Sentencia 2011-02095 de julio 10 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 760011102000201102095 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta 052 de la misma fecha

Proyecto registrado el nueve de julio de dos mil trece.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(3) y 59 de la Ley 1123 de 2007(4); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar en derecho la decisión que corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Ahora, para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada. De igual manera, el acervo probatorio que gobierna la investigación disciplinaria deberá valorarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, observando cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal, básicamente los de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

La falta disciplinaria atribuida al letrado investigado se encuentra tipificada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, en los siguientes términos:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Así las cosas, procede esta Sala a analizar si efectivamente el togado investigado incurrió o no en el citado tipo disciplinario, para lo cual se revisará la conducta por él desplegada, así como el acervo probatorio recaudado, que enseña lo siguiente:

— Sea lo primero decir que el disciplinado representaba a la quejosa y a dos personas más, en el proceso 2008-00015 00 de responsabilidad civil extracontractual, adelantado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, contra el señor Witiman Gámez Soler, por la muerte de su cónyuge en un accidente de tránsito, de conformidad con el poder otorgado el 16 de enero de 2006 (fl. 1 anexo 1).

— Mediante auto de fecha 3 de febrero de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, fijó para el día 26 de febrero de “2008” (sic) la realización de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, advirtiendo sobre las sanciones que se impondrán en caso de inasistencia (fl. 55, anexo 1). Proveído notificado por estado.

— El 26 de febrero de 2009, se dejó constancia de la imposibilidad de adelantar la audiencia citada, debido a la insistencia de las partes (fl. 56, anexo 1).

— Con fecha 27 de febrero de 2009 se realizó un Informe secretarial, mediante el cual se inició el conteo del término de cinco (5) días para presentar la justificación por inasistencia a la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 56, anexo 1).

— En la data 5 de marzo de 2009, se venció el término para allegar la justificación por inasistencia a la audiencia citada anteriormente (fl. 56, anexo 1).

— El marzo 11 de 2009, se certificó que ni los señores Ruth Upegui Bolívar, Nelson Germán Quesada Upegui y Luisa Fernanda Quesada Upegui, demandantes en el proceso ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual, ni su apoderado, doctor Manuel Francisco Guevara Penagos, justificaron dentro del término, su inasistencia a la audiencia del 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 57, anexo 1).

— A través de auto de fecha marzo 11 de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, sancionó con 5 salarios mínimos mensuales vigentes (2009) a los señores Ruth Upegui Bolívar, Nelson Germán Quesada Upegui y Luisa Fernanda Quesada Upegui, demandantes en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual y a su apoderado, doctor Guevara Penagos (fls. 57 y 58, anexo 1) decisión notificada por estado (fl. 58 anexo 1 reverso).

— Se realizó acta de notificación personal de la sanción impuesta a los señores Ruth Upegui Bolívar, Nelson Germán Quesada Upegui y Luisa Fernanda Quesada Upegui, así como al investigado, firmada por este último. (fl. 61, anexo 1)

— Mediante oficio de fecha 23 de abril de 2009 (fl. 42), con constancia de entrega 24 de abril del mismo año (fl. 41) el disciplinado allegó excusa médica del 23 de febrero de 2009, por el término de 15 días.

Así las cosas, deviene con claridad, que se frustró la audiencia consagrada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, fijada para el 26 de febrero de 2009, dentro del proceso 2008-00015, por la inasistencia de las partes y del disciplinado quien representaba a los demandantes Ruth Upegui Bolívar, Nelson Germán Quesada Upegui y Luisa Fernanda Quesada Upegui.

De igual forma se puede concluir, que la excusa médica fue presentada extemporáneamente, por cuanto el plazo se venció el 5 de marzo de 2009 y la excusa fue allegada solo hasta el 24 de abril de mismo año, razón por la cual se les impuso a los citados una multa por valor de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2009, razón por la que a criterio de la Sala el togado está incurso en la conducta contra la debida diligencia profesional consagrada en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, estableciéndose la adecuación típica en la norma y por tanto se reúne el primer requisito establecido en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007(5) para imponer sanción al disciplinable.

Pues a pesar de representar los intereses de sus poderdantes en el citado proceso, no actuó con celosa diligencia profesional al omitir estar pendiente del trámite surtido, lo que impidió o provocó que no se enterara oportunamente de la programación de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, y no les informó oportunamente a sus clientes, lo que originó la sanción.

En efecto, además de haberse establecido la comisión objetiva de la falta, se echa de menos una aceptable justificación del comportamiento irregular.

Ahora bien, las exculpaciones presentadas por el abogado encartado no tienen la entidad para justificar el antiético actuar, tal como pasa a explicarse:

Si bien esta colegiatura debe tener en cuenta lo expuesto por el togado en el sentido de manifestar que tuvo una recaída de hepatitis B, enfermedad, que como es de dominio público es grave y contagiosa; también lo es que la misma afirmación viene soportada por una excusa médica del 23 de febrero al 9 de marzo de 2009.

Así las cosas y dado que el auto mediante el cual se fijó la fecha para realizar la audiencia del 101, data del 3 de febrero de la misma anualidad, se concluye que contó el disciplinado con 20 días para poder enterarse siquiera de la fecha de la diligencia y allegar una excusa o solicitar el aplazamiento, si como lo dice la misiva médica el padecimiento llevaba varios días de evolución. Además si no podía ir, podía sustituir el poder o avisarle a sus clientes para que ellos asistieran personalmente.

Sin embrago, es tan evidente la desidia en el actuar del togado disciplinado, que no solo se enteró del acto que fijó fecha para la citada diligencia, ni del auto que le corrió traslado para justificar su inasistencia.

De otra parte, también observa esta superioridad que la incapacidad aportada por el profesional investigado, venció el 9 de marzo del año 2009, y sólo hasta el 24 de abril, aproximadamente un mes y medio después; presentó la excusa ante el juzgado de conocimiento, cuando ya había precluido la oportunidad de allegarla, e incluso, ya habían sido sancionados él y sus poderdantes por la inasistencia a la audiencia pluricitada.

Corolario de lo anterior, se tiene demostrada la comisión omisiva desplegada por el abogado disciplinado, adecuándose su conducta a la falta disciplinaria imputada por la primera instancia, sin justa causa demostrada.

En consecuencia, se advierte que el letrado encartado desconoció injustificadamente su deber de actuar con celosa diligencia profesional.

Si bien la Ley 1123 de 2007, pregona la antijuridicidad en su artículo 4º podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta se afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en disciplinario, el quebrantamiento de la norma solo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo desconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria.

Así las cosas, bien puede deducirse la ilicitud en este caso, que va de la mano del principio de lesividad, pues se contrarió en forma grave el deber de diligencia, que según el artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, tiene correlación directa con el deber previsto en el artículo 28 numeral 10 del mencionado Estatuto, sin que sean atendibles los argumentos de defensa del abogado.

Se advierte que el togado investigado actuó en el asunto bajo análisis con negligencia y descuido en la gestión encomendada, pues dejó de asistir a la audiencia del 101 y solo de manera tardía presentó una excusa médica, sin que en esta actuación disciplinaria haya podido ofrecer ninguna explicación plausible respecto de lo ocurrido, puesto que debió desprenderse del mandato, o excusarse, o sustituir el poder conferido con la debida anticipación, en lugar de desatender la actuación, tanto así que no se enteró de las múltiples decisiones adoptadas al interior de la misma, si materialmente le era imposible su cumplimiento, como lo alegó, estando así la culpa establecida en su actuar.

Dosimetría. En relación con la sanción impuesta por el a quo al disciplinado, observa esta superioridad, que guarda íntima relación con la gravedad de la conducta endilgada en la infracción a la Ley Deontológica, y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios del infractor.

Es pues claro que el perjuicio causado es uno de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de la tasación de una sanción, y dado que en este caso en particular, el perjuicio es considerable, pues sus poderdantes fueron multados con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la inasistencia a la diligencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, situación con estrecha relación de causalidad con la conducta del togado, pues le encargaron su representación al interior de ese proceso y resultaron sancionados por su negligencia al actuar.

En este orden de ideas, considera esta superioridad que la responsabilidad disciplinaria por la falta a la debida diligencia debe confirmarse, pues se advierte un actuar negligente y contrario de su deber objetivo de cuidado, lo que deriva en una conducta culposa y grave atendiendo la relevancia de los intereses cuya defensa le fue encargada, pues los mismos corresponden a una demanda por responsabilidad civil extracontractual, la cual no solo no se pudo ganar, por cuestiones ajenas al togado, sino que los poderdantes fueron severamente sancionados por el juez de conocimiento, por una conducta directamente derivada de su actuar.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo objeto de alzada del 19 de junio de 2012, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, que sancionó al abogado Manuel Francisco Guevara Penagos con suspensión por el término de cuatro (4) meses, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones consignadas en la motivación de esta providencia.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

3. NOTIFICAR personalmente de esta decisión a los sujetos procesales, para lo cual se comisiona la Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(3) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(4) “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

(5) ART. 97.—Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable.