Sentencia 2011-02322 de marzo 19 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201102322 – 01

Aprobado según Acta 020 de la fecha

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de Proyecto. 18 de marzo de 2014

Bogotá, D.C., Diecinueve de marzo de dos mil catorce

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

De la competencia. La tiene la Sala para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto, contra la sentencia sancionatoria de primer grado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256(16) de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(17). Por tanto, procede la corporación a adoptar la decisión que en derecho corresponde.

El caso. Deviene la inconformidad del juzgador sancionado en que a su juicio no incurrió en delito o falta disciplinaria alguna, pues, al exigir el cumplimiento del fallo mediante el cual se ampararon los derechos fundamentales de la empresa accionante y tramitar los incidentes de desacato contra la entidad accionada, obró conforme a su legítima interpretación de la referida sentencia la cual, si bien puede resultar distinta a la de su superior, en manera alguna resulta susceptible de censura disciplinaria por estar determinada al cumplimiento de un deber constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado.

Pruebas solicitadas en segunda instancia. Como se reseñó en la actuación procesal, el disciplinado deprecó la práctica de pruebas allí relacionadas ante esta instancia, no obstante, sin necesidad de hacer mención a las mismas, ha de advertirse de entrada que serán rechazadas por su inoportunidad procesal.

Las fases del proceso disciplinario se rigen por el principio de preclusividad, por ende, no es de recibió revivir aquellas agotadas, excepto por la presencia de vicios que induzcan a la nulidad, entre tanto, cada estadio procesal se tiene por surtido y agotado, base esencial para la iniciación del siguiente, quedando agotado el período probatorio una vez se surte lo pertinente entre la formulación de cargos y el proveído que corre traslado para alegar de conclusión.

La prueba en segunda instancia solo es procedente de oficio sí lo considera necesario el funcionario a cargo —artículo 171 Ley 734 de 2002—, pero para el caso de autos no se estima ni ve su necesariedad en virtud de lo surtido en primera instancia, en la cual estuvo el ahora petente acucioso y presto al ejercicio del derecho de contradicción; razón suficiente para rechazar la solicitud de pruebas por extemporánea.

Solución de asunto. Para efectos de desatar la controversia propuesta, la Sala iniciará por ratificar su posición frente al tema de la autonomía funcional como derecho de los jueces al momento de administrar justicia, para luego verificar si cada uno de los sucesos imputados al disciplinable corresponden al ejercicio de tal potestad o, por el contrario, configuran el incumplimiento de los deberes consagrados en los numerales 1º y 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996(18), tal como le fue endilgado en el pliego de cargos, al igual que la incursión en la falta.

1. Autonomía funcional (reiteración del precedente horizontal).

Sobre el tema, esta colegiatura ha referido en decisiones precedentes que “por sus decisiones los funcionarios judiciales no son sujetos disciplinables, en tanto que estas son debatibles a través de las instancias pertinentes, por ende, la interpretación ponderada del juez al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, es del resorte de su autonomía funcional y no es de buen recibo que las mismas se controviertan a través de un proceso disciplinario. Claro está, con la excepción de contener la misma, y que se aprecie prima facie, errores protuberantes y groseros que den al traste con la función pública de administrar justicia, en tanto el mero desacuerdo del derrotado en el litigio no adquiere la relevancia de conducta a investigar disciplinariamente.

Sobre la autonomía funcional de antaño ha dicho la Corte Constitucional sobre este principio o instituto, normado constitucionalmente como derecho de los jueces desde la Sentencia C-417 de 1993:

“(...) Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno.

Ahora bien, si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución (...)”.

Esa misma corporación se pronunció en Sentencia T-571 de 2007 respecto a los límites de la autonomía judicial en los siguientes términos:

“(...) Los límites a la autonomía, sin embargo, también ha señalado que la autonomía judicial que se protege, en materia de interpretación, no es del todo absoluta. Existen criterios objetivos que permiten fijar un límite legítimo a la interpretación judicial, en la medida en que orgánicamente establecen premisas generales que no pueden ser libremente desechadas por el fallador. Esos criterios objetivos son: a) El juez de instancia está limitado por el precedente fijado por su superior frente a la aplicación o interpretación de una norma concreta; b) El tribunal de casación en ejercicio de su función de unificación puede revisar la interpretación propuesta por los juzgados y tribunales en un caso concreto, y fijar una doctrina que en principio será un elemento de unificación de la interpretación normativa que se convierte precedente a seguir, c) Si bien, ese criterio o precedente puede ser refutado o aceptado por el juzgado de instancia, lo claro es que no puede ser desoído abiertamente en casos iguales, sino que debe ser reconocido y/o refutado por el juez de instancia o tribunal, bajo supuestos específico; d) el precedente, no es el único factor que restringe la autonomía del juez. Criterios como la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, exigen que los pronunciamientos judiciales sean debidamente fundamentados y compatibles con el marco axiológico, deóntico y el cuerpo normativo y constitucional que compromete el ordenamiento jurídico; e) Finalmente el principio de supremacía de la Constitución obliga a todos los jueces a interpretar el derecho en compatibilidad con la Constitución. El deber de interpretar de manera que se garantice la efectividad de los principios, derechos y deberes de la constitución, es entonces un límite, si no el más importante, a la autonomía judicial” (Negrillas fuera de texto) (...)”(19).

A la luz de tales conclusiones, salta a la vista que el funcionario judicial transgrede el principio de autonomía funcional y, por tanto, incurre en decisiones susceptibles de ser censuradas por la vía disciplinaria cuando, por ejemplo, inaplica normas constitucionales o legales de manera caprichosa, se aparta injustificadamente del precedente jurisprudencial, de la cosa juzgada, invoca preceptos normativos evidentemente derogados, inexistente, inaplicables o desconoce ostensiblemente la estructura del trámite procesal en desmedro del derecho al debido proceso de las partes, entre otras posibilidades.

De contera, procede la Sala a verificar cada uno de los sucesos imputados en el pliego de cargos.

2. De la exigencia para el cumplimiento del fallo de tutela:

2.1. A juicio del a-quo, las normas presuntamente trasgredidas por el funcionario investigado, por desbordar las facultades allí atribuidas, son los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, los cuales preceptuaban:

“ART. 27.—Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

ART. 52.—Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción

Sumado a lo anterior, a la luz de la línea jurisprudencial que diferencia y desarrolla la acción de cumplimiento y el incidente de desacato, cuyo trámite corresponde al Juez de tutela de primera instancia, tenemos que, entratandose de esta última figura jurídica:

“La esfera de acción del juez en este caso está definida por la parte resolutiva del fallo de tutela, limitándose a verificar (i) a quién estaba dirigida la orden; (ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla y, (iii) el alcance de la misma. Solo de esta manera puede establecerse si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa. Luego, debe verificarse (iv) si efectivamente se desconoció la orden impartida en el fallo de amparo constitucional y, de existir incumplimiento (v) se debe establecer si fue total o parcial y, (vii) las razones de la omisión con la finalidad de determinar las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho. De forma excepcional, el juez que define el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho, está autorizado para emitir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir ajustes a lo decidido inicialmente, siempre que se respete el alcance del amparo y el principio de la cosa juzgada, indicando los parámetros que deben seguirse para tal efecto, así: (i) la facultad puede desplegarse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario alterar la orden en sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), porque: a) lo decidido inicialmente nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; b) porque implica afectar de manera grave, directa, cierta manifiesta e inminente el interés público o, c) porque es evidente que lo ordenado será de imposible cumplimiento; (ii) la facultad debe estar encaminada a lograr la realización de lo decidido en su sentido original y esencial, buscando asegurar el goce efectivo del derecho fundamental amparado; (iii) la alteración de la orden en sus aspectos accidentales está permitida, siempre y cuando sea necesaria para alcanzar dicha finalidad y, (iv) la nueva orden a proferir, debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha restricción de forma inmediata y eficaz”(20) (negrilla fuera de texto).

2.2. A juicio del funcionario recurrente, para cumplir la orden de tutela proferida contra la DIAN como mecanismo de protección de los derechos fundamentales a la defensa y debido proceso de la empresa accionante, no bastaba con subsanar la irregular notificación de un acta de aprehensión, pues también tenía que reponerse el trámite administrativo al cual se le restaron efectos —tendiente a posibilitar la legalización de la mercancía incautada—, actuaciones administrativas que solo podían ser desarrolladas con posterioridad al proferimiento del fallo constitucional de segunda instancia (sep. 20/2010).

Lo anterior, atendiendo el criterio de unidad de fallo de tutela, toda vez que en la referida sentencia de segunda instancia se confirmaron los numerales 1º, 4º y 5º de la parte resolutiva del fallo de primer grado y se modificaron los numerales 2º y 3º, así:

PRIMERO. MODIFIQUESE el numeral segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo de agosto 19 de 2010 proferido por el Juzgado Veinticinco (25) Civil Municipal de Bogotá D.C., en el sentido de ordenar a la DIAN que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la de la notificación que del presente fallo se le haga tome las determinaciones correspondientes para rehacer toda la actuación surtida a partir inclusive de la notificación del acta de aprehensión, para que no se vulnere el derecho a la defensa de las partes afectadas con ésta, acorde con lo reseñado en la parte supra. (Sic, negrillas fuera de texto).

SEGUNDO. CONFIRMAR los ordinales primero, cuarto y quinto del fallo de agosto 19 de 2010 proferido por el Juzgado Veinticinco (25) Civil Municipal de Bogotá D.C.”(21).

Así las cosas, concluyó el funcionario que como los documentos aportados por la DIAN —al ser requerida para que acreditara el cumplimiento del fallo—, evidencian que con posterioridad al 20 de septiembre de 2010 no se repuso la actuación administrativa (tendiente a posibilitar la recuperación de la grúa incautada), a partir inclusive de la notificación del acta de aprehensión, se advertía el incumplimiento del citado fallo.

2.3. Al evaluar tal posición jurídica, defendida férreamente por el investigado a lo largo de toda esta actuación, lo primero que debe precisar esta colegiatura es que no puede ser considerada como falta disciplinaria per se, toda vez que constituye el razonamiento proferido por un funcionario judicial en ejercicio de funciones constitucionales y sustentado en el acervo probatorio (integrado para efectos del cumplimiento del fallo de tutela por las solicitudes de la empresa accionante y la contestación de los requerimientos efectuados por parte de la entidad accionada), lo cual denota que, en criterio de quien lo profirió, se trata de un juicio de valor ajustado a derecho.

Por tanto, el juzgador disciplinario se encuentra imposibilitado para entrar a debatirlo por estar sustentado en lo probado a la luz del principio de autonomía funcional previamente examinado, máxime si en cuenta se tiene que no se advierte la inaplicación o trasgresión de normas constitucionales o legales ni se invoca preceptos normativos evidentemente derogados, inexistente, inaplicables o se desconoce ostensiblemente la estructura del trámite procesal en desmedro del derecho al debido proceso de las partes.

Recuérdese que en los procesos de conocimiento de la jurisdicción disciplinaria como este, lo que se evalúa es la ilicitud sustancial que se genera debido al incumplimiento de deberes éticos, profesionales o funcionales de los investigados, y no lo jurídicamente acertadas o desacertadas que puedan resultar sus acciones o decisiones judiciales, toda vez que dicho tema debe ser debatido es el interior de cada uno de los procesos mediante el ejercicio de las acciones y recursos ordinarios.

2.4. Por tanto, los requerimientos y actuaciones inicialmente materializados por el Juez implicado para que la entidad accionada diera cumplimiento al fallo de tutela(22) —en los términos por él interpretados como juez constitucional de primer grado—, así como la decisión de primera instancia del 20 de enero de 2011 mediante la cual declaró probado el desacato e impuso sanción consistente en multa(23), si bien podrían ser cuestionados por improcedentes o jurídicamente desatinados (siendo el mecanismo procesal ordinario e idóneo para ello el grado de consulta al que se somete la decisión sancionatoria que resuelve el incidente de desacato), no son susceptibles de valoración por parte de la jurisdicción disciplinaria toda vez que constituyen decisiones judiciales autónomas por las razones previamente señaladas, por lo cual se impone absolver al encartado frente a tal comportamiento y la modificación de la sanción que le impuesta.

2.4. Sin perjuicio de lo anterior, lo que sí evidencia esta Sala es que dicho criterio jurídico y autónomo del funcionario investigado no lo habilitaba para desconocer el fenómeno de la cosa juzgada, aspecto que se entra a destrabar.

3. De la violación del criterio del superior funcional:

3.1. Si bien las decisiones del funcionario investigado emitidas durante el trámite del incidente de desacato analizado se encuentran cobijadas por el principio de autonomía funcional, se tiene que tanto el desarrollo procesal como la decisión sancionatoria emitida el 20 de enero de 2011 fueron evaluadas en sede de consulta por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, en calidad de superior funcional del investigado.

Sobre el particular, en decisión del 8 de febrero de 2011 concluyó el ad quem que a la luz de las pruebas contenidas en el proceso, la DIAN dio cumplimiento íntegro al fallo de tutela proferido a favor de la empresa accionante, toda vez que “declaró la nulidad de la actuación administrativa desde la notificación del acta de aprehensión, como fue ordenado en el fallo de tutela, ordenando reiniciar la actuación administrativa”, por lo cual revocó la determinación sancionatoria consultada(24), decisión que cobró ejecutoria en esa misma fecha por cuanto no procedían recurso en su contra(25).

3.2. Al analizar el efecto de tal determinación, salta a la vista que se resolvió de manera definitiva y de fondo el objeto del incidente de desacato al concluirse que la entidad accionada dio cumplimiento al fallo de tutela, criterio jurídico que al quedar en firme hizo tránsito a cosa juzgada y, por tanto, resultaba inmodificable en virtud del principio de seguridad jurídica.

Sobre el particular resulta necesario aclarar que si bien es pausible el trámite de varios incidentes de desacato en virtud de un mismo fallo de tutela, bien por la pluralidad de órdenes emitidas para la protección de derechos fundamentales, su efecto diferido en el tiempo o las múltiples entidades accionadas(26), ello no aplica para la sentencia constitucional analizada toda vez que contiene un único mandato taxativo que a juicio del juzgador constitucional de mayor jerarquía funcional ya fue acatado por la entidad accionada, se reitera.

3.3. A la luz de la inspección judicial practicada al expediente relativo a la acción de tutela y las copias de tal paginario, se colige que con posterioridad al 8 de febrero de 2011 (fecha en que declaró el cumplimiento de la sentencia constitucional por parte del ad quem), el funcionario investigado profirió las siguientes decisiones:

— Autos del 30 de marzo(27), 11 de abril(28), 2 y 17 de mayo(29) y 23 de agosto(30) de 2011 exhortando el cumplimiento del fallo de tutela y solicitando copias de los documentos que así lo acrediten.

— El 17 de noviembre de 2011 negó el incidente de nulidad interpuesto por la apoderada de la entidad accionada (relacionada con que se estaba actuando en contra de la providencia ejecutoriada que resolvió el cumplimiento de la acción de tutela), por cuanto los hechos alegados no coincidían con la causal invocada(31).

— El 17 de noviembre de 2011 se desató por segunda vez el incidente, declarando acreditado el desacato e imponiendo sanción consistente en multa(32).

— Tras la anulación de tal decisión por parte del superior funcional(33) (debido a defectos en el trámite de notificación del proveído que dio inicio al incidente), el 29 de febrero de 2012 profirió nuevo auto requiriendo copias de los documentos que acrediten el cumplimiento del fallo de la tutela(34).

3.4. De la simple lectura de tales actuaciones se colige, sin lugar a dudas, que todas ellas desconocieron flagrantemente el principio de cosa juzgada consolidado en virtud de la decisión del superior funcional del encartado —referente al cumplimiento de la sentencia de tutela—, sin que resulte viable la tesis de que se trataba de un “error insuperable” por una interpretación errónea de un fallo toda vez que dicha irregularidad, además de ser protuberante y saltar a simple vista, fue oportunamente advertida al encartado mediante un incidente de nulidad descartado con razones inocuas.

3.5. Al verificar las funciones atribuidas al Juez constitucional en los citados artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 para el trámite de los incidentes de desacato, no se infiere que tales normas posibiliten en manera alguna el desconocimiento de las determinaciones del superior, ni mucho menos que habilite omitir el cumplimiento del principio de cosa juzgada —que blinda la determinación que resolvió el cumplimiento del fallo de tutela—, por lo cual se concluye que efectivamente el disciplinable incumplió con el deber funcional dispuesto en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996 referente a “Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, por extralimitación de sus funciones, comportamiento que se configuró en modalidad dolosa atendiendo que la especial formación y preparación jurídica del encartado le permitía inferir la ilicitud sustancial de su conducta y pese a ello, de manera caprichosa e irreflexiva, decidió no reparar en las alertas oportunas formuladas con incidente de nulidad rememorado.

Por tanto, se confirmará la decisión impugnada frente a este concreto aspecto.

4. De la orden para modificar una licencia de importación:

4.1. Refiere el apelante que como la no entrega de la máquina aprehendida se produjo por un defecto en la licencia de importación como se lo indicó el apoderado de la empresa accionante, ello lo llevó al convencimiento invencible que —en calidad de juez constitucional de primer grado responsable por garantizar el cumplimiento del fallo de tutela—, se imponía la necesidad de solicitar la corrección de tal yerro ante el Ministerio de Comercio, en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas, para posibilitar el cumplimiento del fallo de tutela, sin que se haya tratado de una “orden” originada en dicha sentencia, pues se trató más bien de una petición inocua, a la cual se había referido previamente como “acto administrativo para facilitar el cumplimiento del fallo” o, “corrección necesaria como prueba, ya que fue el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien había incurrido en error”.

4.2. Al verificar el contenido exacto de lo dispuesto por el funcionario sobre el tema, se encuentra copia del auto proferido el 22 de noviembre de 2010, en los siguientes términos:

“2. Teniendo en cuenta la solicitud de la parte actora por secretaria ofíciese al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para que en un término perentorio de dos (2) días allegue la modificación de la licencia de importación ya aprobada según No LIC-20623021-04062010. Lo anterior por cuanto tiene conexidad con la decisión tomada en el fallo de tutela que aquí nos ocupa”(35) (negrillas fuera de texto).

4.3. Tal como lo reconoce el propio funcionario investigado en sus escritos y se colige de las copias del expediente, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo no fue vinculado en manera alguna y bajo ninguna denominación procesal al trámite de la tutela con radicado 2010-1103, interpuesta por la empresa Mamut de Colombia S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

No obstante, al analizar el fondo del proveído citado se infiere que este no contiene una simple solicitud como le refiere el disciplinable, por cuanto se trata de un mandato dispositivo, concreto y con término perentorio para el cumplimiento de una acción determinada, es decir, y de manera indiscutible, profirió una orden contra una entidad sin relación alguna con el trámite de la acción constitucional de marras, es decir, sin ostentar competencia funcional para ello por cuanto las decisiones proferidas al interior de una acción de tutela solo trascienden a las partes entrabadas en conflicto.

Además, sin que dicho mandato fuere viable o procedente por cuanto la parte pasiva de la decisión no ostentaba vinculación alguna que le impusiera darle cumplimiento tal como lo dejó claro el referido ministerio al contestar el requerimiento.

A su vez, tal conclusión excluye la posibilidad de que dicho comportamiento estuviere cobijado por el principio de autonomía funcional, toda vez que este únicamente se depreca de las decisiones proferidas por los funcionarios judiciales en desarrollo de sus funciones legalmente reconocidas y, en el presente asunto, se reitera, el encartado carecía de competencia y, por ello, de potestad legal, para ordenar la modificación de una resolución administrativa en firme.

4.4. De contera, salta a la vista que dicha conducta también constituyó una extralimitación en las funciones atribuidas al juez constitucional en los citados artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 para el trámite de los incidentes de desacato y, en consecuencia, que ello también representó una vulneración flagrante del deber funcional establecido en el citado art. 153-1 de la ley estatutaria de administración de justicia, comportamiento que se infiere indiscutiblemente doloso por cuanto refleja la intencionalidad directa de parte de su autor tendiente a la abrogación de potestades no establecidas en la ley (inclusive para calificar como errada la conducta de una entidad cuyo conocimiento no le correspondía), pese a su especial conocimiento jurídico en virtud de su profesión y los más de 27 años de experiencia en el seno de la rama judicial.

4.5. Finalmente, no es cierto que el implicado hubiera actuado amparado por la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria relacionada con haber actuado en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, pues, se reitera, al exigir el cumplimiento del fallo de tutela -en los términos por él entendidos-, pese a la determinación de su superior que resolvió de fondo la controversia al declarar cumplida la orden constitucional, ya no estaba actuando amparado en ningún deber funcional, pues, por el contrario, lo que dicho comportamiento denota es una actitud caprichosa e injustificada de su parte, se reitera.

5. Quantum sancionatorio:

Sobre el particular, lo primero que debe resaltar la Sala es que le asiste la razón al apelante al referir que se tuvo en cuenta en su contra de manera improcedente lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 para calificar las faltas en que incurrió como gravísimas(36), toda vez que dicha norma exige la configuración de una conducta punible a título de dolo y en el presente asunto la Sala a quo omitió identificar y sustentar razonablemente cual fue el presunto delito en que incurrió, tanto tal proferir pliego de cargos como en la sentencia objeto de impugnación.

Sumado a lo anterior, tampoco se advierte relación consecuencial entre las conductas analizadas y la norma de contenido axiológico consagrada en el artículo 153-2 de la Ley 270 de 1996 referente a “Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo.”, toda vez que se trata de un precepto normativo en el cual se exaltan de manera general los principios que rigen la función judicial (deber ser), los cuales resultarían afectados frente a todos los casos en que se configura una falta disciplinaria.

Por tanto, se impone la necesidad de no tener en cuenta dichos aspectos para efectos de determinar la sanción, requiriéndose un nuevo proceso de cuantificación, en los siguientes términos:

— El artículo 50 de la Ley 734 de 2002 consagra como faltas graves y leves, entre otras, la extralimitación de funciones que es precisamente la falta en que incurrió el disciplinable por las dos conductas contrarias al deber funcional establecido en el art. 153-1 de la Ley 270 de 1996, que serán objeto de confirmación.

— Por tanto, luego de acudirse por mandato legal expreso a los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, se colige que las dos conductas susceptibles de sanción disciplinaria resultan graves, por las siguientes razones:

i. El grado doloso de culpabilidad en que se cometió la falta (concurso de conductas) faltas, tal como se analizó en precedencia.

ii. La naturaleza esencial y el grado de perturbación del servicio de administración justicia trascendentemente afectado por la vulneración del principio de seguridad jurídica en que incurrió el funcionario investigado al desconocer una decisión que había hecho tránsito a cosa juzgada.

iii. La jerarquía y mando que ostentó el encartado como director del Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, la cual lo revistió con la potestad de proferir decisiones autónomas tan alejadas de sus deberes funcionales como las previamente analizadas.

iv. La trascendencia social de las faltas y el perjuicio causado, pues con su actuar caprichoso e injustificado prolongó innecesaria e injustificadamente un proceso judicial frente al cual ya se había resuelto el fondo de la controversia.

v. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, así como los motivos de su comportamiento, toda vez que pese a ostentar la obligación de mantener la objetividad como árbitro de la controversia constitucional sometida a su conocimiento, evidenció una inusual empatía para con las peticiones y pretensiones de la empresa accionante, inclusive aquellas que carecían de sustento legal como la modificación de una licencia de importación en firme.

— Por tanto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley 734 de 2002, ante la configuración de un concurso de faltas graves y dolosas se impone la suspensión en el ejercicio del cargo desempeñado por el disciplinable durante término de doce (12) meses y la inhabilidad especial para el ejercicio de funciones públicas durante ese mismo lapso, teniendo en cuenta, además, que en todo el trámite del proceso el disciplinable se mostró interesado atender diligentemente su rol de investigado y que carece de antecedentes disciplinarios como se colige de la certificación allegada al proceso sobre el tema.

Por lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Rechazar por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia la solicitud de pruebas hecha por el disciplinado.

2. MODIFICAR el fallo apelado en el siguiente sentido:

a) REVÓQUESE la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 31 de mayo de 2013, únicamente en lo concerniente a la comisión de la falta disciplinaria relacionada con las decisiones emitidas por el doctor Eliseo Baracaldo Aldana, en calidad de Juez 25 Civil Municipal de Bogotá, dentro del incidente de desacato tramitado al interior de la acción de tutela con radicado 2010-1103, inclusive hasta el proveído proferido el 20 de enero de 2011, por las razones expuestas previamente. En consecuencia, ABSUÉLVASE al doctor BARACALDO ALDANA de la falta gravísima establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

b) CONFÍRMESE dicho fallo del 31 de mayo de 2013, en el sentido de SANCIONAR al doctor ELISEO BARACALDO ALDANA, como disciplinariamente responsable de las faltas generadas por el desconocimiento del deber de acatar la Constitución y la ley consagrado en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, ante la extralimitación de las funciones establecidas en los artículos 27 y 52 de Decreto 2591 de 1991, por los motivos expuestos en precedencia.

c) MODIFÍQUESE la sanción dispuesta en la sentencia analizada, quedando en definitiva en doce (12) meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término para el ejercicio de la función pública.

d) ORDÉNESE la NOTIFICACIÓN PERSONAL de la presente diligencia y, cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Cúmplase».

(16) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: ... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(17) ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

(18) “ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

(19) Radicado 2008-3703.

(20) C. Constitucional, Sentencia T-238 del 1º de abril de 2011

(21) Folios 94 a 99, cuaderno de anexos 7

(22) Entre las que se cuenta la audiencia ocurrida el 5 de octubre de 2010 ante el despacho presidido por el investigado, con participación de la empresa accionante y la entidad accionada, con miras a facilitar el cumplimiento del fallo de tutela, ver folios 122 y siguientes del cuaderno de anexos 7.

(23) Folios 158 a 166 ídem.

(24) Folios 169 a 172

(25) Véase, entre otras, las sentencias T-652 de 2010 y T-512 de 2011

(26) Como por ejemplo ocurre en los casos en que el juez de tutela ordena un tratamiento médico integral cuyos efectos se prolongan durante el lapso que perdure el correspondiente tratamiento.

(27) Folios 30 y 31 del cuaderno de anexos 3.

(28) Folio 43 ídem.

(29) Folio 52 y 63idem.

(30) Folio 541 del cuaderno de anexos 9.

(31) Folio 725 y siguientes.

(32) Folios 571 a 579 ídem.

(33) Folios 671 y siguientes, ídem.

(34) Folio 597 ídem.

(35) Folio 302.

(36) ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.