Sentencia 2011-01938 de noviembre 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Rad.: 25000-23-15-000-2011-01938-01 (AC)

Actor: Jaime Ovalle Pedraza

Demandado: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Las consideraciones de la Sala

El señor Jaime Ovalle Pedraza, interpuso acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en la que invocó como vulnerado su derecho fundamental de petición.

Dentro del acápite de pretensiones, solicitó:

“ordenar a acción social de la presidencia de la república o a quien corresponde resolver en el término de 48 horas la petición presentada con el radicado número 13-07-2011”.

En orden a resolver lo pertinente en este asunto, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” o de los particulares, en los casos señalados por el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.

Dispone así mismo el mencionado artículo que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De otro lado, se tiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Según lo ha reiterado esta corporación, el núcleo esencial del mencionado derecho constitucional fundamental supone no solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta resolución de las mismas, a que se resuelva de fondo y de forma clara y precisa la pretensión, dentro del término establecido por la ley para tal fin y, a que las respuestas de la administración sean notificadas o comunicadas a los interesados por los medios legales, independiente que las mismas sean favorables o no a las pretensiones del administrado.

Así mismo este derecho hace referencia no una simple respuesta sino una de fondo que resuelva el asunto materia de la petición elevada, así como que la misma sea oportuna de acuerdo a los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico para cada caso.

Pues bien, luego del examen de la actuación, se observa que el actor elevó derecho de petición ante la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional con el fin de que se le informara el momento en el cual iba a ser reparado administrativamente, en razón a la muerte de su padre y hermano a manos de grupos al margen de la ley.

Mediante oficio 20113464027651 de 25 de agosto de 2011, Acción Social respondió su derecho de petición, aclarando que era necesario que el actor allegara una serie de documentos que lo acreditaran como beneficiario, con el fin de darle impulso al trámite de la reparación administrativa.

La reparación por vía administrativa está regulada por el Decreto 1290 de 2008, el cual prevé a la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional como órgano a cargo del Programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley(1).

De lo anterior se colige que la entidad demanda es, entonces, la encargada de adelantar los trámites de recepción de las solicitudes, estudiar su viabilidad y gestionar la ejecución de las medidas de reparación que se otorguen.

Ahora bien, a pesar que el actor allegó los documentos que la demandada le solicitó para establecer su condición de beneficiario, se observa que dicha entidad no ha llevado a cabo las gestiones necesarias para darle impulso al trámite de reparación, lo que se traduce en una vulneración al derecho de petición del demandante, toda vez que, si bien los documentos no le otorgan per se el derecho a la reparación integral, sí constituyen el inicio del estudio de la misma y el adelantamiento del procedimiento para determinar si le asiste o no dicho derecho, información que se le debe suministrar al peticionario y sin razón aparente todavía no se ha hecho.

Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, pues se evidencia la vulneración al derecho fundamental de petición del actor.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

Por secretaría, envíese copia de esta decisión de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de noviembre de 2011».

(1) Decreto 1290 de 2008, artículo 1º: “Creación del programa. Créase un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cual estará a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a los que se refiere el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 975 de 2005” (resaltado fuera de texto).