SENTENCIA 2011-01829/22028 DE AGOSTO 30 DE 2016

 

Sentencia 2011-01829/22028 30 de agosto de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Rad.: 05001-23-31-000-2011-01829-01(22028)

Actor: Jesquet E. U. en Liquidación Judicial(1)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil dieciséis.

Extractos «Consideraciones de la Sala.

En el caso, se controvierte la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión 112412011000115 de fecha 15 de julio de 2011, notificada por correo certificado el 18 de julio de 2011, por la que la Administración de Impuestos Nacionales de Medellín modificó la declaración privada del impuesto sobre las ventas, correspondiente al tercer bimestre del 2009.

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si la Administración notificó dentro del término legal la liquidación oficial de revisión, de ser oportuna, como lo afirma la apelante, la Sala tendría que revisar los demás cargos propuestos en la demanda.

Dentro de las facultades de la DIAN está la determinación de los impuestos a su cargo, en virtud de la cual puede modificar las liquidaciones presentadas por los obligados, mediante liquidación de revisión, previa investigación en la que encuentre mérito para ello.

Antes de proferir la liquidación de revisión, la Administración deberá enviar al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con la explicación de las razones en que se sustenta(6). Deberá notificar este acto, conforme a las siguientes reglas(7):

Si la declaraciónEl término para notificar el RE(8)
Fue presentada oportunamenteDentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar.
Fue presentada extemporáneamenteLos dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma.
Presenta saldo a favorA más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución y/o compensación.

Notificado el acto previo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante deberá responderlo, dentro de los tres meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial(9). Este acto puede ampliarse conforme lo establece el artículo 708 del Estatuto Tributario.

Este mismo ordenamiento, en el artículo 710, dispone que la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación, según el caso(10).

El mismo artículo 710 del Estatuto Tributario, en el inciso segundo, prevé que el término para proferir la liquidación de revisión se suspende si la Administración practica inspección, como se indica a continuación:

Cuando se practiqueEl término se suspenderá
● Inspección tributaria de oficioTres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete.
● Inspección contable a solicitud del administradoMientras dure la inspección

En el caso, la demandante presentó la declaración de IVA correspondiente al tercer bimestre de 2009, inicialmente, el 21 de julio de 2009, corregida en varias oportunidades, como se indica en el cuadro que está en la página 2 de esta providencia. La última corrección fue del 18 de marzo de 2010, con saldo a favor de $1.116.970.000. La solicitud de devolución y/o compensación de dicho saldo a favor fue radicada el 07 de mayo del 2010.

Entonces, en el presente asunto, tratándose de declaración con saldo a favor, el término para notificar el requerimiento especial será “a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución y/o compensación”.

Radicada la mencionada solicitud el 07 de mayo de 2010, la Administración podía notificar el requerimiento especial a más tardar el 07 de mayo de 2012, por lo que notificado el Requerimiento Especial Nº112382010000083, de fecha 14 de julio de 2010, el 16 de julio de 2010 por correo certificado, la Administración lo hizo en tiempo.

Ahora bien, notificado el requerimiento especial en esa fecha, la contribuyente podía responderlo dentro de los tres meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, esto es, hasta el 16 de octubre de 2010.

Si bien es cierto, según se indicó al inicio de esta providencia, la actora radicó la respuesta el 15 de octubre de 2010, también lo es que, el artículo 710 del Estatuto Tributario establece que la liquidación de revisión debe notificarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial o a su ampliación.

Así, el término de los seis meses para proferir la liquidación de revisión, en principio, vencía el 16 de abril de 2011, porque, en el caso, se configuró el supuesto de hecho que suspende dicho término.

En efecto, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín profirió el Auto de inspección tributaria 112412011000001 el 14 de abril de 2011 y lo notificó por correo certificado de la misma fecha. El anexo explicativo a este auto advirtió, lo siguiente:

“Respecto a la solicitud realizada por Jesquet E.U. de adelantar inspección contable, para verificar las compras, las ventas y los soportes de orden interno y externo de las operaciones de venta bimestre 3 de 2009, el despacho informa que la misma se adelantará en desarrollo de la inspección tributaria decretada”.

En desarrollo de lo ordenado, la funcionaria comisionada visitó el domicilio fiscal de la actora para la verificación pedida por el contribuyente en la respuesta al requerimiento especial, la que “fue realizada los días 8, 9, 14 y 21 de junio del año 2011”, atendida por la liquidadora quien puso a disposición los libros Mayor y Balances e Inventarios y Balances del año 2009, los comprobantes y soportes que conforman los mismos; además, profirió los requerimientos ordinarios números 900002 y 900003, ambos del 10 de junio de 2011.

Advierte la Sala que si bien es cierto, al responder el requerimiento especial la contribuyente solicitó como prueba la práctica de una inspección contable, también lo es que, en ejercicio de las facultades de fiscalización, la Administración de oficio ordenó la inspección tributaria, comisionó a la funcionaria y la invistió de amplias facultades para que practicara todas las pruebas autorizadas por la legislación tributaria, incluida la verificación contable solicitada por la contribuyente y que constan en el Acta de Verificación y Observaciones que hace parte integral de la Liquidación oficial de revisión(11).

En cuanto a la inspección tributaria, la Sala ha precisado(12):

“Según el artículo 779 del Estatuto Tributario, la inspección tributaria es un medio de prueba mediante el cual la Administración verifica la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravables declarados y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

“Para tal fin, puede decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa observancia de las ritualidades que les sean propias y con ello, constatar directamente la existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que interesan al proceso adelantado por la Administración.

“La inspección tributaria se decreta mediante auto que se debe notificar por correo o personalmente, con indicación de los hechos materia de prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Asimismo, el artículo 779 E.T. prevé que la diligencia se inicia una vez notificado el auto que la ordenó y que de ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de la investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Se reitera que “en la inspección tributaria es posible que la Administración también examine los libros de contabilidad lo cual no convierte la diligencia en una inspección contable, cuyo propósito es más especializado y la cual sí requiere de un contador público como lo prevé el artículo 271 de la Ley 223 de 1995”(13).

De acuerdo con lo anterior, la inspección practicada en el sub examine se ajusta a las exigencias previstas en el artículo 779 del Estatuto Tributario para ser considerada una inspección tributaria, toda vez que, fue ordenada mediante auto notificado por correo a la contribuyente, en el que indicó los hechos materia de la prueba y la funcionaria comisionada para practicarla. Fue levantada el acta que contiene los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha del cierre de la investigación, suscrita por quien la adelantó y es parte integral de la liquidación de revisión acusada.

Practicada la inspección tributaria ordenada, el término para notificar la liquidación de revisión quedó suspendido, por tres (3) meses, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 710 del Estatuto Tributario.

En consecuencia y como se anotó, el término de los seis meses, en principio, vencía el 16 de abril de 2011, pero en virtud de la suspensión por tres (3) meses, por la práctica de la inspección tributaria ordenada de oficio, dicho plazo se extendió hasta el 16 de julio de 2011, como la misma Administración lo aceptó al contestar la demanda y al interponer el recurso de apelación, fecha máxima dentro de la que la Administración debía notificar la liquidación de revisión.

En cuanto a los plazos y cómputo de los mismos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 4 de 1913 “Sobre régimen político y municipal”, que en los artículos 59 y 62 prevé:

“ART. 59.—Todos los plazos de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo.

Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.

“ART. 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

Según las normas transcritas, los plazos de meses señalados en el ordenamiento legal “se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo” y se computan conforme al calendario, sin embargo, la parte final del artículo 62 dice: “pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

En cuanto a la extensión del plazo o término previsto en la ley, la Sala ha precisado que el artículo 62 transcrito establece una garantía a favor de los administrados, consistente en que “nunca se recorte el plazo que la norma contempla para el ejercicio de algún derecho” y que, por tal razón, consagra, de una parte, que en los términos de días no se cuentan los inhábiles y de otra, que cuando el último día de un plazo de meses o de años caiga en día inhábil se extenderá hasta el día hábil siguiente(14).

En la misma sentencia citada, la Sala advirtió que tratándose de un término “dentro” del cual la Administración debe hacer algo, si se aplicara ese mismo criterio, en algunos casos terminaría perjudicando al administrado, puesto que ampliaría el plazo fijado en la ley para la actuación de la Administración, lo que sería ajeno al propósito de la norma.

Situación que se hace evidente en el caso, pues, recuérdese que se discute el término con el que contaba la Administración para notificar la liquidación oficial de revisión, actuación que debía proferir, según el ordenamiento tributario y las circunstancias particulares, “dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al requerimiento especial” que, como se indicó, vencía el 16 de abril de 2011, pero como dicho término fue suspendido por tres meses por la práctica de la inspección tributaria, para la Administración dicho plazo fue ampliado hasta 16 de julio de 2011, que correspondió a sábado.

El plazo que la ley estableció para que la Administración profiriera la liquidación de revisión no puede entenderse prorrogado o extendido cuando el último día es un día inhábil o de vacancia, pues de extenderlo al día hábil siguiente implicaría ampliar el término señalado por el legislador, en desmedro de las garantías del administrado.

Por lo anterior, se reitera que la Administración está obligada a notificar la liquidación de revisión dentro del término señalado en el ordenamiento tributario, sin que pueda válidamente extenderse el término por el hecho de que el último día del plazo fue inhábil.

Al respecto se advierte que, vencido el término para la respuesta del contribuyente al requerimiento especial y una vez notificó el auto de inspección tributaria, la Administración tenía pleno conocimiento de la suspensión del término para notificar la liquidación de revisión [tres meses] momento a partir del cual tenía la posibilidad de prever con certeza cuál sería el día del vencimiento del término para notificar la decisión y, de saber que era sábado para tomar las medidas tendientes para efectuarla en la oportunidad legal y no pretender, una nueva ampliación, al día siguiente hábil, máxime si se tiene en cuenta que además del plazo de seis meses para proferir la liquidación de revisión, en virtud de la suspensión, tenía tres meses para expedir y notificar el acto liquidatorio.

Por lo expuesto, no se dará prosperidad al recurso de apelación interpuesto por la demandada, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones expuestas.

Sin embargo, la Sala modificará el ordinal Tercero de la sentencia apelada, en el que, a título de restablecimiento del derecho, el Tribunal ordenó “en firme la liquidación privada presentada por la empresa Jesquet E.U., el 31 de julio de 2009, por el bimestre 3 del año gravable 2009”, porque lo cierto es que la contribuyente presentó la declaración inicial del IVA del tercer bimestre del 2009, el 21 de julio de 2009, que ésta fue corregida en varias oportunidades como se indica en el cuadro que está en la página 2 de la presente providencia y que la última fue la del 18 de marzo de 2010, declaración que la Administración pretendía modificar con la liquidación de revisión anulada por el ordinal Segundo del mismo fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Modifícase: el ordinal Tercero de la sentencia apelada, cual quedará así:

“TERCERO. Como restablecimiento del derecho se DECLARA en firme la liquidación privada presentada por la empresa Jesquet E.U., el 18 de marzo de 2010, correspondiente a tercer bimestre del año 2009.

En lo demás, CONFIRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Miryam Rojas Corredor, como apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del memorial que está en el folio 513 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.»

1. Según el certificado de existencia y representación legal, la Superintendencia de Sociedades,
Medellín, declaró disuelta la sociedad y en estado de liquidación judicial, además, designó como liquidadora a Clara Patricia Vélez Osorio, mediante auto 610-000098 del 25 de enero de 2011 y aviso del 3 de febrero del 2011, registrados en la Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2011 [fl. 2 cdno.ppal.]. La Superintendencia de Sociedades, Intendencia Regional Medellín dio por terminado el proceso concursal [auto 610-002274 de nov 2/2011] y lo reabrió para designar apoderado judicial que represente los intereses de la compañía en este proceso [Ver auto 610-002261 del 18/dic/2014 (fl. 731 cdno.2.)].

6. E.T., art. 703

7. E.T. art. 705

8. El artículo 706 del E.T. prevé los eventos que suspenden este término.

9. E.T., art. 707. “Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual éstas deben ser atendidas”.

10. E.T., art. 710. Término para notificar la liquidación de revisión. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello./ Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se suspenderá por el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el término se suspenderá mientras dure la inspección./ Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos meses.

11. Cfr. fls. 4188 a 4206 c.a. 5.

12. Sentencia del 10 de diciembre de 2015, Exp. 21336, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13. Sentencia de 4 de febrero de 2016, Rad. 08001-23-31-000-2010-00189-01(20052), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14. Sentencia del 18 de junio de 2014, Exp. 08001-23-31-000-2009-00565-01(18820), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en Sentencia del 12 de noviembre de 2015, Exp. 20976, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.