Sentencia 2011-01764 de abril 9 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000-2011-01764 01 / 2803 F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 26 de la misma fecha

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 34 de la Ley 497 de 1999.

2. Aspectos generales.

Establecida la competencia para conocer el presente asunto, asume la Sala el estudio de la providencia expedida el 9 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la cual sancionó a la señora Ernestina Bautista de Mojica, en su condición de Juez de Paz del Círculo 3 Distrito 5 de la localidad de Usme, con la remoción del cargo en el ejercicio cargo, tras hallarla responsable de haber transgredido el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 29 de la Carta Política y los artículos 7º, 8º, 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, por haber incurrido en la causal de remoción contemplada en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, que constituye falta gravísima al tenor del artículo 48 numeral 49 de la Ley 734 de 2002.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio —según el cual— la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al Estado, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución —para el caso— de una función jurisdiccional.

Así las cosas bajo la perspectiva de dicha relación, se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones y es por ello que en desarrollo de la lógica propia del derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo desconocimiento o incumplimiento, trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche del Estado al servidor judicial, no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen acatamiento incompleto y/o defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan en el ordinario desempeño de sus tareas, es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Bajo las anteriores precisiones de orden conceptual, resulta —en consecuencia— imperioso analizar si en su actuar funcional, la juez de paz inculpada incurrió en las conductas por las cuales se le corrió pliego de cargos y mereció reproche disciplinario por parte del a quo en la providencia que es objeto de estudio de la Sala en grado jurisdiccional de consulta.

En efecto, obrar de conformidad con la normatividad vigente, constituye un deber funcional en cuanto hace relación con “cumplir” la Constitución, la ley y los reglamentos, para lo cual el operador judicial debe colocar especial cuidado a los preceptos que regulan cada una de las actuaciones tanto jurisdiccionales, como administrativas que corresponde desarrollar en el ejercicio de su cargo y mediante su cumplimiento dignificar la administración de justicia.

Así las cosas, en el presente caso se tiene que a la juez implicada se le reprocha el hecho de —en su actuar— desbordar el ámbito ordinario de competencias jurisdiccionales asignadas por el marco normativo establecido en la Ley 497 de 1999 y apartarse de los procedimientos que la ley establece en el cumplimiento de sus tareas, por ello es necesario —a afectos de valorar su conducta— realizar un estudio sobre la naturaleza especial de las funciones de los jueces de paz y posteriormente proceder al estudio del caso concreto.

3. Acerca de la naturaleza de los procesos conocidos por los jueces de paz.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-796 de 2007, abordó integralmente los puntos referidos a las competencias especiales de los jueces de paz, así como el procedimiento que deben acatar para el desarrollo de las mismas, por tanto esa doctrina constitucional, sirve de marco conceptual para decidir el caso que ocupa la atención de la Sala; así las cosas en cuanto hace referencia a la naturaleza jurídica de las actuaciones y las decisiones que emiten los jueces de paz, afirmó:

“4. El artículo 247 de la Constitución adscribe a los jueces de paz la función de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. La Ley 497 de 1999 desarrolló el precepto constitucional creando los mecanismos orientados a que esta jurisdicción especial defina las controversias que si bien no revisten una especial significación jurídica, tienen la potencialidad de alterar la pacífica convivencia de los ciudadanos, individualmente considerados, o de las comunidades a las cuales pertenecen(3).

Al juez de paz, como lo ha destacado la jurisprudencia(4), se le asigna entonces una relevante labor conciliadora, pues busca una solución que, además de justa, pueda ser concertada. Sin embargo, bajo el reconocimiento de que no todos los conflictos pueden ser resueltos mediante un acuerdo amigable, el juez de paz está investido de la capacidad de fallar, de resolver por vía de autoridad el conflicto que se lleva a su conocimiento, de forma que sus decisiones cuentan con fuerza obligatoria y definitoria(5).

(...).

5. La potestad atribuida a los jueces de paz de resolver los conflictos con base en la equidad, implica que las decisiones que ellos adopten se basarán en la aplicación del recto criterio que lleve a la solución justa y proporcionada de los conflictos humanos, aplicando para ello los criterios de justicia propios de la comunidad” (L. 497/99, art. 2º).

La Corte ha destacado(6) las diferencias estructurales y de concepción que el legislador estableció entre la denominada justicia estatal-formal, y la justicia en equidad confiada a los jueces de paz: “A fin de conseguir la comprensión de la verdadera naturaleza y objeto de los jueces de paz, se exige apartar cualquier consideración teórica o práctica de derecho tradicional, esto es, desnudarla (de) exigencia científica prevalente en este, para visualizar la esencia popular y no científica de aquellos”(7).

Señaló que la acción de los jueces de paz refleja las convicciones de la comunidad acerca de lo que es justo, promueve un modelo participativo de todos los miembros de la comunidad en la búsqueda de soluciones pacíficas, a la vez que propende por el establecimiento de paradigmas comunitarios de justicia(8).

(...).

La labor que se asigna a los jueces de paz ha sido considerada por la jurisprudencia como esencial para el propósito de garantizar una convivencia pacífica puesto que a ellos se adscribe el conocimiento de pequeños conflictos, que por su sencillez no demandan un exhaustivo conocimiento del derecho, pero que sí entrañan una clara potencialidad de afectar de manera profunda la convivencia cotidiana y pacífica de la comunidad(9).

7. Esa esencial labor que desarrollan los jueces de paz esta investida de los atributos de autonomía e independencia (L. 497/99, art. 5º). No obstante su ejercicio debe armonizarse con un irrestricto respeto de los derechos fundamentales y las garantías de quienes intervienen en la actuación, así como de los terceros que puedan resultar afectados con los acuerdos o las decisiones en equidad, pues tal como lo establece la misma disposición mencionada el único límite que se le impone al desempeño autónomo e independiente de los Jueces de paz, es la Constitución”.

Ahora bien, si la función de los jueces de paz debe estar articulada con el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución, se deriva de esta exigencia que en desarrollo de sus actuaciones debe respetar un conjunto de principios establecidos en la ley, así como el debido proceso regulado en ella, tal como lo ha definido el Tribunal Constitucional en los siguientes términos:

“8. No obstante la naturaleza específica que se reconoce a la jurisdicción de paz, las actuaciones de los jueces que deciden en equidad deben ajustarse a los preceptos constitucionales y al debido proceso previsto en la propia normatividad que la establece. Respetando sus especificidades, las decisiones que profieren los jueces de paz deben ceñirse a los principios que orientan la jurisdicción, a los criterios de competencia previstos en la ley, y al procedimiento establecido por el legislador para garantizar los derechos tanto de los intervinientes en este tipo de procesos, como de los terceros que resulten afectados por sus decisiones.

9. En cuanto a los principios, la Ley 497 de 1999(10) incorporó una serie de postulados generales que guían el ejercicio de la jurisdicción de paz, así: (i). Su objetivo fundamental es el de lograr la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento; (ii) sus decisiones se profieren en equidad, es decir, conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad; (iii) la administración de justicia de paz debe cumplir con la finalidad de promover la convivencia pacífica en las comunidades de todo el territorio nacional; (iv) todas sus actuaciones serán verbales, salvo las excepciones señaladas en la propia ley; (v) se rige por los principios de autonomía e independencia, con el único límite de la Constitución; (vi) su funcionamiento es gratuito, estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas o costas que señale el Consejo Superior de la Judicatura; (vii) se basa en el principio de garantía de los derechos, que impone a los jueces de paz el deber de respetar y garantizar los derechos, no solo de quienes intervienen directamente en el proceso, sino de todos aquellos que se afecten con él.

10. En lo que concierne a los criterios de competencia, la ley establece que son susceptibles de ser sometidos a la jurisdicción de paz aquellos conflictos en los que concurran los siguientes presupuestos:

a. Sometimiento consensuado. El conflicto debe ser sometido al conocimiento del juez de paz en forma voluntaria y de común acuerdo entre las partes involucradas (s.f.t.).

b. Naturaleza de los asuntos. Los asuntos que se someten ante el juez de paz deben ser susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento, y no debe estar sujeto a solemnidades previstas en la ley.

c. Cuantía. La cuantía no puede superar los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La ley excluye de manera explícita de la competencia de los jueces de paz las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, así como las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extra matrimoniales (art. 9º).

11. Ahora bien, en lo que concierne al procedimiento que deben observar los jueces de paz para el trámite de los asuntos sometidos a su conocimiento, la Ley 497 de 1999 prevé las siguientes reglas:

a. El procedimiento contempla dos etapas: una previa de conciliación o autocompositiva, y una posterior de sentencia o resolutiva.

b. La solicitud. La competencia del Juez de Paz surge a partir de la solicitud que le formulen en forma oral(11) o escrita, y de común acuerdo, las partes comprometidas en un conflicto (s.f.t.).

c. Deber de comunicación. Recibida la solicitud el juez la comunicará, por el medio más idóneo, y por una sola vez a todas las personas interesadas y a aquellas que pudieren resultar afectadas con la decisión que se adopte.

d. La conciliación: se llevará a cabo en la fecha señalada en el acta de solicitud, en forma pública(12) o privada, y en el lugar que disponga el juez. En esta diligencia, el juez debe facilitar y promover el acuerdo sobre las fórmulas que le presenten las partes. De la audiencia así como del acuerdo(13), en caso de que se logre, se levantará un acta suscrita por el juez y las partes.

e. Pruebas. El juez valorará las pruebas que le presenten las partes, los miembros de la comunidad, o las autoridades, teniendo como fundamento su criterio, experiencia y sentido común.

f. La sentencia. En caso de fracasar la etapa de conciliación, el juez de paz procederá a proferir sentencia en equidad de acuerdo con la evaluación de las pruebas allegadas. La decisión, que debe constar por escrito, se comunicará a las partes por el medio más adecuado (s.f.t.).

g. Desplazamiento de la jurisdicción ordinaria. Una vez aprehendida la competencia por parte del juez de paz, la jurisdicción ordinaria perderá la competencia.

h. Recursos. Todas las controversias que concluyan con sentencia del juez de paz son susceptibles del recurso de reconsideración ante un cuerpo colegiado conformado por el juez de paz que emitió la decisión, y los jueces de reconsideración. Esta decisión debe ser adoptada por mayoría, de no lograrse esta quedará en firme el fallo proferido por el juez de paz”.

En efecto, es bajo estos parámetros de orden constitucional y legal a partir de los cuales la Sala entra a analizar el caso concreto y así determinar si la juez de paz cuestionada, incurrió con el procedimiento adelantado y el fallo proferido en desconocimiento de las funciones constitucionales encomendadas desbordando el marco normativo que regula sus competencias.

4. En el caso concreto.

La quejosa señora Florinda Sánchez Peña, en su condición de arrendadora, y por inconvenientes presentados con su arrendatario señor Luis Aníbal García Gómez, decidió suspenderle el servicio público de la luz eléctrica.

Por ello, el señor Luis Aníbal García Gómez, acudió ante la Juez de Paz encartada, quien presuntamente le diligenció un formato de invitación a la quejosa, para ayudarle a resolver el problema planteado.

Obra en el plenario, el formato de Invitación del 3 de octubre de 2010, dirigido a la señora Florinda de Mosquera; el acta de aceptación de fecha 8 de octubre de 2010 firmada por Luis Aníbal García Gómez, Florinda Sánchez Peña y la juez de paz encartada; y el acta de conciliación del 8 de octubre de 2010 suscrita por el señor Aníbal García Gómez, la señora Florinda Sánchez Peña y la Juez de Paz investigada.

De suerte que la problemática planteada entre los dos ciudadanos arrendadora y arrendatario, fue solucionada, entre las partes intervinientes, mediante conciliación. Pero, tres días después la señora Sánchez Peña, interpuso queja contra la juez de paz, arguyendo, abuso de autoridad, amenaza de multa y conducción por parte de la Policía Nacional.

Con base en lo anterior el a quo, desde el pliego de cargos y en la sentencia que se examina en consulta, ha adelantado la investigación disciplinaria, bajo el eje que la juez de paz investigada, incurrió en una falta disciplinaria, por que desbordó la órbita de su competencia, asumiendo el conocimiento de una controversia que nunca le fue requerida de común acuerdo entre las partes lo cual contraria la normatividad aplicable a la materia, y como consecuencia de ello, incurrió en una falta gravísima que da lugar a la remoción del cargo.

Planteado así, el tema a debatir, se debe señalar que, esta superioridad, en sede de consulta, ha verificado el material probatorio obrante en el proceso, y en el mismo se observa, que la disciplinada interpuso mediante peticiones ante el a quo, su inconformidad con las notificaciones, el derecho de defensa y la valoración probatoria, no obstante tales peticiones fueron despachadas en forma desfavorable, en sede de consulta se debe verificar la existencia o no de alguna causal que implique nulidad de lo actuado.

5. De la nulidad.

Es del caso anotar que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, constituyen causales de nulidad: i) la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo; ii) la violación del derecho de defensa del investigado; iii) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Ahora bien, de acuerdo con el principio de trascendencia, la Corte Constitucional y la doctrina imperante en la materia, han considerado que la nulidad no puede invocarse solo en interés de la Ley, sino que es necesario que “... la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales o socave las bases fundamentales del juicio, de tal manera que su declaratoria se encuentra orientada a que se corrijan errores prominentes en la tramitación del proceso y en el tratamiento del disciplinado” (resaltado fuera de texto).

En virtud de los principios que rigen las nulidades, esta corporación ha venido sosteniendo la tesis de que su declaratoria constituye un remedio extremo que solo puede decretarse cuando la grave inconsistencia procesal no pueda corregirse sino rehaciendo parte del trámite, situación que es objeto de análisis en el sub lite, a efectos de determinar sí se vulneró al disciplinada el derecho de defensa y el debido proceso, que la protege.

Entre ellos, su inconformidad con las notificaciones, el legítimo derecho de defensa y la valoración probatoria, no obstante fueron peticiones despachadas en forma desfavorable, ameritan un examen, por parte de esta colegiatura.

La existencia de notificaciones a más de una dirección de la disciplinada, el hecho que una de ellas, haya sido reconocida por la encartada como la propia, su intervención en distintas etapas, superan claramente su inconformidad en la materia, no obstante la decisión final, haberse notificado por edicto; donde deberá exhortarse al a quo, a la verificación exhaustiva de las correspondientes notificaciones para cerciorarse que las indebidas notificaciones de las decisiones, finalmente no afecten en forma grave y ostensible el derecho de defensa y el debido proceso de los disciplinados.

En el plenario, se avista por otro lado la existencia de versión escrita de la disciplinada bajo la gravedad del juramento; si bien en forma posterior rindió versión libre, es claro que no es viable darle la valoración probatoria a su declaración jurada, habida cuenta que la versión que rinde un disciplinable debe ser libre de apremio, y la garantía de la no autoincriminación es un derecho de carácter constitucional.

Si bien tales anotaciones, tienen un carácter sustantivo, en el transcurrir del proceso ambos fueron superados, en alguna forma por parte de la magistrada instructora.

Sin embargo, no sucede lo mismo, con las inconsistencias fácticas y jurídicas en las que el a quo incurrió desde el pliego de cargos del 25 de enero de 2013, las cuales en criterio de esta superioridad, afectan en forma grave el derecho de defensa y el debido proceso de la encartada, una de ellas de carácter fáctico atinente en forma ostensible a la valoración probatoria y la otra de carácter jurídico, sobre la naturaleza de la falta y la sanción a imponer.

Ambos aspectos tienen una amplia incidencia en el proceso que se adelantaba en su contra, y ameritaban un examen amplio del punto y del material probatorio, del cual se disponía, más aún cuando los cargos estaban íntimamente ligados a estos dos aspectos.

Esta colegiatura, ha considerado que en sede de instancia la solicitud de nulidad es una oportunidad para examinar en detalle, el expediente en estudio, toda vez que la función solo se cumple en debida forma, cuando se verifica la no existencia de nulidades, o en el evento de su existencia se procede a su saneamiento, a fin de evitar el desgaste de la administración de justicia.

Es por ello que en sede de consulta y verificado el material probatorio obrante en el proceso, a vista, la existencia de irregularidades que claramente conllevan a declarar la nulidad de lo actuado conforme a las causales segunda y tercera del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, a saber ii) la violación del derecho de defensa del investigado; iii) la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Conforme con lo anterior y respecto a la valoración fáctica establecida en el pliego de cargos, obran en el plenario, dos formatos de trabajo de la juez de paz encartada, uno el de Invitación del 3 de octubre de 2010 dirigida a la señora Florinda de Mosquera; y dos el acta de aceptación de fecha 8 de octubre de 2010 firmada por Luis Aníbal García Gómez, Florinda Sánchez Peña y la juez de paz encartada, para someter de manera voluntaria el conocimiento de la diferencia ante la jurisdicción de paz.

Con base en el examen del primero, es decir de la invitación, el a quo desde el pliego de cargos y en la sentencia concluyó que la juez investigada, incurrió en una falta disciplinaria, por que desbordó la órbita de su competencia, asumiendo el conocimiento de una controversia que nunca le fue requerida de común acuerdo entre las partes lo cual contraria la normatividad aplicable a la materia.

Esta valoración probatoria no se corresponde con las pruebas, por dos razones a saber, una, porque el formato de invitación, que entre otros no está suscrito por la juez encartada, corresponde a otro círculo y en su tenor literal, se observa una leyenda que indica:

“los jueces de paz estamos al servicio de la comunidad para ayudar a resolver los conflictos particulares y comunitarios, lo (a) invito a informarse sobre la manera como esta jurisdicción podría ayudarle a resolver su conflicto”.

Donde sin mayor esfuerzo debe concluirse que es solo, lo que su nombre indica, una invitación y no significa como ha pretendido el a quo, que con ello se avocó el conocimiento del asunto en cuestión.

Y dos, que obra en el expediente, el acta de aceptación, en la cual las dos partes manifiestan que en forma voluntaria se someten a esa jurisdicción para buscar un acuerdo conciliatorio que finalmente se dio en este caso.

Aunque en gracia de discusión, aceptáramos que la invitación tiene un carácter distinto al propio de su naturaleza, no se puede aceptar, como lo plantea el a quo, que la juez incurrió en falta disciplinable por avocar el conocimiento de un asunto que nunca le fue requerida de común acuerdo entre las partes, cuando en el expediente se encuentra el documento que así lo determina y el cual está suscrito por las partes intervinientes y la juez de paz encartada.

En ese sentido debe señalarse que ningún análisis posible alrededor de la invitación, tiene la entidad de hacer desaparecer el hecho claro, concreto y probado que las partes firmaron un documento sometiéndose a esa jurisdicción y en consecuencia dándole competencia a la juez encartada.

El documento existe y se avista en el plenario, en varias copias, inclusive desde el folio 5, que la quejosa quiera desconocerlo, o quiera desconocer la conciliación que figura en el folio 6, no es suficiente para que la autoridad disciplinadora lo desconozca y afirme valoraciones en contrario.

Es más, si a raíz de la invitación y de las condiciones y características de la forma como presuntamente se hizo, se pudiera llegar a la conclusión que la asistencia de la quejosa y su firma en los dos documentos (aceptación y conciliación), no fue voluntaria, es claro que la sede disciplinaria no es la instancia para declarar la validez o la legalidad de tales documentos.

De suerte, que no puede ser de recibo, que el a quo, so pretexto de validarle un significado a la invitación, desconozca la legalidad de la aceptación de las partes ante la juez de paz y la posterior conciliación.

En ese sentido en el pliego se edificó un cargo con base en una valoración probatoria, que no se corresponde con los hechos probados, dentro del plenario y con ello se afectó en forma grave, el debido proceso de la disciplinada, lo cual amerita se declare la nulidad de lo actuado desde el pliego de cargos.

Ahora bien en cuanto a la valoración jurídica, se tiene que en aras de los principios de celeridad, economía y eficacia, esta colegiatura considera apropiado pronunciarse, sobre la valoración jurídica de la falta por la que se le formula cargos a la disciplinada y por la que finalmente se le sancionó.

Afirma el a quo, que la jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, para los jueces de paz y de reconsideración solo está prevista la remoción como única sanción a imponer.

Y edificada la falta porque en una valoración probatoria, la disciplinada desbordó la órbita de su competencia, al decidir sobre aspectos que jamás fueron puestos en su conocimiento de manera voluntaria por las partes en conflicto, concluye que está frente a una falta gravísima que da lugar a la remoción del cargo.

Está valoración es incorrecta, por dos razones a saber; porque la reciente jurisprudencia mayoritaria de esta corporación, indica todo lo contrario, es decir no es posible considerar que ante cualquier clase de falta y frente a cualquier grado de culpabilidad, la única sanción a imponer sea la remoción de cargo. Ello, claramente, de la razón de ser del derecho disciplinario, de sus fines y de los principios que lo gobiernan.

Asimismo, no puede ser de recibo, que pueda predicarse como única la sanción de remoción del cargo, sea la prevista en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 y a su vez por integración normativa, acudir a la Ley 270 de 1996, artículo 153 y la Ley 734 de 2002, artículo 48, por cuanto, la integración normativa debe ser integral, de suerte que los propósitos del orden disciplinario en el Estado, sean razonables y proporcionales a las faltas y al grado de responsabilidad.

Además debe señalarse que de la simple lectura del artículo 34 de la Ley 497 de 1999, se puede llegar a esta conclusión, por cuanto la acepción “podrán”, deviene la existencia de otras posibilidades, donde la remoción del cargo, no sea la única alternativa posible.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado, con fundamento en las causales segunda y tercera del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, desde el auto de apertura de PLIEGO DE CARGOS de fecha 25 de enero de 2013, dejando a salvo las pruebas que se hayan decretado y practicado conforme a la ley, con fundamento en las valoraciones fácticas y jurídicas, consignadas en la parte considerativa del presente proveído.

3.(SIC) DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, para que se proceda de conformidad, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(3) En este sentido C-536 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(4) Ibíd.

(5) En este sentido sentencias C-536 de 1995 y C-059 de 2005.

(6) Ver sentencia C-059 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(7) Gaceta del Congreso 284 de 1998. Páginas 11 y 12.

(8) Ibíd.

(9) Ibíd.

(10) Los artículos 1º a 10 de la ley 497 de 1999, contempla los principios de la justicia de paz.

(11) En caso de ser oral el juez levantará un acta que firmarán las partes en el momento mismo de la solicitud. En dicha acta se señalará fecha y hora para la audiencia de conciliación (art. 23).

(12) En caso de que el asunto sobre el que verse la controversia que se somete a consideración del juez de paz se refiera a un conflicto comunitario que altere o amenace la convivencia armónica de la comunidad, a la audiencia podrán ingresar las personas de la comunidad interesadas en su solución, y el juez permitirá el uso de la palabra a quien así se lo solicite.

(13) El acta de la audiencia de conciliación en la que conste el acuerdo, tendrá los mismos efectos de las sentencias proferidas por los jueces ordinarios (art. 29, par.).

Salvamento de voto parcial

Con el debido respeto me permito manifestar que salvo voto parcialmente en relación con la decisión tomada mayoritariamente por la Sala en el asunto de la referencia, al considerar que si bien es cierto debe decretarse la nulidad de lo actuado a partir del auto de formulación de cargos de fecha 25 de enero de 2013, ello hubo de fundamentarse en que la adecuación de la falta endilgada al juez de paz debió circunscribirse a las descritas en la Ley 497 de 1999, normatividad establecida por el legislador como una ley de carácter especial para disciplinar la función que dichos sujetos ejercen al interior de la comunidad, pues precisamente en dicho catálogo normativo se relacionan tanto las faltas como las sanciones, las cuales tienen una aplicación particular y específica para los jueces de paz, por lo tanto al tratarse de homologar las faltas establecidas en la Ley 270 de 1996, como instrumento sancionatorio para esta especial clase de servidor público, no solo se estaría desconociendo el principio de legalidad sino también con la esencia y teleología que se creó con la Ley 497 de 1999.

De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento parcial de voto.

Se remite a la Secretaría Judicial un expediente en 3 cuadernos con 32, 32 y 175 folios.

Atentamente,

Julia Emma Garzón de Gómez 

Magistrada

Salvamento de voto

De manera comedida me permito sustentar las razones por las cuales manifesté mi salvamento de voto en el asunto de la referencia, toda vez que no comparto las razones de la decisión adoptada por la Sala en la sesión del día 9 de abril de 2014 —acta 26—, en el sentido de: “Primero: decretar la nulidad de lo actuado, con fundamento en las causales segunda y tercera del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, desde el auto de apertura de pliego de cargos de fecha 25 de enero de 2013”, pues conforme a la lectura del infolio, considero que esta se debió fundamentar a que se le imputó el catálogo de deberes consagrado en la Ley 270 de 1996, en forma particular el numeral 1º del artículo 153, violándose de esta forma lo consagrado en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999 que establece: “En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”, no estableciendo la violación a los deberes —L. 270/96, art. 153— estatutaria de la administración de justicia, endilgados en el pliegos de cargos y el fallo sancionatorio.

Evidentemente, las preceptivas referidas, relativas al principio de legalidad, aplicable a esta actuación disciplinaria, hacen referencia a un todo denominado debido proceso, que incluye la observancia de las causales de nulidad y la declaratoria oficiosa, normas cuyo texto disponen:

“Ley 734 de 2002

ART. 4º—Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descrito como faltas en la ley vigente al momento de su realización.

ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley...”.

ART. 143.—Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso” (resaltado fuera de texto).

ART. 144.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.

ART. 145.—Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presenta la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente”.

Entonces, acorde con las citadas normas rectoras, correspondía a esta superioridad auscultar con detenimiento si dentro de este diligenciamiento disciplinario si se observaron las normas anotadas que hacen en su conjunto lo que se denomina el principio al debido proceso.

Angelino Lizcano Rivera 

Magistrado