Sentencia 2001-02244 de septiembre 21 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001 01 02 000 2011 02244 00

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según acta 89 de la misma fecha.

Conflicto de jurisdicciones entre juzgado promiscuo municipal de Cumbal y el Resguardo Indígena del Gran Cumbal

Vistos

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

Es competente esta Corporación, al tenor de lo previsto en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política y numeral 2º del artículo 112 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, para dirimir el conflicto de marras, por cuanto el mismo se ha suscitado entre distintas jurisdicciones.

El punto de partida para resolver el conflicto de jurisdicciones bajo estudio lo constituye el hecho de que la Corporación Nariño Empresa y Futuro Contactar por intermedio de apoderada reclama el pago $ 4.184.045 por concepto de capital, más los intereses de plazo y moratorios, sumas de dinero reconocidas en el pagaré 26078, el cual venció el 16 de junio de 2010.

Del fuero especial de las comunidades indígenas, la Corte Constitucional en Sentencia T-496 de 1996, expreso:

“Ahora bien, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo.

Sin embargo, esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen mayoritario conocía el carácter perjudicial del hecho, no pueda ser sancionado por el ordenamiento jurídico nacional. En el primer caso, el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia étnica; en el segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el sistema jurídico nacional.

“a. El elemento de carácter objetivo: que el sujeto pasivo o el objeto material de la conducta, pertenezca a la comunidad indígena”.

“b. En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos”.

Consecuentes con lo anterior, oportuno es entonces precisar, que el fuero como institución procesal en virtud de la cual, se desplaza al juez natural que para todos los efectos lo es el juez ordinario, debe ser entendido como la excepción, de modo que todo predicamento tendiente a significar la existencia de fuero, debe hacerse al amparo de este principio general del derecho procesal: El fuero es la excepción, el juez natural y general es la constante(1).

Todo lo anterior, traído al caso objeto de estudio y especialmente referido al factor subjetivo, es decir, a la calidad de indígena de los deudores, observa la Sala, que la demanda ejecutiva pretende es el pago de una obligación contenida en un “pagaré”.

En este orden de ideas, sin esfuerzo se colige que los deudores utilizaron figuras jurídicas propias de la cultura mayoritaria, es decir, se vincularon a esta, al obligarse a través de la suscripción de un título valor “pagaré”, adentrándose en un proceso de aculturización frente a los usos y costumbres de su comunidad aborigen.

Por lo mismo, la razón de ser del fuero indígena cuyo fundamento es la protección de la diversidad étnica, se desvirtúa a través de la aceptación de cosmovisiones y estándares diversos a la variedad étnica, que se entiende se origina a partir de usos y costumbres, que imponen en el individuo una cosmovisión diferente de la mayoría, aspecto que no concurre en el caso sub exámine.

Además la Sala advierte que el extremo demandante en el proceso ejecutivo, es decir el acreedor, no pertenece a la cultura indígena, pues se trata de la Corporación Nariño Empresa y Futuro Contactar, razón por la cual mal se haría pretender someterla a una legislación y jurisdicción que le es ajena, conforme con los usos y costumbres de la mencionada cultura mayoritaria.

Todo lo anterior indica que en esta oportunidad la competencia debe radicarse en la jurisdicción ordinaria, asistiéndole por tanto razón al Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal, si se tiene en cuenta que el punto central del conflicto suscitado estriba en la fuente del recaudo, pues se trata de un título valor competencia de la jurisdicción ordinaria civil.

Siendo así, téngase en cuenta que los títulos valores, tal y como los define el artículo 619 del Código de Comercio, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, así literalidad y autonomía se erigen como pilares de su definición y nota distintiva frente a los demás títulos ejecutivos.

Ahora bien, en el título III del Código de Comercio dedicado al tema de los títulos valores, se advierte que para que los documentos y actos produzcan los efectos previstos en el mismo, deben contener las menciones y llenar los requisitos que la ley les señala, y si bien la omisión de tales requisitos no afecta el negocio jurídico casual, sí impide que al documento o acto se le dé el tratamiento de cartular, con todos sus efectos, entre ellos, la de tenerse como documentos autónomos y de poder ser cobrado su importe a través de la acción cambiaria prevista para esta especial clase de títulos; además, del privilegio de limitación de excepciones consagrado en el artículo 783 del Código de Comercio.

En tal virtud, la literalidad y autonomía del título valor hacen que el mismo conforme una unidad jurídica y pueda ser ejecutado con total independencia del negocio jurídico causal en la medida en que de su contenido, esto es, de su tenor literal, emerja una obligación con las características de clara, expresa y exigible a que refiere el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil(2).

En consecuencia, concluye la Sala que en el presente caso como acertadamente lo oteó el Juez Promiscuo Municipal de Cumbal, el pago de su importe debe efectuarse ante la Jurisdicción ordinaria, por tratarse de un asunto regulado por normas civiles y comerciales(3), entre otras, las ilustradas en líneas anteriores, razón por la cual se ordenará remitir la presente actuación al Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal, a fin de que continúe con el trámite de la acción ejecutiva.

A la anterior conclusión arribó esta Sala como quiera que se itera, los títulos valores se encuentran regulados en disposiciones civiles y comerciales, lo cual implica que si un indígena lo suscribe, es porque tiene una cosmovisión que supera las fronteras de su resguardo en cuanto a sus usos y costumbres, pues en el presente caso se obligaron a través de un pagaré, sin que tal asunto pueda sustraerse al conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal y el Resguardo Indígena del Gran Cumbal en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la jurisdicción ordinaria.

2. REMÍTASE el proceso a conocimiento al Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal, y copia de la presente providencia al mencionado Resguardo Indígena.

Comuníquese y cúmplase».

(1) En este sentido, véase la providencia entre la Justicia Penal Militar y la Ordinaria, en la que el suscrito fungió como ponente. 20000710 A de 11/05/2000.

(2) Artículo 488 Código de Procedimiento Civil “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él....”.

(3) Acción Cambiaria, artículo 782 del Código de Comercio.