Sentencia 2011-02237 de septiembre 5 de 2011 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 11001102000201102237 01

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado en Sala Dual según Acta 7 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Dual de Primera Instancia Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política y el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011(3), tiene competencia a través del poder preferente otorgado por esta última disposición, para conocer de los procesos disciplinarios que en principio serían de competencia de sus seccionales.

Por ello, mediante Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011, se modificó y adoptó el reglamento interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a través del cual se crearon las respectivas Salas Duales a efectos de garantizar el debido proceso y la doble instancia.

Y es así como, en el sub examine, mediante sesión de Sala Ordinaria 82 celebrada el día 31 de agosto de 2011, se decidió acceder a la petición de trámite preferente presentada por el quejoso(4) y a ello se dio cumplimiento mediante auto del 31 de agosto de 2011 proferido dentro del proceso disciplinario 201102204 00, el cual se adelanta en contra del doctor Jorge Eduardo Ferreira Vargas en su condición de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir el presente pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. Problema jurídico y caso concreto.

El problema jurídico en esta oportunidad, será determinar si se reúnen o no los presupuestos para disponer dentro de las presentes diligencias, la suspensión provisional del doctor Gilberto Reyes Delgado en su condición de Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá. Para ello, será necesario advertir que la figura de la suspensión provisional aparece regulada en el Código Disciplinario Único, como una medida de carácter temporal que busca evitar que durante el trámite de la actuación, la permanencia del disciplinado en el cargo, no interfiera en la investigación o permita que continúe cometiendo la falta o la reitere. Para ello baste citar la norma que contiene dicha medida:

“ART. 157.—Suspensión provisional. Trámite. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia ...”.

De la norma transcrita surgen evidentes varios presupuestos en orden a que opere tal medida, entre ellos, i) que la actuación se encuentre en etapa de investigación disciplinaria o de juzgamiento, ii) que se trate de faltas calificadas como graves o gravísimas, iii) que se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia del disciplinado en el cargo, función o servicio público posibilite su interferencia en el trámite de la investigación, que continúe cometiendo la conducta reprochada o que la reitere; y por su puesto iv) que dicha decisión preventiva se emita de manera motivada.

Pues bien, en el caso concreto tenemos que contra el aquí disciplinado se dispuso mediante auto del 1º de septiembre de 2011, la apertura formal de la investigación disciplinaria por tramitar y fallar de fondo una acción de tutela promovida contra la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando al parecer dicho mecanismo constitucional no cumplía con el test de procedibilidad, lo cual, a no dudarlo, podría configurar una falta disciplinaria grave o gravísima que eventualmente podría dar lugar incluso a una investigación de tipo penal por desplegar una actuación contraria a la ley, al desconocer del deber previsto en el artículo 153 numeral 1º en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y el Precedente Jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el principio de subsidiaridad entre otros.

En efecto, esta demostrado hasta este momento procesal, que el doctor Gilberto Reyes Delgado en su condición de Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá, conoció en trámite de primera instancia de la acción de tutela que, en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes, instauró la Sociedad Recibanc Ltda., con el objetivo de lograr que mediante el amparo constitucional deprecado se ordenará a la accionada cumplir con un contrato de promesa de compraventa celebrado con la accionante sobre la enajenación de un bien inmueble ubicado en la calle 175 Nº 22-10 de esta ciudad.

Así mismo, tenemos que conforme la inspección judicial practicada por quien hoy funge como ponente(5), al expediente de tutela atrás referido, se estableció que mediante proveído del 9 de agosto de 2011, el señor Juez 15 Civil del Circuito de esta ciudad, doctor Gilberto Reyes Delgado, decidió tutelar los derechos constitucionales invocados por la sociedad accionante (Recibanc Ltda.), “al debido proceso, el acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad, en conexión con el principio de la buena fe y de la confianza legítima; violados por la Dirección Nacional de Estupefacientes —Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado— (Frisco)”; para lo cual ordenó como consecuencia, a la entidad demandada, que en el término de 24 horas contados a partir de la notificación del fallo, procediera a someter a reparto de las notarias de Bogotá la respectiva minuta de compraventa del inmueble de la calle 175 Nº 22-10 de esta ciudad, a favor de la accionada con los anexos a que hubiere lugar.

Igualmente, dispuso que en un término de 3 días hábiles contados a partir de la asignación de la notaria, se procediera a suscribir la respectiva escritura pública de compraventa del bien inmueble aludido a fin de culminar el procedimiento administrativo iniciado por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Lo anterior, pese a que la accionada claramente había manifestado en su respectiva respuesta que, tanto ella —Dirección Nacional de Estupefacientes—, como la misma accionante —Recibanc Ltda.—, contaban con otros mecanismos judiciales los cuales ya habían puesto en marcha, pues por un lado, Recibanc Ltda., había presentado solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación en el mes de mayo de 2011, a través de la cual pretendía que la Dirección Nacional de Estupefacientes procediera a la suscripción de la escritura pública de compraventa del inmueble ubicado en la Calle 175 Nº 22-10 de la ciudad de Bogotá; y por otro lado, la Dirección Nacional de Estupefacientes previo a lo anterior(6), había presentado solicitud de conciliación convocando a Recibanc Ltda., con el fin de declarar la nulidad del contrato de promesa de compraventa del inmueble precitado, suscrito entre accionante y accionada el 8 de marzo de 2010.

Solicitudes que fueron asignadas a la Procuraduría 9ª Judicial II Administrativa de Bogotá, quien a su vez procedió a convocar a las partes para el día 15 de julio del presente año, pero a la cual, no asistió la sociedad Recibanc Ltda., y contrario sensu solicitó aplazamiento so pretexto de que su representante legal se encontraba incapacitado médicamente y por ello la misma fue aplazada para el día 3 de agosto siguiente a la cual al parecer asistió el mismo abogado que el 25 de julio de 2011, había promovido la aludida acción constitucional(7).

Lo anterior, le permitía al señor juez constitucional, inferir que evidentemente las partes tenían otros mecanismos para resolver sus controversias contractuales, pues bien conocido es que la conciliación es prerrequisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

Es así como el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 prevé que “en los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas(8)”. Entretanto que, el inciso primero del artículo 37 ibídem, con carácter obligatorio, dispone que antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 (de reparación directa) y 87 (contractual) del CCA, las partes de manera individual o conjuntamente, por intermedio de apoderado, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que trate es conciliable. Cuestión que es ratificada en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, misma que adiciona la Ley 270 de 1996.

Pero llama la atención de esta Sala Dual aún más, el hecho de que el juez constitucional, aun habiendo sido informado de lo anterior y por tanto conociendo que el trasfondo de la controversia era eminentemente contractual —porque precisamente el debate se originaba en principio en el supuesto error del avaluó catastral del año 2010 que al parecer superaba el precio de la venta y por tanto al ser ejecutada la promesa de compraventa, se generaría un detrimento patrimonial para la Nación—; hubiere pasado por alto el test de procedibilidad para en su lugar proceder a fallar de fondo el asunto, tutelando los derechos invocados por la accionante por encima de los intereses del Estado.

Y es que, la legalidad del contrato de promesa de compraventa objeto de controversia entre las partes, al parecer no era debatible por la vía constitucional; olvidó el juez disciplinado que ante la justicia contenciosa administrativa o incluso ante la ordinaria civil, por ejemplo, existen mecanismos judiciales para resolver las eventuales controversias contractuales u obligaciones de hacer surgidas de un contrato de compraventa, para lo cual fueron creadas las normas procedimentales contenidas en los artículos 75 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º numeral 2º literal e de la Ley 1150 de 2007 o eventualmente el artículo 500 o la contendida en el 501 del CPC, que establecen:

“ART. 75.—Del juez competente. Ver notas del editor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

ART. 2º—De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

...

2. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Serán causales de selección abreviada las siguientes:

e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995.

En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva.

En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo comercial y ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, administración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo al que se debe enajenar el bien, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes, observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo Nacional de Estupefacientes.

El reglamento deberá determinar la forma de selección, a través de invitación pública de los profesionales inmobiliarios, que actuarán como promotores de las ventas, que a su vez, a efecto de avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el registro nacional de avaluadores y quienes responderán por sus actos solidariamente con los promotores.

Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes participen en el mismo.

Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública, en donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectúe un segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta pública, de acuerdo con el reglamento definido para su realización, el bien será adjudicado al mejor postor.

La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta; ...”.

ART. 501.—Obligación de suscribir documentos. Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Cuando el hecho debido consiste en suscribir una escritura pública o cualquier otro documento, el mandamiento ejecutivo, además de los perjuicios moratorios que se demanden comprenderá la prevención al demandado de que en caso de no suscribir la escritura o el documento en el término de tres días, con tados a partir de la notificación del mandamiento, el juez procederá a hacerlo en su nombre como dispone el artículo 503. A la demanda se deberá acompañar, además del título ejecutivo, la minuta o el documento que debe ser suscrito por el ejecutado o en su defecto, por el juez.

Cuando la escritura pública que deba suscribirse implique la transferencia de bienes sujetos a registro o la constitución de derechos reales sobre ellos, para que pueda dictarse mandamiento ejecutivo será necesario que el bien objeto de la escritura se haya embargado como medida previa, y que se presente certificado que acredite la propiedad en cabeza del ejecutado. El ejecutante podrá solicitar en la demanda que simultáneamente con el mandamiento ejecutivo se decrete el secuestro del bien y, si fuere el caso, su entrega una vez registrada la escritura. ...”.

Ahora bien, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 claramente prevé las causales de improcedencia de la acción de tutela y en su numeral primero establece como una de tales, “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Por su parte la guardiana de la Constitución, en reiterada jurisprudencia, ha especificado cuales son los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, resaltando que la vía constitucional no puede ser utilizada para desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, en tanto no es una vía judicial adicional o paralela sino un mecanismo extraordinario, como tampoco puede ser interpretada como una autorización judicial para que las partes puedan corregir sus errores o su incuria procesal. En tal sentido la Corte Constitucional ha señalado:

“3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia

3.1. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales, en tanto vía judicial residual y subsidiaria(13), que se caracteriza igualmente por ofrecer una protección inmediata(14) y efectiva en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, oen presencia deestos, cuando se trámite como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable(15). En Sentencia C-542 de 1992(16), la Corte resaltó el carácter inmediato de la protección que se persigue con la interposición de la acción de tutela, indicando lo siguiente:

“(...) la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”. (subrayas fuera del original).

De igual manera, aún cuando la acción de tutela no tiene caducidad para su ejercicio, no se pueda recurrir a ella luego de un prolongado transcurso de tiempo desde la ocurrencia de los hechos atentatorios de los derechos fundamentales. De aceptarse su procedencia en tales eventos, se estaría desvirtuando su naturaleza de mecanismo excepcional de protección inmediata y efectiva(17). Deberá entonces proponerse en un término razonable y oportuno(18), el cual se evaluara en cada caso concreto, para evitar que se convierta en un factor de inseguridad jurídica(19).

Ahora bien, cuando se promueve la acción de tutela en contra de una decisión judicial, ...

3.2. Es necesario que la acción de tutela cumpla con unos requisitos de procedibilidad(22). Para ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha planteado un conjunto de causales de procedibilidad de la acción de tutela, así:

3.2.1. Las primeras, definidas como generales, pretenden asegurar que quien acuda a este mecanismo excepcional, lo haga bajo unos lineamientos jurídicamente válidos que aseguren la eficacia de este mecanismo excepcional sin que ello suponga la desnaturalización de la misma. Así, en Sentencia C-590 de 2005(23), se señalaron como requisitos generales de procedencia:

(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

(ii) que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, todo ello en aplicación del principio de subsidiariedad(24);

(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;

(iv) que tratándose de una irregularidad procesal, se indique claramente el efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;

(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(25);

(vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Es claro así, que la acción de tutela no está destinada a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, en tanto es un mecanismo extraordinario(26) y no una vía judicial adicional o paralela(27) a las dispuestas por el legislador(28), y tampoco es una concesión judicial que se le da a las partes para corregir sus errores e incuria procesal(29), permitiéndoles recurrir de manera soterrada a la acción de tutela para subsanar tales omisiones”(9)(negrilla fuera de texto).

De este modo, la Corte Constitucional ha sido muy enfática en insistir en que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance (o ha contando con éste y de manera negligente lo ha dejado vencer), la tutela deviene improcedente:

“2.1.4. Ahora bien, aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental a partir de la Constitución de 1991, no significa lo anterior que la tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo de actuaciones. El ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción contenciosa administrativa, quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa efectivo. El amparo constitucional como sucede para el caso de protección de los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente(10)”.

Es así como, en el caso particular, para la Sala por ahora es claro que el actor en la acción de tutela que dio origen a la presente actuación disciplinaria, había iniciado el adelantamiento de los mecanismos judiciales ordinarios y no los había culminado, situación que curiosamente no tuvo en cuenta el juez constitucional cuando obviando el test de procedibilidad y por tanto la normatividad en cita y el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, decidió fallar de fondo el asunto puesto a su conocimiento, tutelando los supuestos derechos fundamentales de la sociedad actora, pero sin considerar los intereses patrimoniales de la Nación.

En este orden de ideas, encuentra esta Sala Dual que, la conducta del doctor Gilberto Reyes Delgado como Juez 15 Civil del Circuito de Bogotá, pone en peligro la imparcialidad de la administración de justicia y la razón de ser de las jerarquías judiciales, situación por la cual se considera que un funcionario que se aparta del sendero de la legalidad que deben revestir sus actuaciones judiciales, no puede permanecer en su cargo, pues resulta evidente que su permanencia allí podría constituir una reiteración de la conducta que va en contravía de los fines del Estado en materia del servicio de la administración de justicia, porque como Juez de la República —según las pruebas allegadas, especialmente la inspección judicial realizada el día 1º de septiembre de 2011— es evidente que este funcionario seguiría conociendo entre 70 y 80 acciones constitucionales mensuales de primera como de segunda instancia, con lo cual podría continuar obrando de manera arbitraría tutelando indiscriminadamente la protección de derechos de naturaleza constitucional, pasando por alto el test de procedibilidad contenido en la normatividad vigente(11) y plasmado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional.

Finalmente dígase que, el juez Reyes Delgado hasta ahora no ha intentado justificar su actuar, mientras que conforme el testimonio rendido por el señor Unibio Rojas Miguel se tiene que en casos como el que nos ocupa —acciones de tutela para obligar a la entidades del Estado a cumplir contratos estatales—, el señor juez aquí disciplinado, se mantiene en una supuesta teoría de amparar derechos fundamentales de sociedades con dichas pretensiones, so pretexto de que el fondo del asunto no es la controversia contractual sino violación del debido proceso; situación que permite afianzar la conclusión de la Sala, respecto de que si el funcionario disciplinado continua ejerciendo el cargo, podría volver a incurrir en las mismas irregularidades, resolviendo en tal sentido todas las tutelas que le sean asignadas, pasando por alto voluntariamente el querer de nuestro legislador y la esencia misma de este amparo constitucional.

De esta manera, la Sala Dual considera reunidos los requisitos de la Ley 734 de 2002, para suspender provisionalmente al doctor Gilberto Reyes Delgado, del cargo de Juez Quince Civil del Circuito de Bogotá.

Por lo demás, dígase que la presente decisión tiene un carácter eminentemente preventivo, no sancionatorio, que se hace necesario en el sub judice, para defender los intereses de la sociedad y en el caso particular del Estado —como se ha sostenido en casos similares conocidos y estudiados por esta Sala(12)—, sin que per se implique, una definición o análisis de la responsabilidad del aquí disciplinado.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. Decretar medida de suspensión provisional por el término de tres (3) meses en contra del doctor Gilberto Reyes Delgado, identificado con la cédula de ciudadanía 19.363.289 de Bogotá, como Juez Quince Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión interlocutoria.

2. Comuníquese de manera inmediata la presente decisión, al funcionario disciplinado, a la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y a la pagaduría respectiva.

3. Remitir de manera inmediata, el expediente a la Sala de Segunda Instancia de las Salas Duales de Decisión conforme capítulo IV del Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011, a efectos de que se trámite el grado de consulta de la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 157 de la Ley 734 de 2002.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(3) Poder preferente creado por el estatuto anticorrupción.

(4) Según fue informado mediante Oficio SJ-ABH-67765 del 31 de agosto de 2011.

(5) Visible a folios 142 y ss. del c.o.

(6) El 4 de mayo de 2011.

(7) De lo cual vale la pena resaltar que, el 3 de agosto de 2011 dicho abogado Barrera Carbonell, fue quien propuso como fórmula de arreglo la suscripción de la escritura pública conforme el contrato de compraventa en discusión, ante lo cual la DNE no aceptó por considerarlo lesivo para el patrimonio público —ello en sesión de audiencia de conciliación del 7 de septiembre de 2011—.

(8) Norma que fue declarada inexequible en lo concerniente a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia laboral, quedando vigente en las otras material, incluida la administrativa.

(9) Sentencia T-060 del 3 de febrero de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

(10) Corte Constitucional, Sentencia T-723 de 2008, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

(11) Decreto 2591 de 1971.

(12) Proceso 201003959 01 del 24 de noviembre de 2010, M.P. Jorge Armando Otálora Gómez.