Sentencia 2011-01779 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 76001-23-31-000-2011-01779-02

Radicado interno: 2011-1779

Consejero ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Moisés Orozco Vicuña

Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas, alcalde municipio de Yumbo-Valle

Electoral segunda instancia, fallo

Bogotá, dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, le asignan a esta sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de Alcaldes municipales.

2.2. Los actos demandados

El demandante pretende la nulidad de i) el formulario E26AL, por medio del cual resultó elegido como alcalde de Yumbo el señor Fernando David Murgueitio Cárdenas; ii) el acto de inscripción de la candidatura del señor Murgueitio Cárdenas; y, iii) la credencial que acredita como alcalde de Yumbo al demandado.

Pese a lo anterior, la Sala encuentra que el único acto administrativo susceptible de ser demandado, mediante la acción electoral, es el contenido en el formulario E26AL, por medio del cual resultó elegido como alcalde de Yumbo el señor Fernando David Murgueitio Cárdenas, por cuanto el acto de inscripción de su candidatura y la credencial que lo acredita como alcalde de Yumbo constituyen verdaderos actos de trámite y de ejecución, respectivamente, y que no contienen la decisión definitiva del procedimiento electoral.

Por otra parte, se destaca que el acto de inscripción es un acto de trámite no susceptible de nulidad, pues la acción de nulidad electoral sólo se puede ejercer respecto del acto definitivo, esto es, el que declara la elección. Sin embargo, cuando las irregularidades en el acto de inscripción son de orden sustancial e inciden en la validez del acto definitivo, es posible declarar la nulidad de éste con fundamento en las irregularidades que tenga el acto de trámite.

En el caso que nos ocupa, no le asiste la razón al actor cuando solicita se declare la nulidad de los tres actos puesto que, el acto a través del cual se inscribió la candidatura del demandado y la credencial que lo acredita como alcalde, únicamente pretenden dar impulso a la decisión final de elección de alcalde de dicho territorio, por lo que, contrario a ponerle fin simplemente lo impulsan.

Adicionalmente, sobre el objeto de la acción electoral, existe jurisprudencia reiterada de esta Sala en el sentido de advertir, que el centro de estudio en las demandas electorales es único:

“desde la perspectiva formal, el objeto de la demanda electoral o sus pretensiones, estará ajustado a derecho siempre que se demande el acto administrativo mediante el cual se declara la elección de carácter popular”(3).

Por lo expuesto, la Sala enfocará su análisis de fondo únicamente frente al formulario E26AL, no obstante, mediante el control de este acto definitivo, revisará actuaciones previas ejecutadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en otras palabras, si bien existe la exigencia legal de la individualización del acto administrativo susceptible de ser demandado, esto es, el declarativo de la elección, tal circunstancia no implica que, a través del control jurisdiccional de éste último, el juez electoral esté impedido para revisar las vicisitudes y vicios de trámite en el procedimiento electoral que dio lugar al acto demandado siempre que en dichos actos se concrete el vicio que afecta al acto de elección y éste haya sido formulado como cargo en la demanda o como soporte del concepto de violación, lo que justamente acontece en el sub judice.

2.3. Del caso concreto

En ejercicio de la acción de nulidad electoral el demandante pretende que se declare la nulidad del acto de elección del señor Fernando David Murgueitio Cárdenas como alcalde del municipio de Yumbo-Valle, contenido en el acta parcial de escrutinio formulario E-26 AL, que declaró la elección de alcalde de ese municipio para el periodo 2012-2015.

El mencionado demandante considera que el acto electoral impugnado debe anularse porque: i) el aval otorgado al demandado fue dado por persona distinta al representante legal del partido, quien conforme a los estatutos de esa organización era el único habilitado para hacerlo; y, ii) la inscripción del señor Fernando David Murgueitio Cárdenas no la hizo el representante legal del Partido Verde o su delegado sino el señor Manuel Eduardo Sinza Luna sin estar facultado para ello. Menciona la Sentencia 3944 del 13 de agosto de 2009 magistrado ponente Filemón Jiménez Ochoa, que considera es un precedente jurisprudencial que le da soporte y razón a sus pretensiones.

Por su parte, el demandado argumenta que existen normas del Código Civil que permiten la delegación, tal como lo hizo el señor González Merchán al señor Héctor Perea; y, el aval es el único requisito constitucional y legal que existe para inscribir candidatos, el cual debe estar firmado por el representante legal o su delegado y para el caso concreto, este fue firmado por el delegado para el Valle, señor Héctor Fabio Perea. Trae a colación la sentencia de 17 de noviembre de 2005 con Radicado 2003-3193 magistrado ponente Darío Quiñones Pinilla, la que a su juicio debe tenerse en cuenta para la resolución del caso que nos ocupa.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no encontró probadas las excepciones propuestas y negó las pretensiones del demandante, luego de concluir, por un lado que, si bien es cierto, en los estatutos del Partido Verde no se hace mención expresa a la función de delegar el otorgamiento de avales e inscribir candidatos para cargos de elección popular, tal vacío jurídico es suplido acudiendo a la normativa Constitucional y legal que permite y autoriza la delegación, de conformidad con los artículos 108 de la Constitución y 9ª de la Ley 130 de 1994.

Y, por otro lado que el único requisito esencial para que la inscripción de un candidato sea válida es que se allegue el correspondiente aval otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quien éste delegue; así, no constituye requisito que la solicitud de inscripción de candidatos se deba llevar a cabo directamente por el representante legal o por la persona en quien éste delegó la facultad.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el que manifestó que el fallo impugnado no analizó ni tuvo en cuenta lo previsto en la Ley 1475 de 2011 en lo que se refiere al acto de inscripción de candidaturas, la forma en que debe hacerse, “sus requisitos y facultades derivadas de los inscriptores”; y, que tampoco se remitió a lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha divulgado en su página web donde esclarece los alcances de dicho acto; para finalmente indicar que la inscripción de la candidatura del demandado es nula i) ya porque el aval otorgado por el Partido Verde fue dado por persona distinta al representante legal del partido, quien conforme a los estatutos de esa organización era el único habilitado para ello; ii) ya porque la inscripción de esa candidatura fue realizada por una persona no legitimada para hacerla.

De consiguiente, la Sala analizará si: i) el aval otorgado al señor Fernando David Murgueitio Cárdenas como candidato al cargo de alcalde del municipio de Yumbo- Valle se confirió debidamente; y, ii) la inscripción del demandado se realizó de manera regular. En caso contrario, determinará si el vicio tiene la entidad de declarar la nulidad de la elección demandada.

De los antecedentes se puede apreciar que tanto la parte actora como el demandado tienen diferentes posiciones en cuanto a la forma en que debe otorgarse el aval y realizarse la inscripción de candidatos, ya que, por un lado, para el demandante parece ser claro que, la única persona facultada para otorgar avales es el representante legal del Partido Verde pues los estatutos de esa colectividad no lo autorizan a delegar esta función; y, por otro, que la delegación otorgada por el representante legal del partido no puede “subdelegarse” a otra persona para que realice la inscripción, ya que de lo contrario vicia de nulidad este acto.

Por otro lado, la defensa del demandado argumenta que por virtud de mandatos Constitucionales y legales sí es posible que el representante legal del partido delegue la función de otorgar avales; y, el único requisito que se exige para la inscripción de candidatos es el aval otorgado por el representante del partido o su delegado, tal como ocurrió en el presente caso.

Una y otra posición, en lo que se refiere a la “subdelegación” del aval e inscripción de candidaturas, encuentran respaldo jurisprudencial en pronunciamientos que ha hecho esta sección, en los que tratándose de idénticos supuestos de hecho las posturas fueron contrarias, a saber:

En sentencia de 17 de noviembre de 2005, Radicación 2003-03193-01(3842)(4), la Sala manifestó lo siguiente:

“El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad Constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente éste. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3º del Reglamento 01 de 2003.

Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3º y 4º lo que da a entender es que, de un lado, el aval debe ser presentado ante los respectivos delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con los incisos tercero y cuarto del artículo 108 de la Carta Política”. (Negritas propia de la Sala)

Como consecuencia de estas consideraciones y comoquiera que, quien otorgó el aval, en los términos del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, fue el delegado del representante legal del partido y quien realizó la inscripción del candidato demandado no actuó como representante legal del partido o movimiento, o como delegado de éste, consideró la Sala que dicha actuación no constituía de modo alguno irregularidad en dicho acto de inscripción, pues constaba el aval del delegado del representante legal de ese movimiento político y en ese sentido el cargo no prosperó.

Cuatro años después, esta sección, mediante sentencia del 13 de agosto de 2009, se apartó de la anterior interpretación al considerar que(5):

“La delegación a la que se ha hecho referencia, esto es, la otorgada por el señor Merlano Fernández al señor Carlos Daniel Fajardo Osuna para que este último realizara la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, no tiene validez, pues contraría el precepto constitucional del artículo 108 inciso 3º y el inciso 2º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, que sólo autorizan a realizar el acto de otorgamiento de aval para la inscripción del candidato al representante legal del partido —en este caso el señor Alfonso Angarita Baracaldo— o a su delegado —señor Jairo Enrique Merlano—, por lo que no se encuentra justificada y carece de sustento la actuación desplegada por el señor Carlos Daniel Fajardo Osuna al realizar la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el Departamento de Sucre, sin tener facultad para ello.

Bajo este entendido, en el caso que se estudia el representante legal del partido Acción Social al conferir el mandato al señor Merlano Fernández, autorizó que este otorgara los avales respectivos para los tres miembros del partido Acción Social, incluyendo al señor Fernández Quessep, pero tal delegación no podía “delegarse” nuevamente al no encontrar sustento en las normas constitucionales y legales, luego debe entenderse, que el acto de inscripción de los candidatos carecía de uno de sus elementos esenciales como lo era el aval del Partido Político que representaban. Entonces, defendiendo una tesis distinta de aquella del año 2005, en esa oportunidad, se declaró la nulidad parcial del acto de elección demandado.

Pues bien, esta Sala, con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen, encuentra que la primera de las interpretaciones es la que debe privilegiarse.

La inscripción de candidatos a cargos de elección de carácter popular se encuentra regulada en el artículo 108 de la Carta Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2003, que, en lo pertinente, dispone:

“ART. 108.—(…) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos. (…) (Subrayas de la Sala).

La regulación sobre la inscripción de candidatos se encuentra reiterada en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:

“ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.”

El Acto Legislativo 1 de 3 de julio de 2003, “Por el cual se adopta una reforma Política”, no modificó el artículo 108 de la Constitución Política en lo relacionado con la inscripción de candidatos a elecciones, pero el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 12 del mencionado Acto Legislativo, expidió el Reglamento 01 de 2003, en cuyos artículos 2º, 3º y 4º desarrolló el artículo 108 de la Carta Política así:

“ART. 2º—Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica harán constar por escrito, a través de su representante legal o su delegado, que avalan al candidato o la lista que inscriben. Estos, a su vez, deben aceptar, expresamente, que asumen los compromisos señalados en el régimen interno de aquellos.

ART. 3º—Inscripción de candidatos. Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica inscribirán sus listas y candidatos únicos a través de sus representantes legales o en quien ellos deleguen, debidamente acreditados y así lo harán constar en el respectivo documento que será presentado ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante los registradores distritales, especiales, municipales o auxiliares ante quienes se efectúa la inscripción.

En el caso de los grupos significativos de ciudadanos o de las organizaciones sociales la inscripción se hará por los inscriptores.

En tal virtud, ningún partido o movimiento político con personería jurídica, o movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, podrá inscribir más de un candidato para el mismo cargo o más de una lista para la misma corporación. (…)

ART. 4º—Requisitos para la inscripción de candidaturas. La inscripción de listas o de candidatos deberá realizarse ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante los registradores distritales, especiales, municipales o auxiliares, según el caso, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en ley.

Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán inscribir listas para corporaciones públicas y candidatos a cargos uninominales con el aval y los demás requisitos legales. (…)”

De modo que, en materia de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, el artículo 108 de la Carta Política establece los siguientes parámetros:

1. La inscripción de candidatos es una potestad de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida;

2. Para la inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos, no se requiere requisito adicional alguno;

3. Para los efectos de la inscripción, ésta deberá ser avalada por el respectivo representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue;

4. La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

De manera que la potestad de los partidos y movimientos políticos de inscribir candidaturas a cargos públicos de elección popular se materializa y perfecciona con la expedición del aval a favor de los respectivos candidatos.

En sentencia de 12 de octubre de 2001 esta Sala señaló el concepto del aval así:

“El aval de candidatos a elecciones populares, es institución constitucional establecida en el artículo 108 de la Constitución de 1991 y consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato, para dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto que puede presentar su candidatura a consideración del electorado. Constituye, por tanto, para el partido, un mecanismo de consolidación de su autoridad y disciplina, en la medida en que tiene la potestad de autorizar y convalidar las aspiraciones de sus integrantes frente al electorado y, de otra, el compromiso de su responsabilidad ante sus miembros a quienes asegura la pertenencia del candidato a sus filas y la condición ética del mismo.

El ordenamiento jurídico nacional lo ha regulado en sus diferentes aspectos, así: La Ley 130 de 1994, en su artículo 9º lo establece como requisito: necesario para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. El aval entonces se otorga por escrito, suscrito por el representante legal del partido o movimiento político, o por quien él delegue y debe ser presentado al momento de la inscripción de los candidatos ante la autoridad electoral respectiva quien dejará constancia del mismo en el acta de inscripción”(6).

De lo anterior se tiene que el aval cumple una triple finalidad: i) mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) garantía para esos partidos y movimientos políticos en el sentido de que las personas que se inscriben a nombre de uno de ellos en realidad hacen parte de su organización; y, iii) asegurar que la persona que se inscribe a nombre de un partido o movimiento político reúne las condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad.

Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de éste para los efectos de validez del acto de inscripción.

En este sentido, no es requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por este, pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” por parte del representante legal del partido o movimiento político, o del delegado por este, no invalida la inscripción, si se cumple con la exigencia Constitucional y legal de allegar al acto de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal o el delegado por éste.

De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005, en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos.

Así, confirma la Sala que sin duda la primera de las interpretaciones indicadas es la que debe ser adoptada por la sección.

Precisado lo anterior, se ocupará la Sala de verificar, en el caso concreto, si se presentan los supuestos fácticos necesarios para que se configuren las irregularidades en la inscripción de Fernando David Murgueitio Cárdenas, como candidato al cargo de alcalde del municipio de Yumbo, planteadas por el demandante. Al respecto, obran en el expediente las siguientes pruebas:

1. Copia original de los estatutos del Partido Verde donde consta (parágrafo único del artículo 24) que el señor Carlos Ramón González Merchán es el Director ejecutivo nacional de esa colectividad. (fls. 186 a 209)

2. Copia auténtica del documento de 14 de julio de 2011, por medio del cual el señor Carlos Ramón González Merchán, delegó en el señor Héctor Fabio Perea la facultad de avalar e inscribir a los candidatos que representarían a ese partido para los cargos de elección popular, uninominales, corporaciones públicas y coaliciones, por la circunscripción electoral del departamento del Valle del Cauca, en las elecciones del 30 de octubre de 2011. (fl. 52)

3. Copia auténtica del aval que el señor Héctor Fabio Perea Mafla le otorgó al señor Fernando David Murgueitio Cárdenas, como candidato único a la alcaldía de Yumbo, período 2012-2015 (fl. 55).

4. Copia auténtica del documento mediante el cual el señor Fernando David Murgueitio Cárdenas aceptó la candidatura a la alcaldía de Yumbo, en el que se afirmó que la postulación fue hecha por el Partido Verde (fl. 54).

5. Copia auténtica del documento por medio del cual el señor Héctor Perea autorizó al señor Manuel Eduardo Sinza a inscribir al candidato Murgueitio Cárdenas para la alcaldía municipal de Yumbo (fl. 52, anverso).

6. Copia auténtica del formulario E-6 AL, mediante el cual el señor Manuel Eduardo Sinza Luna inscribió la candidatura del señor Fernando David Murgueitio Cárdenas a la alcaldía de Yumbo, el 29 de julio de 2011 (fl. 53).

7. Copia auténtica del acta general de escrutinio de votos de la Comisión Escrutadora Municipal de Yumbo, de fecha 10 de noviembre de 2011, la cual contiene la declaratoria de elección del señor Fernando David Murgueitio Cárdenas como Alcalde de ese municipio, para el período 2012 a 2015 (fl. 85).

De los anteriores elementos probatorios se desprende que contrario a lo expresado por el demandante, el aval que el Partido Verde otorgó a Fernando David Murgueitio Cárdenas como candidato al cargo de alcalde del municipio de Yumbo se ajusta a lo establecido en los artículos 108 de la Carta Política, 2º, 3º y 4º del Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral, normativa que prevalece sobre los estatutos internos del partido y, como se explicó en precedencia facultan a su representante legal a delegar el otorgamiento de avales; en este sentido, dicho aval fue otorgado por el señor Héctor Fabio Perea, delegado del representante legal de la mencionada colectividad, señor Carlos Ramón González Merchán.

Ahora bien, las pruebas antes relacionadas también demuestran que la inscripción del demandado se hizo con observancia de lo dispuesto en los mencionados artículos, ya que el señor Murgueitio contaba con el aval que le otorgó el delegado del representante legal del Partido Verde y que fue presentado ante el registrador del municipio de Yumbo.

En consecuencia, el hecho de que en el “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatura” —formulario E-6 AL—, se hubiere consignado que la solicitud de inscripción del señor Fernando Murgueitio como candidato al cargo de alcalde de Yumbo para el periodo 2015 - 2015, la hubiese efectuado el señor Manuel Eduardo Sinza Luna, quien, evidentemente, no actuó como representante legal del Partido Verde, o como delegado de éste, no constituye irregularidad en el acto de inscripción, pues en esta aparece el aval debidamente otorgado por parte del delegado del representante legal de ese partido político. Y mediante ese documento no queda duda alguna de que el señor Murgueitio Cárdenas fue inscrito por el Partido Verde como candidato al cargo de alcalde municipal de Yumbo.

Respecto del argumento planteado por el accionante concerniente a la supuesta violación de los estatutos del partido, pues en éstos no se encuentra contemplada la delegación para el otorgamiento del aval de su representante legal a un tercero, se tiene que el rango de los mismos no es el de una norma de índole legal o constitucional, de forma que su desconocimiento no tiene la virtualidad de configurar la causal consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Bajo este entendido, se encuentra la Sala relevada de hacer cualquier análisis en relación con su eventual desconocimiento.

Adicionalmente, advierte esta Sala que no le asiste razón al actor al manifestar que el fallo apelado no hizo referencia a lo previsto en la Ley 1475 de 2011 la cual se refiere al acto de inscripción de la candidatura, la forma en que debe hacerse, sus requisitos y “facultades derivadas de los inscriptores”, pues sobre la aplicación de la referida ley en el tiempo, ya la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación tuvo oportunidad de pronunciarse. Al respecto conceptuó(7):

“La inscripción de candidatos es una actuación administrativa, entendida como la sucesión ordenada de actos jurídicos a través de los cuales las organizaciones que tienen derecho a postular candidatos acuden ante las autoridades electorales a inscribirlos, los candidatos aceptan su postulación y a su turno, las autoridades elaboran el correspondiente registro. La inscripción garantiza el derecho a ser elegido, cuyo titular es el candidato postulado, y a elegir, cuyo titular es el ciudadano en ejercicio; derechos que se deben ejercer en condiciones de igualdad, entre todos los postulantes, entre todos los candidatos y entre todos los votantes. (…) Son múltiples los efectos jurídicos y prácticos de la inscripción de candidatos, dentro de los cuales se pueden citar el que les permite adelantar la campaña electoral y por tanto presentar ante la ciudadanía su aspiración, programa, hoja de vida y demás aspectos que forman parte de la campaña electoral, lo cual deben hacer en igualdad de condiciones entre todas las organizaciones postulantes y los candidatos.

El Registrador Nacional del Estado Civil señaló en el calendario electoral, para las elecciones locales del 30 de octubre de 2011, que la fecha en la cual se vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos es el miércoles 10 de agosto de 2011, aplicando el artículo 2º que acaba de transcribirse [de la ley 163 de 1994]. De lo expuesto se desprende claramente que el plazo en el cual se lleva a cabo la actuación administrativa de inscripción de candidaturas había comenzado antes del 14 de julio de 2011, fecha en la que entró a regir la Ley 1475, pues al no existir término de inicio debe tenerse por tal al menos el de la Resolución del Registrador que definió el calendario electoral para los comicios del 30 de octubre de 2011. Es incluso probable que antes de la vigencia de la ley estatutaria hubiera candidatos inscritos a alguno de los cargos que se elegirán próximamente. Entonces, según lo expuesto en el acápite anterior, habría que aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en cuanto ordena que en materia procesal “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual todo lo que tuviera que ver con el procedimiento o actuación administrativa de inscripción de candidaturas, se debería regir por la ley anterior”.

Bajo este entendido, no es posible aplicar a la actuación administrativa de inscripción, y por tanto tampoco a su revocatoria, reglas posteriores a aquellas que regían al momento de iniciarse, a pesar de que la inscripción del demandado se efectuó el 29 de julio de 2011, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011.

El anterior presupuesto, más que obedecer a criterios de aplicación de la Ley en el tiempo, materializa el principio y derecho fundamental del debido proceso administrativo. La Carta del 91, en los incisos 1º y 2º del artículo precitado, hizo más explícito y extensivo este principio, que viene de tiempo atrás en nuestro derecho constitucional, definiendo de forma expresa que el debido proceso se aplica no sólo a las actuaciones judiciales, sino también a todas las de carácter administrativo. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“Durante la vigencia de la Constitución de 1886, siempre se entendió que el principio del debido proceso se aplicaba a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así lo consagraban las leyes al señalar las competencias y los diversos procedimientos”.

Se trata, además, de un derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., art. 83) que propende, como conjunto de garantías, por la protección de los derechos del individuo, cuando éste se encuentre inmerso en una actuación judicial o administrativa, cuandoquiera que la autoridad correspondiente —con su actuar— no se apegue a las leyes preexistentes, obvie las formas propias de cada juicio, desconozca su competencia, o no permita la contradicción de las pruebas, entre otros supuestos, y pueda comprometer los derechos de los administrados. Bajo estos lineamientos, ha dicho la Corte Constitucional:

“La Constitución consagró el derecho fundamental al debido proceso, entendido éste como el conjunto de garantías que procuran la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio. La norma constitucional lo consagra para todo tipo de actuaciones, de manera que las situaciones de controversia que se presenten en cualquier proceso estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico, el cual debe señalar las pautas que procuren el respeto de los derechos y obligaciones de las partes procesales para que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio arbitrio, sino que obedezca a los procedimientos descritos en la ley y los reglamentos”(8). (Negrillas fuera del texto original).

Bajo estos postulados, el debido proceso administrativo implica la garantía para la correcta producción de los actos administrativos, extendiendo su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública, en la realización de sus objetivos y fines estatales. Por ello ha manifestado la Corte Constitucional:

“[E]l debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los Tribunales Contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica, afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado y asegurar los derechos de los gobernados”(9).

En esta forma, los cargos planteados no prosperan y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En cualquier caso, para la Sala es importante dejar sentado que, de aplicarse la Ley 1475 de 2011, tal circunstancia tampoco tendría incidencia en la conclusión a la que ha llegado la sección, pues esta normativa no modificó en medida alguna dispuesto en los artículos 9º de la Ley 130 de 1994 ni 108 superior. En efecto, los artículos 28 a 33 de esta ley se ocupan de regular generalidades en lo que a la inscripción de candidatos se refiere, tales como, las relativas a los candidatos de coalición, periodos de inscripción, modificación, aceptación o rechazo de inscripciones y su divulgación.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de octubre de 2012.

2. Se reconoce personería para actuar en el proceso al abogado Jorge Raúl Paredes Álvarez como apoderado de la parte demandada en los términos del poder a él conferido.

3. DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sección Quinta, Providencia del 7 de octubre de 2010, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón (Rad. 11001-03-28-000-2010-00057-00).

(4) Consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla. Actora: Rosa Elena Moreno Orjuela y otro. Demandado: alcalde del municipio de Tunja.

(5) Radicación 2006-00011-00(3944-3957). Consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa. Actor: Pedro Alberto Pérez Durán y otros. Demandados: representantes a la Cámara por la circunscripción territorial del departamento de Sucre.

(6) Sentencia del 12 de octubre de 2001. Radicación 2000-0787-01, número interno 2652.

(7) Concepto de 27 de julio de 2011, Radicado 11001-03-06-000-2011-00040-00 (2064).

(8) Corte Constitucional, Sentencia T-073 de 1997. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

(9) Corte Constitucional, Sentencia T-201 de 1993. (M.P. Hernando Herrera Vergara).