Sentencia 2011-01360 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 080012331000201101360 01 (20462)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Simple nulidad

Demandante: Margarita Diana Salas Sánchez

Demandada: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Decisión:

Asunto: Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil catorce.

Fallo

EXTRACTOS: «I. Consideraciones de la Sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 28 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las súplicas de la demanda.

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si el Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las norma acusadas, (i) incurrió en una doble tributación por gravar con el impuesto de alumbrado público una actividad de generación de energía sujeta al impuesto de industria y comercio, y (ii) si esa normativa atiende a los costos generados por la prestación del servicio de alumbrado público.

2. Doble imposición sobre las empresas generadoras de energía eléctrica.

2.1. Para el apelante, si bien el hecho generador del impuesto de alumbrado público lo constituye el ser beneficiario del servicio de alumbrado público, las disposiciones demandadas lo imponen sobre la actividad de generación de energía eléctrica, que se encuentra sujeta al impuesto de industria y comercio.

Además, sostuvo que esa actividad no puede servir como referente para la determinación de la base gravable y la tarifa, porque no guarda relación con el uso del servicio de alumbrado público.

2.2. Los apartes demandados de los artículos 12 del Acuerdo 15 de 2009 y 102 del Decreto 180 de 2010 establecen que la tarifa del impuesto de alumbrado público para los propietarios, tenedores usufructuarios a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía, y las personas naturales o jurídicas que autogeneren y/o cogeneren energía eléctrica, se determinará según la capacidad instalada de las máquinas de generación de energía.

2.3. Para la Sala, las normas acusadas no gravan dos veces el mismo hecho con el impuesto de alumbrado público y el impuesto de industria y comercio, por las siguientes razones:

2.3.1. El hecho de que la determinación de la tarifa se realice atendiendo a la capacidad instalada de las máquinas de generación de energía, no conlleva que se esté estableciendo que el gravamen recaiga sobre la actividad relacionada con la generación de energía eléctrica o la propiedad de las maquinarias utilizadas para el efecto, sino que ese parámetro es utilizado como referente para establecer la capacidad contributiva de esa clase de contribuyentes.

2.3.2. No se puede considerar que la normatividad demandada modifique el hecho generador del impuesto de alumbrado público, que consiste en ser usuario potencial del servicio de alumbrado público”(1), por establecer una tarifa y base gravable especial sobre las personas propietarias, usufructuarias de subestaciones eléctricas, o generadoras, o cogeneradoras de energía eléctrica, porque esos sujetos hacen parte de la colectividad de potenciales usuarios del servicio de alumbrado público.

El hecho de que la colectividad pueda beneficiarse del servicio de alumbrado público justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.

Por consiguiente, los apartes acusados no desconocen que el hecho generador constituye el ser usuario potencial del servicio de alumbrado público y, solo utilizan la propiedad, usufructo y las actividades relacionadas con la generación de la energía como un criterio para establecer la tarifa y la base gravable para esa clase de contribuyentes.

2.4. El establecimiento de tarifas diferenciales y el método para el cálculo de las tarifas para los usuarios que realizan actividades relacionadas con la generación de la energía eléctrica no desconoce el principio de equidad tributaria, en tanto garantizan que el pago de los tributos se realice según la capacidad económica de cada contribuyente.

2.5. La capacidad de generación instalada de las subestaciones de energía eléctrica puede servir de referente para cuantificar el tributo, en tanto de la misma se puede establecer la capacidad contributiva de sus propietarios, usufructuarios, generadores o cogeneradores, calidades que representan una forma concreta de uso potencial del servicio de alumbrado público.

Además, es un parámetro admisible para establecer la base gravable y la tarifa del impuesto respecto de los sujetos pasivos señalados, por tener ellos una condición distinta a la de los demás usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público.

2.6. Así las cosas, observa la Sala que al no predicarse hechos generadores nuevos en la disposición acusada, no puede hablarse de doble tributación respecto del mismo hecho gravable.

En consecuencia, no procede el cargo.

3. Observancia, en la regulación demandada, de los costos que generan la prestación del servicio de alumbrado público.

3.1. El apelante sostiene que las normas acusadas no establecen la manera de determinar los costos asociados al servicio de alumbrado público, ni la proporción del beneficio que obtienen los sujetos determinados como pasivos de la obligación tributaria.

3.2. El parágrafo 2º del artículo 9 de la Resolución CREG 043 de 1995 señaló que los municipios no pueden recuperar más de lo que pagan los usuarios por el servicio, incluida la expansión y el mantenimiento.

Se debe precisar que la citada norma no exige que los municipios realicen estudios previos al establecimiento del impuesto de alumbrado público, sino que el pago del servicio debe ser proporcional al costo del mismo.

3.3. Desde esta perspectiva, se ha considerado que no se vulnera el artículo 338 de la Carta Política, en tanto las tarifas sean razonables y proporcionales con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la comunidad, sin desconocer que la determinación de los costos reales y su redistribución entre los potenciales usuarios no es uniforme en la práctica, dadas las condiciones particulares de cada entidad territorial(2).

3.4. Para la Sala la categorización de los tipos de usuarios es un método válido para la medición; por tanto, las tarifas fijadas permiten que el municipio recupere los costos que genera la prestación del servicio de alumbrado público.

3.5. Por lo demás, la demandante no suministró explicaciones ni pruebas idóneas para cuestionar las tarifas dispuestas, y la distinción de actividades, ni demostró que esas tarifas no hayan consultado la capacidad económica de los sujetos pasivos afectados por las mismas.

Es claro que tal actividad probatoria resultaba innata al derecho de acción de quien acude al aparato judicial para desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a las disposiciones acusadas.

Por lo expuesto, no se dará prosperidad al recurso de apelación, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 28 de febrero de 2013 del Tribunal Administrativo del Atlántico.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) El literal d) de la Ley 97 de 1913[1] y el artículo 1º de la Ley 84 de 1915 autorizaron a los municipios para crear, en sus jurisdicciones, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público. Así, el legislador determinó el hecho imponible o presupuesto económico de la obligación tributaria, que no es otro que el servicio de alumbrado público, que ha sido definido en la Resolución CREG 043 de 1995 y el Decreto 2424 de 2006. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia ha venido decantando que el hecho generador del tributo consiste en ser usuario potencial del servicio de alumbrado público. Sentencia de 11 de marzo de 2010, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicado 16667.

(2) Sentencias del 19 de enero de 2012, C.P. William Giraldo Giraldo, Exp. 18648, y del 10 de marzo de 2010, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Briceño, Exp. 18141.