Sentencia 2011-01470/48553 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 25000-23-26-000-2011-01470-01 (48553)(1) acumulado con el 25000-23-26-000-2012-01158-01 (56618)

Actor: D.A.P.A. - C.G.M.A. y Otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de Reparación Directa

Temas: Privación de la Libertad /Culpa Exclusiva de la Víctima-Culpa grave o dolo - Código Civil - Condena en costas -Temeridad o mala fe en el trámite de la segunda instancia.

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Extractos: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad; 5) el caso concreto y 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada, razón por la cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación(24), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1º de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(25).

3. Alcance de la apelación.

Le corresponde a la Sala determinar si la parte demandada privó injustamente de las libertad a los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., para lo cual, dadas las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, se deberá establecer si el daño causado le resulta imputable a los demandantes.

En las condiciones expuestas, se procederá al estudio de este asunto, previo análisis oficioso del presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción.

4. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(26).

En el sub lite se pretende la indemnización de los perjuicios causados con la privación de la libertad a la que se sometió a los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., por tal razón, el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta, es decir, con fundamento en el día siguiente a aquel en el que quedó ejecutoriada la respectiva sentencia absolutoria.

Pues bien, el 25 de enero de 2010, dentro del proceso penal adelantado por el homicidio del señor D.J.S.M., el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bogotá llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo, diligencia a la que asistió la Fiscalía General de la Nación y el abogado defensor del señor D.A.P.A.(27).

Conviene aclarar que a la diligencia no compareció el señor C.G.M.A., ni su abogada defensora, a pesar de habérseles citado oportunamente, tal como se infiere de las constancias obrantes de folios 30 a 35 del cuaderno 11, en concordancia con lo señalado por el juez de conocimiento al iniciar la diligencia, en el sentido de aclarar que no obstante de que la fecha de la diligencia le fue informada tanto al señor M.A. como a su defensora, no resultó posible su asistencia.

Así las cosas, la Sala advierte que el fallo absolutorio se notificó en los términos dispuestos por el artículo 169 de la Ley 906 de 2004, a cuyo tenor:

“ART. 169.—Formas. Por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados.

“En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación.

“(…)

“Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia” (se resalta).

En suma, la notificación de la providencia por medio de la cual se definió la situación de los demandantes se surtió por estrados y en contra de aquella no se interpusieron recursos, de ahí que hubiese quedado ejecutoriada en la misma diligencia, tal como se indicó en la constancia visible a folio 6 del cuaderno 2.

De este modo, los demandantes debían acudir ante esta Jurisdicción dentro del período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 26 de enero de 2012.

En lo relacionado con el señor D.A.P.A., se advierte que la demanda se presentó el 14 de diciembre de 2011, lo que quiere decir que no se configuró la caducidad de la acción de reparación directa.

Respecto del señor C.G.M.A., observa la Subsección que el demandante promovió trámite de conciliación prejudicial el 25 de enero de 2012, el cual, según la constancia obrante de folios 1 a 3 del cuaderno 10, se declaró fallido el 8 de marzo de 2012, fecha en la que se radicó la demanda, de ahí que se concluya que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.

5. Caso concreto.

5.1. Cuestión previa.

Como antes se explicó, en el presente asunto, dadas las condiciones en las que ocurrieron los hechos y en atención a que tal circunstancia llevó al a quo a denegar las pretensiones formuladas por el señor C.G.M.A., se determinará si en el sub lite se configuró o no la culpa exclusiva de las personas que resultaron privadas de la libertad, para lo cual se valorarán de manera íntegra las pruebas allegadas al plenario, previas las siguientes precisiones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse y valorarse en otro, siempre que en aquel del que proceden se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

En el presente asunto obra copia del expediente de la actuación penal adelantada en contra de las demandantes, por manera que debe entenderse que las pruebas que obran dentro de este, incluidas las testimoniales y las diferentes documentales, fueron trasladadas al sub lite y, por ende, son susceptibles de valoración, toda vez que se practicaron con audiencia de los sujetos contra los cuales se aducen, esto es, la parte actora y la Fiscalía General de la General(sic) de la Nación.

Conviene aclarar que en este asunto las partes tuvieron la oportunidad de impugnar y cuestionar tales pruebas, sin que formularan ninguna objeción sobre el particular.

En las condiciones analizadas, los elementos de juicio obrantes en el expediente penal, al tenor de lo dispuesto en el referido artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, son “apreciables sin más formalidades”, pues, como lo resalta la doctrina, ello es procedente cuando la prueba “fue practicada en el primer proceso con audiencia de la parte contra quien se aduce en el segundo, tampoco se requiere su ratificación aun cuando quien la aduzca no haya sido parte en aquel proceso por haber cursado o estar tramitándose entre ese oponente y otra persona, puesto que tal circunstancia no altera la debida contradicción que allí tuvo por aquél”(28).

Es del caso precisar que si bien, por no rendirse bajo gravedad de juramento, las indagatorias practicadas en los procesos penales carecen de eficacia probatoria, no es menos cierto que estas, según lo ha señalado esta Subsección(29), son susceptibles de valoración en los eventos en los que resulte posible su confrontación con los demás medios probatorios, siempre que se haga con arreglo a los principios del derecho de contradicción.

En relación con lo anterior, esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Valga aclarar que la Sala Plena de esta Corporación, ha dado valor a la indagatoria como medio probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”(30) (se resalta).

En el presente asunto, por tratarse de un proceso penal tramitado en vigencia de la Ley 906 de 2004 los demandantes no fueron escuchados en indagatoria, sin embargo, la Sala advierte que el señor C.G.M.A. presentó una denuncia, en la que narró lo ocurrido el día del homicidio del menor D.J.S.M., manifestaciones que la Sala valorará, con arreglo a las condiciones establecidas frente a las indagatorias, las cuales tampoco corresponden a versiones rendidas bajo gravedad de juramento.

Adicional a lo anterior, la Subsección resalta que a esta Jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, no obstante, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta Jurisdicción(31). Al respecto, esta Sala ha precisado:

“Si bien la decisión de carácter penal no puede ser modificada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que la misma hace tránsito a cosa juzgada, dicho efecto se predica de la situación jurídico penal del procesado y, en algunos eventos, en relación con la responsabilidad civil del funcionario sometido a juicio, pero no con respecto a la decisión que deba tomarse cuando lo que se cuestiona es la responsabilidad del Estado(32), pues a pesar de que se declare la responsabilidad personal del funcionario, la entidad a la cual éste se encuentre vinculado puede no ser responsable del daño, por no haber actuado aquél en desarrollo de un acto propio de sus funciones o no haber tenido su actuación ningún nexo con el servicio público(33), o por el contrario, el funcionario puede ser absuelto por no haberse demostrado la antijuridicidad de su conducta, de tal manera que no resulte comprometida su responsabilidad penal y, en cambio, el juez administrativo puede encontrar comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, con la demostración de la antijuridicidad del daño, elemento fundante de la responsabilidad estatal consagrada en el artículo 90 de la Carta Política(34).

En esta medida, la Sala valorará las pruebas obrantes en el expediente penal, lo cual, se insiste, no se hará con el fin de rebatir los juicios de valor plasmados en la sentencia penal, sino con el propósito de determinar si los demandantes se expusieron a que los investigaran penalmente y a que, de manera consecuente, se les impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva.

5.2. Hechos probados.

En el presente asunto, en relación con el proceso penal adelantado en contra de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., se encuentra probado lo siguiente(35):

5.2.1. El 25 de marzo de 2008, a las 4:00 am, ingresó al CAMI de Patio Bonito, sin signos vitales, el menor D.J.S.M.(36), quien tenía varias heridas con arma corto punzante y/o cortante(37).

5.2.2. La anterior situación fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional, por tal razón, una de sus patrullas se dirigió al centro médico, lugar en el que se encontraba el señor L.R.S.B., quien señaló como responsables del homicidio a dos personas que en ese momento llegaban al centro médico, uno de ellos con una herida en el rostro y quien, a su vez, indicó que el señor S.B. fue la persona que lo agredió(38).

5.2.3. A las 4:50 am, fueron capturados los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., dados los señalamientos del señor S.B.(39).

5.2.4. En la fecha citada, a las 5:00 am, la SIJIN se presentó en el CAMI, inspeccionó el cadáver del menor S.M. y remitió al señor C.G.M.A. al Hospital de Occidente(40), centro médico en el que se le practicó una sutura en el rostro(41).

Además, los funcionarios de la SIJIN entrevistaron a J.A.S.B.(42) y a L.R.S.B.(43), personas que señalaron a los ahora demandantes como los responsables de la muerte del menor S.M.

5.2.5. El día de los hechos, a las 6:20 pm, el señor C.G.M.A. formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del señor L.R.S.B., por el delito de lesiones personales.

Para lo pertinente, indicó que en una vía pública del barrio Patio Bonito, en la madrugada del 28 de marzo de 2008, se presentó una pelea, en la que cuatro personas agredieron a un joven y salieron a correr; que uno de los acompañantes de la víctima lo agredió con un pico de botella en el rostro y en un hombro, pese a que no tenía nada que ver con lo ocurrido y que en medio del forcejeo le robaron una bicicleta que tenía en su poder.

El denunciante aclaró que ese día se encontraba en compañía de su amigo “D.”, quien para el momento de la agresión no estaba presente, porque se fue a llamar a un cuñado para que lo recogiera.

Además, explicó que no conocía ni había visto con anterioridad al sujeto que lo agredió, ni a las personas que lo acompañaban; además, aclaró que a los 5 minutos de lo ocurrido pasó una patrulla de la Policía Nacional por el lugar de hechos, el cual era oscuro y que, finalmente, su amigo “D.” lo llevó para el CAMI de Patio Bonito(44).

5.2.6. El 26 de marzo de 2008, ante el Juzgado 43 Penal Municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, se adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A., por el homicidio del menor D.J.S.M.(45).

A la diligencia se allegaron como elementos de juicio las entrevistas de quienes dijeron ser los testigos presenciales de los hechos y el informe que la SIJIN rindió al ente acusador respecto de las actuaciones que adelantó.

En relación con la captura, el juez de control de garantías concluyó que se encontraba ajustada a derecho, toda vez que se presentó en situación de flagrancia, dado que la aprehensión de los implicados tuvo lugar —momentos después de que se le causaron las heridas mortales a la víctima; además la Policía Nacional compareció al CAMI por voces de auxilio, en cuanto por radio se les reportó la existencia de una riña en la vía pública y, además, los capturados, al ser requeridos, tenían huellas que permitían inferir su participación en un delito, pues sus prendas de vestir estaban manchadas de sangre, al punto que uno de ellos tenía una herida en el rostro que, según uno de los testigos, se le causó en medio de la pelea.

De otro lado, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a los ahora demandantes por el delito de homicidio. Al respecto, el Juez 43 Penal Municipal de Bogotá les precisó que el Código de Infancia y Adolescencia proscribía la rebaja de penas para casos como el analizado, por ser la víctima un menor de edad. Los señores P.A. y M.A. no aceptaron los cargos.

Finalmente, a los imputados se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, porque se encontró una inferencia razonable de responsabilidad, dados los señalamientos de los testigos presenciales de los hechos; además, el juez de control de garantías concluyó que la medida resultaba necesaria y oportuna, por la gravedad de la conducta y el peligro que los investigados representaban para la sociedad. A su juicio, no resultaba de recibo el hecho de que se hubiera cometido un homicidio como consecuencia de una disputa por una cerveza; enfatizó que las personas con las que se encontraba el menor S.M. no portaban armas, solo una botella, con la cual intentaron defenderse.

Frente al señor M.A., además, se tuvo en cuenta que tenía antecedentes penales por el delito de porte de armas de fuego, toda vez que el Juzgado 2 Penal del Circuito de Bogotá emitió condena en su contra el 2 de noviembre de 2006.

Para los fines pertinentes, los implicados fueron remitidos a la cárcel “Modelo” de Bogotá(46).

5.2.7. El 14 de noviembre de 2008, los señores D.A.P.A. y C.G.M.A. recuperaron la libertad, por vencimiento de los términos dispuestos para iniciar el juicio(47).

5.2.8. El 28 de mayo de 2009, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bogotá instaló la audiencia de juicio oral, en la que se practicaron, entre otras, las siguientes pruebas(48):

5.2.9. Rindió declaración el agente de la Policía Nacional R.S.P., quien precisó que el día de los hechos, a las 4:25 am, aproximadamente, la central de radio de la institución le informó que en el CAMI de Patio Bonito se encontraba una persona lesionada con arma blanca, por tal razón, con otro compañero, se dirigió a ese lugar.

Informó que, a las 4:30 am, al llegar a dicho centro médico, se encontró con uno de los familiares de la víctima —L.R.S.B.—, quien tenía aliento alcohólico, pero no estaba ebrio y le manifestó que lo ocurrido obedecía a una riña presentada a dos cuadras, exactamente, en la XXXX XX XXXXX, cuyo antecedente era una discusión por una cerveza.

El declarante precisó que en el momento en el que estaba hablando con el testigo, llegaron al centro médico otras dos personas, las cuales fueron señaladas como las responsables de la muerte del menor S.M. y, finalmente, fueron identificadas como D.A.P.A. y C.G.M.A., quienes no portaban armas para el momento de la captura.

Asimismo, el testigo explicó que los dos supuestos responsables del homicidio y los familiares del occiso se agredieron mutuamente frente el CAMI, por lo cual, aunado a que los dos primeros estaban bastante ebrios y que se metieron más personas a la pelea, tuvo que pedir refuerzos de 3 patrullas.

Además, el señor S.P. explicó que procedió a la captura de los señores P.A. y M.A., el primero fue remitido a la URI Kennedy y el segundo al hospital de Kennedy, porque tenía una herida en La cara, la cual le fue causada con anterioridad al momento en el que llegó al centro médico.

5.2.10. En el juicio oral, también se escuchó al funcionario de la SIJIN J.F.C.P., quien indicó que, el 25 de marzo de 2008, hacia las 4:00 am, en el CAMI de Patio Bonito, inspeccionó el cadáver de D.J.S.M. y luego se dirigió al lugar que se le indicó como de ocurrencia de los hechos; sin embargo, al verificar con linternas, no encontró fluidos o armas, ni tampoco pudo entrevistarse con persona alguna.

5.2.11. Asimismo, a la audiencia pública compareció el investigador de la SIJIN J.F.C.S., el cual sostuvo que, en las horas de la madrugada del 25 de marzo de 2008, junto con un laboratorio de criminalística, inspeccionó el cadáver de D.J.S.M. y luego en la URI de Kennedy entrevistó a J.A.S.B. y a R.S.B., los cuales identificaron a D.A.P.A. y a C.G.M.A. como los causantes de la muerte de D.J.S.M.

Además, el investigador argumentó que los declarantes se encontraban en condiciones de explicar lo sucedido, por cuanto sus relatos eran claros y coherentes; sin embargo, en lo relacionado con el lugar de los hechos no eran precisos, pues hablaban de un bar y de una vía pública.

El compareciente precisó que tuvo contacto con un joven de nombre “C.”, el cual no fue entrevistado, porque era menor de edad y no se contaba con la presencia de un Defensor de Familia.

5.2.12. El perito forense G.A.L.L., adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también rindió declaración, para lo cual sostuvo que practicó la necropsia de D.J.S.M., quien falleció como consecuencia de heridas con armas corto punzantes y/o cortantes en la espalda.

De otro lado, aclaró que la víctima tenía abrasiones, cuya causa era el roce con una superficie áspera, como el suelo, circunstancia que, aunada a la presencia de múltiples lesiones, permitían inferir la existencia de una riña.

5.2.13. Asimismo, se escuchó el testimonio del médico J.J.S.B., funcionario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, testimonio. Al respecto, aclaró que, el 25 de marzo de 2008, adelantó el reconocimiento medido(sic) legal de los señores L.R.S.B. y C.G.M.A.

En relación con el primero de los mencionados, el declarante sostuvo que tenía varias heridas en el rostro, causadas con mecanismos contundentes y abrasivos. Respecto del señor M.A., el médico forense concluyó que presentaba heridas en el rostro y en el tórax.

5.2.14. De otro lado, se escuchó la declaración de L.R.S.B., testigo que sostuvo que, el 25 de marzo de 2008, en horas de la madrugada, se encontraba en un establecimiento de comercio ubicado frente del CAI de Patio Bonito, junto con su hermano J.A.S.B., su amigo C.C.D.L. y su primo D.J.S.M., y que, por una cerveza, se agredieron verbalmente con dos personas desconocidas; además, precisó que luego de ese incidente decidieron irse para la casa y al pasar por el lugar denominado “La Virgen” de Patio Bonito se volvieron a encontrar con las dos personas con las que antes tuvieron el altercado y comenzaron a agredirse. Lo allí sucedido se narró de la siguiente manera (se transcribe literalmente lo sostenido en la audiencia de juicio oral, incluso con posibles errores):

“Nos retiramos para el lado de La Virgen de Patio Bonito, ahí fue donde volvemos y nos encontramos a los muchachos y comienza otra vez el problema, en volver a agredimos en solo palabras uno de ellos estaba llamando por celular (...), mientras que evitábamos el problema con el otro (...), en ese momento fue que llegaron otros muchachos y agredieron a D., (...) fue cuando le metieron 3 puñaladas por la espalda, ahí fue que yo llegué con una botella y le corté la cara a uno de ellos (...). Alcé a D. (...), lo levanté y lo llevé para el CAMI, cuando lo llevé al CAMI ya estaba muerto (...).

“Llegan los señores agentes, a mí me esposan y ahí fue cuando ellos también llegaron al hospital (...), y llegan entre varios me agarran a patadas (...). Los señores agentes nos separan y nos llevan para la patrulla (...). En la URI uno de los muchachos me amenazó de muerte, me dijo ‘usted declara y yo lo mato’”.

En la diligencia de testimonio el declarante, ante las preguntas formuladas por la Fiscalía General de la Nación, sostuvo lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores:

Pregunta: ¿Cuántas personas se encuentran al lado de La Virgen? Contestó: (...) Los dos muchachos, mi primo y mi persona (...). Los dos agresores, los mismos con los que tuvimos el problema al lado del CAI de Patio Bonito (...).Pregunta: Dice usted que una persona se encontraba hablando por celular (...) y que, supuestamente, después llega más gente, nos puede ilustrar ¿qué tanta (...) gente llega? Contestó. Más o menos como 5 o 6 muchachos más (...).Pregunta: Posterior a eso, dice usted, que apuñalan a su primo (...), ¿intervienen las 5 personas que llegan posterior a cuando se encuentran al lado de La Virgen? Contestó: También. Pregunta: ¿Recuerda usted quién agredió y le propinó las lesiones a (...) D.? Contestó: No señor. Pregunta: ¿Cuál fue la participación de los señores qué dice usted que se encontraron frente al CAMI? ¿Cuántas personas se encuentran frente al CAMI? (...).Contestó: Estamos ellos dos, los dos muchachos con los que habíamos tenido el problema, está mi primo y esto y yo. Llegan más muchachos, ahí es cuando mi primo sale a correr, porque empiezan a agredido a él, entonces, es ahí donde yo intervengo, pero en la realidad no vi quien de ellos era el que haiqa tenido el puñal, no sé quién fue el que lo haiqa apuñaleado a él. Pregunta: (...) ¿Dice usted haber propinado una lesión a una persona de esas? ¿Dónde le propinó usted la lesión? Contestó: En la cara. Pregunta: ¿Con qué elemento (...)? Contestó: Con una botella de cerveza. Pregunta: Esa persona qué usted dice haber lesionado con la botella (...) qué participación tuvo cuando lesionan (...) a su primo D. Contestó: Él también está en el problema donde todo el mundo está dándole a él y yo estoy reaccionando, (...) se abalanza contra el muchacho, los dos se abalanzan contra el muchacho (…), contra D. el occiso. (...) los dos muchachos que habíamos tenido el problema desde el CAI de Patio Bonito (...), como a golpiarlo o a apuñalearlo no sé, porque en la realidad como eso era oscuro no les vi que tuvieran algo en las manos. Lo único que vi fue que lo atacaron, es lo único que sé, de resto no sé nada más (...). Pregunta: ¿En qué momento se da cuenta usted que su primo D. está lesionado? Contestó: En el momento que ellos huyen, toda la gente que estaba ahí huyeron, entonces: yo veo a mi primo correr y (...) veo que estaba agonizando y botando sangre, o sea ya después de 10 o 15 minutos (...). Pregunta: ¿Qué sucede cuando usted está frente al CAMI (...)? ¿Con quién se encuentra usted frente al CAMI? Contestó: Estoy con mi hermano y con mi amigo C. (...), se escucha el borolo, entra más gente al CAMI, vienen los dos muchachos con los que habíamos tenido el problema (...), al que estaba cortado lo llevaron para el hospital y al otro muchacho para la URI (...). Pregunta: ¿Cuál es la participación de la persona (...) llevada a la URI en el acto en donde es lesionado su primo D. (...)? Contestó: No lo vi, la verdad no lo vi, como había harta gente entre ellos yo no le ponía cuidado a las caras, sino que solamente era defendiendo a mi primo (...). Ellos estaban, correctamente, pero en el momento en el que yo le digo que no los veo es en el sentido de que no les veo ninguna arma a los dos, los veo es de que ellos están también agrediendo a mi primo con los otros señores (...). Mi primo sale a correr, los otros muchachos se abalanzan contra él (...), él quedó contra la pared, porque se alcanzó a resbalar y se cayó y todo el mundo empezó a cogerlo allá, a pegarle así con la mano, pero no sé si tenían puñaleta, no le vi puñaleta a ninguno (...), entonces, es ahí donde yo reaccionó y cojo la botella (...) para poder sacarlo de los agresores”(49).

El declarante, a petición de la defensa de D.A.P.A., contestó otras preguntas en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

Pregunta: ¿Cómo es el lugar dónde se causaron las heridas (...)? Contestó: “Estamos parados casi sobre la XXX XXX, estamos hablando con los muchachos, arreglando el problema, cuando llegan los otros muchachos es cuando mi primo sale a correr hacia la entrada del barrio XXXXX, él (...) se cae, cuando él cae es cuando lo agreden (...), cuando él corre él se pega al lado de la pared y ahí es cuando él se cae (...). Pregunta: ¿Cuántas personas están participando de esa agresión ahí, en ese instante? Contestó: Seis personas que llegaron, más los dos muchachos que están desde el problema. Pregunta: ¿En dónde se encontraba en ese momento la persona que fue a la URI (...) cuando su primo estaba contra la pared? Contestó: Él estaba como a 4 pasos (...), a 2 metros (...). Pregunta: ¿Cuántas personas están participando de la agresión (...) en ese instante? Contestó: En ese instante yo conté lo que estoy contando, seis personas que llegaron, más los dos muchachos que están desde el problema (...). Pregunta: Aclárele al Despacho usted acaba de manifestar que el muchacho que fue a la URI se encontraba a 4 pasos. Contestó: Correcto, pero estoy diciendo de que ellos estaban en el problema desde el lado del CAI de Patio Bonito (...), por esa cuestión digo que estaban en el problema, en la muerte de mi primo, porque si empieza un problema y están ellos y ellos están llamando, ellos están en ese problema, para mí concepto es estar en el problema”(50).

En virtud de una pregunta formulada por la defensa de M.A., el testigo explicó que el tiempo que transcurrió entre lo sucedido en el CAI de Patio Bonito y el encuentro en el sector La Virgen fue de 15 a 20 minutos; asimismo, el señor S.B. indicó que a él lo llevaron a reconocimiento médico legal, dadas las agresiones causadas en frente del CAMI de Patio Bonito.

5.2.15. Asimismo, se escuchó el testimonio de C.C.D.L., quien precisó que el día de los hechos, como a las 3:00 am, se encontraba en un bar que queda en frente del CAI de Patio Bonito, en compañía de “J., R. y D.” y que ellos, mientras que él estaba en el baño, discutieron con D.A.P.A. y C.G.M.A. por una cerveza y que cuando él salió del baño los ahora demandantes empezaron a ofrecerles aguardiente, a decirles que se tomaran un “chorrito”, pero ellos no les recibieron.

Además, aclaró que después del incidente salieron del bar y se fueron por la XXXXX XX, vía en la que iban otras 5 personas y sucedió lo siguiente (se transcribe literal lo sostenido por el testigo, incluso con posibles errores).

“D. me dijo présteme la patecabra y (...) él arranca a correr detrás de los manes (...) “D. los corretea y más adelante íbamos y nos encontramos otra vez a D. y a C. (...) ahí en toda la virgen y otra vez que vengan nos tomamos los chorros, el guarito y que tal, y yo que no, que todo bien, y entonces ahí se quedó J., y R. ahí hablando con D. y C. y yo cogí a D. y lo abracé y nos fuimos pa un putiadero y nos subimos y estábamos hablando con dos viejas ahí y como a los 10 minutos se baja D., se baja pa donde estaba C., D., R. y J. y yo me bajo detrás de él y yo les veo ahí hablando normal, entonces, nos vamos con D. (...), nos vamos allá para Atmosfera, pasamos las avenidas y yo compré un tinto y un cigarrillo y estábamos ahí hablando y entonces el man empieza a llamar ahí que venga, que estamos acá, que me recoja, algo así le entendí al man, en ese momento en la otra esquina se quedó R., D. y este el cortado (...) y entonces estamos ahí en Atmosfera, .yo con el otro man que estaba llamando y J. cuando se armó un borolo ahí y entonces salimos a correr y D. iba así como (...) pal CAMI y se cayó y se paró y cuando yo iba así corriendo él venía hacía mí y se cayó y yo llegué y lo alcé y nos fuimos pal CAMI y ahí fue cuando yo llegué y lo metí en una camilla y R. iba saliendo cuando llegó C. al CAMI, que es que el me cortó y entonces esposan a R. y llegan un poco de chinos y se armó (...) una pelea dentro del CAMI cuando llegó harta policía empiezan a decir que C. lo había matado y al ratico llegó el otro man y los cogieron y ya” (se destaca).

Respecto de la pregunta formulada por la defensa de P.A. de si alcanzó o no a ver el momento en el que agredieron a D., el declarante explicó que a la víctima la encerraron en un círculo como 7 personas, dentro de las cuales se encontraba C.G.M.A., así como los 5 sujetos que él correteó momentos antes con la “patecabra”; sin embargo, al ser interrogado por el ente acusador, el testigo afirmó que M.A. sí estaba en el referido círculo y, en una segunda oportunidad, sostuvo que no.

El testigo aclaró que en el momento de los hechos estaba en la otra acera con D.A.P.A. y que salieron a correr, pero que, en todo caso, estaba pendiente de lo que sucedía con D., al punto de que pudo ver que en el círculo le hicieron varios lances por detrás y que cuando él se cayó lo agredieron nuevamente; no obstante, al ser contrainterrogado por el ente acusador, explicó que en el momento en el que rodearon a la víctima no se le causaron heridas, sino que solo cuando se cayó.

De otro lado, precisó que para el momento de la riña él sólo estaba con D.A.P.A., no obstante, en el primer relato sostuvo que también se encontraba con “J.”.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación lo contrainterrogara, el testigo D.L. sostuvo que el homicidio ocurrió como a las 3:30 am o 4:00 am, momento para el cual se encontraba como a 200 metros, razón por la cual, aunado a la existencia de luz natural, pudo observar que los demandantes no tenían armas, ni lesionaron a la víctima, sino que fueron las cinco personas a las que él correteó momentos antes, los cuales portaban armas blancas.

5.2.16. Finalmente, C.A.V.A. compareció a la audiencia de juicio oral y explicó que en la madrugada de los hechos D.A.P.A. lo llamó para que lo recogiera en el sector “La Virgen” de Patio Bonito y que al llegar P.A. le indicó que tenían que recoger a C.G.M.A., quien luego llegó herido en la cara; además, explicó que momentos después pasó una patrulla a la cual los procesados le comentaron lo sucedido y se fueron con ellos y no regresaron, por tal razón, el testigo se fue.

Aclaró que en el momento en el que llegó a recogerlos pudo ver que en la cera del frente iban 3 jóvenes que llevaban a otro que estaba herido en la espalda.

5.2.17. Practicadas las pruebas decretadas, el Juez 4º Penal del Circuito de Bogotá dio por clausurado el debate oral y anunció el sentido del fallo, el cual sería absolutorio, según las siguientes razones (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“El Despacho debe señalar que no se acreditó de manera fehaciente la responsabilidad y que existen dudas insalvables (...) que obligan a la declaratoria de absolución de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A. respecto del delito que se les enrostró (...). No se puede indicar que no intervinieron en los hechos, porque las pruebas reflejan que sí intervinieron en los hechos, porque las pruebas reflejan que sí intervinieron en los hechos, pero que no son autores materiales, no hay prueba que permita indicar de manera indefectible que estas personas utilizando armas de las denominadas blancas (...) hubiesen acabado con la vida de esta persona, no hay pruebas de las legalmente allegadas a la actuación que permitan sostener eso, sí tuvieron una participación en esos hechos y por ello es que no puede acogerse el señalamiento que hace la defensa de D.A., en el sentido de que existe certeza de su no participación, lo que existe es duda sobre su participación y por ello es que se va proferir la sentencia” (se destaca).

En la audiencia del 25 de enero de 2010, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia absolutoria en favor de los procesados, con fundamento en las siguientes consideraciones (se trascribe literalmente lo manifestado en la diligencia por el juez de conocimiento, toda vez que la sentencia no se aportó en físico)(51):

“Resultaba legítima la aspiración de persecución penal en contra de los aquí encartados, pues para el momento de la formulación de acusación (...) los elementos materiales probatorios (...) resultaban suficientes para sostener con probabilidad de verdad la ocurrencia de la conducta investigada.

“Ahora bien, con fundamento en lo estipulado y debatido en el juicio, se puede afirmar la ocurrencia del hecho típico que motivó este proceso. Aparece demostrada la muerte violenta del menor D.J.S.M. con el protocolo de necropsia (...).

“Sin embargo, analizadas las únicas pruebas de cargo (...), esto es, el testimonio de L.R.S.B. y C.C.D.L., emergen dudas insalvables que no permiten establecer, con el grado de convencimiento que exige la ley, la responsabilidad de los imputados, respecto de la conducta enrostrada (...).

“(...) L.R.S. (...) manifestó que el occiso fue agredido por un grupo de 5 o 6 personas, que fue correteado y en ese trayecto se cayó (...), que en ese momento estas personas aprovecharon para ocasionarle las heridas, (...) y entre ellas se encuentran los señores D.A.P.A. y C.M., este último en un forcejeo que mantiene con el señor R. sale herido en su rostro.

(...) Dicho deponente en relación con la muerte de D. nada refiere, pues simplemente manifestó que para la madrugada del 25 de marzo de 2008 observó a los señores D.A. y C.Y., quienes llegaron al sitio donde R.S., A.S., C.C.D. y el hoy occiso departían unas cervezas.

“En cambio, C.C. es claro en indicar que las referidas personas, después de ser correteadas por el hoy occiso, para ese entonces menor de edad, se devolvieron y le ocasionaron las heridas (...).

“De otra parte, C.A.V.A. no se ubica como testigo presencial en la escena del crimen (...), siendo entonces peligroso inferir de su aserto posible que es amigo de D.A.P. y que para el 25 de marzo, a las 3:30, recibió una llamada de él, para que lo recogiera y cuando llega este a recogerlo D. le dice a C. que le regale una llamada para ubicar a C. (...) y cuando se encuentran y en ese momento se da cuenta que C. está con la cara cortada; para entonces, dice el testigo, al otro lado de la vía van 3 personas y una de ellas carga un herido, lo que resulta poco creíble, ya que este señala que a una distancia de (...) aproximadamente 6 metros dice ver a una persona que tenía 2 lesiones en la espalda. Se pregunta el Despacho cómo hace para ver que esa persona va herida y cómo hace para distinguir el número de heridas, pero lo más insólito es que no logra describir a las personas que lo llevan, a pesar de que había buena iluminación (...).

“(…).

“Si bien se puede indicar (...) la ocurrencia del deceso, no se puede afirmar, con el mismo grado de convencimiento quién lo originó (...). No resulta viable (...) dar por probado, a través de algunas suposiciones, presunciones o conjeturas, que el homicidio lo hubieses cometido los acusados.

“(…).

“Infortunadamente (...) en este caso no se logró reconstruir (...) que fue lo que pasó el 25 de marzo de 2008 y en qué circunstancias resultó muerto el menor D.J.S.M. (...).

“Ahora bien, se podría decir que ante la circunstancia acreditada de que los acusados eran las personas que se encontraban con el menor previo a que apareciera herido los muestran como los causantes de la afectación en su salud y en el atentado contra la vida; sin embargo, seguiría una lógica proscrita por nuestro ordenamiento penal, como lo es la responsabilidad objetiva, para hacer el juicio de reproche penal es indispensable (...) demostrar la ocurrencia típica del comportamiento fáctico descrito en la norma enrostrada y, además, el grado de tipicidad subjetiva (...); para el caso de marras ninguno de los extremos resulta acreditado (...).

“Debe recabarse que quienes inicialmente se señalaron como testigos presenciales de los hechos, esto es, R.S.B. y C.C.D.L., aunque refirieron algunas circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes al enfrentamiento de marras, al momento de referir la agresión de la que fue víctima D.J. se muestran confusos e imprecisos, en particular a la hora de referir quiénes de los que participaron en la reyerta tenían armas y quién o quiénes fueron los que lo lesionaron, aumentando la incertidumbre sobre lo acontecido al afirmar la participación de un número plural de contrincantes, sin precisar cuál fue la participación de los convocados a juicio.

“Como corolario de lo anotado, se puede sostener que el material probatorio enunciado resulta insuficiente para concluir en el conocimiento de más allá de toda duda (...), por lo que debe declararse la exoneración de responsabilidad penal (...)”.

5.3. Valoración probatoria.

Se encuentra probado que en contra de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A. se adelantó un proceso penal, en virtud del cual se ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario y terminó con sentencia absolutoria, en aplicación del principio de in dubio pro reo.

La circunstancia expuesta —absolución por duda razonable— resultaría suficiente para concluir que se configuró una privación injusta de la libertad; sin embargo, la Sala advierte circunstancias que permiten afirmar que los ahora demandantes dieron lugar a la detención preventiva analizada, por las razones que se precisarán.

Pues bien, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996(52), declaró la constitucionalidad de la norma citada, para lo cual sostuvo:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial (...). Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa” (se destaca).

Conviene aclarar que la conducta dolosa o culposa en casos como el analizado se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal.

El artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “[c]ulpa grave (...) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale, al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

Ahora, esta Sección ha señalado que la declaratoria de la culpa de la víctima impone determinar si el proceder —activo u omisivo— de quien solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Al respecto, esta Subsección ha señalado(53):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…)

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta.

“De igual forma, se ha dicho:

‘... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

‘Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal (...)(54)” (se destaca).

De este modo, en asuntos como el sub lite, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que el afectado incurrió en comportamientos dolosos o gravemente culposos que ameritaban la investigación penal y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad.

Bajo esta perspectiva, se analizarán las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A.

Pues bien, a los señores P.A. y M.A. se les exoneró de responsabilidad penal, porque existían dudas acerca de que hubiesen agredido con armas blancas al menor D.J.S.M.; sin embargo, el juez penal concluyó que sí participaron en los hechos que rodearon el homicidio.

En efecto, al analizar las pruebas practicadas dentro del proceso penal, se advierte que las declaraciones de L.R.S.B. y de C.C.D.L. dan cuenta de lo ocurrido en la riña en la que, según la necropsia, falleció el menor S.M. El primero afirmó que los ahora demandantes, pese a que no fueron los que le propiciaron las heridas mortales a la víctima, sí participaron en la riña en la que se causó el deceso; a su vez, el segundo declarante sostuvo que el señor M.A. sí estuvo presente en la pelea, pero que el señor P.A. no, porque estaba al otro lado de la vía, como a 200 metros del lugar de los hechos.

Respecto del señor D.A.P.A., advierte la Sala que el señor L.R.S.B. sostuvo que sí estuvo involucrado en la riña en la que se presentó el homicidio, mientras que el señor C.C.D.L. afirmó que no.

Pues bien, la Subsección, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado y sin que ello implique un nuevo juicio de valor de carácter penal, analizó los referidos testimonios en concordancia con los demás elementos probatorios y, al igual que el Juez 4º Penal del Circuito de Bogotá, considera que el señor P.A. sí participó de la pelea, toda vez que en el testimonio del señor D.L. se presentaron una serie de circunstancias que impiden dar plena credibilidad a algunas de sus afirmaciones.

En efecto, el declarante no fue consecuente en su relato, pues, por ejemplo, en unos apartes sostuvo que para el momento de la agresión se encontraba al otro lado de la vía con el señor P.A. y una persona de nombre “J.”, mientras que en otros apartes explicó que sólo estaba con el primero de los mencionados.

Además, en un primer momento narró que al menor S.M. fue rodeado por varias personas y en ese momento se le causaron algunas lesiones, pero luego indicó que no, que a él lo atacaron sólo cuando salió a correr y se cayó.

Asimismo, al momento de ser interrogado por las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, el declarante precisó que la pelea se presentó entre las 3:30 am y las 4:00 am, momento para el cual la luz natural le permitió observar lo sucedido, pese a que salió a correr y a que se encontraba a 200 metros del sitio en la que se materializó la muerte, manifestaciones que, a juicio de la Sala, carecen de coherencia y consistencia, pues esas horas de la madrugada, según las reglas de la experiencia, no se caracterizan por sus condiciones de visibilidad, máxime a una distancia de 200 metros y en una situación tan confusa, en la que de manera simultánea un grupo de personas ataca a otra.

La ausencia de espontaneidad en la declaración y el hecho de que en momentos distintos —interrogatorio de las defensas de P.A. y C.M. y contrainterrogatorio del ente acusador— el testigo hubiese narrado de manera distinta la forma en la que fue lesionado el menor S.M., permiten asumir que su versión de extraer al demandante de la riña no resulta creíble.

Esta declaración, en conclusión, no fue consistente, coherente, exacta ni completa, y en ningún caso es más contundente y creíble que el otro testimonio obrante en el plenario, como se explicará.

En suma, no se trata de omitir una pieza probatoria —el testimonio de C.C.D.L.— sino que al valorarla razonadamente, al apreciarla en forma individual y conjunta, según las reglas de la sana crítica, es decir, según los argumentos lógicos y las reglas de la experiencia, se concluye que la declaración rendida no resulta suficiente para concluir que los demandantes no participaron en los hechos objeto de investigación.

De este modo, se insiste, para efectos de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado se dará mérito a la declaración del señor L.R.S.B., según la cual, no observó que el señor D.A.P.A. hubiese causado la muerte del menor S.M., pero sí puede dar fe de que participó en la riña, dado que sus manifestaciones fueron coherentes y consistentes, en cuanto no incurrió en contradicciones en los diferentes interrogatorios y contrainterrogatorios que se le formularon; además, repárese que él indicó que no podía identificar a los responsables precisamente por las condiciones de visibilidad y porque en medio de la agresión no pudo ver qué conducta desplegó cada uno de los implicados.

Ahora, la declaración de S.B. y, en gracia de discusión la de D.L., permiten inferir que el señor M.A., tal como lo consideró el juez penal de conocimiento y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sí participó en la riña en la que falleció la víctima, al punto de que resultó herido en el rostro y en un hombro, y si bien en la denuncia penal que él presentó por lesiones personales sostuvo que fue agredido por una persona desconocida y que no tenía nada que ver en los hechos, no es menos cierto que las pruebas testimoniales practicadas en el juicio oral dan cuenta de una situación distinta, esto es, que previo a la agresión él estaba tanto con la víctima como con la persona que le causó la herida en el rostro.

Así las cosas, la Sala concluye que los señores C.G.M.A. y D.A.P.A. resultaron involucrados en los hechos en los que falleció el menor D.J.S.M. y en la posterior investigación penal que se adelantó por un proceder imputable a sus propias conductas, dado que no actuaron con el “cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, pues participaron de manera voluntaria en un suceso en el que él y otros sujetos que no fueron identificados se agredieron mutuamente con la víctima y por lo menos otras dos personas, lo cual dio como resultado las lesiones personales de M.A. y la muerte del menor D.J.S.M.

En las condiciones analizadas, el hecho de que los demandantes M.A. y P.A. se hubiesen involucrado en una situación de riña, en la que ellos y los demás intervinientes buscaron causarse daño a través de mutuas agresiones físicas, como en efecto ocurrió, resulta suficiente para concluir que los hechos que originaron su detención preventiva ocurrieron en un escenario en el que ellos decidieron estar presentes y en el cual se afectaron bienes jurídicos como la integridad personal y la vida, por manera que no pueden alegar a su favor su propia culpa para efectos de que el Estado les repare el daño al que ellos mismos se expusieron.

Además, nótese cómo los demandantes en el trámite del proceso penal no adelantaron ninguna actuación tendiente a colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido, pues no pusieron en conocimiento de las autoridades penales información alguna que permitiera vincular al proceso a las demás personas que resultaron involucradas en el homicidio del menor S.M., lo cual hubiese permitido esclarecer lo realmente ocurrido.

De conformidad con las consideraciones precedentes, la Sala encuentra probado que las decisiones que condujeron a la privación de la libertad de los ahora demandantes estuvieron determinadas por sus comportamientos, los cuales, se reitera, llevaron a que se iniciara la actuación penal necesaria para esclarecer las circunstancias que lo relacionaban con el punible de homicidio y a que se les impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva.

En este orden de ideas, se confirmarán las Sentencias del 16 de mayo de 2013 y del 15 de julio de 2015, por medio de las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones formuladas por los señores D.A.P.A. y C.G.M.A.

6. Condena en costas.

En vista de que no se observa que en el trámite de la segunda instancia los apelantes hubiesen actuado con temeridad o mala fe, la Sala se abstendrá de condenarlos en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR las Sentencias del 16 de mayo de 2013 y del 15 de julio de 2015, por medio de las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones formuladas por la privación de la libertad de los señores D.A.P.A. y C.G.M.A.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1. En el presente asunto, mediante providencia del 28 de agosto de 2017, se ordenó la acumulación del proceso tramitado ante este despacho bajo el radicado 48553 con el que cursaba ante el despacho a cargo del Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado 25000 23 26 000 2012 01158 01, número interno 56.618, promovido por el señor C.G.M.A.

24. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

25. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21.801.

27. Según la constancia obrante a folio 6 del cuaderno 2.

28. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo II, Pruebas Judiciales, Bogotá: Editorial ABC, 1979, p. 123.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de: i) 13 de abril de 2016, Exp. 40.111; ii) 8 de noviembre de 2016, Exp. 44697 y del 7 de diciembre de 2016, Exp. 42841, entre otras.

30. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 36058, Sentencia del 29 de octubre de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, Exp. 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

32. Cita del original: “En Sentencia del 1 de noviembre de 1985 (Exp. 4571) dijo la Sala: ‘Una es la responsabilidad que le puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa. En el mismo sentido, Sentencias de 24 de junio de 1992 (Exp. 7.114), de 17 de marzo de 1994 (Exp. 8585), de 5 de mayo de 1994 (Exp. 8958), de 18 de febrero de 1999 (Exp. 10.517), de 26 de octubre de 2000 (Exp. 13.166) y de 25 de julio de 2002 (Exp. 13.744 y 14.183), entre otras”.

33. Cita del original: “Ver, por ejemplo, Sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6514 y de 21 de septiembre de 2000, Exp. 11.766”.

34. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia proferida por esta Sala el 9 de marzo de 2016, Exp. 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

35. Según la síntesis de la actuación contenida en las distintas audiencias que se adelantaron en el proceso penal.

36. Según el registro civil de nacimiento obrante a folio 17 del cuaderno 2.

37. Folio 156, cuaderno 2.

38. Folio 170, cuaderno 2.

39. Folios 4-5, cuaderno 2.

40. Folio 70, cuaderno 11.

41. Folio 15, cuaderno 2.

42. En el acta de la entrevista se dejó constancia de lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
Contesto. Todo empezó cuando estábamos mi hermano R., C. que se llama C. y D. (occiso) frente al CAI de Patio Bonito en una taberna entonces estábamos tomando cerveza y de pronto llego un tipo y le quito una cerveza a C. y yo le dije que no la cogiera entonces el tipo comenzó a formarnos problema entonces él decía que era de él esa cerveza y el gritaba alegando y llegaron los policías y cerraron el lugar y sacaron a las personas que estaban entonces nosotros caminamos hacia Abastos y llegaron esos tipos con los que habíamos discutido eran varios y comenzó una riña entre uno de los tipos y D. entonces D. le decía que dejara el problema así y que no querían pelear por una cerveza el calmaba el problema entonces el tipo se le mandó con una navaja de frente pero se la pego en la espalda y en ese momento mi hermano nos intentó defender con una botella y creo que corto al tipo entonces D. corrió hacia delante del tipo y otro que es moreno se le mando en sima y le pego varias puñaladas lo remataron, entonces vimos que ellos arrancaron a correr y nos fuimos al CAMI con D. y cuando llegamos los tipos llegaron al CAMI entonces cuando nos vieron el moreno o sea el que apuñalo a D. me pego un puño en la cara y comenzó un forcejeo y a mi hermano le dejaron un chichón en la frente, y comenzó otra vez el problema entonces llegaron los policías y nos metieron en una patrulla y a los tipos en otra, entonces nos trajeron hacia la URI Kennedy para dar la versión de lo que paso. Pregunta. Manifieste a esta unidad que persona fue la comenzó la riña antes mencionada entre usted su hermano, su primo hoy occiso y su amigo C., de la misma manera informe porqué razón comenzó la misma. Contesto. el que tiene la cara cortada (...) nunca lo había visto y al otro moreno tampoco (…) yo estaba como a un paso atrás de D. y de los tipos como a dos pasos más o menos. Pregunta. Manifieste (...) como son físicamente las personas mencionadas. Contesto. El de la cara cortada es más bajito que yo, como 1.60 de estatura, tiene barba semi poblada, moreno, cabello corto negro, es contextura normal, como unos 25 a 27 años de edad aproximadamente, vestía un jean azul oscurito, un saco negro y zapatos negros; el otro es más alto que yo como de 1.80 de estatura aproximadamente, moreno y él me dijo que tiene 30 en el momento que estábamos discutiendo en el CAMI cabello corto medio calvito, vestía una chaqueta color beige, y no recuerdo más en este momento, además ese tipo que lo que él me lleva es vida (...). Pregunta. Manifieste a esta unidad si usted observo que clase de armas cortopunzantes portaban dichas personas en el momento que agredían a su primo D. Contesto. Al que tiene la cara cortada si le vi una navaja pero al otro no alcance a verla ya que tenía la mano empuñada en el instante en el cual agredía a mi primo pero estoy que él tenía una arma porque le mandaba golpes en la espalda y en el costado donde él tiene las heridas. Pregunta. Manifieste a esta unidad como es la iluminación del lugar en el que se perpetuaron los hechos. Contesto. es medio iluminado porque fue en la calle (...). Pregunta. Manifieste a esta unidad si ustedes para ese momento portaban alguna clase de armas o elementos con el fin de defenderse. Contesto. Solamente mi hermano tenía la botella en la mano porque se estaba tomando una cerveza pero nada más nosotros no teníamos nada respecto de eso. Pregunta. Manifieste a esta unidad si más personas participaron en el hecho mientras le ocasionaban las heridas a su primo. Contesto. Había más personas pero solamente me fije en el que tiene la cara cortada en este momento y el moreno (...)” (fls 151-153, cdno. 2).

43. En su entrevista, L.R.S.B. indicó que el problema se originó en un altercado con los ahora demandantes por una cerveza en una taberna ubicada en frente del CAI de Patio Bonito, la cual fue desalojada por la Policía Nacional; además, aclaró que momentos después del inconveniente se encontraron en la vía pública con los señores M.A. y P.A., los cuales, en compañía de otras 4 personas, agredieron a su primo D.J.S.M. Aclaró que en el forcejeo no pudo ver qué armas blancas tenían y que se defendió con una botella que tenía, con la que hirió a uno de ellos en el rostro; asimismo, explicó que uno de los implicados portaba una bicicleta (fls. 190-192, cdno. 2).

44. A folios 86-89, cuaderno 3, obra el acta que se diligenció en el momento en el que se interpuso la denuncia, la cual se encuentra firmada por el señor C.G.M.A.

45. Lo actuado en las audiencias preliminares obra en el archivo de audio que reposa a folio 186 del cuaderno 2.

46. Folios 214-215, cuaderno 11.

47. Folio 10, cuaderno 2.

48. Las declaraciones de los testigos obran en el archivo de audio del juicio oral, decretado como prueba en la primera instancia.

49. Archivo magnético de la audiencia de juicio oral, el cual obra a folio 186 del cuaderno 2.

50. lb.

51. De conformidad con lo registrado en el archivo de audio y video obrante a folio 25 del cuaderno 2.

52. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

53. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 38.438, M.P. Hernán Andrade Rincón.

54. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 20 de abril de 2005; Exp. 15784, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.