Sentencia 2011-01896/57752 de marzo 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-31-000-2011-01896-01(57752)

Actor: Yeison Alejandro Grisales Castaño y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro.

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa.

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los tribunales administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos(26).

2. Prelación del fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad que habría sufrido el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(27), con el fin de reiterar su jurisprudencia.

3. Oportunidad de la acción.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(28).

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante Yeison Alejandro Grisales Castaño, con ocasión de la privación de la libertad de la que dice haber sido víctima dentro de un proceso penal.

La sentencia absolutoria proferida el 14 de enero de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, quedó ejecutoriada el 27 de enero de 2011 según constancia suscrita por el Secretario del Juzgado Primero Penal Municipal de Girardota(29), por tanto, el término para ejercer la acción vencía el 28 de enero de 2013 y la demanda fue presentada el 1º de diciembre de 2011, es decir, dentro del término indicado en el artículo 136, numeral 8º, del Código Contencioso Administrativo.

No obstante que la parte actora había presentado solicitud de conciliación prejudicial el 6 de agosto de 2011(30) para agotar el requisito de procedibilidad, lo cual no altera el hecho de que la demanda se radicó de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa.

El señor Yeison Alejandro Grisales Castaño se encuentra legitimado para actuar, pues se encontró privado de la libertad por su vinculación a un proceso penal por el delito de tentativa de extorsión, del cual fue absuelto, de conformidad con la sentencia del 14 de enero de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal.

Por su parte, su hija, sus padres, sus hermanos y sus abuelos se encuentran legitimados para actuar, de conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados al expediente(31).

En cuanto a la señora Irene Tobón Berrío y al menor Brayhan Tobón Tobón, hijo de aquella, quienes demandaron en calidad de compañera permanente e hijo de crianza del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, respectivamente, según los testimonios de los señores León Darío Cano Arias, Blanca Delly Castaño Mazo y Vivian del Socorro Puerta Escudero(32), los demandantes Yeison Alejandro Grisales Castaño e Irene Tobón Berrío convivieron juntos, ella era su compañera y él se hizo responsable del menor Brayhan Tobón Tobón quien era el hijo de ella.

Igualmente, en la audiencia preliminar de control de legalidad de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento al señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, respecto de su estado civil, manifestó que vivía en unión en libre.

Por tales motivos, los actores Irene Tobón Berrío y Brayhan Tobón Tobón se encuentran legitimados en la causa por activa.

Respecto de la señora María Amanda Castaño Salazar, si bien se demuestra con los registros civiles de nacimiento de ella, del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño y de la señora Gloria Esneda Castaño Salazar(33), que esta última es su madre y que aquella es su tía materna, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección(34), por encontrarse en el tercer nivel de parentesco, la demandante María Amanda Castaño Salazar, además, debe demostrar la afectación que le causó la privación de la libertad de su sobrino.

Sin embargo, los testigos Oscar Eugenio González Cárdenas, León Darío Cano Arias y Bibian del Socorro Puerta Escudero(35) cuando fueron interrogados por el núcleo familiar del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño no mencionaron a la demandante María Amanda Castaño Salazar en su relato; solo la testigo Blanca Delly Castaño Mazo indicó que “… Alejandro tenía que mandarle plata a una tía llamada Amada, ella vive en Aguadas, que es muy carente de recursos…”(36), pero, tal como lo señaló el Tribunal a quo, esta sola manifestación no resulta suficiente para acreditar la afectación que pudo sufrir la demandante con la privación de la libertad de su sobrino Yeison Alejandro Grisales Castaño.

No obstante, en tanto la señora María Amanda Castaño Salazar promovió el proceso de la referencia, se encuentra legitimada en la causa de hecho, distinto es que se pruebe o no el daño sufrido por ella.

Por su parte, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama Judicial se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y el director ejecutivo de administración judicial, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 446 de 1998 y 99 numeral 8º, de la Ley 270 de 1996(37).

5. Lo probado en el proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos probatorios:

El 29 de enero de 2010, a las 08:18 de la noche, el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías realizó audiencia preliminar de control de legalidad de la captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento al señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, a solicitud de la Fiscalía 166 Local de Medellín que respecto de los hechos en que se fundó la misma manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“La Fiscalía solicita al señor juez que imparta legalidad al procedimiento de captura del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño (…) quien fue capturado el día de ayer 28 de enero del presente año a las 11:40 horas en la calle 51 con carrera 49 Junín con la playa vía pública, en situación de flagrancia el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño. Esta persona fue capturada en el momento en que recibía una bolsa amarilla que contenía un paquete en sobre de manila el cual simulaba contener el dinero producto de la extorsión que le estaba haciendo al señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara identificado con cedula (…) a quien le exigían la suma de tres millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia, la cual debía entregar el día de hoy a las once de la mañana en las escalas que conducen al segundo piso del edificio Coltejer. Se procedió a dar captura en flagrancia por el delito de extorsión, inmediatamente se identificaron como miembros del Gaula de la Policía Nacional y de manera oportuna se le da lectura y se le hacen efectivos los derechos que como capturado le asisten de manera que los entendiera tras explicarle el motivo de su captura y el derecho a guardar silencio firmando los mismos, inmediatamente fue trasladado hacia las instalaciones del URI centro al bunker de la Fiscalía donde fue recibido siendo las 11:53 horas (…).

“(…) se cuenta con el acta de derechos del capturado, la denuncia del señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara del día 28 de enero a las 09:40 horas quien sobre los hechos relata: “el día 20 de noviembre del año 2009 yo me encontraba en mi residencia cuando a eso de las diez de la mañana empezaron a llamar a mi celular y al contestar la voz de una mujer que tenía que pagarles dos millones de pesos que se les debía, entonces le contesté que yo no tenía negocios con nadie y que ella no me había prestado nada, entonces me dijo que mi señora le debía dos millones de pesos, le contesté que si ella le debía le cobraran a ella, entonces luego me habla un muchacho que me dice que no sabía con quién nos estábamos metiendo y me mencionó a una pandilla de “los trialla”, que yo tenía un ganado y tenía que pagar, que me tenía ubicado al igual que a mi familia, entonces le dije que cómo iba a pagar si yo no tenía negocios con nadie, luego pasó la mujer y me dijo que nos viéramos en el parque para que habláramos, entonces le dije que sí, que quedábamos de vernos en el parque, como a las seis y media de la tarde colgó y yo reconocí la voz de la mujer que me llamó que es Irene que es una muchacha que vivía con un cuñado mío de nombre Efrén Restrepo, la voz del hombre si no sé quién era, luego a las seis y media de la tarde yo me voy para el parque y me ubico en la iglesia, estando, llegó Irene acompañada de un muchacho joven delgado, estatura media, trigueño, cabello corto me dicen que yo les tenía que pagar dos millones de pesos entonces le contesté que no tengo ningún negocio con nadie, que era que mi señora les debía dos millones de pesos de un préstamo que le habían hecho, entonces les dije pues si ella se los debe cóbrenle a ella, ya el muchacho se me acerca y me empieza a decir palabras amenazantes, que no sabía con quién nos estábamos metiendo, entonces les dije que yo iba a averiguar qué era lo que estaba pasando, cuando yo llegué a mi casa le pregunte a mi mujer que era lo que estaba pasando y ella me dijo que no le debía dinero a nadie, que lo que pasaba era que como Irene vivía con el hermano y se habían separado entonces ella había empezado a pedir plata, las cosas quedaron así por unos quince días cuando nuevamente empezaron a hacer llamadas a mi celular y al fijo de la casa (…) ya en vista de esta situación trato de llegar a un arreglo con esta persona y quedamos en que le voy a entregar la suma de dos millones ochocientos mil pesos, dinero que debo entregar el día de hoy a las once de la mañana en el edificio Coltejer acá en la ciudad de Medellín (…)””(38).

En dicha diligencia el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías legalizó la captura, aceptó la imputación formulada por la Fiscalía por el delito de tentativa de extorsión y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, quien no aceptó la imputación. Las decisiones no fueron impugnadas por la defensa del imputado.

El 3 de marzo de 2010, se dio inicio a la audiencia de formulación de acusación en contra del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Girardota, la cual fue suspendida a solicitud de la defensa y de la Fiscalía para realizar un posible pre acuerdo con la víctima(39).

El 9 de marzo de 2010 continuó la audiencia de acusación formal en contra del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, la Fiscalía aclaró que el preacuerdo no se concretó entre las partes, acusó al actor del delito de extorsión agravada en modalidad de tentativa y se descubrieron las pruebas aportadas y solicitadas por los sujetos procesales(40).

El 4 de mayo de 2010, se realizó la audiencia de juicio oral en la cual el acusado Yeison Alejandro Grisales Castaño se declaró inocente y se practicaron los testimonios de los cuales se destacan las declaraciones de la víctima Osman Gustavo Saldarriaga Vergara y de su compañera la señora Astrid Eliana Restrepo Silva, ambos manifestaron que no tenían deuda alguna con el procesado y reiteraron sobre las llamadas amenazantes para el cobro de la supuesta deuda que tenían con la señora “Irene” y el encuentro para la entrega del dinero, previo aviso a las autoridades(41).

En la misma audiencia el señor Efrén Darío Restrepo Silva, hermano de Astrid Eliana Restrepo Silva señaló que el 17 de diciembre de 2009 recibió un mensaje del acusado Yeison Alejandro Grisales Castaño, en el cual le decía que le dijera a su hermana que le pagara la plata, “que no sabía con quién se estaba metiendo”. Indicó que lo reconoció porque era la pareja de su ex compañera “Irene” y que ella le había dicho desde agosto de 2009 que Astrid Eliana Restrepo Silva le debía dos millones de pesos.

También declaró el subintendente Jhon Jairo Velásquez Cuéllar, investigador del Gaula de la Policía Nacional, quien rindió el informe de la captura en flagrancia del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, con base en la denuncia del señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara. El testigo señaló que se inició un operativo para acompañar al denunciante el 28 de enero de 2010 a los alrededores del edificio Coltejer en Medellín, para verificar quién era la persona que lo extorsionaba.

Por su parte, el testigo Juan Camilo Lopera Gómez, Patrullero de la Policía Nacional, quien participó en el procedimiento de captura del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, declaró que al momento de la aprehensión el detenido manifestó “que él no tenía nada que ver en eso, que eso era un error”.

A su vez, el testigo Jair Fernando Puentes López, subintendente del Gaula de la Policía Nacional, quien también participó de la captura de Yeison Alejandro Grisales Castaño, confirmó lo señalado por su compañero, el patrullero Juan Camilo Lopera Gómez.

Finalmente, la Fiscalía solicitó sentencia condenatoria contra el acusado y la defensa su absolución por atipicidad de la conducta bajo el argumento de que se presentó un constreñimiento ilegal pues, a su juicio, “existían otras maneras de cobrar la deuda”, dado que el acusado sí realizó las amenazas y “actuó mal”.

Posteriormente, mediante sentencia del 25 de mayo de 2010, el Juzgado Primero Penal Municipal de Girardota condenó al señor Yeison Alejandro Grisales Castaño por el delito de tentativa de extorsión, a la pena de 96 meses de prisión y otras accesorias, de la cual se extrae lo siguiente (se trascribe de forma literal):

“La señora Astrid Eliana Restrepo Silva cónyuge de Osman Gustavo Saldarriaga Vergara cuenta que recibió una llamada a principios de noviembre donde una voz de un hombre le manifestó que había comprado una deuda y la llamaba para el cobro, inmediatamente su esposo cogió la bocina y en adelante fue la persona que estuvo al tanto de la situación y recibió las amenazas para que tuviera cuidado con los niños que ya tenían sus datos. El dinero exigido eran dos millones y luego tres millones de pesos. Relata que la primera llamada la recibió en el teléfono fijo de su casa e identificó que la misma se hacía de la casa de Irene, ex esposa de un hermano suyo de nombre Efrén Darío Restrepo Silva, llamadas que terminaron con la captura de la persona que las hacía, pues su esposo avisó a las autoridades de lo que le estaba sucediendo.

“En el contrainterrogatorio realizado por la defensa y en el redirecto realizado por la Fiscalía, la señora Astrid manifestó que ella no tenía deuda con ninguna persona. Al igual que Osman Gustavo indicó que a consecuencia de las llamadas que estuvieron realizando se vivió mucha intranquilidad en el hogar, hasta el punto que en el colegio de los niños pidió que no se les permitiera salir sino con uno de sus padres.

“En el interrogatorio directo realizado por la defensa a las víctimas Osman Gustavo Saldarriaga Vergara y Astrid Eliana Restrepo Silva respondieron que ellos no tenían ninguna deuda con Yeison ni con Irene. Astrid en especial indicó que por el contrario la deuda la tenía Irene con ella en razón de un contrato para transportar a su hijo por tres años en un vehículo escolar que tiene en compañía de su hermano Efrén Darío Restrepo Silva, suma de dinero que ascendió a $ 2.100.000 de los cuales Irene pagó $ 2.000.000 y quedó debiendo $ 100.000.

“Efrén Darío Restrepo Silva, hermano de Astrid y cuñado de Osman indicó que él también recibió una llamada de Yeison el 17 de diciembre de 2009 en la que le decían que dijera a su hermana que pagara la plata o que sino tenía problemas, que no sabía con quien se estaba metiendo, que no trataba con ningún ‘culicagao’, que se cuidara que la cosa iba en serio. Manifestó que sabía que era Yeison porque era del número celular 310 (…) del cual ya había recibido otras llamadas y lo conocía porque en una ocasión fue a la casa de Irene y allí se encontraba Yeison.

“(…).

“Se pretendió excusar a Yeison haciéndose creer que lo que estaba cobrando era una deuda que tenía Astrid con Irene, situación que no se probó en el juicio oral y si por el contrario, quien poseía la deuda era Irene con Astrid en razón del contrato de transporte. Sin duda alguna, el acercamiento de Irene a la familia de Osman no fue otro que la relación que ella tuvo con Efrén Darío, pues no de otra forma se hubiese llegado al contacto con la familia conformada por Osman, su cónyuge Astrid y sus tres hijos.

“(…).

Se acreditó que la persona que profirió las amenazas e intimidó a Osman Gustavo Saldarriaga Vergara y realizó la exigencia económica fue el acusado Yeison Alejandro Grisales Castaño, pues desde un principio Osman tuvo entrevista con él e incluso su cuñado, quien también recibió amenazas de su parte, ya lo conocía, como que era amigo de su excompañera Irene.

Sumado a lo anterior está la captura en situación de flagrancia que realizaran los agentes del Gaula en contra de Yeison Alejandro Grisales Castaño, la cual tuvo ocurrencia el 28 de enero de 2010 en la ciudad de Medellín, luego de haber recibido un paquete que simulaba la exigencia económica que realizaba al señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara(42) (negrillas de la Sala).

Finalmente, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, el 14 de enero de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, revocó la sentencia condenatoria de primera instancia y absolvió al acusado del delito de tentativa de extorsión, decisión de la cual se destaca lo siguiente (se trascribe de forma literal):

“No solo en las comunicaciones siempre se hizo alusión a una deuda y así lo reconocieron las víctimas y Efrén Darío Restrepo, sino que choca con el sentido común que quien pretenda extorsionar a otro llame desde su propia casa y su propio teléfono y organice encuentros en lugares públicos como el atrio de una iglesia, ni siquiera para recibir el dinero exigido, que no se entregó en esa oportunidad, sino para arreglar la deuda contraída antes, más aun cuando se trata de un municipio pequeño, donde los habitantes se conocen regularmente.

“(…).

Si como todo lo indica se trataba del cobro forzoso y bajo amenazas de un préstamo previamente otorgado a la víctima, es posible que el acusado haya incurrido en un constreñimiento ilegal, pero no en una extorsión, la cual exige que el constreñimiento tenga como propósito obtener un provecho, utilidad o beneficio ilícitos.

“La Sala entonces no encuentra probado más allá de toda duda el delito de extorsión que se le atribuyó al acusado Yeison Alejandro Grisales Castaño y la culpabilidad de este.

“2. Si bien el acusado pudo incurrir en un delito de constreñimiento ilegal, no fue ese delito el que se le atribuyó en el escrito de acusación, ni aquel que se le dedujo circunstanciadamente en las condiciones de la Fiscalía en el juicio. Por tanto, no es posible condenarlo por él porque sería romper la congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, toda vez que, conforme al artículo 448 de la Ley 906 de 2004, el acusado no puede ser condenado “por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

“(…).

“En este caso, por supuesto, no es que la Fiscalía haya incurrido en un error en la denominación jurídica del hecho al momento de presentar la acusación o sus condiciones en el juicio, sino que no probó los hechos sobre los cuales edificó la acusación, pues aún en la apelación insistió en que no se trató del cobro de un préstamo sino de la exigencia de un provecho o utilidad ilícitos, cuestión que la Sala no encuentra demostrada más allá de toda duda”(43) (negrillas de la Sala).

Según certificación del Inpec del 6 de marzo de 2015, el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño estuvo recluido en el establecimiento carcelario de mediana seguridad de Medellín entre el 30 de enero de 2010 y el 20 de enero de 2011(44).

6. Caso concreto: culpa exclusiva de la víctima quien con su comportamiento amenazante para el cobro de una supuesta deuda, dio lugar a la denuncia por extorsión y a ser capturado en flagrancia.

El daño, consistente en la privación de la libertad sufrida por el actor, se encuentra demostrado con la audiencia preliminar de legalización de captura según la cual el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño fue detenido el 28 de enero de 2010 y de acuerdo con la certificación del Inpec, en la cual consta que permaneció recluido en el establecimiento carcelario de mediana seguridad de Medellín entre el 30 de enero de 2010 y el 20 de enero de 2011.

Igualmente, con la sentencia proferida el 14 de enero de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, que lo absolvió de responsabilidad por el delito de tentativa de extorsión.

Ahora bien, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario la actuación penal terminó por duda frente a la comisión de la conducta típica que le fue endilgada al actor, dado que el juez penal de segunda instancia “no encuentra probado más allá de toda duda el delito de extorsión que se le atribuyó al acusado”, supuesto que, por regla general, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta sección, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad y, por ende, da lugar a la aplicación del régimen de responsabilidad de carácter objetivo.

Sin embargo, pese a la evidencia del daño, la Sala considera que la imputación no puede atribuirse a las demandadas, puesto que los elementos probatorios que obran en el plenario arrojan la ocurrencia de una culpa exclusiva de la víctima, como pasará a verificarse.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño se entenderá causado por la culpa exclusiva de la víctima cuando se encuentre acreditado que esta actuó con culpa grave o dolo.

Para identificar los mencionados conceptos de culpa grave y dolo, la jurisprudencia(45) ha acudido a los criterios contemplados en el artículo 63 del Código Civil(46), de los cuales se extrae que el primero corresponde a un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, mientras que el segundo se equipara con la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

Así las cosas, en asuntos como el analizado, se entiende configurada la culpa de la víctima cuando se encuentra probado que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban el adelantamiento de la respectiva actuación y, de manera consecuente, justificaban la restricción de la libertad, circunstancias que deben determinarse si se presentaron en el sub lite.

Sobre el particular, resulta oportuno resaltar que el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño fue capturado en situación de flagrancia, pues previa denuncia por amenazas para el supuesto cobro de una deuda, instaurada por el señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara, miembros del Gaula de la Policía Nacional organizaron un operativo para acompañar al denunciante a su encuentro con la persona que lo amenazaba y llegado el día y hora del suceso, quien se presentó fue el hoy actor y pretendió retirarse con el paquete que le entregó el señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara, momento en el cual fue capturado.

De ahí que, en principio, los hechos de la denuncia sí correspondían a la realidad y llegada la fecha del encuentro con el supuesto extorsionista fue precisamente, el señor Yeison Alejandro Grisales Castaño, quien se presentó para recibir el dinero, motivo que dio lugar a su captura y a que se iniciara la actuación penal en su contra.

Cabe advertir que si bien tanto al momento de la captura como en las diligencias penales el actor manifestó que “él no tenía nada que ver con eso y que eso era un error” y se declaró inocente, no hizo ninguna intervención para explicar las razones de su comportamiento, por el contrario, sí quedó demostrado que efectuó las llamadas amenazantes a la víctima y que se encontró con esta para recibir un dinero fruto de la coacción que ejerció, mas no de un acuerdo espontáneo de voluntades.

Tanto así, que su defensor manifestó en la audiencia de juicio oral que habló con su defendido (el actor), le recriminó por su comportamiento y le manifestó que “existían otras maneras de cobrar la deuda” y señaló expresamente que el acusado sí realizó las amenazas y “actuó mal”. Es decir, el actor dentro de la causa penal y a través de su defensor dejó claro que sí intimidó a la víctima, solo que fue con el propósito de cobrar un dinero que la esposa del señor Osman Gustavo Saldarriaga Vergara al parecer, le debía a su compañera sentimental.

De hecho, ni siquiera el Tribunal que lo absolvió en segunda instancia descartó la conducta irregular del actor, pues señaló que “si bien el acusado pudo incurrir en un delito de constreñimiento ilegal, no fue ese delito el que se le atribuyó en el escrito de acusación, (…) por tanto, no es posible condenarlo por él”.

De lo anterior se deduce que sí fue irregular la conducta del actor y que esta pudo adecuarse a un tipo penal distinto al endilgado (constreñimiento ilegal), pero como no fue acusado por ese delito, en aplicación del principio de congruencia, no podía ser condenado por este.

Por tanto, en el proceso penal sí se advirtió un comportamiento indebido de parte del demandante pero en virtud de la falta de pruebas sobre los hechos que dieron lugar a la acusación por el delito de extorsión, el actor fue absuelto.

Además, la conducta del accionante fue injustificada, pues al margen de que su intención fuera ayudarle a su compañera sentimental para obtener un dinero supuestamente adeudado, lo cierto es que la amenaza y la intimidación no eran los mecanismos apropiados para lograr dicho fin.

Siendo así, el demandante señor Yeison Alejandro Grisales Castaño con su comportamiento dio lugar a la denuncia penal cuyos hechos no fueron desmentidos, al igual que a la captura en flagrancia y ser vinculado a la actuación penal en calidad de acusado por el delito de tentativa de extorsión y a que por ello se le privara de su libertad.

Como consecuencia, se revocará la sentencia apelada.

7. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Descongestión el 27 de noviembre de 2015, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(26) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, exp. 10010326000200800009 00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta 9.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, exp. 37.410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Folio 204, cdno. 1.

(30) Folios 29 y 30, cdno. 1.

(31) Folios 13 a 21, cdno. 1.

(32) Folios 217 a 219, cdno. 1.

(33) Folios 13, 16 y 22, cdno. 1.

(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 27.709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.

(35) Folios 216, 218, 218 vuelto y 219, cdno. 1.

(36) Folio 218, cdno. 1.

(37) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

(38) CD Nº 1, folio 211, cdno. 1.

(39) CD Nº 2, folio 211, cdno. 1.

(40) CD Nº 2, folio 211, cdno. 1.

(41) CD Nº 2, folio 211, cdno. 1.

(42) Folios 148 a 155, cdno. 1.

(43) Folios 192 a 199, cdno. 1.

(44) Folio 212, cdno. 1.

(45) En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17.933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27.414, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2016, exp. 32.126, C.P. Danilo Rojas Betancourth, reiteradas por la Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016, exp. 41.601, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005, exp. 15784, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.