Sentencia 2011-01489 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 05001-23-31-000-2011-01489 01 (56769)

Actor: W. F. O. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Ref.: Acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad: absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo. Culpa exclusiva de la víctima: causal eximente de responsabilidad. Exoneración porque operó esta causal eximente de responsabilidad.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «II.CONSIDERACIONES

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad de la señora W. F. O., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto sobre el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(18).

2. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia reside en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(19).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(20).

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido la señora W. F. O. con ocasión de la privación de la libertad de la que fue víctima, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.

Revisado el expediente, advierte la Sala que, mediante auto del 20 de mayo de 2010(21), la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria dictada en favor de la ahora demandante, por lo que tal providencia cobró firmeza.

Así las cosas, dado que la demanda se formuló el 30 de agosto de 2011(22), se impone concluir que se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista(23).

4. Hechos probados y análisis de responsabilidad en el caso concreto: culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad.

4.1. En audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2008, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro con Funciones de Control de Garantías ordenó la captura de la señora W. F. O., por la conducta punible de captación masiva y habitual de dineros(24).

4.2. El 21 de noviembre de 2008, la señora F. O. fue capturada por agentes de la Policía Nacional y, posteriormente, en audiencia del 22 de noviembre del mismo año, se legalizó su captura; a su vez, la Fiscalía le imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir y el Juzgado Segundo Penal Municipal de El Carmen de Viboral con Funciones de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia(25).

4.3. El 22 de diciembre de 2008, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de la señora W. F. O.(26) y, el 16 de febrero de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro con Funciones de Conocimiento celebró la audiencia de formulación de acusación(27).

4.4. El 13 de julio de 2009(28), el Juzgado de conocimiento inició la etapa de juicio oral, la cual continuó hasta el 31 de julio del mismo año(29).

4.5. En audiencia celebrada el 19 de agosto de 2009(30), el ente acusador y la defensa de la aquí demandante presentaron sus alegatos de conclusión y, posteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro con Funciones de Conocimiento señaló el sentido del fallo, el cual fue absolutorio y, como consecuencia, ordenó la libertad inmediata de la señora W. F. O.(31).

4.6. Finalmente, el 21 de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro con Funciones de Conocimiento dictó sentencia absolutoria en favor de la señora F. O. por las conductas punibles de captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir, con fundamento en las siguientes razones (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“En consecuencia, es obvio y así se probó que la señora F. O. fue una más de las múltiples personas que eslabonaron la cadena de ingresos que obtuvo M. M., apareciendo en la sociedad como un realizador de sueños a través de la fórmula mágica que si bien no fue su creador original, como él mismo lo confesó, si ponerla en práctica obteniendo credibilidad en la comunidad captando de éstos no solo dinero sino ilusiones, sueños y esperanzas en las personas agobiadas por las múltiples carencias de lo básico para llevar un vida con dignidad o de aquellas deseosas de ver crecer su patrimonio. 

“De suerte que si bien quedan muchas dudas por resolver frente al complejo y sesudo régimen financiero que estableció una persona natural en nuestra comunidad, llevando al Estado casi a la crisis económica, frenada a través de las medidas necesarias para evitar que la gente siguiera cayendo en este tipo de inversiones y continuara llevando sus dineros a las arcas finales de la familia M. M. y así, limitó las ganancias tan exorbitantes que hasta ahí llevaba, también lo es que resulte inidónea la participación de la señora F. O. frente a toda esa estructura financiera descrita y menos que tenía conciencia de la antijuricidad respecto del tipo penal que se indicó, y no tenía por qué tenerla porque véase, la ilicitud surgió a partir de la ejecutoria de la resolución mediante la cual la Superintendencia Financiera declaró ilegal la forma en que captaba dineros la empresa S. y respecto a S., recordemos que fue muy poco el espacio de tiempo en que pudo intervenir la señora F. en el desarrollo del objeto social porque desde junio 24/08 —ejecutoria de la Resolución 0993— y su captura el 21 de noviembre, ella y su grupo de personas interpusieron derechos de petición a fin de lograr que la Superfinanciera revocara su decisión. 

“En fin, son estas y otras muchas dudas que surgen de las versiones de todos los testigos suministradas en el juicio y frente a las que de acuerdo con el ordenamiento vigente, solo se podrán resolver en favor de la acusada, resaltando que para llegar a esta conclusión, fueron utilizados los postulados de la sana crítica extrayendo de sus conceptos, la identidad con los ejercicios de verificabilidad por los que transita el conocimiento en su camino hacia la aprehensión de la verdad, ruta en la que se trató con el máximo cuidado en ser fiel a las máximas generales de la experiencia, las leyes de la lógica o de la ciencia a tópicos lógicos, correctos y otorgar credibilidad a los medios de convicción presentados en sus análisis”(32).

4.7. La Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia(33); sin embargo, mediante escrito del 14 de mayo de 2010(34), desistió de su impugnación.

4.8. En auto del 20 de mayo de 2010, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia aceptó el desistimiento presentado por la Fiscalía(35).

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto por el juez penal, la absolución de la señora W. F. O. se decretó en virtud del principio de in dubio pro reo, situación en la cual se verifica única y exclusivamente que la actuación de la administración haya sido la causante del daño antijurídico, en razón de que quien lo padeció no estaba en el deber jurídico de soportarlo(36).

No obstante lo anterior, en los casos en los que se analiza la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada y pacífica al sostener que este tipo de análisis no supone, de entrada, la prosperidad de las pretensiones ni la obligación inmediata de reparar patrimonialmente al extremo activo, habida cuenta de que es posible que en estos eventos se configuren situaciones como la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima, con la virtualidad de exonerar de responsabilidad a la entidad pública(37).

En materia de privación injusta se ha sostenido que cuando la actuación del procesado justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado.

La jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera ha sostenido que, para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquel tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. Así lo ha entendido esta corporación:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. 

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. 

“De igual forma, se ha dicho: 

‘... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño.Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil’(38)(39) (Se destaca).

En línea con lo anterior, para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil, de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio(40).

Bajo ese panorama, en asuntos como el que aquí se debate, la culpa exclusiva de la víctima se configura cuando se acredite que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el caso concreto.

Pues bien, de las pruebas allegadas al proceso se desprende que, pese a que la conducta de la señora W. F. O. no alcanzó a tener connotación frente a la responsabilidad penal, sí se presentaron ciertas actuaciones reprochables que condujeron a que se le investigara y se dictara medida de aseguramiento en su contra.

Partiendo de estas consideraciones y bajo la precisión de que a esta jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala observa que el material probatorio que reposa en la actuación involucra seriamente a la aquí demandante.

Al respecto, conviene precisar que a la señora F. O. se le investigó por la conducta punible de captación masiva y habitual de dineros, por su relación con las empresas S. y S., en las cuales se desempeñó como agente comercial, tal y como lo señaló la aquí demandante en la declaración rendida dentro del proceso penal (se transcriben apartes de la audiencia de forma literal, con posibles errores incluidos):

“PREGUNTADO: ¿usted tuvo algún vínculo, desde el punto de vista laboral, con la empresa S.? CONTESTADO: como agente comercial, prestaba el servicio. 

“PREGUNTADO: en los recibos aquellos que usted dice mandó timbrar por organización interna, donde dice agencia Antioquia, dice abajo también, o sea también aparece allí, coordinadora Antioquia, ¿a qué se refiere eso?, por favor. CONTESTADO: bueno, lo que pasó fue que mi papelería yo la saqué como iniciando el trabajo, lo que pasa es que aquí no había quién representara a Antioquia, entonces a mí me tocaba ir a Apartadó, yo atendía casi treinta municipios, ya, entonces cuando ya llegó a Medellín yo ya le dije al gerente: doctor atiendo Medellín o atiendo el resto de municipios porque las inscripciones que se hicieron en Medellín y su área metropolitana equivalían más a todos los municipios del departamento de Antioquia que se ingresaron, entonces yo me estaba muriendo del estrés, entonces ya él abrió otra agencia, ya en Medellín, que quedaba en la Avenida 33, ya S. compró una sede allá en la Avenida 33 con la 66 y ya trajeron personal de Bogotá a que atendiera esa oficina, porque yo no daba abasto, entonces, perdón, le hago la claridad, en un principio yo colocaba coordinadoraAntioquía porque yo era la representante en ese momento de Antioquía,pues yo era la que le prestaba el servicio a todo Antioquía. 

“(...). 

“PREGUNTADO: ¿qué recibía usted a cambio por su función como agente comercial, en cuanto la recolección de documentación acá en Rionegro y en los otros municipios cercanos? CONTESTADO: bueno, yo no sé si mi respuesta sea un error pero es como la forma en que yo me puedo expresar, como yo era una vendedora, prácticamente, de la empresa, cierto, estaba vendiendo un producto yo recibía unas comisiones, entonces el que no trabaja no tiene pago, yo recibía las comisiones de la prestación del servicio que yo estaba haciendo(41) (se destaca).

Asimismo, se advierte que dentro del proceso penal, en desarrollo de la audiencia de juicio oral, se introdujo como prueba la Resolución 0667 del 24 de abril de 2008, proferida por la Superintendencia Financiera, en la cual se dispuso (se transcriben apartes de la audiencia de forma literal, con posibles errores incluidos):

“ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR a la CORPORACIÓN S., sigla S., identificada con el NIT Nº XXX, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual desarrolla actividades en más de 28 ciudades del país a través de agentes, bajo apremio de multas sucesivas de conformidad con lo establecido por el literal a), numeral 1º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en concordancia con lo dispuesto por el artículo 65 del Código Contencioso Administrativo, LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de la actividad de captación masiva y habitual de dineros a través de la recepción de recursos del público por las vinculaciones a los programas denominados Elite Dorada y Súper Alianza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

“ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR a la CORPORACIÓN S., bajo apremio de multas sucesivas de conformidad con lo establecido por el literal a), numeral 1º del artículo 108 del EOSF, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 65 del Código Contencioso Administrativo, ABSTENERSE de realizar directa o indirectamente cualquier operación,actividad, plan, programa o sistema que implique la captación de dineros del público en forma masiva y habitual, mediante instrumentos idénticos, similares o sustitutos de los programas denominados 'Elite Dorada' o 'Súper Alianza', o cualquier otro mecanismo que tenga por finalidad o efecto el ejercicio irregular de la mencionada actividad financiera(42) (se destaca).

No obstante lo ordenado en la anterior resolución, los directivos de S. crearon la empresa S., con la cual se pretendió continuar con los programas desarrollados por la corporación S., empresa en la que la aquí demandante mantuvo su rol como agente comercial (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“PREGUNTADO: Doctora W. hay algo que ha llamado la atención acá, no solamente a la defensa sino también al señor fiscal y es frente a una empresa denominada S., ¿usted nos puede explicar en qué consistía esa empresa? CONTESTADO: sí, S. era un multinivel, las personas para ingresar a S. compraban un producto, S. nace como decir de una tabla de salvación de la comunidad porque nadie quería que S. se acabara, entonces aparece S. y hace un acuerdo con S. de que sí las personas que se ingresaban a S. habían pertenecido a S., entonces S. les ayudaba como decir a conservar la antigüedad para tener después elbeneficio mensual permanente, entonces en S. se llamarían comisiones mensuales permanentes, porque ya era una comercializadora internacional. 

“PREGUNTADO: habló usted de que el señor P. de Bogotá, perteneciente a la empresa S., una vez se produjo la Resolución 0667 de la Superintendencia Financiera, ordenando o prohibiendo continuar adelante con las vinculaciones y ordenando la devolución de los dineros, que usted recibió llamada del señor P., donde le informaban de la existencia de esa resolución, ¿no es así? CONTESTADO: si doctor. PREGUNTADO: recuerda usted la fecha, más o menos, en que se produjo la resolución o la llamada del señor P. CONTESTADO: ah sí, claro, fue el 28 de abril porque eso fue un día impactante, a las 5:30 de la tarde. PREGUNTADO: dijo usted que le dieron orden de devolver a todas las personas la plata que hablan invertido. CONTESTADO: no, no doctor, que se terminaran las vinculaciones, pues que no podía recibir ya más vinculaciones, no que le devolviera la plata porque en un momento dado todos creímos que de pronto era algo provisional, que a la semana siguiente, porque como nunca creímos que a la empresa la iban a cerrar, así de sencillo, simplemente no hay más vinculaciones y mañana aquí. PREGUNTADO: bueno, después de que estuvieron en Bogotá, en la reunión posterior a esta resolución 0667 de la Superfinanciera a la que hemos hecho referencia, se empezaron a devolver unos dineros a las personas, ¿eso es cierto? CONTESTADO: sí doctor. PREGUNTADO: estoy en lo cierto cuando afirmo que algunas recibían o se les giraba un cheque por valor de $ 420.000. CONTESTADO: no doctor, no es a todos, sino a algunas personas que habían hecho la labor con $ 1'200.000. PREGUNTADO: exacto, yo dije algunas porque tengo entendido que es para Elite Dorada, no para la 'Súper Alianza'. Afirmó usted que si en usted estuviera la facultad se incrementaría ese dinero, pero no era posible, de usted no dependía, ¿eso es cierto? CONTESTADO: no, no, yo no dije eso. PREGUNTADO: dijo usted que los $ 420.000 venían desde Bogotá. CONTESTADO: correcto, sí. PREGUNTADO: que si por usted fuera los incrementaría más para que la gente tuviera más ingresos de lo que habían invertido pero que de usted no dependía, que eso dependía de Bogotá. CONTESTADO: correcto, sí, sí, está bien, ya entendí la pregunta. PREGUNTADO: sin embargo, usted sí tenía facilidades para no entregar el cheque y promover una inversión, promover otra inscripción a un programa distinto, como el de S. de la persona. CONTESTADO: no doctor, porque esa devolución que se retenía era voluntariamente, si la persona quería entrar al programa y si no pues se le daba, se le entregaba, a nadie se le coaccionó, era una cuestión voluntaria, a ninguno se le dijo usted tiene que hacer esto, no, simplemente vea hay esta otra oportunidad y no más. Algo más doctor, yo le aclaro esa pregunta, fue tan real que como yo no tenía otra capacitadora para que hablara de S. yo me disfrazaba, yo les decía hasta este momento fui S., no les hablo más de S. y me colocaba por deciruna camiseta azul o roja, a partir de este momento soy S. y no respondo más preguntas de allá, esa fue una modalidad que yo me ideé y nos la ideamos las que éramos las agencias más pequeñitas porque no teníamos con qué pagar a otras personas para que capacitaran directamente a S. 

“PREGUNTADO: Existen unos testigos señora W. que afirman que en vez de que usted entregarles el cheque de $ 420.000 que venía de Bogotá les ofrecía vincularse a S., abonando un excedente de $ 190.000, algunos lo hicieron, otros no lo hicieron; sin embargo, siguen sin recibir algún beneficio, ¿es eso cierto? CONTESTADO: doctor es que S., digamos, eso fue el 22 de noviembre, el 30 de noviembre se iban a cerrar las inscripciones en S., el 30 de noviembre, porque ya en diciembre se iban a hacer los pagos de S., entonces, simplemente, era un publicidad de una comercializadora que estaba presentando este tipo de programa. Yo en ningún momento he negado que había capacitado en S. también porque era agente comercial también de S.(43) (Se destaca).

Finalmente, del proceso penal se desprende que las empresas S. y S., en las que la señora W. F. O. se desempeñaba como agente comercial, se dedicaban a la captación de dinero del público, en forma masiva y habitual, como quedó expuesto en la sentencia absolutoria (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“Inicialmente se habla de una captación de dinero del público, en forma masiva y habitual y para el despacho al igual que para las partes, no existió ninguna duda que fue probado ampliamente este tópico por cuenta del ente instructor con los testimonios rendidos bajo juramento en el juicio, de las siguientes personas: A. J. A. G., M. I. G. C., A. M. R. S., J. G. M. P., L. E. M. T., G. J. P. G., G. R. S., C. I. Q. C., J. J. H. Q., G. N. A. A., M. E. M. H., A. S. R. R., M. D. H. M. y de la misma acusada F. O., para quien jamás fue un secreto el promover las empresas S. y S. y que a través de estas, era como se captaba masivamente los dineros del público sin necesidad de ocultarlo”(44). 

Así las cosas, conviene señalar que, aunque el Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro con Funciones de Conocimiento absolvió a la señora F. O. al existir dudas sobre su participación en la comisión del delito de captación masiva y habitual de dineros, la Sala advierte que la conducta de la aquí demandante dio lugar a que se iniciara una investigación en su contra y a que se le impusiera una medida de aseguramiento de detención preventiva.

Dicho de otra manera, aun cuando aquí no se debate la responsabilidad penal ni se cuestiona la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, sí se advierte que las circunstancias en las que se presentaron los hechos que sirven de sustento a la demanda dan cuenta de varias situaciones que involucraron a la aquí demandante y que conllevaron a que se le privara de su libertad.

En efecto, resulta reprochable el hecho de que, a pesar de que en la Resolución 0667 del 24 de abril de 2008 la Superintendencia Financiera ordenó a la Corporación S. la suspensión inmediata de la actividad de captación masiva y habitual de dineros y, a su vez, indicó que no podía realizar directa o indirectamente cualquier programa que implicara la mencionada actividad, la señora W. F. O. continuó con su labor como agente comercial con en la empresa S. —creada posteriormente por los mismos directivos de S. como consecuencia de la referida resolución—.

Asimismo, se precisa que la propia demandante, en su declaración rendida en el proceso penal, se refirió a la empresa S. como “una tabla de salvación de la comunidad porque nadie quería que S. se acabara” y, adicionalmente, en su condición de agente comercial, vinculó a algunas personas a la empresa S. con los dineros que fueron devueltos por la Corporación S., con el propósito de “conservar la antigüedad para tener después el beneficio mensual permanente”, situaciones que, de manera directa, incidieron en que se le privara de su libertad y, consiguientemente, se le impusiera medida de aseguramiento.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la causa determinante del daño en el caso bajo estudio no fue la actuación de la Fiscalía General de la Nación, como lo señaló el tribunal a quo en la sentencia de primera instancia, sino justamente los comportamientos irregulares que involucran a la aquí demandante, quien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, dio lugar a la investigación que se adelantó y a las decisiones proferidas dentro del proceso penal adelantado en su contra.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada y, por ende, negará las pretensiones de las demanda.

5. Condena en costas.

En vista de que en este caso no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 12 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

18 De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta Nº 10.

19 Sobre este tema consultar auto proferido por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el 9 de septiembre de 2008, Exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia del 22 de junio de 2017, Sección Tercera, Subsección A, Exp. 44.784, C.P. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 47.874, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, entre muchas otras providencias.

21 Fls. 199 a 200 del cdno. 2.

22 Fl. 16 del cdno. de primera instancia.

23 Lo anterior, sin perjuicio de verificar que la parte actora hubiere agotado el requisito de procedibilidad, consistente en la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se radicó el 22 de junio de 2011, según la constancia del 30 de agosto de 2011, expedida por la Procuraduría 112 Judicial II para Asuntos Administrativos (fl. 12 del cdno. de primera instancia).

24 De conformidad con el acta de la audiencia preliminar y el registro de la actuación (fls. 11 del cdno. 2 y CD Nº 1).

25 De conformidad con el acta de la audiencia concentrada de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento y el registro de la actuación (fls. 19 a 20 del cdno. 2 y CD Nº 2).

26 Fls. 42 a 48 del cdno. 2.

27 De conformidad con el acta de la audiencia de formulación de acusación y el registro de la actuación (fls. 87 a 88 del cdno. 2 y CD Nº 4).

28 De conformidad con el acta de la audiencia de juicio oral y el registro de la actuación (fls. 134 a 136 del cdno. 2 y CDs Nos. 8 y 9).

29 De conformidad con el acta de la audiencia de juicio oral y el registro de la actuación (fls. 137 a 138 del cdno. 2 y CDs Nos. 10, 11 y 12).

30 De conformidad con el acta de la audiencia de alegatos de conclusión y el registro de la actuación (fls. 139 a 140 del cdno. 2 y CD Nº 13).

31 Fls. 141 a 147 del cdno. 2.

32 Fls. 154 a 200 del cdno. 2.

33 Registro de la audiencia de lectura de fallo, desde el minuto 52:47 del CD Nº 13.

34 Fl. 197 del cdno. 2.

35 Fls. 199 a 200 del cdno. 2.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 55.228, entre muchas otras providencias.

37 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. 23.513, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y la sentencia del 9 de julio de 2014, Exp. 38.438, C.P. Hernán Andrade Rincón.

38 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros”.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de abril de 2005, Exp. 15.784, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

40 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, Exp. 17.933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en sentencia de la Subsección B, del 2 de mayo de 2016, Exp. 32.126, C.P. Dando Rojas Betancourth y por esta Subsección en sentencia del 1° de agosto de 2016, Exp. 41.601, C.P. Hernán Andrade Rincón.

41 Registro de la audiencia de juicio oral, desde el minuto 55:30 del archivo _0 del CD Nº 11.

42 Registro de la audiencia de juicio oral, desde el minuto 57:48 del archivo _6 del CD Nº 8.

43 Registro de la audiencia de juicio oral, desde el minuto 20:18 del archivo _2 del Cd Nº 11.

44 Fl. 161 del cdno. del Consejo de Estado.