Sentencia 2011-01424 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exps.: 080012331005201101424-00 080012331005201101484-00

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandantes: Sergio Guillermo Cadena Osorio y Humberto José Rojas Bula

Demandados: Concejales de Barranquilla

Electoral: Fallo 2ª instancia

Bogotá, D. C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el fallo de 2 de agosto de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección de Concejales de Barranquilla, para el período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del formulario E-26 CO, visible a folios 24 y 25 del cuaderno principal de la demanda formulada por el señor Humberto José Rojas Bula (Exp. 201101484).

3. Objeto de la alzada.

El Tribunal Administrativo del Atlántico con fallo de 2 de agosto de 2013 resolvió las demandas acumuladas. Frente a la interpuesta por el señor Sergio Guillermo Cadena Osorio (Exp. 201101424), declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, por tanto, se inhibió de dictar sentencia de mérito. Y, las pretensiones de la demanda formulada por el señor Humberto José Rojas Bula (Exp. 201101484), se desestimaron en atención a la imprecisión con la que se plantearon los cargos, con los que se afirmó ser falsos los registros de zonas enteras.

En contra del anterior pronunciamiento solamente presentó recurso de apelación la apoderada del señor Humberto José Rojas Bula (Exp. 201101484), con fundamento en razones que serán posteriormente examinadas.

Así las cosas, con sustento en lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, que pregona que “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso (…)”, la Sala concluye que el silencio guardado por las partes respecto de lo decidido por el Tribunal a quo en torno a la demanda impetrada por el señor Sergio Guillermo Cadena Osorio (Exp. 201101424), impide que sea revisado en esta instancia, pues cobró ejecutoria.

Por el contrario, la competencia de la Sala queda circunscrita única y exclusivamente a lo resuelto por aquella corporación judicial en cuanto a la demanda formulada por el señor Humberto José Rojas Bula (Exp. 201101484), ya que además de que el recurso de apelación tan solo procede de la parte demandante del citado proceso, sus cuestionamientos recaen por completo sobre las razones esgrimidas por el Tribunal a quo para denegar sus pretensiones.

Entonces, el estudio que se hará en esta instancia por parte de la Sala, se referirá justamente a la indeterminación que según el fallo de primer grado caracterizó a la demanda del señor Rojas Bula, pues de ser cierta no quedará más remedio que confirmar el fallo apelado. En cambio, si los cargos presentados con la demanda son lo suficientemente claros como para poder adelantar el estudio de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al plenario, habrá de revocarse el fallo sub examine y proceder al estudio de lo planteado por todos los sujetos procesales, incluso lo dicho por el Procurador 7º Delegado ante esta corporación, para quien el cargo por violación al debido proceso puede estudiarse independientemente de todo lo anterior.

4. Demanda de Humberto José Rojas Bula – Expediente 201101484.

Este ciudadano pidió con la demanda y su corrección la nulidad del acto de elección de Concejales de Barranquilla (2012-2015) y del Auto 1 de 11 de noviembre de 2011, expedido por la Comisión Escrutadora Distrital, por medio del cual se rechazó de plano la solicitud de saneamiento de nulidades radicada por aquel ese día.

Aseguró que la nulidad está ligada a dos factores. En primer lugar, al hecho de que los registros electorales de los candidatos del Partido de la U fueron objeto de falsedad, pues mientras los votos del señor Rojas Bula descendieron al final del escrutinio, el efecto contrario se presentó en cuanto a la votación de otros candidatos de la misma lista, como fue el caso de los señores Juan Carlos Ospino, Esther Molinares Delgado y Gabriel Villa, quienes subieron en votación al cabo del mismo.

Y, en segundo lugar, porque se desconoció el debido proceso con la expedición del Auto 1 en mención, porque su petición de saneamiento de 11 de noviembre de 2011 no podía rechazarse por falta de pruebas en virtud a que los formularios electorales estaban en poder de esa comisión; y, se violó la misma garantía fundamental con la negativa a recibir la petición de saneamiento del 12 siguiente y el recurso de apelación formulado contra el cuestionado auto.

El Tribunal Administrativo del Atlántico desestimó las pretensiones de esta demanda en consideración a que el accionante “(…) presentó una acusación genérica que por tal circunstancia no puede ser examinada pues no ofrecía un cargo concreto del que (…) los demandados hubieran podido defenderse”. Complementó el razonamiento anterior señalando que pese a que se suministró una relación de mesas, no se precisó cuál fue la irregularidad ocurrida sobre la votación de los candidatos del Partido de la U.

La apoderada judicial del accionante, con su escrito de apelación, refutó lo aseverado por el tribunal a quo, e insistió en que sí propuso cargos concretos de ilegalidad, precisamente los dos cargos que ya se sintetizaron en este acápite, sobre los cuales volvió con transcripciones literales.

La Sala, frente a este panorama, hará algunas precisiones en torno al deber de determinación de los cargos de falsedad en las demandas que fundan la ilegalidad del acto acusado en la ocurrencia de falsedades o apocrificidades en los registros electorales. Después confrontará la demanda objeto de examen contra esos parámetros a fin de establecer si cumple los estándares mínimos que han sido fijados en la jurisprudencia de esta Sección para que proceda el estudio de las falsedades planteadas, pues ello conducirá a colegir si se confirma o revoca el fallo de primera instancia, en la parte que es objeto de censura.

El artículo 137 del CCA, que igualmente opera en cuanto a los procesos electorales, fija algunas pautas sobre los requisitos que deben cumplir las demandas presentadas ante esta jurisdicción. En el numeral 4 tiene asiento el principio de la justicia rogada en lo que respecta al juzgamiento de los actos administrativos, al precisar que ese libelo debe contener “Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y expresarse el concepto de su violación”.

Esta norma, llevada al plano del proceso electoral, tiene serias implicaciones. Recuérdese que los actos electorales pueden enjuiciarse tanto con fundamento en las causales generales de nulidad contempladas en el artículo 84 del CCA, modificado por el Decreto 2304 de 1989 artículo 14, como con apoyo en las causales especiales de nulidad consagradas en el artículo 223 ibídem, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 17, entre las que se cuenta la falsedad o apocrificidad de los elementos que sirvieron a la formación o expedición del acto objeto de control jurisdiccional (num. 2).

Pues bien, cuando los reparos al acto de elección objeto de examen de legalidad se encauzan por la causal 2ª del artículo 223 del CCA, la jurisprudencia de esta Sección ha dicho que el concepto de la violación tiene un matiz especial, en consideración a que la falsedad de que pueden ser objeto los documentos electorales y en general todo el certamen electoral, puede tener múltiples presentaciones o formas, y lo que es más relevante, puede ocurrir en cualquiera de los cientos de miles de elementos electorales que física y electrónicamente se producen durante las justas democráticas.

Por tanto, el desarrollo del concepto de violación, en lo que a falsedades respecta, se cumple a cabalidad cuando se orienta por el criterio de determinación, que consiste en que la apocrificidad se cualifique a tal grado que en la demanda se suministren los elementos definitorios de la falsedad, y no que se pretenda someter al operador judicial a la búsqueda oficiosa e indiscriminada de posibles irregularidades, en el extenso universo de información electoral.

La determinación se cumple, entonces, si el demandante suministra información precisa sobre el tipo de modalidad de la falsedad, el lugar preciso en que hizo presencia, así como su manifestación concreta. Por ejemplo, si se trata de alteración de resultados electorales por diferencias injustificadas entre los votos reportados a un candidato en el formulario E-14 y los que finalmente aparecen en el formulario E-24, el concepto de violación debe comprender el nombre del candidato o candidatos involucrados, las mesas de votación en que la falsedad se presentó, identificadas por la zona, el puesto y el número de mesa; y, finalmente, los guarismos que fueron objeto de adulteración, para lo cual es menester precisar la votación reportada en uno y otro formulario.

Este grado de detalle se ha exigido por la jurisprudencia de la Sección en consideración al principio de justicia rogada, que impide al juez electoral asumir estudios oficiosos, y que por el contrario lo lleva a concentrarse en el análisis de las irregularidades debidamente individualizadas.

De igual forma, se inspira en la garantía fundamental del debido proceso (C.P., art. 29), como quiera que la defensa de la legalidad del acto acusado se entorpecería en grado sumo si la concreción de las inconsistencias se hiciera hasta el fallo de instancia, cuando dicho tópico debe estar claro desde la misma demanda para que así se le traslade al interesado y pueda presentar o solicitar pruebas de descargo.

Y, por último, la determinación se justifica por el principio de razonabilidad, según el cual el ejercicio de esta acción pública le impone al demandante la carga de determinar, con la precisión indicada, los supuestos casos de falsedad, sin que baste la sola presentación de innumerables mesas de votación para que sea el juez electoral quien se ocupe de hacer lo que le corresponde al actor, como es identificar la votación que fue objeto de adulteración.

Estos criterios los ha repetido una y otra vez la jurisprudencia de la Sección, con el ánimo de ilustrar a los interesados sobre la forma correcta en que se deben proponer los cargos de falsedad y, por supuesto, facilitar el efectivo acceso a la administración de justicia. En una oportunidad sostuvo:

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 numeral 4 del CCA, y en la necesidad de salvaguardar el debido proceso, así como la garantía del derecho a la defensa de los sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal, se ha dicho por esta Sala que los procesos electorales, basados en causales objetivas de nulidad o en irregularidades ocurridas en las votaciones y en los escrutinios, deben tener una determinación cuantitativa y cualitativa, o un mínimo de precisión en los señalamientos o imputaciones que se formulan.

La determinación cuantitativa alude al número de casos que frente a cada fenómeno o irregularidad se produjeron durante la respectiva elección; y la precisión cualitativa hace referencia a los elementos identificadores de cada una de las anomalías que son puestas en conocimiento de esta jurisdicción.

Así, por ejemplo, la cualificación en las suplantaciones, se cumple si el actor identifica su número, la zona, el puesto y la mesa donde ocurrieron, así como el cupo numérico frente al que se produjo, su titular y el nombre del suplantador, si es que la caligrafía permite su identificación; o como podría ser también, la alteración que de ordinario se hace en cuanto a la votación de los candidatos, como en la demanda anterior, donde algunas modificaciones injustificadas experimenta la votación al pasarla de un formulario al otro, evento en el cual recae en el actor la carga de individualizar la mesa de votación, así como la votación registrada en cada documento electoral”(4).

Y más recientemente la Sección ratificó su posición al indicar:

“Esta Sección, a partir de lo normado en el numeral 4 del artículo 137 del CCA, que prescribe que las demandas que persigan la nulidad de un acto administrativo deberán indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación, y con apoyo en la garantía fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional, que alberga el derecho de contradicción y defensa, ha dicho que en los procesos electorales por causales objetivas de nulidad, específicamente por falsedad o apocrificidad, la explicación del concepto de violación tiene un alcance especial.

Comúnmente basta invocar una norma jurídica y explicar de qué manera el acto cuestionado la vulneró para que se pueda hacer el examen de legalidad. Pero en los procesos electorales la explicación del concepto de violación por falsedad o apocrificidad en los registros electorales le impone una carga adicional al accionante, en la medida que lo obliga a identificar, con toda precisión, el tipo de irregularidad y la parte del escrutinio en donde tuvo lugar.

Así, cuando la falsedad consiste, por ejemplo, en la adulteración en la votación de los candidatos porque los votos registrados a su favor en el formulario E-24 no concuerdan con los que le figuran en el formulario E-14 o acta de escrutinio de jurados de votación, sin que ello cuente con una explicación válida en las actas de escrutinio, al demandante le concierne la carga de determinar el cargo mediante el suministro de información alusiva al partido o movimiento político, el candidato, la mesa de votación por su número, zona, puesto y ciudad de ubicación, así como los votos que aparecen en el formulario E-14 y los que finalmente quedaron en el formulario E-24.

Este plus en las demandas de nulidad electoral por causales objetivas o por irregularidades en la votación y los escrutinios, se justifica en el criterio de razonabilidad, puesto que si bien es menester garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, ello debe hacerse con cierto grado de seriedad y responsabilidad, sin que sea admisible que los accionantes, sin más, lleven a los jueces electorales a revisar en su integridad los escrutinios de una elección.

Igualmente, porque cuando se traba la relación jurídico-procesal mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado y la entrega del traslado, las irregularidades en la votación y los escrutinios ya deben estar identificadas, a fin de que la parte demandada pueda ejercer plenamente su defensa, dado que la incertidumbre que envuelve una demanda formulada en esos términos, solamente vendría a despejarse al momento de dictar sentencia, cuando se hace la valoración del material probatorio.

Y, porque en los certámenes electorales se produce tal cantidad de información que el acceso a la administración de justicia no se garantizaría sino que se obstruiría gravemente si se admitiera que los demandantes sencillamente enlistaran todas las mesas de una circunscripción electoral, para que el juez competente se viera compelido a sumergirse en ese mar de información electoral para hallar las inconsistencias que el actor debió determinar con antelación, incluso para agotar el requisito de procedibilidad adoptado por el constituyente con el Acto Legislativo 1 de 2009”(5).

Ahora bien, en la demanda formulada por el señor Humberto José Rojas Bula solamente se afirma que se presentó falsedad electoral en la elección de concejales de Barranquilla, período constitucional 2012-2015, y para demostrarlo se presenta el siguiente listado de mesas de votación:

ZonaPuestoMesa
511 a 36
521 a 33
531 a 40
541 a 18
911 a 32
921 a 37
931 a 19
941 a 40
1311 a 44
1321 a 37
1331 a 34
1111 a 22
1121 a 42
1131 a 26
1141 a 22
1611 a 24
1621 a 20
1631 a 14
1641 a 19
1651 a 19
1911 a 24
1921 a 26
1931 a 24
1941 a 23
2011 a 37
2021 a 41
2031 a 10
1116
2219
321
414, 18, 27, 36
6313
8125
1036.
1211, 2, 3, 4
12320
1416
14317, 18, 51
17222
18121
18326
2116
2125, 36
22219
2232
23112
23217,26
2331, 6, 8, 22
2344, 11, 16
2416, 10
2511, 10
2632
2647, 8
26130
2719, 11
90 E.129, 32
90 E.228
030131
04014, 18, 27, 36
070111
080125
100318
130114, 15
130225
130316
15016
15023, 23
150414
11035, 12, 18
20041 a 21
010116
020215
020108, 21
03021.
22012
040216
060311, 14
060110, 11, 13, 17, 19, 20
080118, 24
080219
10034, 23
10048, 16
10015
220319, 21, 23 y 25
12038
12015
230217
230416
070109
150201.
160512

El demandante agregó a lo anterior que su votación fue irregularmente disminuida para ser asignada a otros candidatos de la lista inscrita por el Partido de la U, lo cual pretende demostrar con la tabulación de la siguiente información:

CandidatosE - 24E - 26
Luis Zapata5.9155.977
Humberto Rojas Bula5.4274.950
Esther Molinares5.3855.475
Juan Carlos Ospino5.0495.244
Gabriel Villa4.8995.049

Pues bien, como acertadamente lo advirtió el tribunal a quo, no se formuló correctamente el cargo de falsedad. La Sala no duda en afirmar que su planteamiento no atendió los criterios de determinación que reiteradamente ha pregonado la jurisprudencia de esta Sección, puesto que el accionante se conformó con suministrar un extenso listado de mesas de votación, sin complementar la acusación en el sentido de indicar los votos que cada uno de esos candidatos obtuvo en el formulario E-14 y cuantos finalmente le anotaron en el formulario E-24.

La determinación no queda satisfecha con la información suministrada en la tabla anterior porque no es factible suplir las exigencias establecidas por la jurisprudencia con cifras globales. Se recuerda que los casos de falsedad deben plantearse individualmente, respecto de cada partido y candidato y en cada mesa de votación que se demande. La masificación de la falsedad enfrenta los mismos problemas de la indeterminación, pues de admitirse tal hipótesis las cargas del demandante se trasladarían al juez electoral, con lo cual se contrariaría el principio de justicia rogada y la garantía fundamental del debido proceso para el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal.

Adicionalmente, si bien son ciertos los guarismos enlistados bajo la casilla “E-26” de la referida tabla, pues concuerdan con la que reporta el formulario respectivo visible a folio 40 del cuaderno principal de la demanda sub examine, también es cierto que los votos consignados bajo la casilla “E-24” en verdad se tomaron del boletín electoral Nº 42, que obra al folio 260 del mismo cuaderno.

Ante ello observa la Sala que a la indeterminación se suma ahora la impropiedad de querer sustentar un cargo de falsedad en elementos que no son considerados legal ni jurisprudencialmente como documentos electorales, tales como los boletines informativos que emite la RNEC durante el curso de los escrutinios. Y es que no han sido calificados como documentos electorales en atención a su naturaleza meramente informativa y provisional, que si bien busca desarrollar el principio de publicidad con que debe obrar la administración pública, no suple en manera alguna el mérito probatorio ni la fuerza vinculante que sí tienen documentos electorales tales como los formularios E-14 y E-24 mesa a mesa, en los que se reporta la votación alcanzada por cada una de las opciones políticas.

No es de extrañar que las más de las veces los boletines informativos emitidos por la RNEC contengan información diferente a la que al final del escrutinio resulta asignada a cada candidato. Así acaece precisamente por el carácter dinámico y cambiante de los escrutinios, donde las reclamaciones y peticiones formuladas por los candidatos, sus apoderados y los testigos electorales, pueden propiciar cambios legítimos en los resultados electorales. Lo dicho evidencia, además, que la edificación de cargos de falsedad sobre boletines electorales sume en la indeterminación la acusación, pues tendría que ocuparse el juez de indagar en cada una de las mesas indicadas por el actor cómo se produjo la falsedad, lo cual, se repite, es carga del demandante.

Para ilustrar un poco más la tesis que se viene esbozando, la Sala se permite traer a colación uno de los pronunciamientos más recientes en que se sostuvo que dichos boletines no son documentos electorales. Veamos:

“Con todo, los boletines no sustituyen ni tienen el mismo valor probatorio de los documentos electorales manejados por los jurados de votación o por cualquier comisión escrutadora, dado que los mismos no pueden emplearse para atender reclamaciones, que por cierto y según lo dispuesto en el artículo 192 del C.E., solamente pueden despacharse con fundamento en los documentos electorales.

La primacía que tienen los documentos electorales frente a los boletines informativos, que no son documentos electorales, se explica en el hecho de que los últimos se sirven de la información que se obtiene de los primeros, de suerte que no es de extrañar que existan diferencias entre unos y otros, debido a que por la dinámica misma de los escrutinios es factible que los resultados iniciales cambien como consecuencia de las reclamaciones y decisiones que al respecto adopten las comisiones escrutadoras.

En fin, los boletines electorales no corresponden a documentos electorales, entendidos estos como los que integran el kit electoral y por lo mismo son entregados tanto a los jurados como a los integrantes de las comisiones escrutadoras para que computen la votación depositada en las urnas y se declare la elección. Por lo mismo, el cargo por falsedad en los registros electorales no puede apoyarse en los boletines, ya que no es un instrumento válido para cotejar los documentos electorales y así establecer cuál es el verdadero resultado”(6).

En fin, la indeterminación en la formulación del cargo de falsedad es cierta, como así lo concluyó el tribunal a quo, dado que no se brindaron los elementos suficientes para que se pudiera realizar el estudio correspondiente.

De otro lado, el Procurador 7º Delegado ante el Consejo de Estado señaló en su concepto que el tribunal a quo no abordó el cargo relativo a la violación al debido proceso, que el demandante sustentó en los términos en que se expidió el Auto 1 de 11 de noviembre de 2011, por parte de la Comisión Escrutadora Distrital de Barranquilla, y en que no se atendieron la solicitud de saneamiento ni el recurso de apelación radicados el día siguiente. Por lo mismo, propuso que se asuma su estudio.

Pese a la respetable posición que al efecto tiene el colaborador fiscal, la Sala no comparte su punto de vista. Al leer nuevamente las razones que llevaron al tribunal a quo a desestimar las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Humberto José Rojas Bula, se observa que la improsperidad estuvo marcada por el hecho de la indeterminación, por la forma imprecisa como se presentaron los casos de falsedad, apreciación que no solo cobijó el cargo de falsedad, sino también el cargo por violación al debido proceso en lo concerniente al Auto 1 de 11 de noviembre de 2011, expedido por la Comisión Escrutadora Distrital de Barranquilla, en respuesta a petición radicada ese mismo día.

El fallo de primer grado comprendió tácitamente el cargo por violación al debido proceso en lo referente al Auto 1 de 11 de noviembre de 2011, puesto que la indeterminación que se estableció en los cargos propuestos ante la jurisdicción, es la misma que igualmente advirtió dicha comisión cuando expresó “Que el petente, no aporta la descripción ni la prueba de los hechos en que fundamenta la solicitud de saneamiento en cada zona y mesa, los cuales deben ser específicos”. Además, no es cierto que allí se le hubiera exigido al solicitante que aportara la copia de los documentos electorales que estaban en poder de la Comisión Escrutadora Distrital de Barranquilla, comoquiera que el mensaje enviado con la transcripción, aunque un poco confuso, no fue otro distinto a que el petente no tuvo la suficiente precisión al individualizar las irregularidades que puso en conocimiento de las autoridades electorales. De tal suerte que la insistencia del apelante en que se violó el Decreto 2150 de 1995, y por ende el debido proceso, carece de apoyo fáctico al cotejarlo con la conducta de la Comisión Escrutadora Distrital.

Así, ni el examen de legalidad del citado auto ni la negativa por parte de dicha comisión a conceder recursos contra su decisión, cambiarían la conclusión hallada por el tribunal a quo y compartida por esta Sala, como quiera que detrás de todo ello no hay más que solicitudes indeterminadas, en las que el interesado solamente aludió a los candidatos del Partido de la U y se refirió a algunas mesas de votación, pero omitió especificar qué votación había obtenido cada uno de ellos en el formulario E-14 y en qué términos quedó en el formulario E-24.

Significa lo dicho que la eventual nulidad del Auto 1 de 11 de noviembre de 2011 sería absolutamente inocua de cara a la presunción de legalidad del acto de elección de concejales de Barranquilla (2012-2015), en atención a que por sí misma carecería de la fuerza suficiente para desvirtuar ese supuesto, ya que a lo sumo habilitaría el paso siguiente, que en condiciones normales sería estudiar los casos de falsedad, que según se ha venido diciendo, no se podría cumplir por el grado de indeterminación que ensombrece la demanda.

Ahora, se precisa que los razonamientos anteriores no significan que para la Sala sea un asunto menor la omisión de las autoridades electorales en pronunciarse sobre las peticiones que se les presenten en desarrollo de los escrutinios y para activar causales de reclamación o poner en conocimiento irregularidades durante las votaciones y los escrutinios. Lo que se quiere dar a entender es que para este preciso caso las indicadas omisiones son irrelevantes frente a la legalidad de la elección cuestionada, por la indeterminación con la que se planteó el cargo de falsedad; hechos que por el contrario, en caso de ser ciertos, bien podrían ponerse en conocimiento de las autoridades disciplinarias para que adelanten las investigaciones correspondientes.

5. Conclusión.

La Sala infiere de todo lo discurrido, que no quedó comprendido dentro del objeto de la alzada lo que el Tribunal Administrativo del Atlántico decidió frente a la demanda formulada por el señor Sergio Guillermo Cadena Osorio (Exp. 201101424), sobre la cual emitió fallo inhibitorio.

De igual forma, que habrá de confirmarse lo resuelto por esa corporación judicial en torno a la demanda interpuesta por el señor Humberto José Rojas Bula (Exp. 201101484), cuyas pretensiones se denegaron correctamente porque el cargo de falsedad se planteó con tal grado de indeterminación que impidió a los operadores judiciales de primero y segundo grado, adelantar el estudio correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar el numeral tercero (3º) de la parte resolutiva de la sentencia dictada el 2 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro de los Procesos Electorales acumulados Nº 080012331005201101424-00 y otro, adelantados por Sergio Guillermo Cadena Osorio y otro contra la elección de Concejales de Barranquilla (2012-2015).

Segundo: Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(4) Sentencia del 25 de agosto de 2011. Expedientes acumulados: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Actor: Sandra Liliana Ortiz Nova y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá. C. P. Susana Buitrago Valencia. Al respecto también pueden consultarse las siguientes providencias: Fallo de Agosto 27 de 2009. Expediente: 440012331000200700246-01. Actor: María de los Remedios García Arpushana y otra. Demandado: Alcalde municipal de Uribia. C. P. María Nohemí Hernández Pinzón. Y fallo de mayo 6 de 2010. Expediente: 050012331000200703351-01. Actor: Darío de Jesús Preciado Zapata y otro. Demandado: Alcalde municipal de Bello. C. P. Mauricio Torres Cuervo.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 19 de septiembre de 2013. Expedientes acumulados: 250002324000201200075-01 y otros. Demandantes: Eduardo Enrique Llanes Silvera y otros. Demandados: Concejales de Bogotá, D. C. C. P. Alberto Yepes Barreiro.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00. Demandantes: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014. C. P. Alberto Yepes Barreiro.