Sentencia 2011-01735 de julio 21 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000201101735 00

Aprobado según Acta 69 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Bogotá D.C., 21 de Julio de 2011

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 numeral 6º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, es competente esta Sala para conocer y dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía de la Nación a efecto de determinar a cual de la dichas autoridades le corresponde conocer las investigaciones penales que se adelantan contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

1. Precisión metodológica.

Ante las particularidades normativas que emanan del problema jurídico planteado a la Sala, se considera necesario identificar los argumentos normativos y jurisprudenciales a partir de los cuales se soporta la existencia de un “conflicto de de competencia” ocurrido “entre las distintas jurisdicciones”, toda vez que de cara a los argumentos expuestos por las entidades colisionadas, pareciera que —en principio— se trata de dos jurisdicciones de orden penal que reclaman el conocimiento de las investigaciones punitivas que se adelantan contra los integrantes de la Comisión Nacional Electoral, situación que —de presentarse— obligaría a esta Corporación a abstenerse para dictar una decisión de fondo sobre dicho tópico, toda vez que se trataría de un debate donde se discuten aspectos relacionados a la competencia y no asuntos referidos a facultades jurisdiccionales.

En efecto las normas que regulan la competencia de la Sala en la materia de ser supremo juez del conflicto, son del siguiente tenor:

Constitución Política. Articulo 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (...) 6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

Ley 270 de 1996. Artículo 112. Funciones de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (...) 2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional(1).

Así las cosas ante la claridad de las normas jurídicas indicadas donde se establecen las competencias de la Sala, impera ofrecer los argumentos que justifican la existencia —en el presente caso— de un conflicto de jurisdicciones y guiados por tal propósito discursivo, se hace obligatorio identificar la naturaleza del proceso adelantado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y sólo una vez identificada su ontología compararla con las atribuciones de la Fiscalía General a efecto de determinar a cuál de las referidas instituciones corresponde el conocimiento de los procesos penales que se adelantan contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

2. Marco normativo de los procesos adelantados por el Congreso de la República.

Antes de cualquier consideración de orden teórico referida a la naturaleza de los procesos adelantados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se hace necesario identificar el marco normativo de orden constitucional y estatutario que establece la competencia de dicha instancia e igualmente define los trámites procesales surtidos al interior del Congreso de la República en ejercicio de sus “funciones judiciales”, mismas que son del siguiente tenor:

2.1. Normas constitucionales y estatutarias relacionadas con las funciones judiciales del Congreso de la República.

(i). Constitución Política. Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

(ii). Ley 270 de 1996. Artículo 178. De la función jurisdiccional del Congreso de la República. La función jurisdiccional del Congreso de la República será ejercida de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia en relación con las acusaciones que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso sólo conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Los procedimientos serán los contemplados en la Constitución Política y en la ley.

Artículo 179. De la Comisión de Investigación y Acusación. La Comisión de Investigación y Acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, desempeña funciones judiciales de Investigación y Acusación en los juicios especiales que tramita dicha Cámara; y conoce del régimen disciplinario contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.

En los procesos disciplinarios que se adelanten contra los citados funcionarios, sometidos a fuero especial, se oirá el concepto previo del Procurador General de la Nación .

2.2. Normas constitucionales y estatutarias relacionadas al trámite impartido a los procesos judiciales adelantados en el Congreso de la República.

(i). Constitución Política. Articulo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: (...) 3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

Articulo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

Articulo 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.

2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.

4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los senadores presentes.

(ii). Ley 270 de1996. Artículo 180. Funciones. La Comisión de Investigación y Acusación ejercerá las siguientes funciones: 4. Preparar proyectos de Acusación que deberá aprobar el pleno de la Cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación.

5. Conocer de las denuncias y quejas por las faltas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los particulares contra los expresados funcionarios y que presten mérito para fundar en ella acusaciones ante el Senado(2).

3. Naturaleza jurídica del proceso adelantado en el Congreso de la República.

Tal como se indicó en precedencia, se hace necesario identificar cuál es la naturaleza de las “funciones judiciales” que realiza el Congreso de la República, competencias que se analizan a partir del principio constitucional de la división de poderes y la garantía constitucional de la inviolabilidad en el voto y opiniones de los parlamentarios, pues sólo a partir de dichas características estructurales del Estado de derecho se entienden las mismas, para posteriormente establecer los límites —conceptuales y jurídicos— que tienen los procesos adelantados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

3.1. Principio constitucional de la separación de poderes y control recíproco de las ramas del poder público.

El principio constitucional de separación de poderes es uno de los presupuestos configurativos del Estado de derecho y por ende se convierte en un elemento fundamental del orden constitucional moderno(3), pues es a partir de dicha racionalidad —operativa y funcional— que se estructura el sistema de control recíproco de las ramas del poder público.

Retomando la propuesta conceptual de Fioravanti(4), se tiene que desde la antigua Grecia, tanto Platón como Aristóteles propusieron una forma “mixta” de gobierno que implicaba la participación en el poder de distintos estamentos sociales(5), orientada hacia una concepción plural del poder más que de una división de poderes en sentido estricto, idea que —posteriormente— fue recogida y expuesta teóricamente por Locke(6) y Montesquieu(7) quienes encuentran en la división de poderes la única forma de garantizar la libertad(8), como quiera que implicaba que cada función capital del Estado tuviera un titular distinto y que en el marco de esa separación los poderes se vincularan recíprocamente mediante un sistema de correctivos y vetos o de “pesos y contrapesos”.

Desde su formulación por Locke y Montesquieu, la separación de poderes más que pretender el establecimiento de una suerte de interrelación o coordinación armónica entre los poderes públicos, proponía una rígida división entre las funciones de los órganos estatales teniendo como objetivo básico impedir la concentración de poder en una sola persona o en una sola institución, garantizando de esta forma efectivamente la libertad política de los coasociados a través de los mutuos controles entre los órganos estatales.

En efecto, el principio de la división tripartita de poderes se hizo derivar del análisis de las funciones del Estado, que eran tres con relación a la ley: hacerla, aplicarla y dirimir los conflictos que suscitaba su aplicación; es decir, las típicas funciones legislativa, ejecutiva y judicial, conceptual, teórica, que bastó para asignar cada una de estas funciones a órganos distintos, para considerar que los derechos de los ciudadanos quedaban amparados de cualquier abuso de la autoridad pública, ya que al permanecer cada entidad en la órbita de su función se lograba que el poder frenara al poder.

Pese a que la evolución misma de la teoría del Estado vino a imponer la necesidad de que los diferentes órganos de poder no actuaran en forma aislada e independiente, se conservó, sin embargo, la idea original de contar con un sistema de balanzas que equilibrara constantemente el peso entre ellos, con lo cual las ramas del poder público comenzaron a interactuar unas con otras de forma tal que a la par que se producía una colaboración armónica entre ellas también operaba el control mutuo, por tanto al lado de la colaboración armónica entre las ramas del poder —que implica relaciones de cooperación y coordinación interinstitucional— existen relaciones de control entre los órganos estatales, pues es una realidad que el poder no sólo debe dividirse para que no se concentre sino que también debe controlarse para que no se extralimite.

Entre esos controles necesarios sobresale por su especificidad y por el carácter democrático/plural que lo inspira, el ejercido sobre el Gobierno por parte del órgano de representación popular, esto es, el control que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo es el paradigma de los controles de índole política, toda vez que no puede ignorarse que al Gobierno se le ha dotado de facultades para la dirección del Estado, haciendo indispensable la adopción de herramientas de control que garanticen el equilibrio entre los poderes constitucionales, es por ello que el Congreso —como máximo representante de la comunidad y portador del principio democrático— esté llamado a ejercer una función especial que es la de contrapeso o control político frente a la actividad del ejecutivo, con lo cual se produce una transformación en el rol que desempeña aquel órgano en el escenario de las instituciones estatales, pues aparte de su función primigenia de legislar debe controlar al que gobierna, asegurando de esta forma un balance en el ejercicio del poder público.

En este orden de ideas y revisado el panorama de nuestro constitucionalismo, fácil es advertir que —históricamente— nuestras constituciones como herederas fieles del pensamiento demo/liberal, han regulado —formalmente— el deber del Congreso de vigilar la actividad de la administración al igual que han mantenido el principio constitucional de la separación de poderes, fue por ello que uno de los principales objetivos de la Asamblea Constituyente de 1991, fue reforzar la función de control político del Congreso de la República, entre otras razones, para que pudiera fiscalizar de manera más efectiva la actuación del Gobierno, propósito que quedó plasmado en los debates realizados en el seno de dicho foro constituyente donde se dijo:

“Las constituciones colombianas, sin excepción, otorgaron al legislativo la responsabilidad del control político, hoy sin embargo, el balance del ejercicio de la potestad fiscalizadora, revela tal impotencia histórica del parlamento, que puede afirmarse que el control es a la inversa, es decir que en Colombia, es el ejecutivo el que ejerce el control político del Parlamento (...).

“Al contrario de lo que ocurre en las democracias occidentales, en Colombia la tendencia no es fortalecer la función natural del legislativo en relación con el ejecutivo sino que ha llegado al extremo de prohibirla estableciendo en la Constitución Nacional que el Congreso esté impedido para dar votos de censura respecto de los actos oficiales. Esta ha sido una de las causas más notables de los abusos del poder por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, puesto que no existen en la práctica mecanismos para ejercer efectivamente la vigilancia, la calificación y la sanción política a determinadas conductas del gobierno”(9).

En cuanto hace a la separación funcional de los poderes y órganos del Estado, la jurisprudencia ha hecho hincapié en que su consagración es garantía del equilibrio y control entre los órganos del Estado:

“La separación de poderes es también un mecanismo esencial para evitar la arbitrariedad, mantener el ejercicio de la autoridad dentro de los límites permitidos por la Carta y asegurar así la libertad y seguridad de los asociados. La lógica de este dispositivo, no por conocida deja de ser esencial: la división de la función pública entre diferentes ramas permite que el poder no descanse únicamente en las manos de una sola persona o entidad, a fin de que los diversos órganos puedan controlarse recíprocamente. Esto significa que, como esta corporación lo había señalado, la consagración de diversas ramas del poder y de órganos autónomos se lleva a cabo “con el propósito no sólo de buscar mayor eficiencia en el logro de los fines que le son propios, sino también, para que esas competencias así determinadas, en sus límites, se constituyeran en controles automáticos de las distintas ramas entre sí, y, para, según la afirmación clásica, defender la libertad del individuo y de la persona humana.” Por ello, como lo ha recordado esta Corte, “la separación de las ramas del poder público es inherente al régimen democrático y constituye uno de sus elementos procedimentales de legitimación”(10).

Es de resaltar que dentro de dicho panorama —según el artículo 114 superior— corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes “y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”, función esta que en criterio de la Corte “encuentra fundamento en los poderes que los sistemas democráticos liberales le han conferido al parlamento o al Congreso para que ejerza un real contrapeso al órgano ejecutivo del poder público”(11), caracterizando nuestro Estado de Derecho, tópico frente al cual ha dicho la Corte:

“En un Estado democrático se hace indispensable como garantía de la libertad y de los derechos fundamentales de los asociados, que se ejerzan por distintos órganos y de manera separada las funciones de legislar, administrar y juzgar. Su concentración en una sola de las ramas del poder conduce, necesariamente, a un Estado autoritario, al despotismo o a la tiranía. De la misma manera, el Estado democrático supone la adopción de recíprocos controles entre las ramas del poder, para que no impere la voluntad aislada de una de ellas. Es, pues, esencial que quien ejerza el poder, a su vez sepa que es objeto de control en su ejercicio. Es esa la razón por la cual al ejecutivo lo vigila y controla desde el punto de vista político, el Congreso de la República que, además de la función de legislar ejerce como representante de la voluntad popular esa trascendental función democrática. Así mismo, la rama judicial, a su turno, no escapa a los controles establecidos en la Constitución Política. En síntesis, en una democracia, ninguna de las ramas del poder público puede sustraerse a la sujeción que le debe a la Constitución Política y a la ley. De lo contrario, desaparecería el Estado de derecho”(12) (sft).

El control del Congreso sobre los altos funcionarios de la rama judicial, se expresa formalmente en el juicio que se adelanta conforme a las normas arriba indicadas y a partir del cual impone las sanciones establecidas por la propia Constitución, en suma a la rama judicial le corresponde —como depositaria de la representación popular— ejercer el control tanto sobre el órgano ejecutivo, como sobre la rama judicial y desde tan particular función que deben identificarse los elementos conceptuales que definen la naturaleza de tales funciones.

3.2. Naturaleza de la función de control realizada por el Congreso de la República(13).

Es bien sabido que la tradición constitucional colombiana ha reconocido la existencia de un fuero especial para la investigación, acusación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, mediante el adelantamiento de un procedimiento establecido en la Carta Política de 1991 por parte del Congreso de la República.

Dicha regulación especial tuvo su origen en las Constituciones de Cundinamarca de 1811 (arts. 46-49), la de Antioquia de 1812 (Título III, Sec. 3a, art. 10), la Constitución de la República de Colombia de 1821 (arts. 89 y 97) y de 1.830 (arts. 63 y 51), la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1.832 (arts. 57 y 45), de la República de la Nueva Granada de 1.853 (art. 21), la Constitución de la Confederación Granadina de 1.858 (arts. 54 y 53), la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1.863 (arts. 53 y 51) y, por último, la Constitución Política de la República de Colombia de 1.886 (arts. 102 y 96) reformada en lo correspondiente por los actos legislativos número 1 de 1.968, 1 de 1.945, 3 de 1.910 y 10 de 1.905), valga anotar que en la totalidad de los textos constitucionales enunciados, la regulación jurídica de dicho instituto fue análoga.

Ahora bien al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 se mantuvo el fuero para los altos funcionarios del Estado en relación con la investigación, acusación y juzgamiento, estableciendo que la competencia para el efecto quedaba atribuida a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, tal coma quedó consignado en las normas antes referidas.

En efecto, atendiendo las disposiciones jurídicas arriba trascritas y tomando como marco de referencia la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia SU-047/99, los juicios que se adelantan al interior del Congreso de la República, tienen las siguientes características:

(i). Toda reflexión sobre la naturaleza de los juicios adelantados por la rama legislativa debe partir de reconocer que si bien el artículo 116 de la Constitución Política establece que “el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales”, este órgano tiene un origen político/electivo producto del modelo democrático consagrado en la Carta (art. 132), debido a ello deriva su legitimidad del título que “representan al pueblo” (art. 133) e igualmente debe reconocerse que al momento de adoptar las decisiones asignadas por competencia superior, esto es “reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político” (C.P. art. 114) “deberán actuar consultando la justicia y el bien común” (C.P. art. 133), todo bajo el presupuesto funcional que “los congresistas serán inviolables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio del cargo” (C.P. art. 185).

Valga anotar que el fin de la irresponsabilidad de los congresistas radica en el hecho que en su condición de “representantes del pueblo” puedan emitir de manera libre sus votos y opiniones, sin temor a que estos puedan ocasionar persecuciones judiciales o de otra índole, presupuesto a partir del cual se garantiza una plena libertad e independencia en la formación de la voluntad colectiva del parlamento y sólo por medio de tal figura, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los congresistas deben actuar “consultando la justicia y el bien común” y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas.

A lo anterior debe agregarse que los requisitos para llegar a ser parlamentario, son mínimos —desde el punto de vista de poseer un “saber” técnico/jurídico—, toda vez que para senador se requiere “ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección” (C.P. art. 172) y para representante a la cámara, se requiere “ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección” (C.P. art. 177), luego al no exigir un cúmulo de exigencias adicionales a la mera categoría con la cual opera un sistema político, esto es la de ser ciudadano (C.P. art. 40 y 98), se refuerza la postura inicialmente propuesta donde se sostiene que los congresistas adoptan sus decisiones consultando la “justicia y el bien común”, en otras palabras, realizando valoraciones de orden político(14) y no propiamente juicios pertenecientes a la dogmática jurídica, por tanto desde tal particularidad, la exigencia constitucional establecida en el artículo 230 de la Constitución —de cara a las funciones judiciales del parlamento— esto es, que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” adquiere otro contenido sustancial.

(ii). Por lo anotado, la irresponsabilidad de los congresistas es entonces consustancial a la democracia constitucional ya que es la expresión necesaria de dos de sus principios esenciales: la separación de los poderes y la soberanía popular, por tanto la inviolabilidad asegura la independencia del Congreso, puesto que evita las injerencias de las otras ramas del poder cuando los senadores y representantes ejercen sus funciones, por ello el congresista escapa a cualquier persecución judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en sus funciones.

(iii). La anterior garantía debe articularse a la precisión constitucional establecida en el artículo 133 de la Constitución donde se regula que “el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, lo cual implica que si los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones traicionan la confianza popular, la más importante sanción proviene del propio electorado que puede dejar de elegirlos es por tanto que la inviolabilidad protege al congresista, en el sentido de que no pueden exigírseles responsabilidades jurídicas por sus votos y opiniones.

Frente a tal consecuencia institucional, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-047 de 1999, precisó:

“Sin embargo, podría considerarse que esos criterios resultan inaplicables cuando el Congreso ejerce funciones judiciales, y que ese fenómeno no ha sido estudiado por la doctrina constitucional, debido a su escasa ocurrencia. Sin embargo esa objeción no es de recibo, por una razón tan elemental como poderosa: olvida que si bien el Congreso ejerce funciones judiciales, y los procesos contra los altos dignatarios tienen, cuando se trata de delitos, una naturaleza eminentemente judicial, tal y como esta Corte lo ha señalado(15), no por ello deja de ser una indagación adelantada por el órgano político por excelencia, que es el Congreso. Por ende, a pesar de la naturaleza judicial de estos procesos, es indudable que la Carta reserva una cierta discrecionalidad política a los congresistas cuando investigan y juzgan a los altos dignatarios, incluso si se trata de delitos comunes. En efecto, la Constitución precisa que en todas sus actuaciones, incluidos obviamente sus votos y opiniones cuando ejercen funciones judiciales, los senadores y representantes actúan consultando la justicia y el bien común (C.P. art. 133), lo cual tiene inevitablemente un componente de libertad política, puesto que, en una sociedad pluralista, no todas las visiones del bien común son idénticas. Por consiguiente, bien podría un congresista considerar que existen fuertes pruebas contra un alto dignatario, pero estar convencido de que su destitución puede tener efectos catastróficos para el país, y por ello, consultando el bien común, opinar y votar en favor del investigado. Una tal conducta es no sólo inadmisible en un juez ordinario, que está estrictamente sometido al derecho, sino que puede acarrearle responsabilidades penales, por cuanto podría constituir un prevaricato. Sin embargo, ese mismo comportamiento en un congresista tiene que ser inmune a cualquier calificación delictiva por el amplio margen de apreciación que la discrecionalidad política comporta, y por la circunstancia adicional de que las corporaciones representativas no tienen que estar conformadas por peritos en derecho. La inviolabilidad parlamentaria sigue operando entonces también en los juicios adelantados por las cámaras”.

(iv). En suma sin la inviolabilidad, el Congreso no podría adelantar la labor de fiscalización que implica el juicio a otro alto dignatario, ya que los parlamentarios carecerían de la independencia necesaria para ejercer esa labor, por cuanto sus decisiones se verían condicionadas por el temor a una posible represalia de los investigados, por tanto no se puede desconocer que estos procesos en las cámaras se encuentran previstos para el Presidente, que goza de importantes poderes, y para los magistrados de las altas cortes —algunos de los cuales son los jueces naturales de los Congresistas— por tanto sólo amparados por dicha prerrogativa constitucional, pueden gozar de la suficiente independencia para ejercer, sin temores a represalias, la labor de fiscalización, grado de libertad política de estos juicios ante el Congreso que es reconocido de manera general por la doctrina y la jurisprudencia comparada como “juicios políticos”.

(v). En caso de delito común por el cual se denuncia a algunos de los aforados, la única razón convincente de la necesidad de la autorización de las cámaras para que la Corte Suprema adquiera competencia en estos casos, radica en que la Carta quiso que -—por las implicaciones políticas de estos procesos— existiera una previa valoración política, por los representantes del pueblo de la conveniencia en procedencia del proceso penal como tal y a partir de tal condición de procedibilidad, garantizar seguridad jurídica a los altos dignatarios del Estado.

(vi). Es por ello que la Corte Suprema sólo adquiere competencia para juzgarlos, si el Senado ha declarado que hay lugar al seguimiento de causa penal, luego de la correspondiente acusación por parte de la Cámara de Representantes, por ende si el Senado no ha efectuado tal declaración, la Corte Suprema carece de toda competencia para entrar a conocer de fondo las acusaciones contra los altos dignatarios del Estado, por tanto sostener que la inviolabilidad no opera cuando los congresistas ejercen funciones judiciales, implica, sostener, una absoluta inutilidad del trámite previo ante las cámaras, por cuanto de todos modos la Corte Suprema entraría a conocer del proceso el fondo de las acusaciones contra los altos dignatarios —aunque el Senado o la Cámara hayan absuelto o precluido el juicio— lo cual es totalmente contrario al modelo adoptado por nuestra Constitución para el juzgamiento de dichos funcionarios.

(vii). Otro elemento a tener en cuenta a efecto de caracterizar la naturaleza política de los juicios ante el Congreso, radica en el hecho que la Constitución distingue rigurosamente entre las sanciones políticas y las penales de suerte que el parlamento sólo puede imponer las primeras, mientras que las segundas son reservadas a la Corte Suprema. En efecto —conforme a la Carta— el Congreso sólo destituye y suspende o priva al “reo” de sus derechos políticos y para los casos que ameriten otras penas, efectúa una labor que permite que se adelante el proceso penal respectivo ante el juez natural, correspondiendo el conocimiento de dicho trámite a la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia en cita, se precisó que:

“Esto significa que, tal y como esta Corte Constitucional lo ha señalado, “si bien el Congreso ejerce determinadas funciones judiciales, en ningún caso la Constitución ha atribuido a este órgano la facultad de imponer penas privativas de la libertad a los altos dignatarios que juzga, las cuales son estrictamente reservadas a la Corte Suprema”(16), lo cual no sólo disminuye considerablemente los riesgos de afectación a la libertad de los altos dignatarios, sino que muestra nuevamente la inevitable dimensión política de la función judicial ejercida por las cámaras. En efecto, como bien lo señalaron cuatro magistrados de esta Corte, en una aclaración de voto, que no salvamento, a las normas que regulan los juicios de los altos dignatarios en la ley estatutaria de la administración de justicia, el tipo de sanciones que pueden imponer las cámaras revela la inevitable dimensión política de esos procesos. Dijeron entonces esos magistrados, con criterios que esta corporación respalda en la presente sentencia:

“Debe quedar claramente definido que los juicios que se siguen ante el Congreso, de que tratan los preceptos constitucionales mencionados no solamente son públicos, sino que igualmente, son de carácter eminentemente político, no criminal.

En efecto, la investigación que realiza la Cámara de Representantes como atribución especial para colocarse en situación de acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios que ostentan fuero constitucional especial, incluyendo el Fiscal General de la Nación, no es la que conforme a sus funciones realiza el funcionario de instrucción en un proceso penal. Así mismo, las penas que el Senado impone para esta clase de procesos —destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos—, tampoco son las del Código Penal que aplica la justicia ordinaria.

(...).

Así pues, como la Cámara no instruye propiamente un proceso penal reservado a la Corte Suprema de Justicia cuando los hechos constituyen una responsabilidad de infracción que merezca una pena de ese carácter, no puede pretenderse que la Cámara tenga atribuciones comunes de los funcionarios de instrucción, sino más bien las facultades que le resultan de su propio cometido, dentro del respectivo juicio de carácter público y político.

(...).

De ahí que corresponde a la Cámara decidir si según su criterio, se han violado la Constitución y las leyes, frente a las denuncias mencionadas, si prestan mérito y fundar en ellas la correspondiente acusación ante el Senado. Por ello el juicio es político y no penal, pues la conducta del funcionario la juzga el Senado de la República que sin subordinación al Código Penal declara si a su entender el inculpado es responsable de haber infringido los preceptos constitucionales o las disposiciones legales, por haber ejecutado los hechos o incurrido en la omisión respectiva, y no por haber cometido el delito. Declarada la responsabilidad, el Senado impone las penas de carácter político que la Constitución señala (art. 175 num. 2º). Pero si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena distinta, deberá seguirse juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia (destacado no originales)(17)” (destacado en el original).

(viii). En conclusión, la Constitución atribuye a los representantes del pueblo la facultad de separar de sus cargos a los altos dignatarios o privarlos de sus derechos políticos y en consecuencia autorizar —si es el caso— el juicio propiamente penal por la Corte Suprema, precisamente por cuanto considera que sólo el Congreso goza de la suficiente legitimidad democrática para destituir al jefe del Estado y a los otros altos dignatarios, mientras que un órgano judicial no electo tendría enormes dificultades para acometer esa tarea, por cuanto se vería cuestionado, por su ausencia de origen ciudadano.

(ix). Así las cosas y conforme a los parámetros antes fijados se advierte -sin lugar a ambigüedades- que la naturaleza del proceso adelantado por el Congreso de la República contra los altos dignatarios del Estado, posee una ontología política(18) y en nada puede equipararse a un proceso de orden penal, toda vez que (a).el mismo es realizado por ciudadanos, la cual es la categoría desde donde se dinamiza el sistema político; (b). los criterios de decisión utilizados para evaluar el sentido del voto está conformado por la justicia y el bien común, más no por razones de orden jurídico; (c).- las causales para dictar la acusación son de orden político al igual las sanciones que se imponen; (d) .- si se considera que se debe imponer una pena de rango “criminal” se analiza —políticamente— la viabilidad de remitirlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; (e). La legitimidad del Congreso para el impulso del proceso y la imposición de las sanciones obedece a su origen ciudadano al igual que a su carácter representativo.

Por lo anotado y atendiendo los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala concluye que en el presente caso se configuran los presupuestos para soportar la existencia de un conflicto de jurisdicciones, toda vez que la función judicial del Congreso, tiene un contenido político —así formalmente se rotule dentro de las autoridades que ejercen jurisdicción—, mientras que la Fiscalía General de la Nación conforme lo establece el artículo 250 de la Constitución Política “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar las investigación de los hechos que revistan las características de un delito”, por tanto es titular de la potestad punitiva del Estado.

4. Análisis del caso concreto.

Tal como se indicó en precedencia, le asiste a la Sala la tarea de determinar a quién corresponde conocer las investigaciones penales que se adelantan contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral, problema jurídico que surge a partir de la interpretación del artículo 264 constitucional donde se establece lo siguiente:

“ART. 264.—El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una sola vez” (sft).

A partir de la norma en cita, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, estimó que atendiendo su contenido le asiste competencia “constitucional” para conocer de las investigaciones penales que se adelanten contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral, postura que soportó desde el argumento que conforme a dicha disposición jurídica, sus miembros tienen “las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y al ser estos últimos investigados por la referida Comisión dicha competencia se hace extensiva a los miembros del citado Consejo.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, sostiene que dichos servidores públicos tienen un “fuero legal” —más no de orden constitucional— y en tal virtud el conocimiento de las investigaciones penales que se adelanten en su contra deben ser conocidas por la unidad de fiscales delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que pueda extenderse dicha competencia a funcionarios que no se encuentran —expresamente— determinados por las normas superiores a través de establecer una equivalencia entre los integrantes del citado Consejo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala considera que frente a las dos posturas jurídicas antes referidas, lo que se encuentra en debate son los criterios jurídicos que deben aplicarse para determinar las reglas de competencia destinadas a establecer quién es la autoridad competente para conocer de las investigaciones penales que se adelantan contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

Así las cosas, frente a la disparidad de criterios hermenéuticos expuestos por la autoridades colisionadas, impera resaltar que conforme al contenido de las normas jurídicas atrás relacionadas, existe una claridad derivada de la literalidad de las disposiciones jurídicas —que no ofrece motivos de duda— y esto es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes conoce de las denuncias que se instauren contra el Presidente de la República al igual que las presentadas contra los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, así como las radicadas contra el Fiscal General de la Nación, sin que aparezca en aquella relación de funcionarios los integrantes del Consejo Nacional Electoral, por tanto —a partir de la textualidad de la citada norma— debe concluirse que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, no se encuentran dentro del ámbito de validez personal de dicha disposición jurídica y conforme a las reglas de interpretación fijadas por la Ley 153 de 1887 —incorporado como texto al artículo 27 del Código Civil— “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” y en esta oportunidad se asiste una definición precisa a cuáles de los altos dignatarios a los que se les aplica el juicio político desarrollado en el Congreso de la República en el cual el primer momento procesal lo realiza la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En efecto, la postura constitucional que excluye a los integrantes del Consejo Nacional Electoral de aplicarles el juicio político adelantado por la Comisión de Investigación y Acusación, encuentra desarrollo en la regulación legal sobre dicho tema, pues el artículo 305 numeral 3º de la ley orgánica del Congreso de la República establece que la Cámara de Representantes tiene como atribución especial, acusar ante el Senado —cuando hubiere causas constitucionales— al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los funcionarios judiciales antes anotados e igualmente —el artículo 313 numeral 11º del mismo reglamento— preceptúa que el Senado de la República conoce de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra los referidos dignatarios del Estado, sin observar que en ninguna de dichas reglas de competencia se incluya a los funcionarios que integran el referido Consejo.

De otra parte descendiendo al campo de regulación penal en cuanto hace referencia a las competencias de las diferentes instancias judiciales que integran dicha jurisdicción, se encuentra que el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 938(19), establece que corresponde a la unidad de fiscales delegada ante la Corte Suprema de Justicia “investigar y acusar si a ello hubiere lugar, a los servidores con fuero legal, cuyo juzgamiento esté atribuido, en única instancia, a la Corte Suprema de Justicia”; por su parte el artículo 75 de la Ley 600 de 2000 —aplicable a los juicios que se realizan ante la Corte Suprema de Justicia— estableció que corresponde a dicha colegiatura “el juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral (sft) fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales superiores de distrito, procuradores delegados, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y directores seccionales de fiscalía”.

Así las cosas, atendiendo el marco jurídico antes expuesto debe concluirse que a partir de la literalidad de dichas normas, no existe la posibilidad de que los integrantes del Consejo Nacional Electoral sean destinatarios de las reglas de competencia que establecen las facultades de la Comisión de Investigación y Juzgamiento de la Cámara de Representantes, por tanto —desde dicha perspectiva— no se les puede aplicar tal procedimiento a efecto de investigar denuncias penales instauradas en su contra.

Ahora bien la Comisión colisionante aduce que su competencia para investigar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, deriva del artículo 264 de la Constitución Política cuando establece que estos “tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y a partir de tal analogía —concluye— que a dichos funcionarios les resulta aplicable el procedimiento surtido en el Congreso de la República, frente a tal postura interpretativa debe afirmarse lo siguiente:

(i). Tal como se manifestó en precedencia, lo que se encuentra en debate en el desarrollo del denominado juicio político es la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público donde al órgano legislativo —como titular de la representación política y atendiendo su composición plural— le compete controlar a los estamentos que se encargan de “ejecutar” y “aplicar” el derecho, toda vez que en el modelo de fuentes de derecho establecido en la Constitución Política de 1991 dichos órganos deben someterse al “imperio de la ley” y es a partir de dicha prerrogativa jurídica que se le concede al parlamento la posibilidad de supervigilar la manera como se desarrollan las funciones realizadas por las otras autoridades estatales, conforme lo exige el artículo 6º de la Carta Suprema.

(ii). De otra parte debe precisarse que en materia de investigaciones penales, la Constitución estableció un estricto sistema de garantías que debe cumplirse de manera precisa, por tanto el artículo 29 superior regula que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” en tal virtud dentro de los elementos conceptuales que componen el debido proceso se encuentra la garantía constitucional al juez natural desde donde se infiere que el operador judicial debe encontrar su ámbito de competencia de las definiciones previas que realiza la Constitución o la ley.

Es decir, el principio del juez natural es —en efecto— un elemento constitutivo del derecho al debido proceso y tal garantía constitucional del justiciable consistente en que la autoridad a la que se somete la controversia jurídica debe estar revestida —previo a la ocurrencia del hecho— de la competencia para conocer dicho asunto todo con fundamento en la Constitución o la ley.

En este orden de ideas, el desconocimiento del juez natural constituye una violación del derecho al debido proceso, ya que implica la ausencia de uno de sus elementos fundamentales, esto es, que la valoración jurídica sea llevada a cabo por quien tiene la facultad y la autoridad para hacerlo, de modo que exista un fundamento para asumir las cargas e implicaciones que de ella se derivan, por tanto la ausencia de juez competente no es una simple irregularidad sino de un error que afecta la legalidad del proceso.

Así las cosas, de cara a los alcances de protección que se edifica a partir de la garantía constitucional del debido proceso y en concreto de la prerrogativa al juez natural, se encuentra la exigencia de su necesaria definición —expresa y literal— por parte de la Constitución y/o la ley de quien es la autoridad competente para conocer de un determinado asunto, argumento desde el cual se excluye la posibilidad de construir reglas de competencia a partir de juicios analógicos, toda vez que tan particular posición interpretativa conlleva soportar la existencia de competencias implícitas construidas a partir de juicios inferenciales, lo cual va en contravía de las principios mínimos que estructuran un Estado de Derecho, pues propicia inseguridad en las relaciones jurídicas entre la potestad punitiva del estado y los investigados.

Bajo los anteriores parámetros, fácil es advertir —en el sub examine— que no existe una determinación precisa del constituyente o legislador que permita el conocimiento de las denuncias penales que se instauren contra los integrantes de la Consejo Nacional Electoral por parte de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante, pues basta observar que dichos funcionarios se encuentran —expresamente— excluidos de su competencia y por el contrario se encuentra asignada a la Fiscalía General de la Nación, literalidad que no se puede superar a través de la realización de procedimientos interpretativos que van en contravía de las garantías mínimas del debido proceso, más cuando fue el mismo constituyente quien determinó las reglas de competencia a partir de las cuales investigar y juzgar a los altos dignatarios del Estado, sin que pueda dársele sentido a la Constitución desde los contenidos legales o razonamientos analógicos, pues ante su rango superior impera realizar el juicio contrario, esto es que la ley adquiere validez y sentido a partir del respeto a los contenidos constitucionales y en el caso que ocupa la atención de la Sala la norma superior no incluyó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral como sujetos a los cuales aplicar los parámetros del juicio adelantado ante el Congreso, por tanto no puede el interprete legal adoptar posición que van en contravía de la literalidad misma de las normas superiores.

(iii) Tal como se ha indicado a lo largo de esta providencia, el ejercicio del control político realizado por el Congreso apareja fiscalizar la concepción de Estado representada por el Gobierno Nacional al igual que los criterios de aplicación del derecho fijados por la cúpula de la rama judicial y a partir de tales parámetros conceptuales al cotejarlos con las tareas del Consejo Nacional Electoral —concretamente las establecidas en el artículo 265(20) de la Constitución— debe concluirse que las mismas tienen una naturaleza de rango administrativo en el tema de las “elecciones y organización electoral” sin que ellas se atemperen a las finalidades para las cuales fue institucionalizado el juicio político donde está en debate es el modelo de Estado y no propiamente actuaciones de rango instrumental en materia del sistema electoral nacional.

Así las cosas basten las anteriores consideraciones para concluir que la competencia para conocer de las investigaciones penales que se adelantan contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral corresponde a la Fiscalía General de la Nación y no a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en tal virtud corresponde a esta remitir a aquella los expedientes que en la actualidad cursen contra los citados servidores públicos, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales

RESUELVE:

1. DECLARAR que la autoridad competente para conocer de los procesos penales adelantados contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral es la jurisdicción ordinaria penal, representada por la Fiscalía General de la Nación.

2. Conforme a la anterior determinación, se dispone que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe REMITIR a la Fiscalía General de la Nación, la totalidad de expedientes que cursen en la actualidad contra los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

3. REMITIR copia de la presente providencia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para su información.

Cúmplase».

(1) En la Sentencia C-037 de 1996 se declaró constitucional el citado numeral bajo los siguientes argumentos: “En cuanto a la facultad de dirimir los conflictos de que trata el numeral 2º, estima la Corte que la Constitución le asigna una función genérica a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria; por ello, el conflicto que pudiera suscitarse entre autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, debe ser enmarcado dentro de las atribuciones constitucionales en comento y, por lo mismo, no puede dejarse sin resolución jurídica alguna. Se advierte que en principio no es posible que se presenten conflictos entre un Sala disciplinaria y una administrativa, por la distinta naturaleza de los asuntos de que se ocupan una y otra; la norma es válida, en todo caso, bajo el entendido de que se trata de conflictos de carácter jurisdiccional (sft). En iguales términos, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional.

(2) La citada norma fue declarada constitucional, en la Sentencia C-037 de 1996- bajo el siguiente presupuesto: Por su parte, el numeral 5o se basa en lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 178 de la Carta. Sin embargo, debe precisarse que si bien la norma constitucional no prevé la posibilidad de que las autoridades formulen quejas o denuncias, entiende la Corte que la exequibilidad del numeral bajo examen se condiciona a que la participación de las ‘autoridades’ de que habla el artículo bajo examen deberá hacerse, en el respectivo caso, bajo la calidad de ciudadano y no como servidor público. Por otra parte, no obstante lo expuesto, para esta corporación la palabra ‘disciplinarias’ contenida en la norma bajo examen, es inexequible en la medida en ella establece una limitación o una precisión que el precepto superior no contempla. Así, entonces, se entenderá que el fiscal general de la nación, las autoridades y los particulares podrán acusar a los funcionarios que gocen de fuero constitucional por todo tipo de faltas, incluyendo lógicamente las disciplinarias.

(3) El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgado por la Asamblea Constituyente en Francia, establecía: “Toda sociedad en la que no esté estipulada la separación de poderes y la seguridad de derechos necesita una Constitución”.

(4) Cfr. Fioravanti, Maurizi. Constitución. Desde la antigüedad a nuestros días. Editorial Trotta. Madrid. 1999.

(5) Cfr. Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Fondo de la Cultura Económica. México. 1994. Págs. 21 a 43.

(6) Para una compresión de la enunciación de la doctrina de Locke y la concepción originaria de la división de poderes. Cfr. Blanco Valdés. Roberto. El Valor de la Constitución. Alianza Editorial. Madrid. 1998. Págs. 45 a 66.

(7) Afirma Montesquieu “Todo estaría perdida si una única persona, o un único cuerpo de notables, de nobles o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el ejecutar las resoluciones públicas y el castigar los delitos o las controversias privadas” e igualmente establece “estando el cuerpo legislativo dividido en dos partes, una frenará a la otra con la recíproca facultad de impedir. Ambas estarán vinculadas por poder ejecutivo, que lo estará a su vez por el legislativo”. Bobbio, Norberto. Diccionario de Política. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. Tomo A-J. Pág. 338.

(8) Para precisar la forma como la separación de poderes garantiza el ejercicio de la libertad, Cfr. Agapito Serrano, Rafael de. Libertad y División de Poderes. El “contenido esencial” del principio de división de poderes a partir del pensamiento de Montesquieu. Editorial Tecnos. Madrid. 1989.

(9) Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional Nº 54; 17 de abril de 1991; pág. 4.

(10) Sentencia C-251 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento de voto de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil.

(11) Sentencia C-198 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

(12) Sentencia C-317 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(13) A efecto de identificar los elementos que definen la naturaleza del juicio adelantado en el Congreso de la República, la Sala utiliza como referente conceptual lo dispuesto en la Sentencia SU-047/99 donde la Corte Constitucional abordó dicho tópico. En dicha oportunidad el problema jurídico propuesto lo expuso en los siguientes términos: “La peticionaria es actualmente Senadora de la República [Vivian Morales] y en 1996 se desempeñaba como Representante a la Cámara, cuando ese cuerpo político investigó al entonces Presidente de la República, señor Ernesto Samper Pizano. Según la actora, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha desconocido su derecho a la inviolabilidad de sus votos y opiniones como congresista (C.P. art, 185), al vincularla a un proceso penal por la decisión que tomó en 1996 en favor de la preclusión de la investigación contra el Presidente Samper. Según su parecer, la Corte Suprema carece de competencia para juzgar ese voto, pues como congresista es inviolable por las opiniones y los votos que emita en ejercicio de su cargo, es decir, que aquellos no pueden generar nunca responsabilidad penal. Por su parte, los magistrados de la Sala de Casación Penal sostienen que ese tribunal es competente para investigar a los representantes por sus conductas en el proceso contra el Presidente, por cuanto los congresistas pudieron haber cometido delitos en esas actuaciones judiciales, y en un Estado de derecho, ningún servidor público se encuentra por encima de la ley. Estos magistrados invocan en su apoyo apartes de las Sentencias C-222 de 1996 y C-245 de 1996 de la Corte Constitucional y concluyen que, con fundamento en esa jurisprudencia constitucional, es claro que si bien la Carta reconoce la inviolabilidad de los votos y opiniones de los congresistas, esta garantía no se extiende a sus actuaciones como jueces. Finalmente, según el juez que decidió el caso y los magistrados de la Corte Suprema, la presente acción de tutela es improcedente, no sólo por cuanto ese mecanismo no opera frente a decisiones judiciales sino, además, porque la peticionaria goza de otros mecanismos judiciales de defensa dentro del mismo proceso penal adelantado por la Corte Suprema, como podría ser la solicitud de nulidad de lo actuado, o esperar la sentencia y recurrir en casación contra ella”.

(14) Cfr. Arendt, Hannah. Qué es la política. Editorial Paidos. Barcelona. 1997.

(15) Ver sentencias C-222/96, C-245/96, C-385/96, C-386, C-563/96 y C-148 de 1997.

(16) Sentencia C-386 de 1996. M¨P Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico 17.

(17) Aclaración de voto de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa a la Sentencia C-037 de 1996.

(18) Como soporte de la naturaleza político del juicio realizado por el Congreso de la República encontramos el artículo 6º de la Ley 5ª de 1992, “por la cual se expide el reglamento del Congreso”, se establece que este cumple las siguientes funciones donde en el numeral 4º establece que “Función Judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política.”

(19) Regulación en igual sentido se encuentra en el artículo 118 de la Ley 600 de 2000 donde se estableció que es competencia de los fiscales delegados contra la Corte Suprema de Justicia “investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los demás servidores públicos con fuero legal y cuyo juzgamiento corresponda en única instancia a la Corte Suprema de Justicia”.

(20) “ART. 265.—El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral.

2. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.

4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados.

5. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

7. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

9. Reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

10. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.

11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos.

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.

13. Darse su propio reglamento.

14. Las demás que le confiera la ley.