Sentencia 2011-01810 de enero 18 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201101810 - 00

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: 17 de enero de 2012

Aprobado según acta 3 de la fecha

Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política y 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le corresponde “Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los tribunales y consejos seccionales de la Judicatura, el vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema Justicia y los tribunales”.

Como ya se reseñó, la compulsa de copias deviene con el fin de averiguar disciplinariamente, por las presuntas anomalías que se han presentado con ocasión de la orden de embargo de cuentas del municipio de Cali, en el proceso ejecutivo instaurado por la señora Piedad Gutiérrez de Gracia contra dicho ente territorial, tratándose entonces, dice la compulsa, de “Presuntas irregularidades en que pudo incurrir el funcionario al ordenar embargos de dineros oficiales en proceso 2004-2527”.

Así las cosas, se tienen obligatoriamente que confrontar los elementos puestos de presente en la inconformidad origen de este asunto disciplinario, como conducta supuestamente irregular del funcionario a cargo de tramitar el ejecutivo contractual de la señora Gutiérrez Gracia contra el municipio de Cali, con el material probatorio allegado, para determinar si existió o no incursión en falta disciplinaria.

En efecto, con las copias del proceso ejecutivo 2004-02527 allegadas a este disciplinario, se puede establecer que en un caso la conducta disciplinaria se encuentra caducada y en el otro no materializa comportamiento constitutivo de falta disciplinaria.

Desde cuando el magistrado indagado, profirió auto del 8 de noviembre de 2005, ordenando el levantamiento de la medida de embargo y retención de dineros depositados en el Banco de Bogotá y con ocasión de ese ejecutivo, a la fecha, han sobrepasado los cinco (5) años que el Estado otorgó para adelantar la acción disciplinaria para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, en su defecto para la ocurrencia de la caducidad, según la fase procesal en que se encuentren las diligencias.

En este caso en concreto, se tiene que si bien la orden de embargo se dio por auto del 19 de octubre de 2004, la misma fue cancelada en providencia del 8 de noviembre de de 2005, de donde es fácil concluir que se debe aplicar la figura de la caducidad de la acción, por encontrarse que han transcurrido más de cinco años sin que el expediente se encuentre con auto de apertura de investigación disciplinaria, situación a la luz del artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 —Estatuto anticorrupción—, que modificó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, lo cual conlleva a la declaratoria de la caducidad de la acción disciplinaria.

Precisamente enseña dicho precepto normativo, que “La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar”.

En esas condiciones, resulta forzoso proceder conforme la previsión dada en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, esto es, que por no poderse continuar la acción disciplinaria, procede la terminación y archivo definitivo de la actuación, en consonancia con el artículo 210 de la misma codificación, en punto del embargo decretado en su momento en la cuentas del municipio de Cali a instancias del proceso ejecutivo 2004-2527.

Ahora, se tiene que el mismo auto del embargo de cuentas de ese municipio, se extendió al Banco de Occidente de la ciudad de Cali, respecto de cuya medida cautelar no se pronunció la administración ejecutada, como sí lo hizo con las cuentas del Banco de Bogotá, silencio o falta de oposición que habilita en consecuencia continuar con el procedimiento en justicias rogadas como el caso de autos.

Lo anterior, porque cuando se decreta una medida de esta naturaleza por el juez de la causa, y ante la ignorancia obvia que tiene cada despacho judicial de la constitución de cuentas especiales por parte de las múltiples entidades, es obligatorio que el ejecutado en ejercicio del derecho de contradicción y defensa, ponga de presente cuáles cuentas tiene el carácter de inembargables con demostración de tal circunstancia.

La ley adjetiva no le exige al funcionario judicial realizar averiguación previa de la naturaleza de esas cuentas, en razón de los efectos y fines del mandamiento de pago, por lo tanto, al juez hay que demostrarle la causación y consagración de dichos fondos especiales, para que actúe conforme a la reserva o preservación que por ley se le asigna a los recursos del sistema nacional de participaciones conforme a la Ley 715 de 2001, en consonancia con el Decreto 111 de 1996 —Estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación—.

Diferente fuera que a sabiendas de esa reserva sobre alguna cuenta en concreto, el operador judicial se determine a actuar contrario a esa protección especial, entonces sí estaríamos en presencia de la violación a un deber funcional, de interés para el derecho disciplinario.

Obsérvese que ante la medida de embargo en cuentas de los dos bancos, la administración municipal se pronunció únicamente respecto de las contenidas en el Banco de Bogotá, mas no lo hizo en punto de aquellas establecidas en el Banco de Occidente, tal como se aprecia a folios 58 al 61, escrito en el cual puso de presente al funcionario indagado el 18 de octubre de 2005, que “Los dineros embargados de la cuenta 484-213533 a nombre del municipio de Santiago de Cali-Educación por la calidad, del Banco de Bogotá, según certificación expedida por el señor tesorero general del municipio corresponden a recursos del sistema general de participaciones”, a lo cual respondió en forma inmediata con orden de desembargo por auto del 8 de noviembre de ese año.

Si las cuentas del Banco de Occidente hubiesen tenido la misma connotación o reserva frente a inembargabilidad por ley decretada, era deber del municipio demandado ponerlo de presente, al no suceder ello, es apenas obvia la naturaleza distinta de esos fondos y la procedencia también por ley, de ordenar embargos para garantizar el éxito de las ejecuciones e interés de los acreedores, pues no toda cuenta es inoponible, porque de ser inembargable todas aquellas de los entes territoriales, las acreencias quedarían sin respaldo y las obligaciones adquiridas por la administración pasarían a ser obligaciones naturales, y no es ese precisamente el propósito de las normas especiales que prevén la posibilidad de decretar medidas cautelares como garantía litigiosa.

Es decir, no se observa actuación alguna que materialice comportamiento contrario a los deberes oficiales configurativa de falta disciplinaria, por lo tanto resulta forzoso proceder conforme la previsión dada en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, esto es, que por no existir falta disciplinaria, procede la terminación y archivo definitivo de la actuación, en consonancia con el artículo 210 de la misma codificación, en punto del embargo decretado en su momento en la cuentas del municipio de Cali en el Banco de Occidente de esa misma ciudad y a instancias del proceso ejecutivo 2004-2527

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. Decretar la terminación de la actuación disciplinaria a favor del Dr. Adolfo León Oliveros Tascón, en su condición de Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme lo siguiente:

a) Por declararse la caducidad de la acción disciplinaria en la conducta relativa al embargo de cuentas del municipio de Santiago de Cali en el Banco de Bogotá, con ocasión del proceso ejecutivo contractual 2004-2527.

b) Por no existir falta disciplinaria en punto del comportamiento del mismo funcionario judicial, respecto del embargo decretado al ente territorial antes aludido, a las cuentas del Banco de Occidente de la ciudad de Cali y con ocasión del ejecutivo contractual 2004-2527

En consecuencia, se archivarán las diligencias en forma definitiva, conforme lo expuesto en las motivaciones de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.»