Sentencia 2011-01442 de marzo 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 050011102000201101442 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en Acta 20 de la misma fecha

Ref.: Disciplinario contra la Dra. Blanca Miriam Gamboa Zapata —Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare— Antioquia.

Bogotá D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia:

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta por la disciplinable contra el fallo emitido en primera instancia, según los términos de los artículos 115 y 171 de la Ley 734 de 2002.

Marco legal y conceptual:

Establece el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuyo incumplimiento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Antioquia, sancionó a la doctora Blanca Miriam Gamboa Zapata en su calidad de Jueza Promiscuo Municipal de Puerto Nare, que es deber de los funcionarios: “1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

El anterior tipo disciplinario, es de aquellos llamados abiertos o en blanco, es decir, que es necesario concordarlos con el reglamento, la ley o la norma constitucional vulnerada por el funcionario investigado, en otras palabras, son aquellos que deben ser complementados con el precepto en donde se establezca lo mandado, lo permitido o lo prohibido.

En el sub lite, el tipo disciplinario endilgado fue debidamente complementado en el auto por el cual se formularon los cargos, así, se afirmó que la encartada pudo haber transgredido los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia, 37 del Decreto 2591 de 1991, y desconocer el Auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional, restringiéndose a la accionante la posibilidad de acudir a cualquier Juez de la República de manera inmediata a la protección de sus derechos presuntamente vulnerados por la parte accionada, ya que tal y como lo indica el Decreto 2591 de 1991 en el artículo 37 la funcionaria desconoció flagrantemente que los Jueces de la República son competentes a prevención de la acción de tutela donde ocurrieren la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud, precisándose fácticamente la manera en que se pudieron trasgredir tales preceptos, tal como se mencionó en esta providencia al momento en que se resumió el contenido del auto de cargos.

No obstante lo anterior, y para dar mayor claridad a la presente providencia, nos referiremos puntualmente a cada situación fáctica y su adecuación típica, así:

En cuanto a los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, estos prevén respectivamente:

Artículo 86 de la Constitución Política:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991:

“Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces del circuito del lugar”.

Lo anterior, da cuenta que los mencionados artículos son las disposiciones que expresamente sugieren a los factores que precisan la competencia en materia de la acciones constitucionales de tutela.

Y en cuanto al Decreto 1382 de 2000 establece las simples reglas de reparto de las acciones de tutela y no es esta normatividad la que define la competencia de los despachos judiciales, ya que su inferioridad dentro de la jerarquía normativa respecto a las citadas normas, una de carácter constitucional y otra legal, no puede modificarlas.

En el presente caso, se le reprochó a la disciplinable, que la tutela interpuesta el 21 de febrero de 2011 por la señora María Magdalena Quintana Londoño en contra de City Colfondos S.A. para que se le amparara un derecho de petición, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare - Antioquia, la directora del despacho encartada mediante auto del 23 de febrero de esa misma anualidad se declaró incompetente para conocer bajo el siguiente argumento:

“A fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición la señora María Magdalena Quintana Londoño, presenta la actual acción de tutela en contra de Citi Colfondos S.A. Pensiones y cesantías Medellín, cuyo domicilio principal es la ciudad de Medellín, a donde se remitirán las presentes diligencias en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000. En consecuencia se ordena la remisión de la solicitud de tutela, a los señores oficina de apoyo judicial en la ciudad de Medellín, para que someta al repartimiento de los jueces de tutela la presente solicitud, por corresponder en ellos la competencia para conocer de este trámite en relación con la calidad del accionado”.

De la simple lectura anterior, da cuenta no le era viable a la Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare remitir a los jueces de la ciudad de Medellín la acción de tutela por las simples razones aludidas invocando el Decreto 1382 de 2000, ya que la Corte Constitucional ha precisado que:

“La observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (C.N., art. 2º) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes” (art. 29 ibídem) (Auto 230 de 2006, reiterado por el auto 340 de 2006, entre otros).

Aunado a que la referida acción de tutela era contra City Colfondos, un particular y de acuerdo precisamente con las reglas de reparto que trae el Decreto 1382 de 2000, en su artículo 1º “A los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares” (negrilla fuera de texto).

Por ende tampoco la disciplinable se podía desprender de la competencia para conocer del asunto, ya que en efecto la conoció otro Juez Municipal.

Pues bien, y como quiera que se le imputó el desconocimiento del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, es necesario resaltar el significado del término “a prevención” contenido en dicha disposición y en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, permitiéndose esta Sala traer a colación lo que la Corte Constitucional ha precisado sobre el particular:

“Esta nueva interpretación, consiste en entender que el término ‘competencia a prevención’, significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela, independientemente de la especialidad que haya sido escogida por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad seleccionada por el demandante.

De manera que el alcance de la expresión competencia ‘a prevención’ en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000), debe entenderse circunscrita a la posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela:

i) Ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección

ii) Ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus efectos”.

Es por todo lo anterior, que acogiendo esa posición de la Corte, respecto al término a prevención que se señaló anteriormente, es que el argumento de la disciplinable en cuanto a que remitió la acción de tutela referida por el domicilio del accionado, se desvanece en el sentido que no debió declararse incompetente por que siendo Juez Municipal debía conocer de la acción de tutela contra un particular y el domicilio de la accionante era el Municipio de Puerto Nare, el cual fue escogido por el accionante teniendo en cuenta que estaba violando el derecho fundamental de petición en el municipio donde esta residía y no la ciudad del Municipio de quien presuntamente los está transgrediendo.

Aunado a ello, la disciplinable tal y como lo adveró la primera instancia no tuvo en cuenta lo dicho por el Auto 124 de 2009 emanado de la Corte Constitucional, y el cual fue emitido ante las múltiples declaratorias de incompetencia de los Jueces de la República para conocer de las acciones de tutela, bajo el argumento de dar aplicación al Decreto 1382 de 2000. Es necesario recordar que según la Corte Constitucional que los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquellos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra medios de comunicación).

La apelación:

Estudiado el memorial de apelación, realmente los argumentos con los que se ataca el fallo de primera instancia, son los mismos argüidos a lo largo del proceso por la disciplinable, concretamente, que no se faltó al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, pues en su sentir, ella actuó bajo los principios de autonomía e independencia, aunado a que la acción de tutela era contra City Colfondos y su domicilio principal era Medellín y no Puerto Nare, donde fue interpuesta la acción pluricitada.

Pues bien, esta Sala acoge lo considerado por la primera instancia en el sentido de que su actuación no se podía amparar bajo los principios de autonomía e independencia, ya que normas legales tan claras como las que inobservó la disciplinable, en realidad no tienen mayor dificultad en su interpretación, por el contrario, son diáfanas en punto al conocimiento de las acciones de tutela por parte de los Jueces de la Republica y que han sido explicadas estudiadas y ponderadas por la máxima guardiana de la Constitución. Es por ello que la Jueza encartada desconoció la aplicación de la Ley y no interpretó de manera objetiva el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en cuanto a que ella a prevención debió conocer de la mentada acción, por ser el juez con jurisdicción que la tutelante eligió, como quiera que se trataba de una tutela contra particulares y el domicilio de la accionante era el Municipio de Puerto Nare.

Ya que lo que se protege con el significado del término a prevención, son la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y así poder evitar las dilaciones indebidas que se puedan presentar. Esta argumentación se basa en la aplicación de principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales y de primacía de los derechos inalienables de las personas y busca proteger de forma material el derecho constitucional al acceso a la administración de justicia, así como observar los principios de informalidad, sumariedad y celeridad que deben permear el trámite de la acción de tutela.

Ahora bien, en cuanto al argumento de carencia de ilicitud sustancial, en este caso se tiene plenamente acreditado que la Juez infringió un deber funcional y el mismo afectó el buen funcionamiento del Estado, en cuanto a brindar una oportuna y debida administración de justicia y es precisamente una denegación de justicia lo que la Jueza encartada hizo, dado que su argumento era débil y no apropiado para desprenderse del conocimiento de la acción referida.

En conclusión, estando probado objetivamente que la disciplinable incumplió el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270, por inobservancia de los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia, 37 del Decreto 2591 de 1991 y la interpretación de tal asunto mediante el Auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional y demostrada también su responsabilidad, tal como ha quedado establecido, sin que los argumentos presentados en el escrito de apelación hayan podido desvirtuar los fundamentos de la sentencia apelada, se impondrá su confirmación.

De la sanción.

En cuanto este tópico, la sanción impuesta de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes, considera la Sala que la misma debe confirmarse porque no es aceptable que un Juez desconozca la normatividad Constitucional y legal, y la abundante jurisprudencia constitucional sobre la competencia para conocer de las acciones de tutela, además, es la mínima a imponer cuando la falta se ha calificado a título de culpa grave, como en el presente caso en forma acertado lo hizo el a quo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 19 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, a través de la cual impuso sanción de suspensión por el lapso de un (1) mes en el ejercicio del cargo (o en el evento de que la sancionada haya cesado de sus funciones al servicio de la Rama Judicial la sanción se convertirá en salarios para el año 2011), a la doctora Blanca Miriam Gamboa Zapata, en su calidad de Jueza Promiscuo Municipal Puerto Nare (para la época de los hechos), por transgredir el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por inobservancia de los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 37 del Decreto 2591 de 1991, y el Auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia. Ref.: Disciplinario contra la Dra. Blanca Miriam Gamboa Zapata - Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare-Antioquia.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

Salvamento de voto

Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar el voto en el asunto de la referencia, toda vez que se debió revocar el fallo impugnado y absolver a la funcionaria judicial investigada ante la evidente atipicidad de la conducta cuestionada.

Consideró y siempre lo he considerado que se debe respetar, acatar y cumplir como tal, lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, norma que no riñe con aquellas de competencia previstas en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, donde a prevención se le otorgó a los jueces o tribunales conocer según la jurisdicción del lugar donde ocurriere la violación o amenaza del derecho invocado cuando se trata de actuaciones de la administración.

Debe indicarse que dicho decreto fue estudiado por el Consejo de Estado por vía de nulidad por inconstitucionalidad, encontrando que tal preceptiva se ajusta a la Constitución, estudio avalado por la Corte Constitucional, Corporación que al aclarar las reglas del reparto, informa sobre lo pretendido por dicho decreto, en el sentido de ser normas de reparto y no de competencias, conforme a ello, se viene conociendo a prevención con excepción de lo dicho frente a decisiones judiciales.

Quiere decir entonces que se reglamentó el reparto de tutelas de acuerdo con lo previsto en el mismo Decreto 1382 de 2000, y por ende, no se puede sancionar a una funcionaria judicial por darle aplicación a una norma vigente y aplicable plenamente.

Como bien lo dijo el Consejo de Estado: “Estas reglas de competencia, permiten que el ejercicio y conocimiento de la acción de tutela no entre en colisión con principios de relevancia constitucional, como la jerarquía y especialidad de los órganos judiciales, y contribuyen a que exista un reparto sistematizado y equilibrado entre todos los jueces de la República de las distintas controversias planteadas mediante este medio de defensa judicial”.

De los Honorables Magistrados,

María Mercedes López Mora