Sentencia 2011-01890 de julio 27 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000201101890 00

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Armando Otálora Gómez

Aprobado según acta 72 de la misma fecha

Conflicto negativo de competencia entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria.

Decisión: Asigna a la jurisdicción ordinaria

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2011

EXTRACTO: «Consideraciones

Es competente esta Sala para dirimir el conflicto positivo aquí planteado, en virtud de lo señalado en los artículos 116 y 256, numeral 6º de la Constitución Política, desarrollado por el artículo 112, numeral 2º de la ley estatutaria de la administración de justicia, por tratarse de una controversia surgida entre dos jurisdicciones diferentes, la penal militar, representada por el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar de Bogotá y la ordinaria, en cabeza de la Fiscalía Quinta Seccional de Facatativá, Cundinamarca, quienes rechazan la competencia para conocer de la investigación penal que se adelanta contra Oscar Manuel Garnica Ruíz por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, extorsión y abuso de autoridad con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de enero de 2003 en San Juan de Rioseco, Cundinamarca.

En ese sentido, el fuero militar, como institución que permite fijar la competencia en la jurisdicción especializada para el conocimiento de delitos cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas, se encuentra consagrado en el artículo 221 de la Carta Política en los siguientes términos:

“ART. 221.—De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

A su vez, el ámbito de la competencia atribuida a la jurisdicción penal militar, se encuentra regulada en la Ley 522 de 1999 de la siguiente manera:

“ART. 1º— Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, con arreglo a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.

Con base en lo anterior, se ha considerado que el fuero penal militar está integrado por dos elementos, así:

1. Un elemento subjetivo, que consiste en la calidad de miembro de la fuerza pública, o sea, las fuerzas militares y la policía nacional.

2. Un elemento funcional, que consiste en la relación de los delitos con el servicio o las funciones de la fuerza pública, consagradas en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política, en virtud de los cuales “las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y el fin primordial de la Policía Nacional es el “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Sobre el primero de los aspectos señalados, se tiene el informe suscrito por el capitán Jorge Darwin Guevara Guerrero, oficial sección base de datos dirección de personal informó que el señor Capitán Oscar Manuel Garnica Ruíz se encuentra retirado de la institución luego de laborar en las unidades de los batallones de infantería 25 y 38 de los años 2001 a 2004, en consecuencia se encuentra cumplido el primer requisito.

Así las cosas, se considera cumplido el primero de los requisitos exigidos por la ley para definir la aplicabilidad o no del fuero militar, es decir la calidad de miembros del Ejército Nacional de los implicados, razón por la cual la discusión debe centrarse en determinar la relación existente entre la conducta desplegada por los orgánicos y los actos que guardan relación con el servicio.

Ahora bien, en cuanto al segundo requisito, debe partirse de la tesis reiterada por la Corte Constitucional, de conformidad con la cual:

“Para que un miembro activo de la fuerza pública sea investigado y juzgado por la justicia penal militar, es presupuesto indispensable que el comportamiento realizado tenga una vinculación directa con el servicio. Esto significa que los actos deben estar orientados a realizar los fines que constitucionalmente le han sido asignados, pero en el desarrollo de ellos se presenta un exceso cuantitativo. Es decir, el servidor público ab initio dirige su actuación al cumplimiento de un fin legítimo, pero hay un error en la intensidad de su actuar que implica un desbordamiento de la función pública. Por ejemplo, cuando al capturar a una persona (fin legítimo) aplica una fuerza innecesaria que le ocasiona un daño a su integridad personal (exceso cuantitativo).

“No basta en consecuencia una simple relación temporal o espacial entre el delito cometido y la función desarrollada, como en aquellos casos en que con ocasión o a causa del servicio se desvía en forma esencial la actividad inicialmente legítima para realizar conductas punibles que desbordan la misión constitucional asignada......

“Hay ciertos comportamientos que siempre son ajenos al servicio, como aquellas violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, porque en ellas no puede afirmarse que la fuerza pública está realizando un fin constitucionalmente legítimo. De otra parte, cuando se produce en el contexto de una actuación que empezó para salvaguarda de los fines, valores y derechos de la carta, las violaciones a los derechos fundamentales de las personas constituyen una desviación esencial de una operación que tenía un origen ajustado a los preceptos jurídicos (1).

Al respecto, debe precisarse que es poco probable, hasta este momento y con base en lo que enseña la prueba obrante en la foliatura, la existencia de alguna relación entre las conductas punibles desplegadas por Oscar Manuel Garnica Ruíz consistente en retener y trasladar hasta el puesto de policía al señor Manuel Guillermo Castro Barragán acusándolo de ser guerrillero, donde le manifestaron que no podían capturarlo ante la inexistencia de mérito y orden para el efecto, posteriormente lo transportó a una casa vieja del comando de la Policía, lo golpeó, le colocó una pistola en la boca y amenazó con matarlo acusándolo de guerrillero y posteriormente lo coaccionó para firmar un documento en el cual le vendía el ganado de la finca “La Esperanza”, procediendo a entregarle doce cabezas de ganado entre hembras y machos avaluadas aproximadamente en $ 20.000.000, amenazándolo con matar a su familia si llegaba a denunciarlo.

En efecto, dada la situación fáctica referida y la naturaleza jurídica de los hechos delictivos referidos, no se presagia ningún nexo entre el cumplimiento de los mandatos atribuidos por la Constitución Política a los miembros de la fuerza pública, en los términos del artículo 217 superior y los delitos investigados.

En el presente caso, no existe duda de que el señor Oscar Javier Garnica era miembro del Ejercito Nacional para la época de los hechos, como aparece probado en el expediente, no obstante lo cual, cometió las presuntas conductas delictivas al margen de la misión constitucional encomendada.

En este caso, la Corte Constitucional ha establecido que el sólo hecho de estar en servicio activo no los exime de ser juzgados por la Jurisdicción ordinaria. Ello por cuanto las prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, como son precisamente los investigados en el sub lite los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a servicio ni tienen la virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con el mismo (Sent. C-358/97).

El simple hecho de que una persona esté vinculada a la fuerza pública no dota a sus propósitos delictivos de la naturaleza de misión de la fuerza pública. Ellos continúan siendo simplemente la voluntad delincuencial imputable a la persona, desconectada del servicio público de la defensa y de la seguridad, la cual en un plano de estricta igualdad deberá ser investigada y sancionada según las normas penales ordinarias.

Por lo anterior, los hechos objeto de investigación referidos a delitos de gran trascendencia social, por su misma naturaleza antes que guardar relación con el servicio, se muestran como actos cometidos con ocasión del servicio y no en relación con el mismo, lo que conlleva la asignación de la competencia a la jurisdicción ordinaria, decisión que —tal y como lo ha reiterado esta misma colegiatura— no alcanza efectos de cosa juzgada pues, si el devenir de la investigación permite el arribo de otras pruebas que lleven a un proceso argumentativo diferente, ello será completamente viable.

En consecuencia, conforme a lo planteado, por ser la jurisdicción penal militar de carácter excepcional y especial, el conocimiento de la presente investigación no puede serle atribuido y debe ser asignado a la jurisdicción penal ordinaria, representada por la Fiscalía Quinta Seccional de Facatativá, Cundinamarca, quien deberá imprimirle celeridad a las diligencias a fin de evitar más dilaciones en el trámite, situación que conllevó a la compulsa de copias efectuada por el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia planteado en el sentido de declarar que el conocimiento de la presente investigación penal corresponde a la Justicia Penal Ordinaria representada por la Fiscalía Quinta Seccional de Facatativá, Cundinamarca, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. Conforme a lo anterior, remitir el expediente al precitado juzgado.

Cúmplase.

(1) Sentencia SU-1184 de 2001. MPH. Dr. Eduardo Montealegre Lynett