Sentencia 2011-01713 de septiembre 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. 11001-02-03-000-2011-01713-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de trece de agosto de dos mil trece.

Bogotá D.C., diez de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

1. Tradicionalmente la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias a fin de corregir los errores de naturaleza procesal en que se hubiese podido incurrir al proferirlas.

Si bien es cierto que esta clase de decisiones son, por lo general, intangibles e inmutables debido a la presunción de legalidad y acierto que ampara a los fallos cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, sería imposible ignorar que no todas las sentencias obedecen a postulados de equidad y de justicia.

Algunas, en verdad, se califican de inicuas o contrarias a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se falle con apego a la ley.

En estos eventos —ha referido la doctrina— “nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta.” (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406)

Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.

Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.

Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16, sep./83, jun. 30/88, entre otras)”. (Sent. nov. 24/92)

En virtud de las características que posee el aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como lo ha explicado esta Corte, “corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal”. (Sent. feb. 2/2009. Exp. 2000-00814-00) [Se resalta].

2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los únicos nueve casos en los que es pertinente fundamentar la revisión de una sentencia. Dentro de estos, se encuentran los que señalan los numerales 6º, 7º y 8º que se alegaron en la demanda que se examina.

2.1. El primero de esos motivos se refiere a la existencia de colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia.

Esta causal se produce —tiene dicho esta Corte— “cuando ha existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el cual se profirió la sentencia impugnada, así los actos constitutivos de tal proceder no configuren un ilícito penal, siempre que de él haya recibido perjuicios el recurrente. La referida causal, como las que le anteceden, ‘…presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia’ (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino.” (Sent. de revisión jul. 5/2000. Exp. 7422).

El fraude o la maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros y para quebrantar la ley o los derechos que de ella se derivan, se erige en la razón de este motivo de revisión, el cual comporta “un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto a que da base el engaño. Engaño y fraude no son sinónimos puesto que el primero es solo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia” (CSJ. G. J. T. LV. 533).

Es preciso, con todo, no olvidar que en desarrollo de la presunción de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, la causal de revisión que se funda en las maniobras dolosas en el proceso, “además de excepcional y restringida en su sentido, debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (CPC., arts. 177 y 384), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso”. (CSJ., Sent. cit.).

2.2. La causal 7ª, por su parte, busca remediar el agravio que recibió el demandado que no fue llamado a juicio en legal forma, pues el hecho de estar el recurrente en alguno de los casos descritos en el referido numeral, y que se contraen a las situaciones de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 140 del ordenamiento procesal, es uno de los motivos que dan paso a esta impugnación extraordinaria, siempre que no se haya saneado la nulidad.

Con esta causal el legislador pretende garantizar el derecho de defensa del demandado, por lo que si no fue debidamente vinculado al proceso por medio de las distintas clases de notificación enlistadas en el Código de Procedimiento Civil, es evidente que se estructura el referido motivo de revisión, a no ser que pese a su ocurrencia haya sido saneada por el interesado en los términos previstos en esa codificación.

El fundamento de la misma “está en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación”. (Sent. 033, abr. 9/2007).

2.3. La causal 8ª de revisión, a su turno, hace referencia a la nulidad originada exclusivamente en el acto mismo de dictar la sentencia, siempre que esta no haya sido susceptible de apelación, pues si existió esa posibilidad, el supuesto vicio debió alegarse en la respectiva sustentación del recurso y ser debatido en la segunda instancia; de modo que si la impugnación ordinaria era procedente y no se interpuso, la eventual nulidad hubo de quedar saneada.

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que “…no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal especifica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso”.(CXLVIII, 1985).

3. En el caso bajo examen, es ostensible que ninguno de los motivos que se invocaron como fundamento de la revisión alcanzó acreditación en el proceso, pues los hechos que se adujeron como sustento de tales cargos no tienen la virtualidad de configurar las causales que se explicaron con precedencia.

En efecto, las circunstancias por las cuales el recurrente considera que hay lugar a invalidar la sentencia o declarar su nulidad, se concretaron a que el conductor del vehículo no fue vinculado al proceso ordinario; que como este fue absuelto penalmente, las convocadas no tienen ninguna responsabilidad civil; que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial; y que el auto admisorio de la demanda no se le notificó en debida forma [fls. 157 y ss.].

3.1. Desde luego que ninguna de esas situaciones es constitutiva de colusión o maniobra fraudulenta, pues no se logra vislumbrar de qué modo o por qué razón tales eventos pudieron haber sido el resultado de un engaño o ardid fraguado por la demandante para lesionar los intereses de su contraparte.

Por el contrario, todos esos sucesos corresponden a cuestiones propias del fondo del litigio o de su desenvolvimiento procesal, que debieron ser planteados en el trámite de las instancias.

De hecho, si el conductor del vehículo tenía que ser vinculado al proceso, o si la demandante estaba facultada para no demandarlo y convocar a juicio únicamente a la empresa transportadora y a la propietaria del vehículo, toda vez que no se daba la figura del litisconsorcio necesario, ello es una tema que concierne al desarrollo del rito civil y que debió ser planteado en la correspondiente oportunidad procesal.

En tanto que el argumento que apunta a la ausencia de responsabilidad civil por la absolución penal al conductor del automotor, es un asunto exclusivo de la controversia jurídico-sustancial que debió ser formulado como excepción en la fase prevista para tal efecto.

De igual modo, la manifestación que hizo la recurrente en sus alegatos de conclusión en esta sede, en el entendido que es una empresa de leasing que no ostentaba la guarda y custodia del vehículo que produjo el daño, es una materia que atañe al fondo del litigio y que debió ser demostrado en el proceso ordinario; sin que pueda decirse que tiene algún tipo de relación con las causales invocadas en revisión.

En ese mismo orden, si la conciliación extrajudicial cumplió o no con los requisitos que la ley dispone para esa clase de actos; o si la ausencia de esas formalidades constituye o no una causal de nulidad, tal materia debió ser propuesta en la etapa correspondiente, de modo que si no se alegó oportunamente, en todo caso quedó saneada, tal como lo dispone el numeral 1º del artículo 144 de la ley adjetiva.

3.2. En cuanto a la supuesta indebida notificación del auto admisorio, esa fue una cuestión que la impugnante planteó como sustento de la solicitud de nulidad que le fue resuelta de modo adverso y cuya decisión no recurrió. De suerte que no es admisible traer como soporte de este mecanismo extraordinario un punto que la demandada tuvo la oportunidad de discutir al interior del proceso ordinario —como en efecto hizo—, y que quedó definitivamente solucionado en la instancia.

Por consiguiente, no prospera el motivo de revisión consagrado en el numeral 7º del artículo 380 del estatuto procesal.

3.3. Mucho menos resulta procedente la causal 8ª del citado precepto, pues de manera clara e inequívoca la recurrente manifestó que “la nulidad originada en la sentencia se da cuando a la parte demandada, en este caso la entidad accionante, no le fue notificada en debida forma el auto admisorio de la demanda (…) de responsabilidad civil”.

De la anterior afirmación se deduce a simple vista el fracaso de la acusación, dado que la nulidad que puede dar lugar al motivo de revisión que se viene comentando tiene que darse, necesariamente, en la sentencia y no en una etapa procesal precedente como lo es la notificación del auto admisorio de la demanda.

En todo caso, la referida solicitud de nulidad —se reitera— fue resuelta en las instancias y como tal no es posible que su formulación apareje la revisión de la sentencia que se encuentra en firme.

En conclusión, también es infundado el ataque formulado con fundamento en la causal que se viene analizando. Por todas estas razones, se negará el recurso de revisión.

4. En tal virtud, se condenará a la recurrente al pago de las costas y los perjuicios que haya causado con su actuación en el presente recurso, incluyendo la suma de $3.000.000 como agencias en derecho a favor de la demandante en el proceso de responsabilidad extracontractual, como quiera que formuló réplica contra la demanda de revisión.

La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente, como lo dispone la parte final del inciso 4º del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló Leasing Corficolombiana S.A. CFC frente a la sentencia proferida el cinco de mayo de dos mil once por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual incoado por María Eugenia Betancourt Sánchez contra la Sociedad Transportes Bolivariano S.A. y la recurrente.

2. Condenar a la impugnante al pago de los perjuicios causados a la contraparte como consecuencia del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, los que se liquidarán mediante incidente. Con tal fin se hará efectiva la caución prestada.

3. Condenar en costas a la recurrente. Liquídense por secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.000.000.

4. Devolver el expediente a la oficina judicial de origen.

5. Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.

Notifíquese».