Sentencia 2011-02371 de octubre 26 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 11001 01 02 000 2011 02371 00

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobada según Acta 104 de la misma fecha.

Ref.: Conflicto de competencias entre las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria.

Bogotá, D.C., veintiséis de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para dirimir el conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones planteado entre los juzgados Promiscuo Municipal de Tasco, y el Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, al tenor de lo preceptuado en el numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política que precisa:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura (...) las siguientes atribuciones:

(1...)

6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones...”.

Conforme al numeral 6º del artículo 256 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el mandato que consagra el numeral 2º artículo 112 de la Ley 270 de 1996, —estatutaria de administración de justicia—, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tiene facultad para dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones, y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales.

“ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran ente las distintas jurisdicciones, y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional .

Esta tarea de distribución de competencia entre las diferentes jurisdicciones, obedece a criterios adoptados por el legislador, en punto de asegurar una adecuada y eficiente atención de las diferentes clases de controversias, por lo tanto, remite a esta Sala del Consejo Superior de la Judicatura, y acorde a las reglas generales que se han venido señalando, basadas en factores como el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes, y al de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo juez puede decidir distintas pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores le correspondería conocer a jueces distintos.

Del caso en concreto

Formuló la señora Alix Delfina Silva Granados en calidad de propietaria del establecimiento de comercio Tuercas y Tornillos, demanda ejecutiva contra la Alcaldía del Municipio de Tasco, cuya base son once (11) facturas de venta.

Así, por el factor objetivo de competencia, esto es, por la naturaleza del asunto dígase de aquello sobre lo que versa la pretensión aducida en el proceso, para el caso, proceso ejecutivo, se tiene que la jurisdicción contencioso administrativa sólo conoce de dos tipos de ejecuciones, así:

1. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la misma jurisdicción contencioso administrativa, al tenor de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 134B del Código Contencioso Administrativo.

2. De los procesos de ejecución derivados de los contratos estatales, conforme al artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

Por tanto, para efectos del presente conflicto resulta de vital importancia establecer la fuente de la obligación que se pretende recaudar, ya que si se determina que se trata de una carga crediticia impuesta mediante sentencia emanada de autoridad contencioso administrativa o de un contrato estatal, la competente, en principio, para conocer de la misma es la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en los citados artículos 134B del Código Contencioso Administrativo y 75 de la Ley 80 de 1993.

En el presente caso la base del recaudo ejecutivo no es una condena impuesta por la jurisdicción administrativa, pero tal como lo observó el juez promiscuo municipal de Tasco, las facturas de venta aportadas como base del recaudo ejecutivo, lógicamente deben tener como origen causal un contrato estatal de suministro.

En efecto, nótese que las facturas de venta aportadas como base del recaudo ejecutivo, dan cuenta del suministro para la Alcaldía de Tasco, de aceites, combustibles, filtros, baterías, y en general de repuestos para vehículos automotores (motos, retroexcavadora, motoniveladora, volqueta, tractor), entre mayo de 2009 y marzo de 2011.

Así, y siendo que el contrato de suministro se caracteriza o está orientado a la adquisición por parte de la administración, en forma sucesiva, de productos o bienes muebles requeridos para su funcionamiento, verbi gratia, para la adquisición de alimentos para un hospital público, ora de papelería para las oficinas, o como en el presente de caso de elementos necesarios para el funcionamiento de maquinaria destinada a las obras públicas del municipio de Tasco, Boyacá, necesariamente debe existir un contrato estatal de suministro.

Entonces, es indiscutible que las facturas de venta aportadas con la demanda, vienen a conformar una parte de los llamados “títulos ejecutivos complejos”, conformado por el contrato estatal y las facturas de venta, siendo estas últimas las que vienen a dar certeza de la entrega por parte de la contratista de los bienes requeridos por la administración contratante.

En otras palabras, en el sub lite se está frente al denominado “ejecutivo contractual”, es decir, el que se deriva de un contrato estatal, que contiene obligaciones a cargo de las partes que intervienen en el mismo, en el que el contratista para poder hacer viable la acción ejecutiva, requiere demostrar el cumplimiento de su obligación, en este caso, del suministro de los bienes o insumos, y ello sólo lo puede hacer mediante la aportación, como en este caso, de las facturas que dan cuenta del recibo por parte del ente público de los suministros.

Precisamente, el Consejo de Estado en Sentencia 19270 de data 21 de febrero de 2002, con ponencia del Consejo doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, revisó la jurisprudencia de tal corporación, en cuanto al conocimiento de los procesos ejecutivos cuando existe un titulo valor, para indicar que si bien se venía sosteniendo que siempre que la base del proceso ejecutivo fuera un título de tal clase, el juez que debía conocer de la acción era el juez de la jurisdicción ordinaria civil en razón del ejercicio de la acción cambiaria y principios de autonomía y literalidad, para precisar que si el título permanece entre las partes del negocio subyacente, es decir cuando se conserva la relación causal, como el deudor puede oponer excepciones propias del contrato, es el juez que lo rige (administrativo) quien debe conocer del proceso ejecutivo. Así, en dicha providencia se precisó:

“Condiciones para determinar la competencia del juez contencioso administrativo en relación con el conocimiento de procesos ejecutivos cuando existe un título valor

En conclusión, la tesis que ha venido sosteniendo la Sala debe revisarse en cuanto se ha formulado con alcances absolutos, pues la sola existencia de títulos valores de contenido crediticio no siempre hace que la relación entre sus partes se rija por el derecho cambiario. En efecto, cuando el título permanece entre las partes del negocio subyacente conserva relevancia la relación causal entre este, por lo cual, el deudor puede oponer excepciones propias del contrato y el juez deberá aplicar el derecho que lo rige.

De acuerdo con lo dicho, cuando se trata de contratos estatales que originaron la creación de un título valor, por ejemplo de un pagaré, que no ha circulado y cuyo cobro se pretende por la vía judicial, teniendo en cuenta que se pueden oponer excepciones propias del contrato estatal, el competente para conocer de la ejecución será el juez de lo contencioso administrativo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el título valor haya tenido como causa un contrato estatal. b) Que el contrato del que se trate sea de aquellos de los que conoce la jurisdicción contencioso administrativa. c) Que las partes del título lo sean también del contrato. d) Que las excepciones derivadas del contrato sean oponibles en el proceso ejecutivo”.

En otras palabras, la jurisdicción contencioso administrativa puede conocer del proceso de ejecución de un título valor relacionado con el contrato estatal, cuando no haya salido de manos del tenedor original, ello en virtud de la ley de circulación propia de los títulos valores.

En el presente caso, los títulos presentados como base del recaudo ejecutivo —facturas—, no fueron endosados, es decir, el beneficiario de los mismos es quien impetró la acción ejecutiva, luego, como permanece entre las partes que, atendiendo las reglas de la lógica y la sana crítica, son las mismas que forman parte del necesario negocio subyacente —contrato estatal de suministro—, del cual nacieron los títulos presentados como fundamento de la demanda ejecutiva, a no dudarlo, es el juez de la jurisdicción contencioso administrativa, el competente para conocer del asunto.

Entonces, las diligencias en este caso, deben ser asignadas a tal jurisdicción, representada en el presente caso por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), a quien se le enviará el plenario, a fin de que le dé el impuso pertinente a la acción ejecutiva de marras.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto suscitado entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Tasco (Boyacá), y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, en el sentido de asignar el conocimiento del presente asunto a la jurisdicción administrativa.

2. REMITIR el presente proceso a conocimiento del mencionado juzgado administrativo, y copia de la presente providencia al referido despacho de la jurisdicción ordinaria.

Cúmplase».