Sentencia 2011-02209 de agosto 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Bogotá, D.C, catorce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS:«VI. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, que estableció la segunda instancia para estos procesos y, de otra, por el artículo 1º, Sección Primera, numeral 5º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de la corporación.

2. El caso concreto.

En el caso sub examine está demostrado que los señores Marlisa del Carmen Madrid de Montes, Vilma Álvarez Reyes, Saira Vergara Pérez, Alberto Álvarez Álvarez, Luis Francisco Almanza Almanza, Diana Pinzón Fonseca, Víctor Alonso Vergara Romero, Rosalba Cury Rivero y Alejandro Sierra Marzáno fueron elegidos concejales del municipio de Sampués (Sucre), para el período 2008-2011 según se observa en la copia autenticada del acta de escrutinio de los votos para el concejo-elecciones 2007, E-26 CO(2), y la copia de la lista de concejales elegidos en las elecciones de octubre de 2007(3).

Igualmente, se encuentra acreditado que los referidos concejales participaron en la aprobación del Acuerdo 08 de 2010(4) “Por el cual se autoriza al alcalde municipal de Sampués, para celebrar contratos de empréstito”.

La causal en que se fundamenta la demanda es la de indebida destinación de dineros públicos, consagrada en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que preceptúa:

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...).

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

(...)”.

El sentido y alcance de la causal de pérdida de investidura ha sido fijada jurisprudencialmente por ésta corporación, en cuanto ella no se encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura.

Al Respecto la Sala Plena ha precisado que:

“Cabe señalar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.

Postura que ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(5) y también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias de 1o. de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente 2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente 2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) y 14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta)”(6).

La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura entonces cuando el congresista, en este caso el concejal, destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos, señalados por la Sala Plena:

a) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados;

b) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;

c) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

d) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

e) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

f) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros”(7).

El actor considera que los demandados incurrieron en dicha causal, por cuanto participaron en la aprobación del Acuerdo 08 de 2010, donde se autorizó al alcalde para contratar empréstitos por un total de $ 3.000.000.000.000.

El actor alegó en la demanda que la causal se configuraba por (i) indefinición de límite temporal para el uso de las facultades otorgadas para celebrar empréstitos, que arriesga a comprometer vigencias futuras; (ii) las facultades para contratar empréstitos fueron imprecisas; (iii) las facultades debieron precisar el contenido del futuro contrato de empréstito; (iv) las facultades debían establecer que la pignoración no podía exceder los montos asignados a cada sector de inversión, durante la vigencia del crédito, tal como lo ordena el artículo 11 de la Ley 358 de 1997; (v) uso de las facultades otorgadas para irregular pignoración de recursos SGP del sector educación; (vi) inversión de los recursos producto de los contratos de empréstito con base en la expedición del Acuerdo 08 de 2010, hace que los demandados hayan propiciado en cabeza del ejecutivo conductas de malversación.

El tribunal decidió denegar las súplicas de la demanda por encontrar que cuando los concejales demandados aprobaron el Acuerdo 08 de 2010, que autorizó al alcalde para celebrar empréstitos, se ajustaron a las previsiones legales existentes para la materia y en el mismo se señaló que la autorización estaba dirigida al alcalde, por lo que en el eventual caso de una conducta irregular, malversación o indebida destinación de los recursos, en desarrollo de los contratos celebrados con base en la autorización otorgada la responsabilidad sería del mencionado funcionario y no de los concejales.

Pese a que la Sala observa que el texto del recurso de apelación es ambiguo y confuso en su redacción, cabe suponer, de su lectura, que la inconformidad con el fallo impugnado se centra básicamente en que con base en la autorización del Acuerdo 08 de 2010: (i) se adquirieron compromisos mayores a la cantidad de recursos disponibles por regalías para cubrirlos y que se autorizaron créditos para el sector educación sin que haya recursos suficientes para cumplir los compromisos con las rentas pignoradas, lo que permite al actor concluir que se trata de una autorización indebida de dineros públicos; (ii) que en la exposición de motivos del Acuerdo 08 de 2010, el ejecutivo pide autorización de un crédito para cumplir un fallo en una acción popular que ordena la pavimentación de la calle 20 y las carreras 22-23-24 del barrio Millán Vargas, obras a las que solo se ha dado cumplimiento parcialmente y por el contrario esos recursos se destinaron a pavimentar la calle 15 del barrio Oasis, configurándose por tanto una indebida destinación de dineros públicos; (iii) que el Acuerdo 08 de 2010 no constituye un hecho aislado sino el primer paso para “hacer zancadilla” a la licitación pública, pues posteriormente el alcalde obtuvo facultades para contratar, escogiendo al contratista sin el trámite de la licitación pública.

En el acervo probatorio allegado al expediente, se encuentran los siguientes documentos:

— Copia del Acuerdo 08 de 20108 “Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de Sampués, para celebrar contratos de empréstito”.

Los artículos primero y segundo de dicho acuerdo, respectivamente, autorizan al alcalde del municipio de Sampués para celebrar contratos de empréstito hasta por la suma de $ 2.500.000.000 destinados a proyectos de inversión en el sector educación contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 y hasta por $ 500.000.000 con destino a financiar proyectos de inversión en el sector transporte, incluidos en el mismo plan de desarrollo.

El artículo 3º autoriza al burgomaestre para pignorar los recursos de regalías, hasta en un 150% del servicio anual de la deuda para efectos de garantizar el pago que demanda la negociación o celebración del contrato de empréstito autorizado en el artículo 1º.

El artículo 4º autoriza al alcalde para pignorar los recursos de SGP- Propósito general-otros sectores, hasta en un 150% del servicio anual de la deuda para efectos de garantizar el pago que demanda la negociación o celebración del contrato de empréstito autorizado en el artículo 2º.

La autorización se confiere por 10 meses contados a partir de la publicación del acuerdo.

— Copia del certificado expedido por la Secretaría del Concejo Municipal de Sampués, en el que consta que el Acuerdo 08 de 2010 surtió los debates correspondientes antes de su expedición(9).

— Copia de la certificación sobre la sanción del Acuerdo 08 de 2010 por el alcalde de Sampués(10).

— Copia simple del pagaré 8269600139313 firmado entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el municipio de Sampués por $ 250.000.000(11).

— Copia simple de la carta de instrucciones y del pagaré 00130826289600139313 firmado entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el municipio de Sampués(12).

— Copia autenticada del Acta de Escrutinio de los votos para el Concejo-elecciones 2007, E-26 CO(13).

— Copia de la lista de concejales elegidos en las elecciones de octubre de 2007(14).

— Copia del Acta 6 de abril 20 de 2010 de la Comisión Segunda Permanente del Concejo Muncipal de Sampués, donde se consigna la discusión en primer debate del proyecto que finalmente se convirtió en el Acuerdo 08 de 2010(15).

En dicho documento se observa que la comisión hizo un análisis jurídico del proyecto y a solicitud del concejal Alejandro Sierra “se procedió a analizar la capacidad de pago del municipio y se pudo constatar en el documento, que el municipio cumple con los indicadores de la Ley 358 y que los créditos son consistentes con el marco fiscal de mediano plazo, además se cumple con la Ley 617 de 2000. También se analizó un documento en donde se relaciona la programación de pago de los créditos contratados de vigencias anteriores y la proyección de pagos del crédito en estudio.

Puesto en consideración el proyecto fue aprobado por unanimidad en primer debate.

— Copia del Acta 25 de abril 23 de 2010 de la plenaria del Concejo Muncipal de Sampués, reunida en sesión extraordinaria, donde se consigna la discusión en segundo debate del proyecto que finalmente se convirtió en el Acuerdo 08 de 2010(16).

En este documento se observa que se dio lectura a la ponencia para segundo debate, en la cual se resaltó principalmente la conveniencia de las obras que se realizarían con los créditos. El acuerdo fue aprobado con el voto favorable de los 12 concejales que asistieron a la sesión, a saber: Luis Almanza Almanza, Alberto Álvarez Álvarez, Vilma Álvarez Reyes, Marlisa Madrid Montes, Diana Pinzón Fonseca, Alejandro Sierra Marzán, Victor Vergara Romero, Saira Vergara Pérez, Bienvenido Villarreal Castillo, Roberto Hernández Acuña, Ventura Martínez Palomino, Alberto Paternina Mendoza. (Los demandados en negrilla).

— Copia de la certificación expedida el 21 de octubre de 2009 por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas(17), donde indica que el municipio de Sampués (Sucre), “recaudó efectivamente, durante la vigencia fiscal de 2008, ingresos corrientes de libre destinación por la suma de $1.530.749 miles”.

Igualmente señala que “efectuados los cálculos correspondientes, los gastos de funcionamiento de dicho municipio representaron el 79,78% de los ingresos corrientes de libre destinación”.

— Copia de la certificación expedida el 12 de abril de 2010 por el Secretario de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Sampués(18), donde informa que en el Plan de Desarrollo vigencia 2008-2011 se incluyó la construcción de infraestructura educativa e infraestructura vial del municipio de Sampués-Sucre.

— Copia de los documentos sobre el plan de pagos del servicio de la deuda pública, tanto para los créditos existentes, como para los que se obtuvo autorización para tramitar mediante el Acuerdo 08 de 2010 por un total de $3.000.000.000.000(19).

— Copia de los documentos donde se hace el cálculo de la capacidad de pago del municipio de Sampués, atendiendo a los indicadores previstos en la Ley 358 de 1997, firmados por el alcalde municipal y la Tesorera(20).

— Copia del documento que analiza el marco fiscal de mediano plazo firmado por la Tesorera municipal(21).

— Copia de la ejecución presupuestal vigencia fiscal de 2009(22).

— Copia del Acuerdo 14 de 2 de diciembre de 2010”por el cual se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Sampués-Sucre de la vigencia fiscal 2010”(23).

En primer lugar encuentra la Sala que En esta materia es necesario recordar que al aprobar el Acuerdo 08 de 2010 los concejales del municipio de Sampués no realizaron un uso indebido de dineros públicos, en tanto su función no es la de ordenar el gasto sino la de autorizar al alcalde para contratar empréstitos, que fue lo que se hizo mediante el citado acuerdo.

Así, una cosa es la autorización para contratar empréstitos y otra diferente la contratación misma, de manera que si en la realización de ésta se presentan irregularidades, éstas no son atribuibles a los concejales que participan en la aprobación de un acuerdo que autoriza al burgomaestre local para contratar empréstitos y pignorar rentas.

En relación con los otros cargos de la apelación la Sala observa que tanto éstos como las pruebas en que se fundan, están planteados como juicios de legalidad frente al Acuerdo 08 de 2010, lo que no podía ser objeto de decisión mediante la presente acción sino de la de nulidad simple, por afirmar el actor que el mismo se expidió con violación de la ley.

Igualmente, encuentra la Sala que el recurrente defiende su posición frente a la asumida por el a quo con base en hipótesis y presuntos hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia del Acuerdo 08 de 2010, que en nada se relacionan con la expedición del mismo, ni comprometen la actuación de los concejales que lo aprobaron, en tanto se trata de actos de ejecución cuya competencia era del resorte de la administración municipal y no del concejo.

Igualmente, encuentra la Sala que el recurrente defiende su posición frente a la asumida por el a quo con base en hipótesis y presuntos hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia del Acuerdo 08 de 2010, que en nada se relacionan con la expedición del mismo, ni comprometen la actuación de los concejales que lo aprobaron, en tanto se trata de actos de ejecución cuya competencia era del resorte de la administración municipal y no del concejo.

Además considera la Sala que no resulta ocioso destacar que según se encuentra probado en el expediente, la administración municipal solicitó al Concejo de Sampués la autorización para celebrar contratos de empréstito, para acometer proyectos de desarrollo local, con inversiones orientadas a mejorar la infraestructura educativa y la red vial urbana, proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011.

La solicitud se hizo por considerar insuficientes los recursos del SGP para educación en orden a lograr los objetivos del plan de desarrollo, donde se detectaron déficit en la infraestructura educativa en especial en lo relacionado con la construcción y dotación de aulas escolares, laboratorios, salas de informática, restaurantes escolares, unidades administrativas, unidades sanitarias y polideportivos. Señaló también el burgomaestre local que el municipio requería dar cumplimiento a una sentencia de acción popular donde se le ordenaba la pavimentación de la calle 20 con sus carreras 22, 23 y 24 del Barrio Millán Vargas, obra a la que no se había podido dar cumplimiento sino parcialmente. Así los recursos de crédito se emplearían en culminar esa obra y emprender otras para arreglar las vías del casco urbano, entre las cuales se encontraba el tramo El Oasis-Barrio San Puma y Urbanización Geney- El Oasis.

Adicionalmente, el proyecto que se convirtió en el Acuerdo 08 de 2010, estuvo acompañado por los siguientes documentos, presentados por la administración municipal:

— Copia de la certificación expedida el 21 de octubre de 2009 por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas(24), donde indica que el municipio de Sampués (Sucre), “recaudó efectivamente, durante la vigencia fiscal de 2008, ingresos corrientes de libre destinación por la suma de $1.530.749 miles”.

Igualmente señala que “efectuados los cálculos correspondientes, los gastos de funcionamiento de dicho municipio representaron el 79,78% de los ingresos corrientes de libre destinación”.

Copia de la certificación expedida el 12 de abril de 2010 por el Secretario de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Sampués(25), donde informa que en el Plan de Desarrollo vigencia 2008-2011 se incluyó la construcción de infraestructura educativa e infraestructura vial del municipio de Sampués- Sucre.

— Copia de los documentos sobre el plan de pagos del servicio de la deuda pública, tanto para los créditos existentes, como para los que se obtuvo autorización para tramitar mediante el Acuerdo 8 de 2010 por un total de $3.000.000.000.000(26).

— Copia de los documentos donde se hace el cálculo de la capacidad de pago del municipio de Sampués, atendiendo a los indicadores previstos en la Ley 358 de 1997, firmados por el Alcalde Municipal y la Tesorera(27).

— Copia del documento que analiza el marco fiscal de mediano plazo firmado por la Tesorera municipal(28).

— Copia de la ejecución presupuestal vigencia fiscal de 2009(29).

También encuentra la Sala que según el Acta 006 de abril 20 de 2010 de la Comisión Segunda Permanente del Concejo Muncipal de Sampués, en la discusión en primer debate del proyecto que finalmente se convirtió en el Acuerdo 8 de 2010(30), la comisión hizo un análisis jurídico del proyecto y a solicitud del concejal Alejandro Sierra “se procedió a analizar la capacidad de pago del municipio y se pudo constatar en el documento, que el municipio cumple con los indicadores de la Ley 358 y que los créditos son consistentes con el marco fiscal de mediano plazo, además se cumple con la Ley 617 de 2000.

También se analizó un documento en donde se relaciona la programación de pago de los créditos contratados de vigencias anteriores y la proyección de pagos del crédito en estudio.

Puesto en consideración el proyecto fue aprobado por unanimidad en primer debate.

Por su parte el Acta 25 de abril 23 de 2010 de la plenaria del Concejo Muncipal de Sampués, reunida en sesión extraordinaria, da cuenta de la discusión en segundo debate del proyecto que finalmente se convirtió en el Acuerdo 08 de 2010(31), efecto para el cual se dio lectura a la ponencia para segundo debate, donde se resaltó principalmente la conveniencia de las obras que se realizarían con los créditos. El Acuerdo fue aprobado con el voto favorable de los 12 concejales que asistieron a la sesión.

Cabe anotar también que en el mencionado acuerdo los artículos primero y segundo, respectivamente, autorizan al alcalde del municipio de Sampués para celebrar contratos de empréstito hasta por la suma de $ 2.500.000.000 destinados a proyectos de inversión en el sector educación contemplados en el plan de desarrollo municipal 2008-2011 y hasta por $ 500.000.000 con destino a financiar proyectos de inversión en el sector transporte, incluidos en el mismo plan de desarrollo.

El artículo 3º autoriza al burgomaestre para pignorar los recursos de regalías, hasta en un 150% del servicio anual de la deuda para efectos de garantizar el pago que demanda la negociación o celebración del contrato de empréstito autorizado en el artículo 1º.

El artículo 4º autoriza al alcalde para pignorar los recursos de SGP- Propósito general-otros sectores, hasta en un 150% del servicio anual de la deuda para efectos de garantizar el pago que demanda la negociación o celebración del contrato de empréstito autorizado en el artículo 2º.

La autorización se confiere por 10 meses contados a partir de la publicación del acuerdo.

Lo anterior implica que el acuerdo aprobado por los concejales del municipio de Sampués, entre ellos los demandados, se refiere a la contratación de operaciones de crédito público que es un proceso distinto del correspondiente a la constitución de vigencias futuras, en tanto la primera tiene por objeto la obtención de ingresos mientras la segunda compromete el gasto.

Tal como lo señaló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el concepto identificado como asesoría 2852, del 6 de febrero de 2009, “Si bien la contratación de un crédito implica asumir el compromiso de pagos futuros por concepto de intereses y amortizaciones, el pago de estos no requiere la constitución de vigencias futuras: las entidades territoriales tienen la obligación de incluir un sus presupuestos anuales partidas para el pago de estas obligaciones en el rubro correspondiente al servicio de la deuda(32)”.

Se deriva de lo anterior que, contrario a lo que afirma el actor, la autorización conferida en el Acuerdo 08 de 2010 lo fue para celebrar contratos de empréstito y no para comprometer vigencias futuras, y la aprobación del acuerdo respectivo se realizó con base en los documentos aportados por la administración municipal en materia de ahorro operacional, sostenibilidad de la deuda y capacidad de endeudamiento del ente territorial, al igual que en la importancia de las inversiones a realizar con los créditos y la inclusión de las mismas en el plan de desarrollo, tal como lo exige la Ley 358 de 1997.

Por otra parte cabe anotar que la responsabilidad de determinar la capacidad de pago, y la instancia de endeudamiento de las entidades territoriales fue asignada a las entidades financieras y las firmas calificadoras de

Riesgo, y la sanción para esas entidades por no establecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas legales, es la invalidez de los créditos así otorgados.

En efecto, el artículo 21 de la Ley 819 de 2003 señala que “Las instituciones financieras y los institutos de fomento y desarrollo territorial para otorgar créditos a las entidades territoriales, exigirán el cumplimiento de las condiciones y límites que establecen la Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y la presente ley. Los créditos concedidos a partir de la vigencia de la presente ley, en infracción de lo dispuesto, no tendrán validez y las entidades territoriales beneficiarias procederán a su cancelación mediante devolución del capital, quedando prohibido el pago de intereses y demás cargos financieros al acreedor. Mientras no se produzca la cancelación se aplicarán las restricciones establecidas en la presente ley.”.

En el caso sub lite encuentra también la Sala prudente recordar, que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección, (sent., go. 1º/2002), el ejercicio de una función constitucional no puede conllevar a indebida destinación de dineros públicos, cosa distinta es que si al ejercerla se incurre en violación de la Constitución Política o de la ley los actos respectivos sean susceptibles de la acción de nulidad y acarrean responsabilidad disciplinaria o fiscal.

En efecto, la aprobación del Acuerdo 08 de 2010 implica el ejercicio de una función constitucional asignada a un cuerpo colegiado de orden municipal denominado Concejo, por el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política, es decir, se trata de una función propia del órgano y no de quienes lo componen individualmente.

De esta manera, no erró el tribunal al señalar que el artículo 313 de la Carta señala que corresponde a los Concejos: “3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos…”. En el presente caso los concejales del municipio de Sampués autorizaron al alcalde de esa entidad territorial para celebrar contratos de empréstito, por lo que, tratándose de competencias funcionales, los concejales estaban investidos de tal facultad.

Es, pues, del caso confirmar la sentencia apelada, que denegó la pérdida de investidura solicitada, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Adicionalmente, en razón de las presuntas irregularidades que menciona el recurrente, ocurridas con posterioridad a la expedición del Acuerdo 08 de 2010 se ordenará compulsar copias de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de 7 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

2. Se ordena compulsar copias de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Folios 30 a 34 del cuaderno principal.

(3) Folio 37 del cuaderno principal.

(4) Folios 14 a 16 del cuaderno principal.

(5) En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-15-000-2011-00009-01. Actor: Gabriel González Gutiérrez

(7) Consejo de Estado. Sala Plena de lo contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla. Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil (2000).Expediente AC-10529 y AC-10968. Actores Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez.

(8) Folios 14 a 16 del cuaderno principal.

(9) Folio 17 del cuaderno principal.

(10) Folio 18 del cuaderno principal.

(11) Folios 19 y 20 del cuaderno principal.

(12) Folios 21 y 22 del cuaderno principal.

(13) Folios 30 a 34 del cuaderno principal.

(14) Folio 37 del cuaderno principal.

(15) Folios 136 a 142 del cuaderno principal.

(16) Folios 147 a 150 del cuaderno principal.

(17) Folio 80 del cuaderno principal.

(18) Folio 81 del cuaderno principal.

(19) Folios 82 a 90 del cuaderno principal.

(20) Folios 91 y 92 del cuaderno principal.

(21) Folio 94 del cuaderno principal.

(22) Folios 95 y siguientes del cuaderno principal.

(23) Folios 154 a 157 del cuaderno principal.

(24) Folio 80 del cuaderno principal.

(25) Folio 81 del cuaderno principal.

(26) Folios 82 a 90 del cuaderno principal.

(27) Folios 91 y 92 del cuaderno principal.

(28) Folio 94 del cuaderno principal.

(29) Folios 95 y siguientes del cuaderno principal.

(30) Folios 136 a 142 del cuaderno principal.

(31) Folios 147 a 150 del cuaderno principal.

(32) Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Conceptos en Materia Tributaria y Financiera Territorial Tomo 33, diciembre de 2009 Pág. 261. Disponible en:

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Revistas/CONCEPTOS%20%2033_0.pdf