni que ejerció las funciones en las mismas condiciones en las que lo haría un funcionario de planta de la entidad.

Por tales razones la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

3. Breve mención al estudio realizado en primera instancia sobre la posible existencia de un contrato realidad.

La Subsección no realizará el estudio sobre la configuración o no del contrato realidad en el sub lite por las siguientes razones:

(i) Porque la petición presentada ante la entidad en vía gubernativa no se refirió a ello. En efecto en la misma se solicitó que se declarara que la demandante ostentaba la calidad de un “funcionario de hecho” y el pago de unas acreencias laborales como consecuencia de ello (fls. 94 y 95, cdno. 1).

(ii) Porque el municipio de Sabaneta (Antioquia) al momento de dar respuesta a la petición presentada, se refirió a las razones por las cuales la señora Mónica Rodríguez Maya no era una funcionaria de hecho.

(iii) Porque en la demanda presentada ante esta Jurisdicción no se incluyó dentro de las pretensiones, ni en los hechos, ni en el concepto de violación el tema del contrato realidad (fls. 111 a 123, cdno. 1).

(iv) Porque la entidad demandada al momento de contestar la demanda enfocó su defensa en la imposibilidad de que se declarara la existencia de un funcionario de hecho (fls. 138 a 159, cdno. 1).

(v) Y porque en el recurso de apelación los argumentos van dirigidos exclusivamente a que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare que la demandante es una “funcionaria de hecho”. En el recurso nada se dice sobre la declaratoria de un contrato realidad a favor de la señora Rodríguez Maya.

Si la Subsección se pronunciara sobre la existencia de un contrato realidad luego de lo expuesto, vulneraría el debido proceso de la entidad demandada toda vez que agregaría una nueva pretensión a la demanda que no fue incluida ni en vía gubernativa, ni en la demanda.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado de manera clara, que en sede judicial no pueden cambiarse o agregarse nuevas peticiones a las expuestas ante la administración, precisamente porque en la vía administrativa es donde se le solicita a la entidad una decisión sobre una pretensión específica y la entidad solo tiene la posibilidad de pronunciarse sobre ésta, sin que le sea dable pronunciarse sobre aquellas que desconoce.

Así, debe existir congruencia entre lo pedido en sede administrativa y lo que se solicita en la demanda, lo contrario desconocería la naturaleza y el objeto mismo del agotamiento de la vía gubernativa(10).

De otro lado, en la presente providencia ya se estudiaron todos los argumentos esbozados por la parte demandante en el recurso de apelación, los cuales representan el límite de la competencia del juez de segunda instancia.

Así las cosas, la Subsección “A” no puede revisar temas o argumentos del fallo de primer grado que no son atacados en el recurso porque al no incluirse en el mismo, frente a dichos aspectos, finaliza por completo el litigio o la controversia.

Además, porque es a partir de la sustentación del recurso que la parte no impugnante ejerce su oposición en la etapa de alegaciones finales de segunda instancia. De manera que el pronunciarse sobre temas no comprendidos dentro del recurso violaría el debido proceso de las partes(11).

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 8 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda, al demostrarse que la señora Mónica Rodríguez Maya, no cumplió los requisitos para adquirir la calidad de funcionaria de hecho, tal como se expuso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia del 8 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Mónica Rodríguez Maya contra el municipio de Sabaneta —Antioquia—, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.»

2 C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Número interno: 1943-12. Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, demandado: Municipio de la Ceja del Tambo - Antioquia

3 Ibídem.

4 Sentencia del 15 de mayo de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012. Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: METROSALUD ESE.

5 C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Número interno: 1457 de 2008. Actor: Ruth Dorys Rodríguez Naranjo. Demandado: Municipio de Támara - Casanare.

6 Sentencia de junio 9 de 2011, C.P. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ, Radicación: 85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08). Véase también la sentencia del 15 de mayo de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Número interno: 1363-12. Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), radicación 05001-23-31-000-2003-01050-01(1943-12). Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño. Demandado: Municipio de La Ceja del Tambo - Antioquia.

8 Entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1994 no se suscribió contrato de prestación de servicios sino contrato de trabajo. Folios 12 a 13 del cuaderno principal.

9 Tal como lo certifica la oficina jurídica del municipio de Sabaneta a folios 82 a 87, cuaderno principal.

10 Sección Segunda, Subsección “B”, radicado interno 0880-10, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), radicación: 25000-23-25-000-2004-00247-01(1886-12). Actor: José Agustín Mora Torres. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil —UAEAC—, y como litisconsorte necesario Avianca S.A.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), radicación 76001-23-31-000-2005-01421-01(36863). Actor: Procuraduría General de la Nación. Demandado: Municipio de Santiago de Cali y otros.

Ver además las sentencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil diez (2010), radicación: 27001-23-31-000-1994-02100-01(19056). Actor: Chamat Ingenieros Limitada. Demandado: Municipio de Condoto Chocó. Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011), radicación: 19001-23-31-000-2003-02124-01(1039-10). Actor: Wilfrido Jiménez Cuero. Demandado: Municipio de Guapi - Cauca. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010), radicación: 25000-23-25-000-2004-03688-01(0895-08). Actor: Victor Manuel Buitrago Gómez. Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso.