Sentencia 2011-01455 de febrero 23 de 2012

CONCEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 70001-23-31-000-2011-01455-01

Rad. Interno 2011-01455

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Armando Rafael Hernández Arrieta.

Demandados: Noel Morales Tuesca, Personero Municipal de Sincelejo.

Electoral Segunda Instancia, Fallo

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Por razón de contraerse la demanda a la solicitud de nulidad de un acto de elección proferido por el Concejo Municipal de Sincelejo, Sucre, corresponde a esta Sala, en segunda instancia, el estudio de su legalidad (CCA, arts. 128 num. 3º y 231).

2. El acto demandado.

El demandante pretende la nulidad de (i) la Resolución 003 del 22 de febrero de 2011, “por la cual se hace una convocatoria al cargo de personero” (ii) el Acta 020 de la sesión pública ordinaria del Concejo Municipal de Sincelejo del día 28 de febrero de 2011, en la que resultó elegido como personero del municipio de Sincelejo al doctor Noel Morales Tuesca y (iii) el acta de posesión del personero, de fecha 1º de marzo de 2011, ante el Concejo Municipal de Sincelejo.

Pese a lo anterior, la Sala avala la argumentación expuesta por el Tribunal Administrativo de Sucre y el Ministerio Público, de conformidad con la cual el único acto administrativo susceptible de ser demandado, mediante la acción electoral, es el contenido en el Acta 020 de 28 de febrero de 2011, por cuanto la convocatoria constituye un acto de mero trámite y la posesión uno de ejecución.

Desde el punto de vista de las diversas decisiones que a través de los actos administrativos pueden adoptarse, las manifestaciones de voluntad de la administración que ahí se contienen pueden ser definitivas o de trámite.

Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la decisión propiamente dicha o, como lo indica el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, son “los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”, por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”(12).

Bajo estos postulados, es indispensable la calificación del acto administrativo como acto definitivo o de trámite, para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo, pues solo los actos definitivos, en cuanto comprenden una decisión como tal, son susceptibles de control (salvo que, como se indicó, se trate de un acto de trámite que haga imposible la continuación de la actuación administrativa y por tanto tenga la virtualidad de convertirse en definitivo).

En el caso que nos ocupa, no le asiste la razón al demandante cuando afirma que los actos demandados constituyen un único acto administrativo complejo, por el contrario, el acto a través del cual el Concejo Municipal de Sincelejo convoca a la ciudadanía interesada a presentar su hoja de vida únicamente pretende dar impulso a una decisión final de elección del personero municipal de dicho territorio, y de otro lado, el acto administrativo mediante el cual se deja constancia de la posesión, constituye la ejecución de esa manifestación unilateral de la voluntad de la administración contenida en el acto de elección propiamente dicho, por lo que, contrario a ponerle fin simplemente lo ejecuta.

Adicionalmente, sobre el objeto de la acción electoral, existe jurisprudencia reiterada de esta Sala de Decisión en el sentido de advertir, que el centro de estudio en las demandas electorales es único, “referido en lo que a elecciones respecta, a “unas mismas elecciones” o al “acto por medio del cual la elección se declara”. Por lo mismo, la labor de auscultar la legalidad de los actos electorales, propia de esta jurisdicción, no puede ir más allá de confrontar el acto acusado frente a las normas jurídicas señaladas por el accionante, es decir que no se puede llevar al extremo de evaluar la presunción de legalidad de otros actos administrativos, bien sean de contenido particular o general”(13).

Por lo expuesto, la Sala enfocará su análisis de cargos de nulidad únicamente frente al Acta 020 de la sesión pública ordinaria del Concejo Municipal de Sincelejo del día 28 de febrero de 2011, en la que resultó elegido como personero del municipio de Sincelejo al doctor Noel Morales Tuesca.

3. Análisis de los cargos formulados.

Como se mencionó, el actor concreta tres cargos específicos en contra del acto de elección del actual Personero Municipal de Sincelejo, así: (i) nulidad de la elección por haberse efectuado con posterioridad a la notificación personal de la decisión de segunda instancia que destituía e inhabilitaba al señor Omar Quessep Feria, (ii) nulidad de la elección por la falta de publicación del acto administrativo por medio del cual el Concejo Municipal de Sincelejo convocó a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Personero Municipal de Sincelejo, Sucre para el resto del periodo 2008-2011, y finalmente (iii) nulidad de la elección por la no observancia de (a) los principios de meritocracia y selección objetiva, en tanto resultó elegido personero municipal el candidato con el perfil menos indicado para el cargo, si se toman en consideración las calidades acreditadas por los demás candidatos participantes y (b) el modelo definido por el DAFP en este el proceso de elección.

Para proveer sobre el fondo de las pretensiones de la demanda y por efectos metodológicos, la Sala se ocupará de cada cargo en el orden anteriormente indicado.

3.1. Nulidad de la elección por haberse efectuado con posterioridad a la notificación personal de la decisión de segunda instancia que destituía e inhabilitaba al señor Omar Quessep Feria.

En relación con el primer cargo, que pone de presente una eventual nulidad de la elección del personero Morales Tuesca por haberse efectuado con posterioridad a la notificación personal de la decisión de segunda instancia que destituía e inhabilitaba al señor Omar Quessep Feria, encuentra el actor que el artículo 119 de la Ley 734 de 2002, que se refiere a la ejecutoria de las decisiones disciplinarias, dispone que “los fallos contra los que proceden recursos quedarán en firme tres días después de la última notificación, las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas, y finalmente, las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente”.

A juicio del actor, en el caso sub examine, el señor Omar Quessep Feria fue notificado en forma personal de la providencia de segunda instancia, que lo destituyó e inhabilitó, el 11 de marzo de 2011, es decir, con posterioridad a la elección efectuada por el Concejo Municipal de Sincelejo del personero municipal que debía reemplazarlo y terminar el periodo institucional para el que este había sido elegido(14), y por tanto, para el demandante, hasta tanto no se encontrara ejecutoriada la providencia de segunda instancia no podía llevarse a cabo la elección, puesto que de lo contrario se estaría poniendo en juego el derecho al debido proceso y de defensa del señor Quessep.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C–1076 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas), tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 119 precitado, de conformidad con el cual “las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente”.

En el referido proceso que dio lugar a la sentencia anotada se cuestionaba la constitucionalidad del inciso transcrito por cuanto, a juicio del demandante constitucional, el precepto en tela de juicio violaba el artículo 209 de la Constitución Política, porque no garantizaba el principio de publicidad a que tienen derecho los disciplinados, ya que al consagrar que las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja y aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedan en firme el día en que sean suscritas por el funcionario competente se permitía la ejecución de una decisión a espaldas de los funcionarios procesados.

En el análisis de constitucionalidad, la Corte encontró importantes semejanzas entre la disposición demandada y la expresión “quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente,” que aparece recogida en el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, disposición que fue objeto de pronunciamiento en el Fallo C-641 de 2002. En efecto, a pesar de que en el primer caso se trataba de un asunto disciplinario y en el segundo se estaba en presencia de uno de carácter penal, encontró el Tribunal Constitucional que el contenido normativo era el mismo: “se trata de una providencia mediante la cual se resuelve un recurso de apelación o de queja, la cual queda ejecutoriada el día que es suscrita por el funcionario competente y no al momento de ser notificada”(15).

De tal suerte que encontró que resultaban aplicables las consideraciones expresadas por esa Corte en Sentencia C-641 de 2002:

“Por otra parte, en tratándose de las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, aparentemente no sería necesario notificar su contenido, pues estas decisiones, si bien pueden tener una incidencia importante en el desenvolviendo del proceso, no es evidente que la sociedad requiera conocer su contenido, ni que deban ser comunicadas a los sujetos procesales para efectos de su cumplimiento. Con todo, también en este caso, la Corte considera que es necesario retirar del ordenamiento jurídico la interpretación que excluye de notificación a esas providencias, por las siguientes razones:

“El principio de publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar plenamente justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta Política y en las disposiciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos. De ahí que, aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación del alcance del principio de publicidad, resulta que, en caso de duda entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca la publicidad del proceso”.

Y más adelante señaló lo siguiente:

“Del mismo modo, el principio de publicidad en las actuaciones judiciales implica que sus excepciones deben operar de manera restrictiva, pues de no ser así se correría el riesgo de convertir la excepción en una regla. Por esta razón, si la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen que el principio de publicidad solo admite excepciones razonables y justificables a partir de una ponderación de fines y valores constitucionales, no puede interpretarse la disposición acusada en el sentido de entender que ella permite a las autoridades judiciales sustraerse del deber de notificar dichas providencias, puesto que ello conduce a convertir la excepción en regla general”.

De tal suerte que, a juicio de la Corte Constitucional, en materia disciplinaria tiene también aplicación la regla según la cual las decisiones de segunda instancia quedan ejecutoriadas, no con la simple suscripción de la misma sino, con su notificación:

“La Corte considera que, al igual que lo precisó en su Sentencia C-641 de 2002, por razones de seguridad jurídica y por su importancia práctica, haciendo uso de la facultad de establecer los efectos de sus sentencia, expresamente establece que solo a partir de la publicación y comunicación de este fallo, se entiende que los efectos jurídicos de las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, operan a partir de la notificación y no de su mera ejecutoria”(16).

Por lo anterior, en esta oportunidad, el Tribunal Constitucional aceptó la constitucionalidad de la norma demandada “siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias”.

Con fundamento en este antecedente, para que la decisión disciplinaria de segunda instancia pudiera producir sus efectos jurídicos debía estar debidamente notificada, y solo así se pudiese: (i) separar de su cargo al personero destituido e inhabilitado, y como consecuencia, (ii) elegir a un nuevo personero encargado de fungir como tal para lo que resta del periodo constitucional.

Pues bien, si bien es cierto que la Procuraduría General de la Nación decidió, el 11 de marzo de 2011 notificar personalmente al disciplinado en diligencia llevada a cabo en la Procuraduría regional de Sucre, según da cuenta el oficio obrante a folio 292 del cuaderno de pruebas, no es menos cierto que, previamente a ello el fallo disciplinario ya habría cobrado ejecutoria, en atención a lo certificado en el folio 13 del expediente en donde consta que la resolución ya había sido notificada mediante Edicto 0334 fijado el día 4 de mayo de 2010 y desfijado el día 6 de mayo del mismo año,.

Ahora bien, si lo que cuestiona el demandante en este cargo no es la nulidad del acto de elección del nuevo personero, sino la desvinculación del personero anterior, según lo expuesto por la Sala en el capítulo en el que se hizo el estudio del acto acusado, debe tenerse en cuenta que el objeto de estudio en las demandas electorales es único, concierne al “acto por medio del cual la elección se declara”.

Finalmente, el mencionado acto de desvinculación, por ser acto administrativo, goza de la presunción de legalidad que implica que “los actos tienen imperio mientras la autoridad judicial no los declare contrarios a derecho; ejecutividad, a su vez, es el atributo de su obligatorio cumplimiento. La presunción de legalidad torna en demandante a quien quiere controvertir la validez de los actos; la ejecutividad tiene que ver con la expresión francesa ‘décision exécutoire’ en cuanto modifica unilateralmente la relación jurídica y pasa a ser ejecutada directamente por la administración”(17).

Por lo anterior, no es de recibo la argumentación del demandante de conformidad con la cual sostiene que se produjeron los efectos jurídicos de la decisión de destitución en inhabilidad antes de su ejecutoria.

3.2. Nulidad de la elección por la falta de publicación del acto administrativo por medio del cual el Concejo Municipal de Sincelejo convocó a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Personero Municipal de Sincelejo, Sucre para el resto del periodo 2008-2011.

Sobre el particular el demandante expuso que la mesa directiva del Concejo Municipal de Sincelejo, con fecha 22 de febrero de 2011, expidió la Resolución 003 por la cual hizo una convocatoria a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de personero municipal, “que reúnan las calidades previstas en el artículo 173 de la Ley 136 de 1994, a presentar sus hojas de vida ante la Secretaría del Concejo Municipal, por tres (3) días hábiles, a partir del día veintidós (22) de febrero de 2011 hasta el día veinticuatro (24) de febrero de la misma anualidad en horario de 8:30 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.”, pero que sin embargo, dicho acto no fue publicado en la gaceta del municipio de Sincelejo, como tampoco en un periódico de alta circulación municipal en cumplimiento del requisito de publicidad de los actos administrativos contenido en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo.

La norma que el actor considera violentada, dispone:

“Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto.

Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil”(18).

La teoría del acto administrativo ha sido un tema de profundo estudio y análisis, por parte de la doctrina nacional y extranjera así como por la jurisprudencia de esta corporación, que ha dejado en su trasegar distintas clasificaciones en relación con la naturaleza de los actos administrativos. Por ello, y bajo el entendido de ser el acto administrativo una manifestación unilateral de voluntad de la administración, nos limitaremos en este acápite a efectuar una breve revisión de la clasificación a los actos administrativos en razón a su contenido a efectos de establecer si a la Resolución 003 del 22 de febrero de 2011, por la cual se efectuó una convocatoria a los ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Personero Municipal, le es aplicable la exigencia jurídica contenida en el artículo el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo(19).

Desde el punto de vista de su contenido, los actos administrativos pueden ser generales o particulares. Los primeros son aquellos actos creadores de situaciones jurídicas objetivas o reglamentarias, y que se refieren a una pluralidad de sujetos indeterminados; “comprendiendo todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizados por su generalidad y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la ley”(20); mientras que son particulares o individuales los actos creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, y que hacen referencia a personas determinadas individualmente.

En este sentido, la Corte Constitucional(21), ha dicho:

“B) Punto de vista material. Este criterio fue planteado y dotado de una aplicación importante en derecho público por León Duguit y por sus discípulos de la escuela de Burdeos.

Según este punto de vista los actos y las funciones se califican según su naturaleza interna, es decir, según el contenido mismo del acto en cuanto se refiere a su carácter general o individual. Para llegar a esa calificación esta teoría distingue varias clases de situaciones jurídicas y de actos jurídicos.

En este orden de ideas se parte de la base de que existen dos clases de situaciones jurídicas:

Por una parte, las situaciones jurídicas generales, impersonales, objetivas o estatutarias, que son aquellas cuyo contenido es igual para todos los individuos que sean o llegaren a ser titulares de ella. Por ejemplo, la situación de los empleados públicos, la de los comerciantes, etc.

Por otra parte, las situaciones jurídicas individuales o subjetivas, que son aquellas cuyo contenido es fijado de manera individual, para personas determinadas, y pueden variar de un titular a otro”.

De esta forma, dependiendo del tipo de acto administrativo, la ley ha instituido la forma de notificación para dar cumplimiento al deber de publicación de las diferentes modalidades de actos administrativos. Así, los actos administrativos de contenido general siguen la regla transcrita en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, mientras que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del mismo código, “las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado”.

De conformidad con lo indicado por el último artículo transcrito, tanto este como el 43 del Código Contencioso Administrativo, se refieren a la publicidad de las decisiones que pongan término a una actuación administrativa, es decir, a actos administrativos definitivos generales (CCA, art. 43) o a actos administrativos definitivos de contenido particular (CCA, art. 44) circunstancias que no aplican al acto de convocatoria expedido por el Concejo Municipal de Sincelejo, según se explicó páginas atrás en el acápite correspondiente al “acto acusado”, por tratarse este de un acto administrativo de mero trámite.

Corolario de lo anterior es que no le asiste la razón al demandante cuando argumenta que el acto administrativo de la convocatoria debía publicarse de conformidad con lo indicado en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, sino que, a efectos de cumplir con el principio de publicidad bastaba que hubiere sido dado a conocer, como en efecto se hizo(22), con independencia del medio de difusión. Además, para el caso en concreto la norma aplicable no es la citada por el demandante sino la contenida en el artículo 72 del Código de Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986 que permite a los concejos municipales expedir un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a la validez de las convocatorias, de las reuniones y de la actuación de los Concejales elegidos en calidad de suplentes.

3.3. Nulidad de la elección por la no observancia de (i) los principios de meritocracia y selección objetiva, en tanto resultó elegido personero municipal el candidato con el perfil menos indicado para el cargo, si se toman en consideración las calidades acreditadas por los demás candidatos participantes y (ii) el modelo definido por el DAFP en este el proceso de elección.

Finalmente, el demandante estructura un último cargo de nulidad de la elección del nuevo personero con fundamento en la inobservancia de: (i) los principios de meritocracia y selección objetiva, en tanto resultó elegido personero municipal el candidato con el perfil menos indicado para el cargo, si se toman en consideración las calidades acreditadas por los demás candidatos participantes y (ii) el modelo definido por el DAFP en este el proceso de elección(23).

Sobre el primer aspecto, y naturalmente desde que se cumplan los requisitos legales que el ordenamiento jurídico impone para el ejercicio del cargo, esta Sala de Decisión ha dejado en claro que, dependiendo de las diferentes clases de cargos públicos existe una forma especial de vinculación a los mismos. Los cargos públicos son: de carrera, de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y de elección. Los de elección son, a su vez, de elección popular y de elección de órganos o corporaciones públicas y de período.

El acceso a los cargos de carrera, y a aquellos respecto de los cuales la Constitución o la ley no han dispuesto la forma de provisión, se gobiernan por el mérito. No así el de los empleos de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y de elección. La designación en cargos de carrera, de libre nombramiento y remoción y en empleos de trabajador oficial comporta el ejercicio de la facultad nominadora. Mientras que la designación en cargos de elección implica el ejercicio del derecho al voto que emana de la condición de ciudadano, voto popular, o de la investidura de servidor público, voto en órgano o corporación pública, y se halla atado a las reglas generales de este mecanismo de participación.

(...).

El empleo de personero corresponde a un cargo público de elección de una corporación pública, el concejo municipal, y de período, de 4 años. Dada su naturaleza, de cargo de elección, para proveerlo no es imperioso adelantar un concurso de méritos. (...) Si la designación de personero estuviera sometida al mérito, la Constitución y/o la ley habrían regulado el concurso en el que se valoraran las condiciones y aptitudes para acceder al cargo, considerando, por lo menos, la realización de pruebas que evaluaran la solvencia profesional de los aspirantes, así como otros mecanismos a través de los cuales se ponderara su experiencia. En suma, el concejo municipal de Tunja (Boyacá) no se hallaba obligado a “elegir” a quien, en la valoración de la hoja de vida y en la entrevista, había alcanzado el mejor puntaje en el proceso adelantado a instancia de la convocatoria contenida en la Resolución 159 de 13 de noviembre de 2008”(24).

Sobre el punto no existe reproche alguno al acto administrativo de elección de personero en tanto se encuentra acreditado en el expediente que el escogido, cumplía con los requisitos mínimos legales para serlo, en cuanto es ciudadano colombiano y abogado titulado, sin que más allá del cumplimiento de estos requisitos pueda limitarse la facultad discrecional nominadora en cabeza del Concejo Municipal de Sincelejo.

Ahora bien, en relación con la inobservancia del supuesto modelo definido por el DAFP en este el proceso de elección(25), la sala acoge como válida la observación realizada por el Procurador Delegado ante esta Corporación según la cual no existe dentro del proceso prueba alguna que permita inferir que el Departamento Administrativo de la Función Pública diseñó un procedimiento administrativo para la designación de los personeros municipales(26), y por tanto mucho menos de su obligatoriedad para los concejos municipales, lo que impide hacer un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.

De conformidad con lo señalado será confirmada en su integridad la sentencia de primera instancia.

III. La Decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE EN SU INTEGRIDAD la sentencia de 8 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en la que se negaron las súplicas de la demanda.

2. Se DEVUELVE al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, Rad. 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00.

(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, Providencia del 4 de febrero de 2010, C.P. Filemón Jiménez Ochoa. (Rad. 11001-03-28-000-2009<00007>00)

(14) El pasado 28 de febrero de 2011.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas.

(16) Ibídem.

(17) Jaime Vidal Perdomo, Derecho Administrativo, Legis, Universidad del Rosario, doceava edición, pág. 246.

(18) Artículo 43 del Código Contencioso Administrativo.

(19) O criterio material para calificar las funciones y los actos del Estado, como lo determina el Profesor Libardo Rodríguez en su libro “derecho administrativo”.

(20) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Tomo II. U. Externado: Bogotá, 2006.

(21) Siguiendo lo planteado por el profesor León Duguit, de acuerdo con la transcripción consignada por el profesor Libardo Rodríguez en su obra “derecho administrativo general y colombiano”.

(22) Por los siguientes medios de comunicación: radio Majagual, radio Sincelejo, radio Chacurí, El Heraldo, El Meridiano, el 22 de febrero de 2011, según constancia de folio 6 del cuaderno de copias.

(23) El actor se abstuvo de indicar en qué acto administrativo estaba contenido dicho procedimiento no tampoco hizo referencia sobre la obligatoriedad de su aplicación.

(24) Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de abril de 2010, C.P. Filemón Jiménez Ochoa. (Rad. 15001-23-31-000-2009-00005-02)

(25) El actor se abstuvo de indicar en qué acto administrativo estaba contenido dicho procedimiento no tampoco hizo referencia sobre la obligatoriedad de su aplicación.

(26) Pues de existir contendría simplemente recomendaciones sin carácter vinculante para los consejos municipales.