Sentencia 2011-02288 de septiembre 16 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201102288 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 71 de la fecha

Referencia: Abogado en consulta

Denunciado: Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca

Denunciante: Carmen Teresa Marín Caro

Primera instancia: Exclusión en el ejercicio de la profesión, por la incursión en la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007

Decisión: Confirma

Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 2013.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”. Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de la Justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura” y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Asunto a resolver.

Atendiendo a los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se adelantó la causa con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, procede la Sala Jurisdiccional a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el fallo proferido el 22 de marzo de 2013, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción típica de la falta imputada.

En el caso bajo examen, la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, fue sancionada por la comisión de la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 que establece lo siguiente:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

Antes de cualquier consideración de fondo sobre el particular, válido es precisar que la falta imputada es de carácter doloso, cuyos verbos rectores son alternativos, pues a través de cada uno de ellos es posible incurrir en falta; así se tiene por ejemplo un significado de cada uno de ellos, veamos: aconsejar, es inspirar algo en alguien o sugerir como conveniente a sus intereses; patrocinar, se define como defender, proteger, amparar, favorecer, apoyar o financiar una actividad e intervenir, que es tomar parte en el asunto, a más que el tipo cuenta con ese ingrediente normativo determinado por el término de actos fraudulentos, esto es, engañoso o falaz(2).

En su momento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la falta en particular, prevista entonces en el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971, recogida en su integridad por el numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, indicó:

“Sobre la intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos como tipo de ilicitud disciplinaria contra la lealtad debida a la administración de justicia. Encuentra la Sala que examinado en su conjunto el recaudo probatorio, en el caso bajo estudio, se hallan demostrados también los elementos propios del tipo disciplinario descrito en el numeral 2º del artículo 52 del Estatuto Ético de la Abogacía, por cuanto existe clara orden de la Fiscalía (...) de Duitama de conservar el bien en calidad de depositaria, esto es, como mera tenedora de él, con la prohibición de negociarlo; al aparecer como garantía de los perjuicios causados con el ilícito y al intentar trasladar su dominio se violó o defraudó la orden judicial impartida, y por ende la confianza depositada en la profesional por parte del funcionario judicial, causándole perjuicios a los quejosos al quedar desprotegidos sus intereses y sufrir mengua en su patrimonio, amén de no haber podido, por esa causa, cumplir con otras obligaciones adquiridas”(3).

Por su parte la Corte Constitucional sobre los actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos precisó:

“Sanción disciplinaria a abogado-consejo, patrocinio o intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. Al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero. En la medida en que el abogado desarrolla su actividad profesional en dos campos distintos a saber: dentro del proceso, a través de la figura de la representación judicial, y por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo, es la conducta engañosa en esos escenarios lo que la norma acusada pretende censurar, pues no resulta lógico, ni constitucionalmente admisible, que el abogado pueda hacer uso de sus conocimientos jurídicos especializados para defraudar a personas o autoridades. Por eso, al tenor de la norma acusada, el jurista es sancionado disciplinariamente cuando auxilia, aconseja o interviene en un acto fraudulento o engañoso con perjuicio para los intereses de otro, que puede ser su poderdante o cliente, un tercero o la propia administración de justicia. Así entendido, en contraposición a la conclusión a la que llegan los actores, el concepto “actos fraudulentos” hace referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para los destinatarios de la norma, la cual a su vez puede concretarse razonablemente por la autoridad que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de la infracción, sin que quepa aducir que el proceso de adecuación típica queda abandonado al arbitrio o a la discrecionalidad del juez disciplinario para ser valorado por este libremente. En ese sentido, existe un equilibrio entre la conducta ilícita adoptada en la norma acusada y el bien jurídico que intenta proteger, lo que no permite advertir una afectación irrazonable de los intereses del disciplinado ni un exceso o abuso de poder por parte del legislador al expedir la medida prohibitiva (...).

(...)

Si ello es así, hacer uso de los conocimientos jurídicos especializados para engañar a terceros y a las propias autoridades judiciales, y no para colaborar con la justicia que es precisamente el compromiso ético y moral adquirido por el abogado, sin duda que afecta sustancialmente la lealtad que este debe a la administración de justicia en el ejercicio de la profesión (...).

Frente a las autoridades disciplinarias, para los efectos de entrar a definir el título de imputación o determinar la existencia de la conducta fraudulenta, estas no requieren entrar a establecer la posible ocurrencia de un delito, sino limitarse a verificar la descripción típica prevista en la norma acusada con todos sus elementos. En este sentido, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales está circunscrita únicamente a establecer si el abogado investigado disciplinariamente aconsejó, patrocinó o intervino en “actos fraudulentos” en perjuicio de otro, cumpliendo así con la función constitucional y legal que les ha sido asignada. Conforme a las consideraciones precedentes, la Corte encuentra que el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 no es contrario al artículo 256-3 de la Carta ni afecta el principio del non bis in idem(4) (resalta la Sala).

Ahora, el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario, tan es así que se establece como deber de los togados, el colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia, en todas sus relaciones profesionales, es más les impone la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas como profesionales, pues son los abogados, como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico, los llamados a llevar como estandarte de suprema máxima de su conducta, la honestidad; pues solo con ella fortalece la credibilidad que ha depositado en él, de manera general la sociedad.

Así analizados los hechos bajo los principios de la sana crítica, conlleva a colegir sin vacilación alguna que la profesional del derecho Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, efectivamente, procedió en forma desleal con la administración de justicia y su actuación denota una maniobra fraudulenta desplegada en contubernio con las señoras Gina Marcela Martín y Lilian Sánchez Vargas, para timar a la quejosa Carmen Teresa Marín Caro.

Para llegar a tal conclusión, esta superioridad, solo le bastó remitirse al acervo probatorio obrante en el infolio, donde se tiene entre otros elementos el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito entre la señora Carmen Teresa Marín Caro y la abogada investigada, el 21 de julio de 2009, para que esta, la togada investigada, le asesorara en la de un inmueble por remate ubicado en la calle 114 Nº 127 C-62 interior 5 - apartamento 103 - matrícula inmobiliaria 50N20345717 - urbanización Las Margaritas del barrio Suba - Bogotá, por un valor catastral de $ 28.000.000

En el referido contrato, si se lee en su conjunto, se cierne sobre el mismo un manto de legalidad, empero al leerlo cláusula por cláusula, sin lugar a dudas habían actos fraudulentos que rayaban con los intereses de la quejosa, pues se evidencian como que la profesional del derecho se reserva a omitir el juzgado donde se adelantaba el ejecutivo para el remate del bien; dejó al garete unos valores por $ 44.00.000 sin precisar si son para la compra del bien o por el contrato; condiciona a que si la contratante no queda satisfecha con dos bienes más a mostrarle, se entendería como cumplido el contrato, permitiéndole a la profesional apropiarse de los dineros depositados y obligó a la prominente compradora a saldar todas las deudas del inmueble por concepto de servicios públicos o administración; condiciona al acto a 8 meses “presuntamente lo que se demoraba el juzgado en publicar los avisos de remate y conmina a su cliente a entregarle $ 17.000.000 para la entrega del bien” (sic).

En ese orden de ideas, en contubernio con la secuestre del bien Gina Marcela Martín, que a decir verdad el apartamento si se encontraba en remate en el Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá - Radicado 200700924 de Bancolombia contra Wilson Rodríguez y Claudia Calderón y la asistente de la profesional Lilian Sánchez Vargas, el día 29 de julio de 2009, la señora Carmen Teresa Marín Caro, recibió el bien y procedió a arrendarlo de buena fe, hasta cuando empezó a recibir llamadas amenazantes de los dueños del apartamento, para ella y sus inquilinos.

Pero antes de hacer otras consideraciones, nótese cómo la señora Lilian Sánchez Vargas, auxiliar de la abogada investigada a través de una carta del 20 de julio de la misma anualidad, dirigida a la administración, con el visto bueno de su jefe, autorizó a la señora Carmen Teresa Marín Caro, como dueña del apartamento para su ingreso e indicando que sería quien en adelante asumiría los gastos de servicios y otros, todo ello con base en un contrato de comodato, suscrito entre la contratante y la secuestre del bien Gina Marcela Martín, que a todas luces era irregular, pues como bien lo observó el a quo, “...a los secuestres se le entregan los bienes para que produzcan frutos para que sirvan para amortizar los créditos y no para que los entreguen a título gratuito por un año, lo cual permite esclarecer que en efecto se ideó un concierto fraudulento entre la abogada investigada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, la señora Lilian Sánchez y la secuestre Gina Marcela Martín para apropiarse de los dineros y defraudar el patrimonio de señora Carmen Teresa Marín Caro”.

Ahora ante el reclamo justo de los propietarios del bien, la señora Carmen Teresa Marín Caro, optó de buena fe y creyendo en su “gurú jurídica”, como ella misma le llamó en el escrito de queja, entregó el apartamento y requirió a la misma para que procediera a dar cumplimiento al contrato mostrándole otros inmuebles, cuestión que se materializó con sendas citas donde se le enseñó unas propiedades en mal estado que no llenaban las expectativas de la compradora, luego de contera, se entendían satisfechos los parágrafos 1º y 2º de la cláusula tercera y cuarta del contrato que enseñaban:

TERCERO. (...) PAR. 1º—EL ÚNICO EVENTO EN QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO PUEDE MATERIALIZARSE ES CUANDO EL DEUDOR O DEMANDADO EN EL PROCESO CANCELA O REALIZA CUALQUIER ACUERDO DE PAGO EN EL DESPACHO JUDICIAL ANTES DE LA FECHA DE REMATE EL CUAL SERA INFORMADO DE MANERA INMEDIATA Y LA SEÑORA CARMEN TERESA MARÍN CARO QUIEN A PESAR DE ELLO, TENDRÁ DOS NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PRESENTAR POSTURAS DE NUEVOS INMUEBLES. PAR. 2º—EN EL EVENTO DE NO LLEVARSE A FELIZ TÉRMINO NINGUNA DE LAS POSIBILIDADES YA CITADAS, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA 9 DE ESTE CONTRATO. CUARTO. SI LA SEÑORA CARMEN TERESA MARÍN CARO DECIDE DESISTIR DEL NEGOCIO HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN DE MANERA VOLUNTARIA LA ASESORA JURÍDICA SE ENCUENTRA GESTIONANDO TODO EL TRÁMITE EN LEGAL FORMA, LA SEÑORA CARMEN TERESA MARÍN CARO PERDERÁ LO PAGADO HASTA LA FECHA A LA ASESORA JURIDICA, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA CUMPLIENDO CON LO PACTADO DENTRO DEL CONTRATO” (fls.1 y 2, cdno. anexo - se transcribe textualmente).

Entonces, en ese orden de ideas, sin mayores disquisiciones, la disciplinada vendió un inmueble del cual no tenía injerencia alguna e hizo dar por cumplido el contrato, haciendo efectivas las cláusulas del mismo, llevando incuestionablemente a la contratante a perder el dinero depositado o entregado a su abogada, por lo que vistos todos los elementos de hecho y de derecho en su conjunto, a más de los apartes jurisprudenciales, para esta Sala, la anterior actuación de la profesional, no tenía otro propósito que menguar el patrimonio de la quejosa, lo cual fue logrado gracias su accionar conjunto con la propia secuestre del bien y su auxiliar judicial, configurándose en todo su contexto el acto fraudulento.

Es indudable entonces, que la profesional del derecho Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, con la incursión de la falta endilgada, evidenció un desconocimiento de sus deberes profesionales como litigante, a los cuales está obligado a cumplir todo abogado, compilados entonces en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y de manera particularísima el numeral 6º que enseña: “(...) 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”, por cuanto al leer el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito entre la quejosa y la togada el 21 de julio de 2009, se tendría una apariencia de legal, pero al observarlo con detenimiento se encuentra el ocultamiento de datos como el juzgado donde presuntamente se adelantaba el proceso ejecutivo hipotecario o se impusieron al acomodo de la abogada condiciones o plazos leoninos contra la señora Carmen Teresa Marín Caro, son el ánimo de estafarla, por ejemplo exigirle el 50% del valor del inmueble, sin aportar mayores datos. Es más del acervo probatorio se probó que la doctora Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar, no tenía facultad alguna para hacer entrega del apartamento, pues no era parte dentro del hipotecario adelantado por Bancolombia contra ese inmueble, pues la secuestre era la señora Gina Marcela Martín González, con quien se confabuló para hacer creer a su víctima sobre su pertenencia del mismo y pagara servicios, administración e impuestos atrasados, a más de permitirle el arriendo con base en un contrato de comodato, figura que si bien es permitida, debía hacerse para amortiguar la deuda y no a título honorífico, hasta cuando los propietarios del inmueble lo reclamaron por haber pagado la deuda antes del remate. Es decir vendió lo que no era suyo.

Se debe finalizar precisando, contrario a lo observado por la defensa de oficio, que si bien era cierto el contrato tenía apariencia de legalidad, se lograron los resultados pretendidos, lo cual tampoco la exime de responsabilidad en el entendido que estos tipos disciplinarios, llamados de mera conducta, no requieren que se produzca efecto nocivo o querido por el sujeto agente, sino que con su mero comportamiento se cometen. Así voluntaria y conscientemente, la profesional del derecho orientó su comportamiento a la producción de un resultado adverso al correcto ejercicio de su profesión, sin que opere a su favor causal que la exonere de responsabilidad, soslayando además sus deberes profesionales.

De la sanción

En relación con la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se halla acorde y consulta los parámetros establecidos en el artículo 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y el antecedente disciplinario de la infractora, para imponerla, por lo que considera la Sala que se debe mantener en su integridad la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, impuesta a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, sumándose a ello los criterios de agravación previstos en los numerales 5º y 7º del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo indicó la Sala a quo.

A manera de información y sin que se tome como motivo determinante para la conformación de la sanción impuesta, nótese como la Fiscalía General de la Nación informó que contra la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, registraba los siguientes procesos penales: “11001600049201208813 - estafa - activo; 11001600049201210313 - estafa - activo; 11001600049201209308 - estafa - activo; 110016000492012106643 - falsedad en documentos; 11001600049201205048 - estafa - activo; 1100160004920121028236 - estafa - activo; 110016000122001005297 - estafa - activo; 11001600050201021617 - estafa - activo; 11001600050201012635 - estafa - activo; 11001600050200913313 - estafa - activo; 11001600050201204166 - estafa - inactivo 11001600049201103584 - estafa - inactivo; 11001600050201102030- estafa - inactivo; 110016000252201001375 - estafa - inactivo; 11001600027201000113 - estafa - inactivo 110016000502001008470 - estafa - inactivo” (sic) y lo propio hizo la secretaría judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, hizo llegar el reporte de las 16 investigaciones en curso, contra la abogada Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca (fls. 109-112, cdno. o.).

Lo anterior para significar que tanto las investigaciones penales como las disciplinarias llevan incita el común comportamiento que hoy se investiga y que si bien no ha sido vencida en juicio, sí se denota proclividad de la profesional del derecho a la comisión de ese tipo de faltas.

De la exclusión del ejercicio profesional. Artículo 44 de la Ley 1123 de 2007.

Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. La Corte Constitucional sobre el particular precisó: “Abogado - sanción de exclusión. La sanción de exclusión de los abogados debe ser adoptada, de conformidad con el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política, a través del proceso correspondiente por parte del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso, de acuerdo con la el grado de competencia consagrado en la ley, teniendo en cuenta las normas que garantizan el debido proceso y en la instancia que señala la ley para los profesionales del derecho en ejercicio de su profesión. Cabe advertir que al abogado sancionado con la exclusión de la profesión por haber quebrantado, a juicio de las autoridades jurisdiccionales competentes, el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía tal como la define la norma en cuestión, en ningún momento por ese solo hecho se le impide escoger libremente otra actividad laboral mientras se rehabilita, ya que la sanción solo se predica de las faltas a la ética cometidas por el profesional en desarrollo de la actividad mencionada y no opera frente a otras ocupaciones que pueda realizar la persona sancionada”(5).

Finalmente la Sala observa como pocas actividades tienen en la sociedad tanta trascendencia como la que reviste la tarea de administrar justicia, siendo factor de estabilidad social y de decantación de principios morales de la mayor significación. De allí, que todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con las funciones propias de la administración de justicia, en especial los que ofician como abogados litigantes y jueces, deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuales son los fines primordiales de la justicia. El abogado, en especial, cumple una función social consistente en colaborar con las actividades que realizan una recta y cumplida justicia. En este orden de ideas está fuera de discusión que los abogados que hacen de la trampa y el fraude, instrumentos de acción profesional deben ser sancionados sin vacilaciones cuando sean sorprendidos propiciando maniobras que tengan como fin la verdad en los procesos para engañar a los jueces y con ellos la justicia(6).

Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo del 22 de marzo de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido 22 de marzo de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN en el ejercicio de la profesión a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Comentarios al Nuevo Código Disciplinario - Luis Enrique Restrepo Méndez 1ª Edición 2008, pp.132-133.

(3) Radicado 8979C - sentencia del 23 de abril de 1998. M.P. Edgardo Jose Maya Villazón - publicada en el Régimen Disciplinario de los Abogados, 1998, Tomo 1, p. 119.

(4) Sentencia C-393 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(5) C-190 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.

(6) M.P. Amelia Mantilla Villegas - sentencia del 7 de octubre de 1993 - Radicado 1161, Consejo Superior de la Judicatura.