Sentencia 2011-01988 de noviembre 1 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-0203-000-2011-01988-00

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., primero de noviembre de dos mil trece.

(Aprobado en sesión de siete de octubre de dos mil trece)

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. El “recurso de revisión” de conformidad con el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, procede contra las sentencias ejecutoriadas, con base en las causales taxativamente consagradas en el precepto 380 ídem y, constituye una garantía de justicia, en virtud de que posibilita el aniquilamiento de una decisión injusta, o permite el restablecimiento del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o la preservación del instituto de la “cosa juzgada”.

2. Acerca del entendimiento y los alcances del citado medio de impugnación, esta corporación ha expuesto, entre otros, en el fallo de 8 de junio de 2011, Expediente 2006-00545-00, lo siguiente:

“(...), el Código de Procedimiento Civil consagra el recurso extraordinario de revisión por las causales taxativas señaladas en el artículo 380, ya en procura de la justicia como fin supremo del derecho (num. 1º a 6º), ora el restablecimiento del derecho de defensa quebrantado (num. 7º y 8º), bien la preservación misma de la cosa juzgada (num. 9º).

“En armonía con las antecitadas directrices, ‘la doctrina reiterada de esta Sala ha dicho que el recurso de revisión es remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la cosa juzgada material, para combatir las decisiones judiciales contrarias a la justicia y al derecho, el cual tiene determinadas características que lo distinguen de los demás medios de impugnación, como quiera que es un recurso extraordinario, formalista y restringido, cuya función es constatar la existencia o inexistencia de las causales taxativamente señaladas en la ley, y no para enmendar situaciones adversas que, con intervención de alguno de los sujetos procesales, hubieren podido evitarse o remediarse en donde se dictó la sentencia de la cual se implora revisión’”.

3. El reseñado criterio permite afirmar que el “recurso de revisión” no se opone a la institución de la “cosa juzgada”, sino que por el contrario, propugna por su consolidación en términos de justicia material y no formal, que es el paradigma a donde debe orientarse la función judicial, según el ordenamiento constitucional, el cual reclama, además de la correcta aplicación del derecho sustancial, la observancia del principio de legalidad como garantía esencial del debido proceso.

Adicionalmente, es viable señalar que la Corte Suprema en la sentencia de 1º de junio de 2010, Expediente 2008-00825, precisó que el “(...) principio de ‘la cosa juzgada’ no es absoluto, pues razones de justicia obligan a exceptuar de él las providencias de fondo injustas, como son las emitidas en procesos donde se presenta alguna de las seis primeras causales del recurso de revisión, o sea, aquellas en que se demuestre plenamente que están fundadas ‘en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de parte contraria’. (...)”; igualmente cuando se configura alguna de las hipótesis consagradas en los tres últimos motivos que autorizan el presente mecanismo de impugnación, los que básicamente buscan la protección del derecho de defensa y el respeto al mismo instituto de la “cosa juzgada”.

4. En el sub lite, la parte recurrente apoya la “demanda de revisión” en la “causal octava” del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, la que se estructura por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.

La corporación en fallo de 17 de mayo de 2013, Expediente 2011-00415-00, memoró que “(...). ‘Del contenido de la norma transcrita se infiere que dicho motivo de revisión se configura si confluyen los siguientes presupuestos: a) que al dictarse la sentencia se incurra en nulidad; y b) que contra ese fallo no pueda interponerse ningún recurso.

“(...) la mencionada causal se presenta, en general, ‘cuando en ella [en la sentencia] se configura en verdad alguna de las causales de nulidad establecidas por la ley, protegiéndose de esta manera el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, solo podrá tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la sentencia’ (...) y, en particular, ‘(...) cuando (...) presenta irregularidades capaces de constituir nulidad, lo cual sucede, (...) exceptuado el evento de indebida representación, notificación, o emplazamiento que configuran causal autónoma (la 7ª), cuando se dicta sentencia en proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se pronuncia estando suspendido el proceso, o cuando en el fallo se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior [de] magistrados al previsto por la ley, a lo cual cabe agregar el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar, cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia. Ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido.’ (...), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades— se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, ‘(...) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; (...), sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad (...)’” (se destaca).

5. La irregularidad denunciada por el impugnante, como anteriormente se expresara, se concreta al hecho de que la sentencia de segunda instancia la adoptó una “sala dual”, que no tenía competencia para el efecto, habiéndola suscrito únicamente dos de los magistrados integrantes de la “Sala de Decisión” a la que se le asignó el conocimiento del recurso de apelación formulado por la accionada frente al fallo del a quo.

6. Ante esa problemática, ha de indagarse acerca de la normatividad que regula lo concerniente a la manera como los tribunales superiores de distrito judicial deben hacer efectivo el principio de la “doble instancia” consagrado en el canon 31 de la Constitución Política, el cual tiene por finalidad garantizar en forma plena y eficaz el ejercicio de los derechos de “defensa y de contradicción”, los que a su vez integran el “debido proceso”, contemplado este en el precepto 29 ibídem, cuyo principal soporte se halla en el “principio de legalidad” al que están sujetas tanto las autoridades judiciales como las administrativas.

Con relación al modo de ejercer sus atribuciones las aludidas corporaciones judiciales, en lo pertinente el artículo 19 de la Ley 270 de 1996, estatuye que “(...) ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, integrada por la totalidad de los magistrados, por la Sala de Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley”.

A su vez el canon 4º de la Ley 1395 de 2010, que modificó el 29 del Código de Procedimiento Civil, establece que “[c]orresponde a las Salas de decisión dictar las sentencias y los autos que resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente de regulación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la Sala de decisión”.

Y el “Acuerdo 108 de 1997”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que contiene “las reglas generales para el funcionamiento de los tribunales superiores de distrito judicial”, en su artículo 9º, vigente para la época de los hechos examinados, prevé que “[p]ara el ejercicio de la función jurisdiccional habrá tantas salas de decisión plurales e impares cuantos magistrados conformen la respectiva sala especializada, y cada una de ellas se integrará con el magistrado ponente, quien la presidirá, y con los dos que le siguen en orden alfabético de apellidos y nombres”.

No obstante lo anterior, se precisa que en el “Acuerdo 9683 de 2012 (...) se adoptan unas medidas de descongestión y se dictan otras disposiciones para la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”, creándose transitoriamente un despacho de magistrado a fin de completar veintiuno (21), para efectos de conformar “Salas de Decisión Fijas”, cuya vigencia se ha venido prorrogando.

En punto del “quórum deliberatorio y decisorio” el precepto 54 del estatuto de la administración de justicia, consagra: “Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección. – Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo”.

En tanto que el artículo 10 del citado “Acuerdo 108 de 1997”, en lo atinente al “funcionamiento de las salas de decisión”, dispone que “[e]l magistrado a quien se asigne el conocimiento de un asunto será el ponente de la primera y demás apelaciones que se propongan; para este efecto elaborará el proyecto de providencia y lo registrará en la secretaría de la sala especializada. – El ponente, mediante aviso, en el cual relacionará los proyectos registrados, citará para sala a los demás magistrados con un día de antelación, por lo menos. Copia del aviso se fijará en un lugar público de la secretaría de la sala especializada. – Salvo en los casos en que la providencia se pronuncie en audiencia, aprobado el proyecto en la sala, el ponente deberá remitirlo a los demás integrantes de la misma que hayan intervenido en su adopción, quienes lo suscribirán dentro de los dos días siguientes, aunque hayan disentido.– El magistrado que disienta del proyecto mayoritario consignará, salvo disposición legal expresa, dentro de los dos días siguientes a la fecha de la providencia, las razones de su desacuerdo, en documento que se anexará a aquellas bajo el título de salvamento de voto o de aclaración de voto, según el caso, sin que su retardo impida notificarla ni proseguir el trámite. – En el evento de ser mayoritaria la posición contraria a la del ponente, la decisión será proyectada por el magistrado que siga en turno y aquel salvará el voto sin que pierda competencia para ordenar el trámite posterior o para las demás apelaciones que se presenten en el mismo proceso”.

Y el precepto 13 ibídem, en torno al “quórum deliberatorio y decisorio de las salas”, establece que lo constituye “(...) la mitad más uno de los miembros de cada una de las salas”.

7. Recapitulando lo consagrado en la citada normatividad, en lo que a este caso interesa, se tiene que los tribunales superiores de distrito judicial cumplen sus funciones, entre otras, por conducto de las “salas de decisión” integradas por tres magistrados y es de su competencia en la especialidad civil, proferir las sentencias y los autos indicados expresamente por el legislador; exigiéndose para las deliberaciones y la adopción de las “decisiones”, la asistencia y voto de la mayoría, que corresponde a dos (2) de sus miembros, además se torna obligatorio para todos, suscribir las providencias, aunque hayan disentido, debiendo consignar las razones de su desacuerdo mediante salvamento o aclaración de voto.

8. En ese contexto, tienen relevancia para la decisión que se está adoptando, los hechos, actuaciones y probanzas que pasan a mencionarse:

a). La sentencia de primer grado fue adversa a la empresa accionada, quien la recurrió en apelación y admitido el recurso, al igual que surtido el traslado para alegaciones, en su oportunidad se celebró la audiencia prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, a la que concurrieron los tres integrantes de la “Sala de Decisión” (c.8A, fls.158-159).

b). Constancia plasmada en el encabezamiento del fallo impugnado extraordinariamente, atinente a que fue “[d]iscutido y [a]probado en salas de decisión del 30 de junio, 14 de julio, 11 de agosto, 8 de septiembre de 2010; 15 y 22 de junio de 2011. Actas 23, 24, 28, 32 y 21, 22 respectivamente” (c.8B, fl.1032) y, la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, informó acerca de los avisos de citación de la magistrada ponente para las reseñadas sesiones, en los que se reportan las mismas fechas (fls.189-197).

c). Suscribieron la citada providencia las doctoras Clara Inés Márquez Bulla y Luz Magdalena Mojica Rodríguez, mas no lo hizo el doctor Carlos Julio Moya Colmenares, habiendo este incorporado un documento de 23 de junio de 2011, en el que manifiesta: “Que aunque en ocasión anterior se incluyó en un aviso el estudio de la sentencia elaborada por la honorable Magistrada Ponente Clara Inés Márquez Bulla, dentro del proceso abreviado (...) de Foncoeco contra Ecopetrol S.A., solo fue en la Sala de ayer en la que se presentó formalmente el proyecto y en la que luego de escuchar la exposición que del mismo hizo la mencionada magistrada sustanciadora, le solicité el envío del expediente a mi despacho para el correspondiente estudio, a lo cual ella accedió. —Sin embargo, hoy me entero que el expediente que conforma el proceso antes mencionado, fue bajado a la Secretaría de este Tribunal –Sala Civil y desanotado el día 22 del presente mes y año como ‘sentencia revocatoria’, sin mi firma, a pesar de la circunstancia puesta de presente y la cual me releva de firmarla” (cdno. 8B, fl. 1071).

d). Certificación secretarial acerca de los períodos en que el expediente estuvo al despacho de los integrantes de la “Sala de Decisión”, en la que se indica: “Del señor magistrado Carlos Julio Moya Colmenares entre el 13 y el 19 de agosto de 2010, entre el 8 de octubre de 2010 y el 14 de febrero de 2011 y entre el 25 y el 28 de marzo de 2011. – De la señora magistrada Luz Magdalena Mojica Rodríguez entre el 10 y el 20 de septiembre de 2010 y entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2010. —De otro lado, respecto de la orden de ingresar el proceso al despacho del doctor Moya Colmenares, informo que el expediente fue entregado en la Secretaría de la Sala, por parte de los empleados del despacho de la doctora Márquez Bulla el día 22 de junio de 2011 cerca de las 8 p.m., para anotar la sentencia en el sistema y atender al día siguiente la inspección judicial programada por el Consejo Superior de la Judicatura. —Fue así como siendo las 7 y 52 de la noche del 22 de junio, se incluyó en el sistema de gestión judicial la anotación ‘sentencia revocatoria’ y el proceso permaneció bajo llave por sugerencia de la magistrada ponente de ejercer especial vigilancia sobre el mismo hasta el siguiente día, 23 de junio, en el cual atendí personalmente y en compañía del escribiente Carlos Alberto Moreno la referida diligencia de inspección judicial, que se prolongó hasta pasadas las 6 de la tarde. – Ese mismo día (jun. 23), en las horas de la mañana y siguiendo las instrucciones recibidas, informé al despacho del doctor Carlos Julio Moya Colmenares que el expediente se encontraba en Secretaría desde la noche anterior y que ya había sido anotada la sentencia en el sistema de gestión, con la instrucción de entregarlo en el despacho luego de evacuada la inspección judicial, durante el transcurso de la misma se allegó a la Secretaría la constancia visible a folio 1071 suscrita por el señor magistrado. – En este orden de ideas y dado lo avanzado de la hora en que terminó la diligencia, me comuniqué en la mañana del 24 de junio de 2011 con el despacho del doctor Moya Colmenares informando que tenía órdenes de entregar el expediente, ante lo cual se me manifestó que no llevara el proceso al despacho. – La misma respuesta la obtuve el día 5 de julio de 2011 cuando intenté nuevamente entregar el proceso en el despacho del señor magistrado, pues se me indicó que al efecto obraba en el legajo la constancia visible a folio 1071” (c.8B, fls.1087-1088).

e). Declaraciones que ante esta corporación rindieron los magistrados integrantes de la “Sala de Decisión” que conocieron del asunto en el que se profirió la sentencia objeto del presente recurso de revisión, quienes en lo pertinente se refirieron a los siguientes aspectos:

El doctor Carlos Julio Moya Colmenares, magistrado que se abstuvo de firmar la providencia en cuestión, aseveró que la presentación del “proyecto” se efectuó en una sesión celebrada como a las cinco de la tarde y dado que “(...) se trataba de un proceso complejo le solicité que me pasara el expediente para estudiarlo toda vez que no conocía el acervo probatorio arrimado a la ritualidad y necesitaba empaparme del asunto, en ese momento la doctora Márquez me dijo que no había problema alguno y que haría llegar el expediente a mi despacho. La doctora Magdalena Mojica firmó en ese momento el proyecto porque tengo entendido que había tenido el expediente para estudio y conocía de qué se trataba, al día siguiente me enteré sino me equivoco por conducto de mi auxiliar que ya el proceso se encontraba en secretaría y que había sido desanotado. Me dirigí a esa oficina y un auxiliar creo que era la persona encargada de los procesos en secretaría a cargo de la magistrada ponente me informó que esta había dado orden de mantener el proceso bajo llave y que no podía ser inspeccionado. Ante esa situación procedía dejar la constancia arriba mencionada”; así mismo precisó, en torno a la discusión de la providencia, que “en estricto rigor no la hubo en cuanto a mí se refiere precisamente porque como lo mencioné anteriormente, quería conocer previamente la actuación que se había surtido para con base en ello si fuere el caso solicitar nueva sala o acoger el proyecto que presentaba la ponente, entre la doctora Márquez y la doctora Magdalena Mojica sí creo que pues habían comentado el proyecto y pues estoy seguro que si lo firmaron era porque estaban convencidas de que ese debía ser el sentido de la decisión”; en respuesta posterior aclaró “que tal como lo mencioné anteriormente no hubo mayor discusión en relación con el proyecto que ahora nos ocupa porque yo conocía el tema dado que en esa ritualidad hubo audiencia del 360 y la discusión no era, no se tornó profunda puesto que conociendo yo el tema lo que necesitaba era estudiar las pruebas acopiadas para ver y establecer si había concordancia entre estas y la decisión que estaba plasmada en el proyecto” y, al interrogársele si su discrepancia se debió a la falta de circulación del asunto para la firma de la sentencia o de oportunidad para el salvamento de voto, manifestó que “la supuesta inconformidad por la que se me pregunta no es por una o por la otra razón que se señaló en la pregunta sino porque tenía la necesidad o por lo menos así lo creí de justificar la falta de mi firma con el propósito de evitar que posteriormente se me inculpase por esta situación” (fls. 267-273).

La doctora Clara Inés Márquez Bulla, Magistrada Ponente, en su declaración aludió a algunas de las actuaciones por ella impulsadas desde cuando le fue asignado el proceso, precisando que entregó el proyecto previamente a la audiencia del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, el que se debatió en varias sesiones y, “efectuado lo anterior nos dimos en la tarea en empezar a analizarlo, pues repito era un caso que requería la mayor atención, (...). Mientras íbamos resolviendo las distintas solicitudes decidí convocar a los señores magistrados acompañantes a diferentes salas donde íbamos analizando y discutiendo los diferentes aspectos. Se habló de la necesidad de solicitar una ampliación o una nueva experticia que así no fuera por unanimidad que debía respetarse por lo cual se decretó, (...). Así transcurrieron cuatro o cinco sesiones —en este momento no puedo precisar cuántas exactamente— pero las dejé consignadas en el fallo, en las que surgían nuevas discusiones y situaciones que debían resolverse, (...) retomamos el proyecto y en la última sala aparece que la providencia se sometió a nuevo debate siendo aprobada. Todos los proyectos que tuve a bien poner a consideración de los restantes magistrados de la sala fueron suscritos en el mismo acto por la doctora Mojica Rodríguez. El doctor Moya Colmenares pese a no haber mostrado inconformidad los suscribió todos, excepto el de la causa que nos ocupa expresando que quería revisar algunos puntos”; al preguntársele acerca de la razón por la que el doctor Moya Colmenares, no firmó, manifestó: “Realmente desconozco que llevó al señor magistrado en su fuero interno a tomar dicha determinación, (...). Es más, aunque pudo ser una imprudencia de la Secretaría haber desanotado antes de pasárselo, no era la primera vez que esto ocurrió por cuanto por ejemplo en las tutelas ante la premura del tiempo en muchas ocasiones los discutimos, los aprobamos y cuando tenían por lo menos dos firmas se bajaban y luego se le pasaban al magistrado que hacía falta para que adoptara la determinación pertinente. (...)” y, en lo relacionado con la asistencia del nombrado magistrado a las diversas reuniones en las que se discutió el proyecto y la posición por él asumida, sostuvo: “(...) puedo asegurar que el doctor Moya Colmenares asistió a todas las sesiones (...). En esas sesiones hubo diferentes discusiones entre ellas indudablemente el tema probatorio y en una de ellas alguno de los miembros insinuó que era necesario por la suerte que pudiera tener mi proyecto inicial que se ampliara la experticia que se había realizado. (...). El doctor Carlos Julio Moya Colmenares expresaba que se mostraba de acuerdo en principio con la exposición que yo hacía del caso pero en las diferentes oportunidades que solicitó le enviara el proceso así lo hice, también con la doctora Luz Magdalena Mojica Rodríguez, porque aun cuando sesionáramos las dos horas legales no eran suficientes y habían asuntos técnicos necesarios para analizar con más detalles con cada uno de los miembros” (fls. 274-284).

La doctora Luz Magdalena Mojica Rodríguez, en su exposición expresó: “(...). En el año 2008 o finales de 2007 la ponente del negocio por el que se me pregunta nos remitió proyecto del fallo [a] adoptar en este litigio, proyecto que elaboró con ocasión de la audiencia del artículo 360 del código de procedimiento civil, la cual se celebró en una de las salas anexas a la sala plena del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual entre otros participamos los tres magistrados que integrábamos esa sala de decisión, (...), luego de esa audiencia, en la que escuchamos por supuesto las intervenciones de ambos extremos, citó a sala de decisión la ponente y en ella nos informó que para adoptar la decisión requería ordenar la práctica de un dictamen pericial, no precisó si una ampliación del que existía o uno nuevo luego de que se surtiera esa diligencia o esa prueba citó o convocó nuevamente a sala de decisión en la cual empezó a exponer el proyecto, (...) momento en el cual manifesté que poseía unas pocas acciones de Ecopetrol y por lo tanto prefería declararme impedida, impedimento que la sala no aceptó y por tanto debí seguir conociendo de ese proceso. Seguidamente, el apoderado de Foncoeco propuso recusación en mi contra, la que no acepté, por lo que pasó el proceso al doctor Carlos Moya Colmenares, quien lo tuvo durante un largo tiempo, luego de lo cual aceptó la recusación. Contra esa decisión y por considerar que era constitutiva de una vía de hecho (...), [se] propuso tutela, de la cual conoció el doctor William Namén, tutelando el debido proceso, por las razones que da cuenta la providencia que definió la tutela por manera que tuve que volver a integrar la sala de decisión que definió ese asunto, precisando que antes del fallo se citó en dos o tres oportunidades para la discusión del proyecto, razón por la cual solicité a la doctora Clara Inés Márquez que me facilitara el proceso para su total revisión, como así acaeció y puede atestiguarlo la abogada de la Procuraduría que fue a hacerle visita y encontró que dicho expediente se encontraba en mí despacho. Luego, de dedicarle toda una semana día y noche al estudio del proceso le manifesté a la doctora Clara Inés Márquez que con algunas precisiones y correcciones estaba de acuerdo con su decisión. Hechas estas y habiéndose vuelto a citar para sala de decisión, corroboré que mi opinión había sido tomada en cuenta y procedí a suscribir la sentencia respectiva, es todo” y, al indagársele acerca de la posición asumida por su compañero de Sala frente al proyecto discutido, manifestó: “En verdad no supe su posición, pero desde la primera vez que se estudió ese proceso él manifestó conocerlo, o conocer el tema, tanto más que dijo que inicialmente dicho negocio le había sido asignado a él para su conocimiento y que no entendía porque lo estaba conociendo otro magistrado. Quiero precisar que cuando revisé el proceso no encontré que ese hecho hubiera sucedido dentro de ese expediente. Luego de la audiencia del 360, cuando se citó a sala de decisión recuerdo que él manifestó frente a algunos comentarios que hice en punto a las fechas dentro de las que se encontraba el lapso, que se pretendía cobrar, que él me respondió que porque a los pobres nunca les tocaba. Finalmente en la última sala de decisión dijo, cuando yo advertí que yo iba a suscribir la providencia en esa misma sala, que él tenía derecho a revisar la ponencia y que por ende solicitaba que se le pasara el proceso. Su posición jurídica jamás se la oí, todo lo que recuerdo que haya dicho es eso” (fls. 285-290).

9. Al examinar la situación planteada por el recurrente como sustento de la causal en que apoya la impugnación extraordinaria y lo acreditado con los medios de convicción, se deduce que el fallo cuestionado no adolece de irregularidad procesal con idoneidad jurídica para invalidarlo.

Obsérvese, que luego de cumplirse las fases obligatorias contempladas para la segunda instancia, además de las relativas a la audiencia de alegaciones solicitada por la apelante, como también la práctica de pruebas decretadas de manera oficiosa y, superadas algunas vicisitudes que no es del caso rememorar, se dio comienzo a la discusión del proyecto el 30 de junio de 2010, labor continuada el 14 de julio, 11 de agosto y 8 de septiembre de ese misma anualidad, reanudando esa actividad el 15 de junio de 2011 y culminó en la sesión realizada siete días después, según la nota inserta en el encabezamiento de la sentencia, información corroborada con los avisos de la Magistrada Ponente en los que cita a los demás integrantes de la respectiva “Sala de Decisión”, para discutir, entre otros, el plurimencionado “proyecto”, el que “suscribieron” dos de los miembros de ese órgano colegiado.

Así mismo, se establece que la Secretaría una vez le entregaron el proceso con la aludida providencia, incluyó en el programa informático los datos atinentes al “sentido de la decisión”, circunstancia esta en la que se apoyó el prenombrado magistrado para considerarse relevado de “firmarla”, ya que tenía interés en revisar previamente algunos aspectos probatorios para fijar su posición con relación al citado “proyecto”.

10. Las reseñadas circunstancias permiten sostener, que se cumplieron las formalidades legales para emitir la “sentencia”, pues como quedó evidenciado, la ponente registró y entregó el “proyecto” oportunamente, se fijaron los avisos de citación para las sesiones que realizó la “Sala de Decisión”, a cada una de esas reuniones concurrieron los tres magistrados, y se aprobó el “fallo” con el quórum mínimo, además en el supuesto caso que solo hubiesen participado la “mayoría”, también tendría validez el mismo.

Adicionalmente cabe acotar, que por el hecho de habérsele dado irregularmente publicidad a la “decisión” mediante su inclusión en el sistema de gestión judicial, antes de completar las “firmas” de todos los magistrados, esa situación no estructura la nulidad denunciada por el impugnante, en cuanto sostiene que la “sentencia” la emitió una “sala dual” al haberla “aprobado y suscrito” únicamente dos de los miembros de la “Sala de Decisión”, toda vez que en el debate o discusión del “proyecto”, intervinieron los tres integrantes y fue “aprobada” por dos de ellos, quienes jurídicamente representan la “mayoría” legalmente exigida.

Además, la Secretaría trató de entregarle al doctor Moya Colmenares el expediente para lo pertinente, empero se abstuvo de recibirlo y se amparó en la constancia anteriormente mencionada, para estimar que quedaba relevado de “suscribir la sentencia” y tampoco manifestó su disentimiento.

Igualmente cabe comentar, que lo trascendente para la “validez del fallo” es que en las “deliberaciones y aprobación de la decisión”, se haya contado con la “mayoría” de los magistrados de la respectiva “Sala”, situación que en este caso se cumplió de manera satisfactoria.

11. Lo anterior permite sostener, que por la omisión de “suscribir providencia” uno de los integrantes de la “Sala de Decisión”, per se, aquella no se invalida, porque inclusive en ciertos eventos, aun después de notificada, se autoriza cumplir esa formalidad, por ejemplo, cuando al estudiar sobre la admisión del recurso de casación, se observa tal situación, el inciso 4º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “[s]i la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la Sala ordenará devolver el proceso al tribunal para que proceda como se dispone en el artículo 358” y en esta norma en lo pertinente se establece, que “(...) el juez o magistrado ponente observará si la providencia apelada se encuentra suscrita por el inferior, y en caso negativo ordenará devolverlo para que se cumpla esta formalidad, (...)”; pero es más, también se prevé que “[s]i a pesar de la falta de la firma de la providencia el superior hubiere decidido la apelación, se tendrá por saneada la omisión”.

12. Así las cosas, se deduce la falta de estructuración de la causal planteada como sustentáculo del presente “recurso”, consecuentemente se procederá en la forma indicada en el inciso final del precepto 384 ibídem, esto es, a “declararlo infundado”, así mismo a ”condenar en costas y perjuicios al recurrente” y, al tenor del canon 19 de la Ley 1395 de 2010, se fijarán las agencias en derecho, para lo cual se tomará en cuenta que la opositora replicó en tiempo la “demanda de revisión”, participó activamente en la fase instructiva y de alegaciones, debiéndose adoptar las demás medidas pertinentes.

III. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por el Fondo de Empleados y Extrabajadores de Ecopetrol de Participación de Utilidades, Foncoeco, frente a la sentencia de 22 de junio de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso abreviado de Rendición provocada de cuentas que propuso contra Ecopetrol S.A.

2. Condenar al impugnante a pagar las costas y perjuicios. En la liquidación de aquellas inclúyase por concepto de “agencias en derecho” la suma de $ 3’000.000 y, en cuanto a los últimos podrán establecerse y cuantificarse previo trámite incidental.

3. Hacer efectiva la caución constituida para cancelar los valores provenientes de los rubros señalados. Para tal efecto, en su oportunidad la secretaría librará los oficios que se requieran, así mismo expedirá las copias pertinentes, debiendo sufragar las expensas quien las requiera.

4. Devolver el proceso al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia y, en su oportunidad archívese el expediente que recoge la actuación surtida ante esta corporación.

Cópiese y notifíquese».