Sentencia 2011-01823/52221 de abril 23 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 05001-2331-000-2011-01823-01 (52221)

Actor: V.A.M.R. y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de reparación directa (01/84)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(7).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la sentencia absolutoria proferida el 31 de octubre del 2008 proferida por el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín, quedó ejecutoriada el 11 de agosto del 2009(8), la solicitud de conciliación fue presentada el 3 de agosto del 2011, e interrumpió el término de caducidad, hasta el 28 de octubre del 2011, cuando se celebró la audiencia de conciliación prejudicial, y la demanda fue presentada el 31 de octubre del 2011, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA.

2.1. Sobre las pruebas aportadas al proceso.

En el presente caso, la parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad a la que fue sometido V.A.M.R., que trajo como consecuencia una afectación moral y patrimonial, tanto a la víctima directa como a sus familiares.

Como prueba de lo anterior, la parte actora aportó los siguientes elementos de convicción:

• Providencia proferida el 30 de octubre del 2002, en la que la Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín resolvió la situación jurídica de 170 ciudadanos capturados entre el 16 y el 21 de octubre, sindicados del delito de concierto para delinquir. Respecto del señor V.A.M.R., la fiscalía se abstuvo de proferir medida de aseguramiento(9).

• Providencia del 18 de noviembre del 2002, mediante la que la fiscalía resolvió corregir parcialmente la anterior decisión, decretó la medida de aseguramiento y ordenó la captura del señor V.A.M.R., en virtud de los testimonios de M.A.C. y J.G.M., que lo inculparon como colaborador de las milicias conocidas como Comandos Armados del Pueblo y el ELN(10).

• Oficio del 19 de noviembre del 2002, dirigido por la Fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito especializados de Medellín al director de la Cárcel del Distrito Judicial Bellavista, en el que ordena mantener privado de la libertad al señor V.A.M., quien fue capturado el mismo día a las 15:30 hrs. en cumplimiento de la orden de captura proferida en su contra(11).

• Acta sobre los derechos del capturado(12).

• Providencia del 27 de febrero del 2003, mediante la que la Fiscalía 51 destacada ante el SIJIN resolvió no revocar la medida de aseguramiento(13).

• Decisión del 6 de marzo del 2003, en la que la Fiscalía 51 destacada ante el SIJIN negó la solicitud de revocación de la medida de aseguramiento incoada por el procesado(14).

• Providencia del 6 de junio del 2003, mediante la que la Fiscalía 28 delegada ante jueces penales del circuito especializados de Medellín resolvió no revocar la medida de aseguramiento, puesto que el testimonio del señor M.A.C. en su contra es lo suficientemente sólido como para mantener la medida(15).

• Resolución de acusación proferida el 11 de septiembre del 2003, por la Fiscalía 28 delegada ante jueces penales del circuito especializados de Medellín, en contra del señor V.A.M., por el delito de concierto para delinquir. Como fundamento de la decisión la fiscalía manifestó que las dos declaraciones que señalan su participación en las milicias armadas gozan de credibilidad(16).

• Providencia del 2 de junio del 2004, en la que el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín concedió la sustitución de la detención preventiva carcelaria por la domiciliaria al señor V.A.M.R.(17).

• Oficio del 4 de junio del 2004 con el que el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín informa al director de la Cárcel Distrital de Bellavista sobre el traslado del señor V.A.M.R. a su residencia, en virtud del beneficio de detención preventiva domiciliaria concedido(18).

• Renovación de diligencia de compromiso suscrita el 3 de agosto del 2005, por el señor V.A.M.R., ante el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín, para disfrutar del beneficio de libertad provisional(19).

• Oficio remitido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC—, en el que indica que el señor V.A.M.R. estuvo recluido desde 24 hasta el 31 de octubre del 2002; y desde el 20 de noviembre del 2002 hasta el 4 de junio del 2004(20).

• Oficio del 23 de enero del 2006, suscrito por la Secretaría de Educación de Medellín y dirigido a la Institución Educativa Francisco Antonio Zea, en el que requirió cupo escolar gratuito para los menores D. y J.V.M., por pertenecer al grupo de población desplazada(21).

• Oficio de 5 de marzo del 2007, en el que la Procuraduría regional de Antioquia remitió a la oficina de protección a víctimas y testigos la denuncia formulada por el señor M.R., con ocasión de las amenazas de muerte que recibió, por parte de grupos armados al margen de la ley(22).

• Constancia emitida el 7 de marzo del 2007, en la que la Personería de Medellín certificó que el señor V.A.M.R. se presentó el 2 de marzo del 2005 a rendir declaración de desplazado con su núcleo familiar, la cual fue enviada para su evaluación a la red de solidaridad(23).

• Sentencia del 31 de octubre del 2008, en la que el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín absolvió de responsabilidad penal al señor V.A.M.R.(24).

• Constancia de que la sentencia absolutoria cobró ejecutoria el 11 de agosto del 2009(25).

• Registro civil de nacimiento de V.A.M.R.(26).

• Registro civil de nacimiento de W.A.M.C.(27).

• Certificado notarial de existencia de la partida de matrimonio de V.A.M.R. y D.C.A.(28).

• Registro civil de nacimiento de J.V.M.C.(29).

• Registro civil de nacimiento de L.M.M.C.(30).

• Registro civil de nacimiento de D.J.M.C.(31).

• Registro civil de nacimiento de L.A.M.R.(32).

• Registro civil de nacimiento de O.J.M.Z.(33).

• Constancia de asistencia del señor V.A.M. a servicios de salud mental de COMFAMA(34).

• Constancias de asistencia de W.M., D.C., V.M., J.V.M., a terapia sicológica familiar(35).

• Historia clínica del señor V.A.M.R.(36).

• Certificado emitido el 18 de mayo del 2010 en el que La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social— indica que el señor O.J.M.Z. se encuentra incluido en el registro único de población desplazada —RUPD—(37).

• Certificado emitido en mayo del 2011 en el que La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social— indica que el señor V.A.M.R. se encuentra incluido en el registro único de población desplazada —RUPD— junto con su grupo familiar. Como fecha del desplazamiento se señala el 17 de junio del 2004(38).

• Constancia laboral que certifica que el señor V.A.M.R. estuvo vinculado con la compañía Honor Servicios de Seguridad desde el 1º de julio de 1999 hasta el 9 de enero del 2003(39).

• Contrato de arrendamiento suscrito por el demandante, el 5 de agosto del 2010, por un periodo de 6 meses, con un canon de arrendamiento correspondiente a $ 600.000 pesos y recibos de cánones pagados entre 2005 y 2008(40).

2.2. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, por la privación de la libertad a la que fue sometido V.A.M.R., como consecuencia de su vinculación al proceso penal adelantado por el delito de concierto para delinquir. Lo anterior, teniendo en cuenta que, finalmente, el sindicado fue absuelto de responsabilidad penal, porque no cometió el delito que se le endilgó.

2.3. Análisis de la responsabilidad.

Conforme al artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el compromiso de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano se deriva de la concurrencia de dos elementos, a saber: la causación de un daño antijurídico a una persona y la imputación de este a un hecho u omisión de la administración.

2.3.1. Sobre el daño y su antijuridicidad.

Para los fines que interesan al derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio(41).

Como puede advertirse, el daño incorpora dos elementos: uno, físico, material, y otro jurídico, formal.

El elemento físico o material, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad.

El segundo elemento del daño es el formal, que se verifica en el plano jurídico, si y solo si, se acreditan los siguientes supuestos adicionales al elemento material:

a) Que la lesión, recaiga sobre un interés jurídicamente tutelado;

b) Que la lesión no haya sido causada por la propia víctima(42);

c) Que la lesión tenga consecuencias ciertas en el patrimonio económico o moral de la víctima;

d) Que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado (en abstracto), esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus consecuencias.

Así las cosas, en orden a la reparación, no basta con la acreditación de la lesión material de un interés en el plano fáctico. Tampoco basta con la demostración de la lesión de un interés jurídicamente protegido, pues en tal caso, se habrá configurado un mero daño evento. Se hace necesario, que el daño produzca efectos personales y ciertos en los intereses jurídicamente tutelados de la víctima; que tal daño no tenga causa, o autoría en la víctima; y que no exista un título legal que, conforme al ordenamiento constitucional, legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté obligada a soportar sus consecuencias.

Solo una vez reunidos los dos elementos, y acreditados los supuestos del elemento jurídico, puede decirse que se encuentra probado el daño antijurídico.

En el presente caso, se encuentra demostrado que el señor V.A.M.R. estuvo privado de la libertad desde el 24 de octubre del 2002, hasta el 3 de agosto del 2005, cuando suscribió compromiso para disfrutar de libertad condicional.

La libertad es un bien jurídico constitucional protegido, pues de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política Constitución Política, “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. (...)”.

Asimismo, sobre el derecho a la libertad, los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico colombiano por vía de bloque de constitucionalidad señalan:

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aprobada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978 conforme su artículo 74.2 y aprobada en Colombia en la Ley 16 de 1972. Artículo 7º. Derecho a la Libertad Personal. 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 de conformidad con su artículo 49 y aprobado en Colombia en la Ley 74 de 1968. Artículo 9º. 1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

Igualmente, la Corte interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad “es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención Americana”(43).

Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la libertad incluye dos ámbitos del individuo: por un lado: “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios”, y, a la vez, “la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”(44).

Así, el daño provocado a la parte actora recayó sobre un bien jurídicamente tutelado, como es la libertad, derecho inalienable de la persona, que tiene carácter de principio, pues, tal como lo describe el artículo 5º de la Constitución Política, tiene preeminencia en el orden superior. Además, según lo prescrito en el artículo 152, a, constitucional, solo puede ser regulada mediante la potestad legislativa, sin que se pueda afectar su contenido esencial.

Ahora bien, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al capturado, porque le otorgó total credibilidad a las dos declaraciones que obraban en su contra, en las que fue señalado como colaborador de las milicias urbanas de la comuna 13 de Medellín.

De lo que se deduce que la afectación al bien jurídico tutelado ocurrió como consecuencia de la acción punitiva del Estado, que se fundamenta en el aseguramiento de una persona que posiblemente cometió un delito, y que en este caso no cumplió su fin, pues no se demostró su responsabilidad penal.

Por tanto, no se puede predicar que la afectación a la libertad ocurrió como consecuencia de un hecho de la víctima, es decir, que se pueda atribuir causalmente a su conducta, pues, es claro que la privación de la libertad obedeció a la actuación punitiva del Estado, en virtud de las pruebas que obraban en el proceso. Tampoco puede imputársele en el plano jurídico al afectado, pues no se demostró una conducta civilmente reprochable que permita atribuirle el daño a título de culpa grave o dolo, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996(45).

Por otra parte, el derecho a la libertad no es absoluto, puesto que debe armonizarse con los demás bienes jurídicos de rango constitucional, y en nuestro ordenamiento jurídico se considera admisible la restricción de la libertad a través de la captura o la detención preventiva(46), sin embargo, estas medidas deben ser adoptadas de manera eminentemente provisional, pues no se trata de emitir un castigo penal anticipado al juicio procesal.

Para que estas medidas estén acordes al principio de legalidad deben cumplir con los requisitos formales, que indican que tendrán que ser adoptadas por la autoridad judicial competente mediante providencia interlocutoria; y, con los requisitos sustanciales que exigen la existencia de por los menos dos indicios graves de responsabilidad basados en pruebas legítimamente recaudadas en el proceso.

En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que para que se emita una medida de aseguramiento en contra de una persona, el funcionario judicial debe contar con cierto grado de certeza otorgada por un catálogo de axiomas cuya claridad estructuran un marco jurídico que permitirá determinar si la privación de la libertad fue injusta(47).

En el sub lite se encuentra demostrado que la referida afectación sufrida por los demandantes, debido a la restricción a la libertad de V.A.M., provocó consecuencias ciertas, tanto en su patrimonio económico como moral. En primer lugar, el privado de la libertad es una persona en edad productiva, por lo que la jurisprudencia aplica la presunción que indica que devenga, al menos, un salario mínimo mensual, por lo que la privación de su libertad generó un detrimento patrimonial al imposibilitar dicho lucro. En segundo lugar, también la jurisprudencia presume que una privación del derecho a la libertad genera una afectación moral en quien la sufre, así como en sus parientes más cercanos.

Finalmente, si bien el Estado puede privar de la libertad a los individuos, en ejercicio de su potestad punitiva, en el presente caso la justicia penal determinó que no existió justificación jurídica para la imposición de la medida de aseguramiento, pues no logró demostrar la responsabilidad penal del procesado, por lo que no existe ningún título legal que legitime la lesión al bien jurídico tutelado, libertad.

Con todo lo anterior está claro que la privación de la libertad de V.A.M.R. constituye un daño antijurídico, por lo que la Sala procederá determinar si la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de resarcir los perjuicios generados.

En el presente caso está probado que la Fiscalía General de la Nación dispuso la imposición de media de aseguramiento restrictiva de la libertad con fundamento en dos declaraciones que inculpaban al señor M.R. en el delito de concierto para delinquir, por tanto, dicha decisión cumplió con los requisitos establecidos en la normativa penal vigente para la época, la cual requería la existencia de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad, para imponer la medida privativa de la libertad(48).

La Sala además constata que las actuaciones procesales penales se llevaron a cabo dentro de los términos establecidos por la ley. Por tanto, no se evidencia ninguna falla en el servicio en la que hubiera incurrido la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín absolvió al sindicado, por cuanto determinó que no cometió el delito endilgado.

En este punto, cabe precisar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

Para la fecha en que se profirió la sentencia absolutoria, a saber, 31 de octubre del 2008, se encontraba vigente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que “(…) quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios”.

Al respecto, la Sala ha considerado(49) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible.

Igualmente, cabe advertir que aún en los casos en los que la persona privada de la libertad es absuelta mediante sentencia, o su equivalente, con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, la Sección Tercera, en sentencia de unificación estableció que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque igualmente la persona afectada en tales circunstancias no tenía el deber jurídico de soportar dicha carga, en tanto no se desvirtuó la presunción de inocencia que lo ampara. En la mencionada providencia se estableció:

Todos los argumentos hasta aquí expuestos, los cuales apuntan a sustentar que el título jurídico de imputación a aplicar, por regla general, en supuestos como el sub judice en los cuales el sindicado cautelarmente privado de la libertad finalmente resulta exonerado de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, es uno objetivo basado en el daño especial —como antes se anotó—, no constituye óbice para que se afirme, que en determinados supuestos concretos, además del aludido título objetivo de imputación consistente en el daño especial que se le causa a la persona injustamente privada de la libertad —y, bueno es reiterarlo, la injusticia de la medida derivará de la intangibilidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara al afectado, de la excepcionalidad de la privación de la libertad que se concreta en su caso específico y a nada conduce, toda vez que posteriormente se produce la absolución, con base en el beneficio que impone el postulado in dubio pro reo, pero con evidente ruptura del principio de igualdad—, también puedan concurrir los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, por error jurisdiccional o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. En tales eventos, como insistentemente lo ha señalado esta Sala cuando el caso puede ser resuelto ora a través de la aplicación de un régimen objetivo, ora al amparo de uno subjetivo de responsabilidad, el contenido admonitorio y de reproche que para la entidad pública reviste la condena con base en este último título de imputación —además de la ilicitud del proceder de la misma entidad en el caso concreto— determina y aconseja que el fallo se sustente en la falla en el servicio y no el régimen objetivo que hubiere resultado aplicable.

Pero dicha posibilidad resulta completamente diferente a sostener que, por solo el hecho de que la privación de la libertad de un individuo se hubiere dispuesto con sujeción a los mandatos legales vigentes y, por tanto, mediante un proceder lícito, el Estado estaría eximido de responder por los perjuicios que le hubiere ocasionado a la víctima por razón de dicha detención, a pesar de que el correspondiente juicio penal hubiere concluido con la expedición de fallo de inocencia a favor del sindicado, incluso en aplicación del principio in dubio pro reo (…).

Como corolario de lo anterior, es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad ─especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo─, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado(50).

Así las cosas, como está probado que V.A.M.R. estuvo privado de la libertad por decisión de la Fiscalía, y que al final de la investigación en su contra fue exonerado de responsabilidad penal por cuanto no se hallaron pruebas en su contra, se concluye que la detención sufrida durante ese lapso constituye un daño antijurídico imputable a la entidad demandada.

Lo anterior, en aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial. Al afectado le basta probar que le fue impuesta una medida que infirió en la privación de su libertad durante el proceso penal que finalizó con decisión absolutoria, para imputarle responsabilidad extracontractual en cabeza del Estado.

Ello obedece a la premisa que indica que cuando el Estado, en ejercicio de su potestad punitiva, no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, debe compensar económicamente el daño causado, en tanto los administrados no tienen la obligación de soportar la privación de la libertad, por cuanto esto constituye una carga que vulnera derechos esenciales al ser humano. Al respecto la jurisprudencia ha señalado:

La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación.

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(51).

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor V.A.M.R. soportó la privación de su libertad durante la investigación que adelantó el Estado, sobre su posible autoría o participación en una conducta punible, debe ser compensado por la lesión a un interés jurídicamente tutelado como es la libertad, la cual no fue causada por su propia culpa, causó consecuencias ciertas en su patrimonio económico y moral, y no existió ningún título legal que legitime la carga que implicó la lesión al bien jurídico sufrida.

Por otra parte, en el presente proceso se encontró probado que el señor V.A.M.R., D.C.A., D.J.M.C., L.M.M.C., J.V.M.C., W.A.M.C. y O.J.M.Z. fueron inscritos en el registro único de población desplazada —RUPD—, por el desplazamiento ocurrido desde el 17 de junio del 2004, después de la privación de la libertad en establecimiento carcelario, que cesó el 4 de junio del 2004.

Sin embargo, la Sala considera que la responsabilidad por el daño que constituye el desplazamiento forzado de la familia demandante no puede ser atribuida a la entidad demandada, debido a que no existe un elemento de prueba que demuestre que dicho desplazamiento ocurrió como consecuencia directa de la privación de la libertad del señor M.R., que es el hecho en el que la Fiscalía General de la Nación tuvo participación.

Es un hecho notorio que durante los años 2002 y 2006, la población de la comuna 13 de Medellín, resultó afectada por el fenómeno del desplazamiento intraurbano, debido a que el gobierno nacional, en un intento por recuperar la zona controlada por grupos al margen de la ley, adelantó memorables operaciones militares, que intensificaron las reacciones por parte de grupos armados, lo que generó un contexto de violencia que propició el desplazamiento masivo de la población que habitaba, específicamente, el barrio El Salado.

Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra” indicó:

“Aunque la operación Orión fue catalogada como un éxito para la fuerza pública, el Gobierno Nacional y el gobierno local en la lucha contra la guerrilla, esto no significó el cese del conflicto en el territorio. Para la población implicó un ambiente de indefensión y temor, que se evidenció en el incremento del desplazamiento forzado, que pasó de 158 personas expulsadas en 2001 a 1.259 personas para el año 2002, lo que correspondió al 42% del total de la población expulsada de la ciudad de Medellín ese año”.

Para el caso de los hechos ocurridos en la comuna 13 de Medellín en el año 2002, la Corte Constitucional, en Sentencia T-268 del 2003, reconoció que se presentó un desplazamiento forzado intraurbano de los habitantes del barrio El Salado. En la sentencia se anotó:

“Para caracterizar a los desplazados internos, dos son los elementos cruciales:

A. La coacción que hace necesario el traslado;

B. La permanencia dentro de las fronteras de la propia nación.

Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados (…).

En ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para la calificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites territoriales de un municipio”.

Así mismo, por estos hechos la Corte Interamericana de Derecho Humanos condenó al Estado colombiano, porque consideró que incumplió su obligación de garantizar los derechos fundamentales de varias personas afectadas por la situación de conflicto armado de la comuna 13.

En este contexto, el Estado ha sido uno de los responsables del desplazamiento forzado, debido a su insuficiente actuación frente los hostigamientos perpetrados por las milicias, las guerrillas y los paramilitares, durante los años 2001 y 2003, cuando las confrontaciones entre estos grupos marcaron el inicio de una etapa de violencia en las ciudades que dio lugar a un fenómeno conocido como la urbanización de la guerra, lo que provocó una situación propicia para el desplazamiento forzado de la población.

En el presente caso, la responsabilidad del daño, consistente en la privación de la libertad del señor M.R., es imputable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, debido a que esta entidad en el ejercicio de su potestad punitiva generó un desequilibrio en las cargas públicas de la parte demandante. Sin embargo, en el proceso no se evidenció que el desplazamiento forzado hubiera ocurrido como consecuencia de la situación de detención que padeció V.A.M., pues el contexto de violencia que se vivía en la zona indica que este obedeció a múltiples factores que no pueden ser atribuidos a la entidad demanda.

Como el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, la Sala procederá a verificar que las condenas decretadas se ajusten a los criterios fijados por la jurisprudencia.

2.4. Análisis sobre los perjuicios.

2.4.1. Perjuicios inmateriales.

Perjuicio moral por la privación injusta de la libertad.

La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso, en sentencia proferida el 28 de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad, tasados en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

1
 

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

Teniendo en cuenta que V.A.M.R. estuvo privado de la libertad en un establecimiento carcelario entre el 24 de octubre del 2002 y el 4 de junio del 2004; y que, en esta última fecha, el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín sustituyó la detención carcelaria por domiciliaria, hasta el 3 de agosto del 2005, cuando suscribió compromiso para el beneficio de libertad condicional, la Sala establecerá los montos de indemnización de manera separada, atendiendo al criterio jurisprudencial que indica una reducción del 50% en la indemnización por perjuicio moral, cuando la detención sea domiciliaria, debido a que en este caso la intensidad del daño sufrido no se equipara al de la detención en centro carcelario(52).

Como se indicó, el señor V.A.M.R. estuvo privado de la libertad durante 19,38 meses en centro carcelario y, durante 13,96 meses, en detención domiciliaria. Por tanto, por el tiempo de detención carcelaria le correspondería al afectado directo y a sus parientes en primer grado de consanguinidad la suma equivalente a 100 smlmv; y por el tiempo de detención domiciliaria, la suma equivalente a 45 smlmv.

Sin embargo, como la suma de estos montos excede el tope máximo establecido por la jurisprudencia como indemnización por perjuicios morales, la Sala tomará como valor de la condena dicho tope.

Lo anterior teniendo en cuenta la afectación moral producida con el daño se prueba con la simple acreditación del parentesco, por lo que no se exige su demostración y se presume con base en las reglas de la experiencia, y en el presente caso se demostró que los demandantes son esposa, hijos y hermanos del afectado con la privación de la libertad.

No ocurre lo mismo con la demandante Teresita de Jesús Álvarez, debido a que no se encuentra demostrada su relación afectiva con el privado de la libertad, por lo que no es posible presumir que padeció un perjuicio moral con ocasión de este hecho.

Si bien la señora M.I.L., en declaración rendida ante el presente proceso(53), afirmó que el señor V.A.M.R., para la época de su detención, respondía económicamente por su suegra, ese hecho no demuestra una relación afectiva de la que se pueda derivar la afectación moral a indemnizar, por lo que la Sala confirmará la decisión del a quo de negar el reconocimiento de indemnización por perjuicios morales a su favor.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales generados por la privación de la libertad las siguientes sumas:

NivelDemandanteIndemnización
 V.A.M.R. (víctima de la privación injusta)100 smlmv
 D.C.A. (esposa)100 smlmv
J.V.M.C. (hijo)100 smlmv
W.A.M.C. (hijo)100 smlmv
D.J.M.C. (hija)100 smlmv
L.M.M.C. (hija)100 smlmv
O.J.M.Z. (hermano)50 smlmv
L.A.M.R. (hermano)50 smlmv

Perjuicio moral por el desplazamiento forzado

El a quo condenó en abstracto a la entidad demandada al pago de los perjuicios que denominó “daño a las condiciones de existencia”, debido a que encontró probado que los demandantes se encuentran inscritos en el registro único de población desplazada —RUPD— (fl. 49, c. ppl.). Como fundamento de la condena en abstracto, el tribunal manifestó que no se conoce si la condición de desplazamiento del grupo familiar se encuentra vigente o ya cesó.

Como la Sala encontró que el desplazamiento forzado es un daño que no puede ser atribuido a la actuación de la entidad demandada, revocará la condena que el tribunal reconoció por este concepto.

Sobre la indemnización por daño a la vida de relación otorgada por el tribunal

La Sala considera que no hay lugar al reconocimiento de la indemnización otorgada por el tribunal a título de daño a la vida de relación, pues, como se anotó, no se encuentra acreditada una vulneración a un bien jurídico tutelado en cabeza de los demandantes, adicional al perjuicio moral que se presume padecieron en virtud del daño alegado.

Si bien, como lo afirmó el tribunal, la privación injusta de la libertad generó una afectación a la vida y relaciones del demandante, dicho perjuicio se entiende subsumido en el perjuicio moral que se presume ocurre en situaciones de privación de la libertad como la que padeció. Por anterior, la Sala revocará la indemnización otorgada como daño a la vida de relación.

Sobre el daño a la salud

El tribunal consideró que los menoscabos de salud que alegó la parte actora sufrió el señor V.A.M.R. con ocasión de la privación de su libertad, y que se reflejan en la historia clínica aportada al proceso, no fueron producto de ese hecho, pues dicha prueba no demuestra que las enfermedades hubieran sido causadas por las condiciones de su reclusión.

Igualmente, el a quo consideró que en el proceso no se demostró que los detrimentos de salud sufridos por los demás demandantes, durante la privación de la libertad del señor M.R., tengan relación directa con esta.

Sin embargo, el tribunal reconoció una indemnización equivalente a 30 smlmv a favor del señor V.A.M.R., como indemnización del daño a la salud, debido a la afectación mental que sufrió con ocasión de la privación de su libertad, demostrada con una constancia de la empresa prestadora de servicios de salud COMFAMA, en la que se indicó que el demandante presentó alto nivel de ansiedad.

La Sala considera que, tal como lo estableció el a quo, en el proceso no se encuentra acreditado que el daño a la salud padecido por los demandantes tenga relación directa con la privación de la libertad del señor M.R., pues no existe prueba que así lo indique.

Así mismo, aunque obran en el expediente varias constancias de las visitas que los demandantes V.A.M., D.C., W.A.M.C. y J.V.M.C. realizaban a terapia psicológica, esto no constituye un diagnóstico médico negativo que implique un detrimento en su salud relacionado con el daño que se está reparando en este caso.

Si bien, el hecho de tener que asistir a terapia psicológica denota el impacto emocional que generó la privación de la libertad del señor M.R., este se enmarca dentro de la categoría de perjuicio moral que será reparado con la mencionada indemnización, en virtud de la ausencia de un dictamen médico que indique, de manera concreta, la enfermedad padecida por los demandantes y su relación directa con el daño.

2.4.2. Perjuicios materiales.

El tribunal consideró que los demandantes no acreditaron los montos solicitados como daño emergente, por lo que negó la indemnización por este concepto.

La Sala observa que la parte actora reclamó el pago de los gastos en los que incurrió con ocasión de la privación de la libertad del señor V.A.M.R., entre estos mencionó: el costo del transporte para acudir a las visitas, el valor del camarote de la celda, las tarifas para salir al patio de la cárcel, el costo del aseo de la celda, los gastos de las visitas, el costo de la comida y las llamadas al interior de la cárcel, el valor de un seguro de vida a favor del demandante que tuvo que gastar durante el tiempo de reclusión, el valor de los préstamos con garantía de hipoteca que realizaba el demandante, el valor del inmueble que tuvo que abandonar, el valor de una extorsión que tuvo que pagar a grupos paramilitares, los cánones de arrendamiento que tuvo que pagar desde la época de los hechos hasta hoy, los costos de mudanza que le generó el proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en su contra, lo pagado por servicios públicos domiciliarios a partir de la época de detención, los gastos por un año académico que reprobó la menor D. Martínez Castaño, el costo del reingreso del señor M.R. a la Universidad, los gastos de abogado para la representación judicial en el proceso penal y el valor del revólver que portaba el demandante, debido a que no podrá renovar el salvoconducto.

Sin embargo, tal como lo determinó el a quo la parte actora no cumplió con la carga probatoria para acreditar los gastos alegados. Si bien en el expediente obran las constancias del pago a favor del señor M.R. como beneficiario de un seguro de vida, estos montos no representan un gasto. También obran los soportes de varios negocios jurídicos que celebró el actor, de los cuales no se desprende ningún gasto en el que hubiera incurrido o un lucro cesante, pues se trata de préstamos que cuentan con una garantía real.

Así como ninguno de los documentos aportados comprueba algún gasto de la parte actora con ocasión de la privación injusta, otras de las peticiones son improcedentes por su naturaleza ilegítima, como el caso de los pagos por servicios al interior de la cárcel, extorsiones, o inclusive el valor del inmueble de propiedad del demandante del que no se tiene noticia se hubiera perdido con ocasión del daño.

Ahora bien, el tribunal reconoció condena en abstracto por los cánones de arrendamiento pagados, debido a que estos se ocasionaron por la situación de desplazamiento forzado que padecieron los demandantes. La condena en abstracto obedeció a que en el proceso se desconoce el periodo concreto que duró la situación de desplazamiento.

Sin embargo, la Sala revocará dicha condena en abstracto, por cuanto, como se indicó anteriormente, el daño consistente en el desplazamiento forzado que padecieron los demandantes, así como los perjuicios derivados de este, no son atribuibles a la entidad demanda.

Lucro cesante.

El tribunal negó la indemnización por lucro cesante derivado de la actividad de prestamista que ejercía el demandante, decisión que esta Sala comparte, pues, como se indicó anteriormente, no está demostrado que dicha actividad le hubiera generado un lucro cesante al actor, ya que los negocios jurídicos celebrados contaban con garantías sobre títulos valores (letras) o hipotecas que podrían hacerse exigibles.

Ahora bien, la Sala encuentra demostrado que el señor M.R. era empleado de la empresa “Honor, Servicios De Seguridad”, para la época de su detención y que devengaba un salario mensual de $ 390.066
, por lo que procederá a actualizar dicha suma.

— Actualización de la renta:

Ra = Rh ipc (f)
 

Ra = Renta actualizada a establecer

Rh = Renta histórica, $ 390.066

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 141,05 que es el correspondiente a marzo del 2018.

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 70,66 correspondiente al mes de octubre del 2002, mes en el cual se produjo la detención.

2
 

Como el valor que arroja la actualización del salario que devengaba el actor, resulta menor que el salario mínimo actual, la Sala procederá a liquidar la indemnización por lucro cesante, con base en el salario mínimo mensual legal vigente.

El periodo a indemnizar en el presente caso es igual a 0,26 meses, desde el 24 de octubre del 2002, hasta el 31 de octubre del 2002, y 32,46, meses, desde el 20 de noviembre del 2002, hasta el 3 de agosto del 2005, para un total de 32,72 meses.

La fórmula aplicable para realizar la liquidación es:

S = RA
 

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es el ingreso mensual

I = Es el interés puso equivalente a: 0.004867

N = Es el periodo indemnizable en meses

El periodo a indemnizar en este caso es igual a 32,72 meses.

3
 

Corresponde a V.A.M.R., por concepto de lucro cesante, la suma de veintitrés millones quinientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte ($ 23.577.856).

2.5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de septiembre del 2013, por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso adelantado por la privación de la libertad de V.A.M.R., la cual quedará así:

1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima V.A.M.R.

2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales por la privación de la libertad:

NivelDemandanteIndemnización
 V.A.M.R. (víctima de la privación injusta)100 smlmv
 D.C.A. (esposa)100 smlmv
J.V.M.C. (hijo)100 smlmv
W.A.M.C. (hijo)100 smlmv
D.J.M.C. (hija)100 smlmv
L.M.M.C. (hija)100 smlmv
O.J.M.Z. (hermano)50 smlmv
L.A.M.R. (hermano)50 smlmv

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar la siguiente suma, como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

— A favor de V.A.M.R., la suma de veintitrés millones quinientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte ($ 23.577.856).

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Aplicar lo establecido en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 Fl. 130, c. 1.

9 Fls. 397-402, c. 2.

10 Fls. 425-427, c. 2.

11 Fl. 430, c.2.

12 Fl. 432, c. 2.

13 Fls. 476-479, c. 2.

14 Fls. 567-572, c.2.

15 Fls. 475-477, c. 2.

16 Fls. 525-544, c. 2.

17 Fls. 519-524, c. 2.

18 Fl. 518, c. 2.

19 Fl. 748, c. 2.

20 Fl. 82, c. del tribunal.

21 Fl. 762, c. 2.

22 Fl. 763, c. 2.

23 Fl. 761, c. 2.

24 Fls. 664-698, c. 2.

25 Fl. 130, c. 1.

26 Fl. 53, c. 1.

27 Fl. 56, c.1.

28 Fl. 58, c, 1.

29 Fl. 66, c. 1.

30 Fl. 67, c. 1.

31 Fl. 69, c.1.

32 Fl. 71, c. 1.

33 Fl. 74, c. 1.

34 Fl. 76, c. 1.

35 Fls. 67-94, c. 1.

36 Fls. 77-129, c. 1.

37 Fl. 145, c. 1.

38 Fl. 146, c. 1.

39 Fl. 181, c. 1.

40 Fls. 222-252, c. 1.

41 DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch, Casa editorial S.A., Barcelona, 1975, pp. 107-127.

42 Pues al derecho sólo le interesan las relaciones intersubjetivas.

43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C nº 170, párr. 52.

44 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

45 La Ley 270 de 1996 en su artículo 70 señaló que el hecho de la víctima da a lugar a exonerar de responsabilidad al estado, así: “El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

46 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

47 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

48 Ley 600 del 2000, Artículo 356. “Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, Exp. 21653. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

50 Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, Exp. 23.354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 24688. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero del 2016, Exp. 44963. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 16 de febrero del 2017, Exp. 39698. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

53 Fl. 79, c. del tribunal.