Sentencia 2011-01443 de junio 18 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000 2011 01443 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala Nº 46 de la misma fecha

Bogotá, D. C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Según lo previsto por el artículo 256 numeral 3 de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para revisar en apelación la sentencia proferida el día 2 de abril de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual impuso como sanción al abogado Milton Restrepo Gómez, exclusión.

El derecho a recurrir el fallo de primera instancia

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos(5), el derecho a recurrir el fallo conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos implica varios elementos.

En primer lugar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su comentario general número 13, señaló que en los casos de apelación a tribunales de segunda instancia es importante observar el procedimiento que lleva a cabo el tribunal a fin de otorgar las garantías judiciales previstas en el artículo 14 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En segundo lugar, este derecho previsto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana implica también la determinación de qué es lo que se va a examinar o revisar por el tribunal de segunda instancia, ya que tiene que haber una revisión plena tanto del derecho como de los hechos.

El derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior consagrado en el artículo 8º de la Convención Americana, significa que el acusado tiene derecho a que se revise íntegramente el fallo en el ámbito de los hechos, en el ámbito del derecho y, particularmente, en el ámbito de la pena.

La Corte Interamericana considera que el derecho de recurrir el fallo, es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto.

El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.

La Corte Interamericana ha indicado que el derecho de recurrir un fallo, consagrado por la convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que este tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto.

De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz, mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.

Este derecho pretende entonces salvaguardar el derecho a la libertad individual y su finalidad es precisamente impedir que una decisión, sea adoptada exclusivamente con base en la mirada jurídica de un solo juez. La posibilidad de impugnar el fallo condenatorio simplemente garantiza una segunda oportunidad para revisar decisiones adoptadas, más no la obligación de revocarlas.

Adicionalmente, el derecho referido se fundamenta en el principio de la “doble conformidad”, el cual surge precisamente del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que sacrifiquen no solo al ser humano, sino también importantes recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del error jurisdiccional.

Caso concreto

Procede entonces la Sala a resolver el recurso de apelación, presentado por la doctora Luz Ángela Duarte Acero, defensora de oficio del profesional del derecho aquí procesado, quien centró su inconformidad, al indicar que no comparte la sanción de exclusión, pues esta superioridad en casos similares, no ha determinado la exclusión, precisando que su pretensión es que se reduzca la sanción.

Antes de proceder a analizar la sanción impuesta por la Sala de instancia, debe indicar esta superioridad que al profesional del derecho, Milton Restrepo Gómez, el señor Jesús Sanabria Osorio, le otorgó poder, tal como obra a folio 139 del cuaderno principal del expediente, a efectos de que presentara reclamación ante la Aseguradora La Equidad, con el fin de obtener la indemnización correspondiente por el fallecimiento de su padre en un accidente de tránsito:

“Jesús Albeiro Sanabria Osorio, en mi condición de único hijo del occiso Adriano Sanabria González, fallecido trágicamente el día 28 de mayo de 2008 en el sitio Ceilán, vereda Toche, jurisdicción del municipio de Ibagué (…) muy comedidamente por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor Milton Restrepo Gómez, para que en mi nombre y representación, adelante, inicie y lleve hasta su terminación la reclamación del amparo por concepto de póliza de seguro de responsabilidad civil (…)”.

En virtud de la gestión profesional, tal como obra a folios 105 y siguientes del cuaderno principal del expediente, el togado llegó a un acuerdo económico con la asegurada, obligándose La Equidad Seguros, a entregar al abogado la suma de seis millones novecientos veintidós mil quinientos pesos ($6.922.500,oo), por todos los perjuicios causados al señor Jesús Albeiro Sanabria González, hijo único del señor Adriano Sanabria González, quien falleció en un accidente de tránsito.

Así, tal como obra a folio 107 del cuaderno principal del expediente, el 2 de diciembre de 2008, el profesional del derecho encartado recibió el cheque 7000965 del Banco de Bogotá, por la suma de seis millones novecientos veintidós mil quinientos pesos ($6.922.500,oo), dinero con el que se cubrían todos los perjuicios causados al señor Jesús Albeiro Sanabria González, por el fallecimiento de su padre.

No obstante lo anterior, tal como lo indicó el quejoso bajo la gravedad del juramento, el profesional del derecho guardó silencio respecto al pago por parte de la aseguradora La Equidad, y lo mantuvo engañado, informándole que pronto saldría el proceso.

Por todo lo anterior, el seccional de instancia sancionó al togado con exclusión del ejercicio de la profesión, sustentando tal determinación, indicando que en el caso concreto, se evidenció un grave perjuicio al señor Jesús Albeiro Sanabria Osorio, quien no pudo acceder a la indemnización por la muerte de su señor padre; sin que hasta la fecha el profesional del derecho haya entregado ese dinero al poderdante, engañándolo al indicarle que procedería a hacerlo, pero sin cumplir tal propósito. Además, observó la Sala a quo que en contra del disciplinado se presentaban circunstancias o criterios de agravación como lo son las consagradas en los numerales 6 y 7 del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, la primera en la medida que conforme al certificado de antecedentes disciplinarios Nº 73612, obrantes a folios 155 y 156, se tiene que el doctor Milton Restrepo Gómez, registra cuatro sanciones dentro de los últimos cinco años; y la segunda, por cuanto es evidente que el nivel académico del quejoso no es elevado, pues solamente estudió hasta 5º de primaria y en la actualidad se desempeña como ayudante de obra civil, lo cual indudablemente nos advierte que es una persona lega en derecho, condición aprovechada por el togado.

Esta Sala encuentra conforme al ordenamiento jurídico la sanción de exclusión impuesta al profesional del derecho, pues como se verá a continuación se presentan causales de agravación.

Ahora, como primera medida, indica el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, los criterios generales de la graduación de la sanción: la trascendencia social de la conducta, la modalidad de la misma y el perjuicio causado.

Respecto a la modalidad de la conducta, como acertadamente lo indicó el seccional, conforme a la valoración en conjunto y a las reglas de la sana crítica de la prueba oportuna y legalmente recaudada, la conducta se cometió a título de dolo, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente que la suma de dinero, $6.922.500,oo, entregada por la compañía de Seguros La Equidad, en virtud del contrato de transacción celebrado con esta el 24 de noviembre de 2008, no le pertenecían a él sino a su mandante, sin embargo, fue su voluntad no entregarlo a quien correspondía y, por el contrario, decidió quedarse con el dinero.

Respecto al perjuicio causado, claramente se denota el mismo como gravísimo, pues se trata de la indemnización de una persona con escases monetaria, que sufrió por el fallecimiento de su padre, que es único hijo, y que tenía esperanza en una indemnización por los perjuicios morales causados. Sin embargo, el profesional del derecho no tuvo esta consideración, que se trataba del dolor de una persona que perdió a su padre y aun así, decidió retener y aun retiene los dineros que le corresponden al señor Jesús Albeiro Sanabria Osorio.

Además, encuentra esta Sala que se presentan criterios de agravación de la sanción, como lo señaló el seccional, y los cuales están consagrados en los numerales 6 y 7 del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

(…)

C. Criterios de agravación

(…)

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Señala el numeral sexto del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, como causal o criterio de agravación de la sanción, el hecho de haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. Lo primero que se debe decir, es que la falta aquí estudiada, 35.4, es de aquellas que son consideradas por esta Sala como de conducta permanente o continuada. Lo anterior, por cuanto el legislador escogió como verbo rector, retener, conducta que se continua ejecutando-consumando hasta tanto el profesional del derecho entregue los dineros a quien corresponda, en este caso, al señor Jesús Albeiro Sanabria Osorio.

Por lo anterior, la conducta investigada aún permanece ejecutándose en el tiempo, pues hasta la fecha de esta providencia no se han devuelto los dineros retenidos por el abogado Milton Restrepo Gómez.

Así las cosas, es válido, como lo hizo el seccional, tener en cuenta las sanciones que se hayan impuesto en los últimos cinco años, encontrando dentro de estas, que dos fueron por la falta contra la honradez del abogado, sancionando esta corporación al profesional del derecho con suspensión de dos meses en la primera oportunidad, y la segunda, con suspensión por el término de nueve meses. De igual manera, cuenta con dos sanciones contra la debida diligencia profesional, con suspensión de tres y seis meses:

1. Radicado 730011102001 2005 00456 01; M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, fecha de la decisión: 23 de julio de 2010; sanción: suspensión de dos (2) meses, al incurrir en la falta contra la honradez del abogado, consagrada en el artículo 54.3 del Decreto 196 de 1971.

2. Radicado 730011102001 2007 000917 01; M.P. José Ovidio Claros Polanco, fecha de la decisión: 27 de abril de 2011; sanción: suspensión de nueve (9) meses, al incurrir en la falta contra la honradez del abogado, consagrada en el artículo 54.3 del Decreto 196 de 1971.

3. Radicado 730011102001 2010 00341 01; M.P. Angelino Lizcano Rivera, fecha de la decisión: 22 de febrero de 2012; sanción: suspensión de tres (3) meses, al incurrir en la falta contra la debida diligencia, consagrada en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.

4. Radicado 730011102001 2011 01710 01; M.P. Angelino Lizcano Rivera, fecha de la decisión: 2 de octubre de 2013; sanción: suspensión de seis (6) meses, al incurrir en la falta contra la debida diligencia, consagrada en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.

Por último, respecto al agravante del numeral séptimo del literal C del artículo 45, debe indicarse, como acertadamente lo señaló el seccional en la sentencia de primera instancia, que nos encontramos en presencia de unas condiciones de ignorancia, inexperiencia y necesidad del quejoso, afectado con la conducta del profesional del derecho, pues es una persona campesina, que no estudió sino hasta quinto grado de primaria, que se dedica a las cuestiones agropecuarias o como ayudante de obra civil; además de tener la necesidad de contar con un abogado, para reclamar los perjuicios morales causados como consecuencia del fallecimiento de su padre; circunstancias estas que, como lo indicó el seccional, fueron aprovechadas por el togado para retener los dineros.

Por todas las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se sancionó al profesional del derecho con exclusión del ejercicio de la profesión de abogado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de abril de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima(6), mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión al abogado Milton Restrepo Gómez, por incurrir en la falta consagrada en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007.

Segundo: Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

Tercero: Remítase el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia del 2 de julio de 2004.

(6) M.P. Germán Leonardo Ruiz Sánchez.