Sentencia 2011-01416/20832 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-123-31-000-2011-01416-01 [20832]

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Actor: Harinera del Valle S.A. (NIT. 891.300.382-9)

Demandado: municipio de Palmira

Impuesto de Industria y Comercio - año gravable 2008

Fallo

Bogotá, D. C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la actora por el año gravable 2008 - vigencia fiscal 2009.

Se advierte que frente a la controversia planteada en el presente asunto, la Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades, en el que el municipio de Palmira actuó como parte demandada, razón por la cual se reiterará el criterio expuesto en esas providencias(14).

Lo primero que se debe precisar es que para el período en discusión, esto es, el año gravable 2008, en el municipio de Palmira se encontraba vigente el Acuerdo 083 de 1999, que en el artículo 23 establecía la obligación de presentar las declaraciones del impuesto de industria y comercio en forma bimestral, así:

“ARTÍCULO 23. Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el total de ingresos brutos del bimestre inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional, deduciendo las actividades no sujetas, las exentas, las devoluciones, las ventas de activos fijos y las exportaciones. (Negrilla y subrayado no son del texto)

[…]”

Debido a que la norma transcrita trasgredía el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, que establece que el ICA se liquida sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior(15), en sentencia de 23 de julio de 2009(16), esta Sala confirmó la nulidad de la expresión “bimestre inmediatamente anterior” del artículo 23 del Acuerdo 83 de 1999(17). En dicha oportunidad se consideró lo siguiente:

“[…] En efecto, sobre este punto la Sala señaló en la sentencia de 27 de octubre del 2005 a la que se ha hecho referencia, que “la consecuencia de variar el período de causación, se traduce en establecer una base gravable distinta a la prevista por el legislador, al tomar los ingresos brutos del bimestre inmediatamente anterior, como base de liquidación del tributo, cuando la ley dispone que es el “promedio mensual de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, a la “vigencia fiscal” declarada, los que sirven de base para la cuantificación del tributo”.

[…]

De acuerdo con lo antes expuesto es claro que para el caso del impuesto de industria y comercio, es la Ley 14 de 1983 en la cual el Legislador delimitó los elementos esenciales del tributo, por lo que corresponde confrontar la norma municipal acusada con el artículo 33 íb., así:

Acuerdo 083 de 1999Ley 14 de 1983
ARTÍCULO 23. Base gravable. El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el total de ingresos brutos del bimestre inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional, deduciendo las actividades no sujetas, las exentas, las devoluciones, las ventas de activos fijos y las importaciones.Artículo 33. El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.

 

Se advierte entonces que el artículo 23 del Acuerdo 083 de 1999 desconoce lo previsto en el artículo 33 de la Ley 14 de 1983(18), reproducido en el 196 del Decreto 1333 de 1986, al modificar el período y base gravable establecido en la norma superior por lo que procede su nulidad tal como lo decidió el tribunal. […]”.

Debido a la declaratoria de nulidad de la norma en mención, el Concejo Municipal de Palmira expidió el Acuerdo 017 de 9 de diciembre de 2008(19) y, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, estableció la base gravable y la causación del impuesto de industria y comercio con periodicidad anual, así:

“ARTÍCULO 50: Base gravable. La base gravable del impuesto industria y comercio será el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional, y obtenidos por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo cuya dirección o responsabilidad se ejerzan actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos con exclusión de:

[…].

ARTÍCULO 254. Clases de declaraciones tributarias. Los contribuyentes, responsables y agentes de retención en la fuente, deben presentar las siguientes declaraciones tributarias:

a) Declaración anual del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros.

[…]” (Subraya la Sala)

Así pues, el ente demandado exigió a los contribuyentes la presentación de la declaración anual de ICA por el año gravable 2009, frente a lo cual esta Sala en asuntos similares ha precisado que “tal exigencia constitu[ye] una aplicación retroactiva del acuerdo, prohibida por los artículos 338 y 363 de la Constitución Política”.

De igual manera se determinó que tal situación implicaba un doble pago del tributo sobre un mismo hecho económico, puesto que los contribuyentes ya habían pagado en forma bimestral el impuesto por el año gravable 2008, criterio que se reitera en esta oportunidad.

En efecto, en sentencia de 6 de marzo de 2014, la Sala señaló lo siguiente(20):

“[…]

En este punto la Sala reitera que si bien es cierto el artículo 50 del Acuerdo Municipal 017 de 2008 de Palmira modificó el período y la base gravable del impuesto de industria y comercio en su jurisdicción de bimestral a anual, tal normativa era aplicable a los años gravables 2009 y siguientes, razón por la cual no se ajusta a la normativa constitucional antes reseñada, que la demandada hubiera exigido el pago del impuesto respecto del año gravable 2008 vigencia fiscal 2009, toda vez que por ese año gravable, la demandante había cumplido con el pago del tributo, lo cual se demuestra con las correspondientes declaraciones bimestrales, como lo exigía la normativa vigente para esa época y como lo reconoce el mismo ente demandado.

En esas condiciones, el argumento expuesto por la demandada en el recurso, según el cual, la actora “no había pagado el impuesto de la vigencia fiscal 2009”, porque “el pago que realizó la demandante, de manera bimestral, fue para la vigencia fiscal 2008, ya que para la vigencia fiscal 2009, el periodo de causación del impuesto se anualizó, en virtud de la expedición del Acuerdo 017 de 2008”, evidencia que el municipio demandado confunde los conceptos de vigencia fiscal y periodo gravable, antes precisados, contradice el principio de irretroactividad de la ley tributaria y pretende obtener del contribuyente un doble pago del tributo, al desconocer que para el año gravable 2008 ya se había cumplido la obligación.

Por lo anterior, la Sala comparte los argumentos de la demandante, que fueron acogidos por el tribunal, en cuanto a que no era posible que la administración tributaria municipal pretendiera exigir a la demandante el pago del impuesto por el año gravable 2008, vigencia 2009, porque ello le implicaría pagar dos veces respecto de la misma base gravable, pues por los ingresos obtenidos en el año gravable 2008, ya había presentado bimestralmente las declaraciones y pagado el impuesto correspondiente al año gravable 2008.

[…]” (Subrayas fuera de texto).

De conformidad con la jurisprudencia citada, se tiene que los artículos 50 y 254 del Acuerdo 017 de 2008, del Concejo Municipal de Palmira, que regularon la base gravable y periodicidad del impuesto de industria y comercio, y determinaron en un tributo de periodo anual, solo pueden aplicarse a partir del período gravable siguiente al de la expedición de dicha norma, a saber, a partir del año gravable 2009, vigencia fiscal 2010. Así lo corrobora el artículo 443 de dicho acuerdo pues dispone que esta normativa tiene efectos a partir del 1º de enero de 2009.

Tal disposición se sustenta en los artículos 338 de la Constitución Política, que prevé que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo y 363 que señala que las leyes tributarias no pueden aplicarse de manera retroactiva.

Igualmente, la Sala ha precisado que el sistema tributario colombiano se funda en los principios de equidad y progresividad, por lo que no puede haber doble imposición sobre un mismo hecho económico, pues ello desconoce la capacidad contributiva de los contribuyentes, que establece una correlación entre la obligación tributaria y la capacidad económica de estos, que sirve de parámetro para cumplir el deber de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política(21).

En este caso, se tienen como hechos probados, los siguientes:

• Por el año gravable 2008, Harinera del Valle S.A. presentó con pago las seis declaraciones bimestrales del impuesto de industria y comercio, de la siguiente manera(22):

PeríodoFecha presentaciónIngresos ordinarios y extraordinariosIngresos netos gravablesTotal a pagar
117-03-2008$19.289.252.000$19.102.431.000$124.245.000
215-05-2008$19.820.121.000$19.847.603.000$128.988.000
316-07-2008$18.413.284.000$18.495.725.000$120.091.000
4(23)_________$20.022.784.000$20.031.725.000$130.228.000
512-11-2008$23.363.457.000$23.373.275.000$151.949.000
6(24)_________$21.344.068.000$21.085.299.000$137.072.000
Totales$122.252.966.000$121.986.058.000$792.573.000

A pesar de lo anterior, el ente demandado, con base en los artículos 50 y 254 del Acuerdo 017 de 2008, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, exigió a los contribuyentes que ya habían presentado sus respectivas declaraciones, una nueva declaración, pero esta vez anual del impuesto de industria y comercio por la vigencia fiscal 2009, para lo cual exigía que se tomara como base el promedio de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable 2008.

En atención a dicha exigencia, la demandante presentó la declaración anual del impuesto por el año gravable 2008 y en la determinación de la base gravable, disminuyó los ingresos sobre los cuales ya había declarado y pagado el impuesto en forma bimestral durante el 2008, de la siguiente manera(25):

Nombre casillaValor $
Total ingresos ordinarios y extraordinarios del año123.075.583.000
Menos devoluciones 1.089.473.000
Menos ingresos obtenidos fuera del municipio 0
Menos ingresos obtenidos por exportaciones0
Menos otras deducciones, actividades no sujetas (renglón 14)121.986.053.000
Total ingresos netos gravables (renglones 10 - 11 - 12 - 13 - 14)57.000
Impuesto anual de industria y comercio1.000
Más impuesto anual de avisos y tableros0
Más valor anual de sucursales financieras 0
Total impuesto a cargo (renglones 20+21+22) 1.000
Menos exoneración 0
Más sanciones 0
Más intereses de mora0
Total saldo a cargo del año (renglones 23+24+25 +26+27)1.000

El municipio de Palmira, previo requerimiento especial, modificó la declaración anual de ICA de 2008 mediante Resolución 1150-22-9-334 de 29 de junio de 2010, y determinó un mayor valor a pagar, así(26):

Nombre casillaDeclaración privadaLiquidación oficialMayor valor
Total ingresos ordinarios y extraordinarios$123.075.583.000$123.076.570.000$987.000
Total devoluciones $1.089.473.000$989.582.000-99.891.000
Total ingresos fuera del municipio 000
Total ingresos por exportaciones000
Total otras deducciones, actividades no sujetas$121.986.053.000$51.075.000$121.934.978.000
Total ingresos netos gravables$57.000$122.035.913.000$122.035.856.000
Impuesto anual de Industria y comercio$1.000$792.573.000$792.572.000
Más impuesto anual de avisos y tableros000
Más valor anual de sucursales financieras 000
Total impuesto a cargo (renglones 20+21+22) $1.000$792.573.000$792.572.000
Menos exoneración 000
Más sanciones (sanción por inexactitud)0$1.268.115.000$1.268.115.000
Más intereses de mora000
Total saldo a cargo del año
(Renglones 23-24+26+27)
$1.000$2.060.688.000$2.060.687.000

La anterior liquidación oficial de revisión fue sustentada con base en el Acuerdo 017 de 2008, que a juicio del demandado significó un cambio sustancial en la forma de pagar el impuesto de industria y comercio, puesto que pasó de ser bimestral para convertirse en anual, como lo exige el artículo 33 de la Ley 14 de 1983.

Según se vio, el municipio sostuvo su decisión, en razón a que no se configuraba una doble tributación, porque lo que pagó la actora en el año gravable 2008, de manera bimestral, correspondía a la vigencia fiscal 2008, pues, “en el año 2008 sí coincidieron el período gravable con la vigencia fiscal teniendo en cuenta la bimestralidad”, sin embargo, el impuesto que exige el ente demandado es por la vigencia fiscal 2009, que se liquida con el promedio de los ingresos brutos del año 2008, “de acuerdo con la Ley 14 de 1983”.

También argumentó el municipio que como la vigencia fiscal que se cobraba es la del año 2009, el Acuerdo 017 de 2008 no se aplicó retroactivamente porque entró en vigencia el 1º de enero de 2009, esto es, a partir de la vigencia fiscal siguiente a su expedición.

Así las cosas, del criterio fijado por la Sala en anterior oportunidad, y los argumentos expuestos por el ente demandado, se reitera que confunde las nociones de “vigencia fiscal” y “período gravable”, conceptos que si bien son distintos, están ligados entre si y, al igual que en los casos analizados en las sentencias antes señaladas(27), dicha confusión trajo como consecuencia que se aplicara retroactivamente el Acuerdo 017 de 2008 y, generara, además, una doble tributación por el año gravable 2008.

En efecto, como lo ha precisado la Sala, “el impuesto de industria y comercio se distinguen los conceptos de “período gravable”, que es aquel que sirve de base para la cuantificación del impuesto y “vigencia fiscal”, que es el período en el cual se cumplen las obligaciones, formal de presentar la declaración y sustancial, de pagar el impuesto(28)”.

Conforme con lo anterior, no le asiste razón al municipio de Palmira cuando manifiesta que lo exigido en los actos demandados corresponde al pago del impuesto de industria y comercio por la vigencia fiscal 2009 y no por el año gravable 2008, pues, se insiste, que la vigencia fiscal se refiere al año o periodo gravable en el que debe cumplirse la obligación formal de declarar el impuesto causado en el año o periodo gravable inmediatamente anterior.

Así las cosas, si lo exigido por el municipio era el impuesto de industria y comercio de la vigencia fiscal 2009, necesariamente debe corresponder al ICA causado durante el año gravable 2008, pues así lo establecen los artículos 50 del Acuerdo 017 de 2008 y 33 de la Ley 14 de 1983, que disponen que la base gravable de ese impuesto es el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior obtenidos por el desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la demandada sostuvo que esta Corporación en sentencia de 23 de febrero de 2011(29) corroboró su posición, según la cual, “el impuesto de industria y comercio es de período corrido y no de vigencia expirada”, por lo que no se configuraba la retroactividad en materia tributaria endilgada por el tribunal de primera instancia, pues, insistió, el Acuerdo 017 de 2008 se aplicó a la vigencia fiscal 2009, esto es, a la vigencia siguiente a la de su expedición.

Al verificar la sentencia de 23 de febrero de 2011 mencionada por el recurrente, se observa que la Sala sostuvo lo siguiente:

“Ahora bien, en cuanto a si el Acuerdo 088 de 2001 no se podía aplicar a la vigencia fiscal de 2001 sin vulnerar el inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Nacional, la Sala precisa que en la sentencia del 9 de noviembre de 2001, que declaró la nulidad del artículo 3º del Acuerdo 032 de 1998, dijo que “El Municipio desconoc[ía] que el impuesto de Industria y Comercio e[ra] de los llamados de período corrido y no de vigencia expirada como lo es el de renta y complementarios”. Explicó que “En el primero se grava la actividad ejercida durante el año corriente, y en el segundo el impuesto se causa al final del período gravable pero se declara y pago (sic) en el año siguiente”.

Lo anterior indica que el Acuerdo 088 de 2001 sí podía aplicarse para gravar con el impuesto de industria y comercio las actividades que se ejercieron durante el año corriente 2001. En esa medida, no se vulneró el principio de irretroactividad de la ley tributaria. Con mayor razón si el Decreto 0125 de 2002 ordenó que el impuesto se pague en el año 2002, sobre el promedio mensual de ingresos brutos del años (sic) inmediatamente anterior, esto es, el año 2001” (Subraya la Sala).

Sin embargo, al revisar la citada sentencia de 9 de noviembre de 2001, la Sala advierte que las afirmaciones de la recurrente en relación con que el impuesto de industria y comercio es de “periodo corrido” no fueron reconocidas por la Sección Cuarta en la referida providencia, sino que estas corresponden al resumen del concepto de la violación expuesto en esa oportunidad por la demandante. Así, en los antecedentes se lee lo siguiente:

“Según el Acuerdo 32 de 1998, en el año 1999 por cada uno de los seis bimestres del año se debe liquidar y pagar el impuesto sobre los ingresos generados en cada uno de estos períodos. Se establece que en el mismo año 1999 se debe presentar declaración anual liquidando y pagando el impuesto correspondiente al año gravable 1998 (art. 5º), es decir que se está pretendiendo cobrar en el año 1999 un doble impuesto, situación que es abiertamente ilegal e inconstitucional.

El impuesto del año gravable 1998 ya se declaró y pagó en su oportunidad legal, teniendo como base el promedio mensual de ingresos brutos del año 1997, por lo que quienes pagaron siguiendo estas directrices están a paz y salvo con el municipio por el impuesto del año 1998. El municipio desconoce que el impuesto de Industria y Comercio es de los llamados de período corrido y no de vigencia expirada como lo es el de renta y complementarios. En el primero se grava la actividad ejercida durante el año corriente, y en el segundo el impuesto se causa al final del período gravable pero se declara y pago en el año siguiente.” (Subraya la Sala).

Así las cosas, lo que la Sección precisó en la sentencia de 9 de noviembre de 2001 fue lo siguiente:

“[…] no encuentra la Sala justificación alguna a la disposición contenida en el artículo 5º del acuerdo acusado, cuando señala que “La declaración de los ingresos gravables del año 1998, correspondiente al año gravable 1998” debe presentarse a más tardar en el mes de abril de 1999, porque […] si la declaración que debe presentarse corresponde a la “vigencia fiscal” de 1998, los ingresos brutos que sirven de base para la tasación del impuesto, corresponden a 1997, y no a la misma vigencia fiscal declarada (1998), como dice el artículo 5º del Acuerdo 32 de 1998.” (Subraya la Sala)

Por ello, contrario a lo manifestado en la apelación, el criterio adoptado en esa oportunidad es igual a la actual posición de la Sala, en el sentido de que son distintos el “periodo gravable” y la “vigencia fiscal”, y que con fundamento en el artículo 338 de la Constitución Política, en los impuestos de período cuya causación es anual, como el ICA, las leyes, ordenanzas y acuerdos que regulen la materia no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia del respectivo acuerdo, lo cual debe reiterarse en esta oportunidad.

En consecuencia, por el año gravable 2008, vigencia fiscal 2009, se debe dejar claro que la norma que regía era el Acuerdo 083 de 1999, sobre causación bimestral del ICA y no el Acuerdo 017 de 2008, que fijó la causación anual del tributo. Entonces, la fiscalización y determinación del tributo por dicho período gravable debían adelantarse con fundamento en el primero de los acuerdos citados.

En razón a lo anterior, en este caso se advierte que el municipio de Palmira violó el principio de irretroactividad tributaria, y, por ende, el debido proceso, pues aplicó retroactivamente el Acuerdo 017 de 2008 y, como consecuencia, pretendió un doble pago del impuesto de industria y comercio por el año gravable 2008, dado que la actora ya había pagado el impuesto por ese periodo gravable, como se precisó.

En razón a lo discurrido, la Sala confirmará la decisión del tribunal en cuanto declaró la nulidad de los actos demandados, pero modificará el numeral primero para corregir la fecha en que fue expedida la Resolución1150-22-9-398 expedida por la Administración Tributaria del municipio de Palmira, toda vez que, como se advierte a folio 80 del expediente, fue proferida el 28 de julio de 2011 y no el 29 de julio como se indicó en la parte resolutiva de la sentencia apelada.

Por lo demás, como lo dispuso esta Sala en las sentencias que ahora se reiteran, se modificará el restablecimiento del derecho, para declarar la firmeza de las declaraciones bimestrales presentadas por la demandante en el año gravable 2008, y sin valor la declaración anual correspondiente al mismo periodo gravable, pues al estar satisfecha la obligación sustancial del impuesto, tal declaración no pasa de ser “una formalidad sin mayor sentido, que en caso de prevalecer sobre la realidad en comentario, implica también la violación del artículo 228 de la Constitución Política, sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”(30).

En consecuencia, de acuerdo con las sentencias citadas(31), se ordenará al municipio de Palmira que devuelva a la demandante los $1.000 que pagó por concepto de la declaración anual del impuesto de industria y comercio, correspondiente al año gravable 2008(32), previas las compensaciones a que haya lugar, más los intereses del artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional, norma aplicable al demandado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCANSE los numerales primero y segundo de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 1150.22.9.334 del 29 de junio de 2010, por medio de la cual la Administración Tributaria del municipio de Palmira modificó la declaración de Industria y Comercio presentada por Harinera del Valle S.A. por el año gravable 2008, vigencia fiscal 2009 y la Nº 1150.22.9.398 del 28 de julio de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior resolución.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE sin valor la declaración anual del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable 2008 Nº 007851 presentada por Harinera del Valle S.A. el 29 de mayo de 2009 y en firme las seis declaraciones bimestrales presentadas por la demandante por el mismo periodo gravable.

En consecuencia, ORDÉNASE la devolución, a la actora, de la suma de mil pesos m/cte., ($1.000), previas las compensaciones a que haya lugar, con los intereses del artículo 863 del Estatuto Tributario Nacional.

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

14 Entre otras, las sentencias del 6 de marzo de 2014, Exp. 16449, del 12 de diciembre de 2014, Exp. 20361, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 23 de julio de 2015, Exp. 20992, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 30 de agosto de 2016, Exp. 20991, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia (E).

15 L. 14/83. Artículo 33. El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 16684, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

17 Declarada en sentencia 19 de diciembre del 2006 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del Cauca.

18 Reglamentado por el artículo 7º del Decreto 3070 de 1983 que dispone: Artículo 7º. Los sujetos del impuesto de industria y comercio deberán cumplir las siguientes obligaciones: (…) Presentar anualmente, dentro de los plazos que determinen las respectivas entidades territoriales, una declaración de industria y comercio junto con la liquidación privada del gravamen.

19 Por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 083 de 1999) y se adoptan otras disposiciones de carácter tributario.

20 Exp. 20992 y 19649, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

21 Sentencia de 1º de febrero de 2002, Exp. 12522, M. P. Germán Ayala Mantilla, reiterado en sentencia de 23 de julio de 2015, Exp. 20992, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

22 Folios 81 a 86 c. a. 2.

23 En relación con este formulario, el documento allegado por la demandante aparece con la fecha de presentación ilegible, sin embargo, es un hecho no controvertido por ninguna de las partes.

24 En relación con este formulario, el documento allegado por la demandante aparece con la fecha de presentación ilegible, sin embargo, es un hecho no controvertido por ninguna de las partes.

25 Folio 2 c. a.

26 Folio 43 c. p.

27 Sentencias de 6 de marzo de 2014, Exp. 19649 y de 12 de diciembre de 2014, C. P. Exp. 20361, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

28 Sentencias del 9 de noviembre de 2001, Exp. 12298, M. P. Juan Ángel Palacio Hincapié, de 27 de octubre de 2005, Exp. 14787, M. P. Ligia López Díaz, de 24 de mayo del 2012, Exp. 18132, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de 6 de marzo de 2014, Exp. 19649, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 12 de diciembre de 2014, Exp. 20361, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia entre muchas otras.

29 Exp. 17139, M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

30 Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Exp. 16860, M. P. Héctor J. Romero Díaz, reiterada en sentencia de 6 de marzo de 2014, Exp. 19649, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

31 Expedientes 19649 y 20361, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

32 Folio 2.