Sentencia 2011-01888 de julio 27 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201101888 00

Aprobado según Acta 72 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil once.

Conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria e indígena

Decisión: Envía jurisdicción ordinaria

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Es competente la Sala para dirimir el conflicto aquí planteado, en virtud de lo señalado en los artículos 116 y 256, numeral 6º de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 112, numeral 2º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por tratarse de una controversia surgida entre dos Jurisdicciones diferentes, la Penal Ordinaria representada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cartago y la indígena, representada por el Cabildo Indígena de Tacueyó - municipio de Toribio —Cauca—, quienes se declaran competentes para conocer el proceso penal que se adelanta en contra del señor Armando Bernate Escue por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Previo a resolver el conflicto planteado debe la Sala precisar que pese a no haberse presentado el gobernador indígena a la audiencia de individualización de pena a exponer los argumentos para que le fuera asignado el conocimiento del asunto sub examine ni haber intervenido previa su celebración, la Sala resolverá el mismo, en consideración a la petición de la defensa del acusado y el documento obrante a folio 51 del plenario, mismo que hace constar la pertenencia de su defendido a esa comunidad indígena, solicitud que requiere pronunciamiento en sede de definición de competencias en aras de garantizar el debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Al respecto, la Constitución Política, en su artículo 246, estableció una jurisdicción especial cual es la indígena, señalando lo siguiente:

“ART. 246.—Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Ahora bien, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional(1), se ha considerado que la jurisdicción penal indígena tiene plena vigencia cuando es clara la circunstancia de que la persona que va a ser juzgada pertenece a la comunidad indígena respectiva, pues es precisamente tal pertenencia la que concede la identidad cultural que genera el fuero especial.

En ese sentido, se tendrá como prueba de dicha calidad del acusado la certificación obrante a folio 51 del expediente, donde el gobernador indígena del Cabildo Indigena de Tacueyó del municipio de Toribio Cauca hizo constar que Armando Bernate Escue hace parte de esa comunidad.

De otro lado, ha concluido la Corte que para que opere la jurisdicción indígena es imprescindible que la conducta sometida a su conocimiento pueda ser reconducida a un ámbito cultural, en razón de la calidad de los sujetos activo y pasivo del territorio en donde tuvo ocurrencia y de la existencia en el mismo de una autoridad tradicional con vocación para ejercer la jurisdicción de acuerdo con las normas y procedimientos de la comunidad, aspecto que no se encuentra demostrado en el sub examine, puesto que tal como se indicó en el informe de Policía obrante a folio 13 y siguientes del expediente el lugar de los hechos fue en la Vía que de Andalucía conduce a Cerritos kilometro 49 sitio la Báscula del municipio La Victoria - Valle del Cauca.

En ese sentido, el máximo tribunal de lo constitucional, al analizar la constitucionalidad de la Ley 89 de 1890, que trató el tema de los resguardos indígenas y su jurisdicción, dejó claro los elementos centrales del mismo, señalando que dicha jurisdicción no es absoluta y deben entenderse ciertas limitaciones en procura de salvaguardar intereses superiores. Sobre el punto, consideró:

“(...) El artículo 246 de la Constitución, establece la jurisdicción indígena en los siguientes términos:

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional”.

Respecto al análisis de la norma la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:

...El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: 1) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, 2) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, 3) la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y 4) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas —que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”—, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad”(2).

Estos cuatro elementos son, a no dudarlo, la base de la autonomía que se les da a los pueblos indígenas de autogobernarse y de dirigirse, logrando con ello establecer las autoridades dentro de cada comunidad, así como las “normas” y procedimientos para la consecución de sus ideales y forma de vida, entendiendo todo ello con sujeción al llamado bloque de constitucionalidad y a las leyes, respetando, claro está, la diversidad étnica cultural.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y volviendo al tema que nos ocupa, encuentra esta Sala que el delito imputado al ciudadano Armando Bernate Escue, es el de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, del cual fue aceptada su comisión, aunado a la forma de ocurrencia de la situación permiten inferir que el procesado participa de la cultura mayoritaria y en ese sentido interactuaba con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento.

Por otra parte, corresponde al Estado velar por la protección de la seguridad de sus miembros, pues son ellos los que sufren real y directamente las consecuencias derivadas de la consecución de esos delitos, luego está legitimado para someter a sus propias leyes a aquellos individuos pertenecientes a una determinada comunidad indígena que adecuen su comportamiento a los tipos penales previstos en su legislación.

Este tipo de hecho punible, por su misma naturaleza, no puede tener ninguna protección fundada en la condición de indígena, habida cuenta que la jurisdicción especial fue erigida para mantener la identidad, costumbres y tradiciones de pueblos debidamente asentados, que exigen respeto a su forma de vida, siendo este un mecanismo legal para salvaguardar dichas minorías, en su propio territorio con la conservación de su acervo cultural.

Conforme a las anteriores consideraciones, se asignará el conocimiento del sub examine a la Justicia Penal Ordinaria, representada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartago - Valle del Cauca, decisión que le será informada al Cabildo Indígena de Tacueyó - municipio de Toribio —Cauca—.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto positivo de competencia planteado, en el sentido de declarar que el conocimiento de la presente investigación penal corresponde a la Justicia Penal Ordinaria representada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cartago - Valle del Cauca, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. Conforme a lo anterior, remitir el expediente al precitado Juzgado y copia de la presente providencia al Cabildo Indígena de Tacueyó - municipio de Toribio —Cauca—.

Cúmplase».

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-1294 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-139 de 1996.