Sentencia 2011-01483 de enero 31 de 2013

 

Sentencia 2011-01483 de enero 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Rad.: 08001-23-31-000-2011-01483-01

Actor: Jaime Rafael Rondón Barrios

Demandado: Diputado a la Asamblea Departamental del Atlántico.

Bogotá, treinta y uno de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003—, asignan a esta sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de los diputados a las asambleas departamentales.

En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del demandado como diputado a la asamblea departamental del Atlántico para el período 2012-2015; por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso.

2.2. Estudio del fondo del asunto.

En el caso en estudio el asunto jurídico por resolver, según el texto de la apelación, se centra en determinar si el demandado está o no inhabilitado en razón de la posible transgresión de los estatutos y del código de ética del partido Social de Unidad Nacional —Partido de la U—, en razón a que con anterioridad de recibir el aval de dicha organización política se había dictado resolución de acusación en contra del demandado, situación que, de conformidad con las normas del partido, impiden el otorgamiento del aval.

Considera el actor que con la modificación del artículo 107 de la Constitución Política por parte del Acto Legislativo 1 de 2009, en concreto de los incisos 3º y 4º, así como del artículo 1º de la Ley 1475 de 2011 puede generar nulidad de la elección la transgresión de las normas de los partidos políticos para obtener avales, en este caso, la vulneración de las inhabilidades previstas por el propio partido Social de Unidad Nacional.

Para resolver la controversia que se plantea, es menester precisar que el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política previó que “El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

En cumplimiento del mandato referido con anterioridad, el legislador en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000(2) reguló de manera expresa el régimen de inhabilidades de los diputados.

Ahora, el artículo 107 de la Constitución Política en los incisos 3º y 4º referidos por el actor prevén:

“Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley. (...)”.

El artículo 1º de la Ley 1475 de 2011(3), prevé:

“Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos.

En desarrollo de estos principios, los partidos y movimientos políticos deberán garantizarlos en sus estatutos. Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de contenidos mínimos:

1. Participación. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus estatutos.

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento.

3. Pluralismo. El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la aplicación del principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento.

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política.

5. Transparencia. Es el deber de los partidos y movimientos políticos de mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, deberán realizar cada año rendición de cuentas.

6. Moralidad. Los miembros de los partidos y movimientos políticos desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética”.

Como se ve, las normas citadas por el actor de manera alguna extienden el régimen de inhabilidades de los diputados, no prevén causales de nulidad electoral, simplemente enuncian los principios para la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, sin que este prevista sanción por su incumplimiento.

Ahora, si bien los partidos y movimientos políticos pueden en su ámbito de libertad establecer requisitos para sus militantes o sus candidatos, dicha facultad no puede equipararse con la del legislador de prever un régimen de inhabilidades cuya transgresión comporte la nulidad de la elección, máxime cuando en el plenario no existe afirmación o prueba de que el partido hubiere iniciado gestión alguna para revocar el aval del demandado.

Según el artículo 107 de la Carta, los partidos y movimientos deben responder por avalar a los elegidos en cargos o corporaciones públicas que hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo, pero tal situación está limitada únicamente cuando se trate de la comisión de delitos “relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”(4).

El valor o rango normativo de las normas internas de los partidos “no es el de una norma de índole legal o constitucional de forma que su desconocimiento no tiene la virtualidad de configurar la causal consagrada en el numeral quinto del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo”(5) Además, “los estatutos de un partido político no tienen prevalencia frente a la Constitución ni a la ley y, por ende, sus disposiciones no se aplican preferentemente frente a la normativa superior que fija el régimen de inhabilidades para los diputados”(6); por consiguiente las normas dictadas por las propias organizaciones políticas no son vinculantes de manera general a todos los ciudadanos(7).

Como lo ha dicho en reiteradas oportunidades esta corporación, las causales de inhabilidad constituyen limitaciones al derecho constitucional fundamental a ser elegido, garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política, y la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado ha establecido que las normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de la manera que garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva.

En efecto, el Legislador en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 previó la inhabilidad para ser diputado pero a condición de que exista condena por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, situación que no corresponde a la que se le endilga al demandado.

De lo anterior, resulta evidente que no se puede desconocer los precisos términos en que el legislador redactó la causal de inhabilidad, ni por extensión, en aplicación de los estatutos de un partido político, restringir el derecho a ser elegido del demandado y el derecho a elegir de quienes votaron por él.

Por lo expuesto, los hechos en que el demandante funda su solicitud de nulidad, no encuadran en el supuesto fáctico de la inhabilidad prevista para los diputados en ese sentido, y por consiguiente, se concluye que, en razón de la posible transgresión de las normas internas del partido Social de Unidad Nacional el demandado no era inelegible como diputado para el período 2012 - 2015 y; por consiguiente, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 13 de agosto de 2012 proferida por el tribunal Administrativo del Atlántico.

En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

ACLARACIÓN DE VOTO

A continuación explico las razones por las cuales considero necesario aclarar mi voto respecto de algunos puntos que sustentan el fallo.

En apoyo esencial de la motivación, la sentencia señala que las normas invocadas como transgredidas: artículo 107 constitucional y artículo 1º de la Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, relativos a los principios de transparencia, objetividad, moralidad y la equidad de género que deben regir a los partidos y movimientos políticos, “simplemente enuncian los principios para la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, sin que esté prevista sanción por su incumplimiento” y que “las normas dictadas por las propias organizaciones políticas no son vinculantes de manera general a todos los ciudadanos”.

Considero que el tema central de debate que la demanda contiene, concerniente a si el otorgamiento del aval a un aspirante a cargo de elección popular que ocultó al partido su situación legal, contrariando así los estatutos de la agrupación política que son “ley” para sus afiliados, representa o no incidencia frente a la validez de la inscripción cuando el partido decide retirarle el apoyo o dejar sin efecto el aval, ameritaba, por su trascendencia, ser abordado de manera más profunda, y no limitarlo a las expresiones antes transcritas.

En el sistema electoral colombiano es condición sine qua non para participar en el ejercicio del poder político que de como resultado ser elegido a un cargo de elección popular, que la candidatura sea avalada por un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, pues solo con este “apoyo” puede iniciarse el proceso que comienza con la inscripción del aspirante. El artículo 107 de la Constitución Política impone a los partidos y movimientos políticos tener como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad y la equidad de género, parámetros que deben informar sus estatutos.

La misma norma superior señala que estas agrupaciones responden por avalar candidatos que hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo para el cual se avaló, responsabilidad que se extiende también respecto de los que no resulten elegidos.

Por esta razón, avalar a un aspirante contrariando los estatutos del partido cuando estos prohíben otorgárselo a quienes se hallen investigados penalmente, sí puede producir consecuencias en el campo del derecho, frente a una posible sanción a la que el partido hacia el futuro se haga acreedor, en el evento de que ese candidato que apoyó, resultare condenado penalmente.

El inciso séptimo del citado artículo 107 de la Constitución señala:

“Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

En el inciso octavo la norma establece, como ya se dijo, que esas organizaciones políticas pueden ser sancionadas si avalan candidatos que resulten incursos en las situaciones antes descritas, aunque no hayan sido elegidos.

En este orden de ideas, la reglamentación interna que un partido establezca como regla para avalar la candidatura de uno de sus militantes sí puede llegar a trascender en la ilegitimidad de la elección, puesto que el retiro del aval deja sin piso la inscripción, lo que se traslada al acto de elección que habría surgido de un origen viciado.

En el sub examine estas consideraciones no merecieron análisis.

No obstante estas precisiones, mi aquiescencia con el sentido del fallo, denegatorio de las súplicas de la demanda, obedeció a que en este caso no existe prueba de que el partido político (que dicho sea de paso, debió ser vinculado al proceso como interesado en las resultas), que le otorgó el aval al demandado, hubiera presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el retiro de su apoyo al mismo y que con fundamento en ello hubiera tramitado ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de su inscripción. A mi juicio una situación que concierna a la obtención fraudulenta de un aval, engañando al partido u ocultando el incumplimiento de los requisitos que estatutariamente éste exige para apoyar la inscripción de la candidatura de uno de sus militantes, constituye razón válida para que este organismo, garantizado el derecho de defensa del candidato, revoque la inscripción, y si esto ocurriere (situación que no se presentó en el sub examine), evidentemente ello daría al traste con la elección por tener origen en una inscripción que fue revocada ante el retiro del aval por el partido, surgido a la vida jurídica sin soporte legal alguno.

Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2013.

Atentamente,

Susana Buitrago Valencia, consejera de Estado.

(2) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

(3) “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

(4) En ese mismo sentido lo prevé el parágrafo del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011.

(5) Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2012, rad. 41001-23-31-000-2012-00038-01.

(6) Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012, rad. 44001-23-31-000-2011-00173-01(PI).

(7) En ese mismo sentido también puede consultarse sentencia de la Sala Plena de 28 de noviembre de 1995, Rad. AC-3138.