Sentencia 2011-01938 de noviembre 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000-23-15-000-2011-01938-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Jaime Ovalle Pedraza

Demandado: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil once.

La Sala decide sobre la impugnación presentada por la parte demandada contra la providencia del 1º de septiembre de 2011, proferida por la Sección Segunda —Subsección D— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual amparó el derecho fundamental de petición.

I. La pretensión y los hechos en que se funda

El señor Jaime Ovalle Pedraza, interpuso acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en la que invocó como vulnerado su derecho fundamental de petición.

Dentro del acápite de pretensiones, solicitó:

“ordenar a acción social de la presidencia de la república o a quien corresponde resolver en el término de 48 horas la petición presentada con el Radicado 13-07-2011”.

Los hechos en los que se funda la solicitud de amparo de dichos derechos son, en síntesis, los siguientes:

1. Adujo que hace 7 años inició proceso de reparación administrativa ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con ocasión de los homicidios de su padre y hermano a manos de las autodefensas.

2. Expresó que el 12 de julio de 2011 radicó derecho de petición ante la entidad demandada con el fin de que se le informara el momento en el que se iba a reparar administrativamente, en especial por cuanto había aportado los documentos que la entidad le exigió para probar su calidad de beneficiario, y no ha recibido respuesta.

III.(sic) La respuesta de los demandados

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional presentó escrito de contestación a la tutela de la referencia en el sentido de solicitar se desestimaran las pretensiones de la demanda, toda vez que mediante Oficio 20113464027651 de 25 de agosto de 2011 se le dio respuesta oportuna y de fondo al actor.

Sostuvo que en dicho oficio se le informó que la subdirección de atención a víctimas de la violencia, luego de realizar un estudio técnico correspondiente a la solicitud elevada ante la entidad, encontró que no poseía la documentación necesaria para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos, por lo que no se podía otorgar el concepto de reconocimiento de la calidad de víctima al padre del actor.

De igual forma, se le aclaró que la solicitud se encontraba en reserva técnica y le solicitó allegar documentos para proseguir con el trámite de estudio y motivar la decisión del comité de reparaciones administrativas —CRA—.

Alegó que la entidad había cumplido con el procedimiento establecido legalmente y que no era dable afirmar que el actor se encontrara en situación de vulnerabilidad respecto de las demás víctimas que han interpuesto las solicitudes en iguales circunstancias.

Señaló que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y que solo puede ser considerado procedente cuando el actor no cuente con otros mecanismos de defensa idóneos para la protección de sus derechos o ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Adujo que no existía prueba de la vulneración de los derechos fundamentales por parte de la entidad y que el actor tenía a su disposición otros medios de defensa judiciales.

IV. El fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho fundamental de petición invocado como violado por la parte actora pues consideró que la entidad demandada no dio trámite en la forma debida a la petición del 12 de julio de 2011.

Señaló que la entidad no llevó a cabo las gestiones requeridas para el proceso de reparación integral, a pesar que el actor sí cumplió con lo que le solicitaron, en la medida que allegó los documentos que lo acreditaban como beneficiario y que, de acuerdo a lo expresado por acción social, iban a darle impulso al trámite de reparación pendiente. Es claro que esto no implica necesariamente el acceso a la reparación pero sí que debe iniciarse, por lo menos, el estudio de la misma.

Aseveró que al contestar el derecho de petición alegando que el proceso se encontraba en “reserva técnica”, se estaba pretermitiendo el deber que tiene de dar contestación de fondo de la petición. Así, difiere del concepto de la entidad demandada en cuanto a la ocurrencia de un hecho superado.

V. La impugnación

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional presentó escrito de impugnación en contra del fallo de primera instancia reiterando los mismos argumentos que presentó en la etapa de contestación.

V.(sic) Las consideraciones de la Sala

El señor Jaime Ovalle Pedraza, interpuso acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en la que invocó como vulnerado su derecho fundamental de petición.

Dentro del acápite de pretensiones, solicitó:

“ordenar a acción social de la presidencia de la república o a quien corresponde resolver en el término de 48 horas la petición presentada con el Radicado 13-07-2011”.

En orden a resolver lo pertinente en este asunto, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares, en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.

Dispone así mismo el mencionado artículo que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De otro lado, se tiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Según lo ha reiterado esta corporación, el núcleo esencial del mencionado derecho constitucional fundamental supone no solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta resolución de las mismas, a que se resuelva de fondo y de forma clara y precisa la pretensión, dentro del término establecido por la ley para tal fin y, a que las respuestas de la administración sean notificadas o comunicadas a los interesados por los medios legales, independiente que las mismas sean favorables o no a las pretensiones del administrado.

Así mismo este derecho hace referencia no una simple respuesta sino una de fondo que resuelva el asunto materia de la petición elevada, así como que la misma sea oportuna de acuerdo a los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico para cada caso.

Pues bien, luego del examen de la actuación, se observa que el actor elevó derecho de petición ante la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional con el fin de que se le informara el momento en el cual iba a ser reparado administrativamente, en razón a la muerte de su padre y hermano a manos de grupos al margen de la ley.

Mediante Oficio 20113464027651 de 25 de agosto de 2011, acción social respondió su derecho de petición, aclarando que era necesario que el actor allegara una serie de documentos que lo acreditaran como beneficiario, con el fin de darle impulso al trámite de la reparación administrativa.

La reparación por vía administrativa está regulada por el Decreto 1290 de 2008, el cual prevé a la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional como órgano a cargo del programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley(1).

De lo anterior se colige que la entidad demanda es, entonces, la encargada de adelantar los trámites de recepción de las solicitudes, estudiar su viabilidad y gestionar la ejecución de las medidas de reparación que se otorguen.

Ahora bien, a pesar que el actor allegó los documentos que la demandada le solicitó para establecer su condición de beneficiario, se observa que dicha entidad no ha llevado a cabo las gestiones necesarias para darle impulso al trámite de reparación, lo que se traduce en una vulneración al derecho de petición del demandante, toda vez que, si bien los documentos no le otorgan per se el derecho a la reparación integral, sí constituyen el inicio del estudio de la misma y el adelantamiento del procedimiento para determinar si le asiste o no dicho derecho, información que se le debe suministrar al peticionario y sin razón aparente todavía no se ha hecho.

Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, pues se evidencia la vulneración al derecho fundamental de petición del actor.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

Por secretaría, envíese copia de esta decisión de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de noviembre de 2011.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—María Elizabeth García González—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso.

(1) Decreto 1290 de 2008, ART. 1º—“Creación del programa. Créase un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cual estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 975 de 2005” (resaltado fuera de texto).