Sentencia 2011-02397 de diciembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201102397 01 (8805-17)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 99

Bogotá, D. C., tres de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogada está demostrada con la certificación del registro nacional de abogados, en la cual se enuncia que Gloria Cortés Flautero está inscrita como profesional del derecho, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 35.487.188 y tarjeta profesional Nº 116.676 vigente (fl. 20 c. o. primera instancia).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

3.1. Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas real y oportunamente allegadas al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la abogada Gloria Cortés Flautero, conforme a los cuales el a quo la consideró responsable de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, así:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

3.2. De la apelación.

En el caso sub-lite, la falta se sustentó en el hecho de que la abogada Gloria Cortés Flautero fue contratada por la señora Luz Tulia Acosta Vanegas, para lograr que el señor Fernando Loaiza Pinzón respondiera por los alimentos de su hija Lizeth Vanessa Loaiza Acosta, respecto de lo cual figuró firmado un contrato de prestación de servicios profesionales el 3 de marzo de 2010 (fl. 409 c. o. primera instancia), el cual fue convalidado por la hija de la contratante al cumplir los 18 años en el mes de noviembre de 2010, como puede apreciarse en el anverso del documento obrante a folio 80, conviniendo en la cláusula tercera el pago de honorarios en un 25% calculado sobre las sumas que lograran recaudar.

Como consecuencia del encargo profesional, el señor Hernando Pinzón Gallón, padre del demandado, se puso en contacto con la abogada investigada, con quien el 15 de diciembre de 2010 en nombre de su hijo, se comprometió a conciliar las cuotas atrasadas en la suma de $30.000.000 y a pagar una cuota mensual de $306.000 hasta cuando Lizeth Vanessa abriera una cuenta de ahorros.

Luego, el señor Loaiza Gallón ofreció cancelarle el 20% de la suma acordada, para evitar el cobro de dinero alguno a su nieta, desconociendo la existencia de contrato de prestación firmado por la progenitora de aquella, enterándose luego de que la abogada acusada no sólo estaba cobrándole a él los honorarios, sino también a la joven Lizeth Vanessa por un 35% de lo recaudado para un total de $10.500.000 así como el 30% de cada cuota mensual.

Respecto a los argumentos expuestos por el apelante, el primero referido a que se dio plena credibilidad a las razones del quejoso y al testimonio rendido por la señorita Lizeth Vanessa Loaiza Acosta, sin observar el contenido del folio 80 y anverso del expediente, correspondiente al original del contrato de prestación de servicios profesionales firmado por la señora Luz Tulia Acosta Vanegas y la doctora Gloria Cortés Flautero, convalidado por la ejecutante Loaiza Acosta; así como que no se tuvo en cuenta por parte del a quo, lo manifestado por la doctora María Ignacia Arias y la renuncia de la madre de la alimentante, a rendir declaración, estima esta colegiatura que del material probatorio allegado al plenario, se infiere que la inculpada el 15 de diciembre de 2010 concilió la obligación de alimentos perseguida en el Juzgado 18 de Familia de Bogotá, circunstancia que fue verificada plenamente, tal y como se evidencia a folios 18 a 20 del cuaderno de anexos.

No obstante dentro de las diligencias figuran los recibos extendidos por la disciplinable, donde no se determinó a ciencia cierta los montos efectivamente cancelados y los acuerdos celebrados entre las partes, conclusión a la que se arriba al examinar la documental allegada por la propia investigada y por su mandante, pues ambas son coincidentes en señalar que existió una rebaja en el monto de los estipendios, sin embargo, la joven Lizeth Vanesa Loaiza Acosta refirió haber sido del 40% al 35%, en tanto por parte de la doctora Cortés Flautero se arguyó la firma de dos contratos, el inicial por el 35% y un segundo por el 25% (fls. 21 a 24 cdno. de anexos).

Al respecto, a pesar de los insistentes requerimientos efectuados por la colegiatura de Instancia, la contratante Luz Tulia Acosta Vanegas no compareció a la actuación para determinar si en realidad los dos contratos mencionados por la inculpada correspondían a los allegados al expediente o si existió un tercer contrato por el 40%, pues si bien la hija de aquella aseveró que la rebaja fue hasta el 35%, no fue ella quien inicialmente contrató los servicios de la abogada, pero dicha transacción fue avalada con la rúbrica de la odontóloga María Ignacia Arias, quien firmó como testigo el contrato de prestación de servicios (record 2.39 a 37.34 del cdno. 5).

Frente a los recibos, la abogada implicada reconoció haber recibido los dineros entregados por las poderdantes fruto del acuerdo por ellas previamente celebrado, sobre lo cual llama la atención de la Sala la falta de claridad respecto de los montos, pues tanto en el aportado por la investigada y con fecha de expedición 15 de diciembre de 2010 por $3.750.000 y otro del 24 de noviembre de 2011 por el mismo monto, expedido como paz y salvo y no aparece ni fue cierto como lo indicó el a quo, que la abogada hubiere reconocido el cobro del 30% sobre las cuotas alimentarias.

En punto de las discrepancias del quejoso por los honorarios acordados por la apoderada con sus poderdantes, existe prueba (denuncia presentada por el ciudadano Hernando Loaiza Gallón - fls. 1 a 4 c. o. primera instancia) en la cual textualmente señaló: “Me comprometí en representación y así quedó plasmado en el acta de conciliación extrajudicial a pagar la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000) en dos cuotas de quince millones cada una, siendo la primera pagada el mismo día en que suscribí la conciliación extrajudicial o sea el 15 de diciembre de 2010 y la segunda quedé comprometido a pagarla el día 15 de julio de 2011. Además de haber firmado el acta de conciliación, firmé una letra título valor a la señora abogada Dra. Gloria Cortés Flautero por el saldo de quince millones de pesos ($15.000.000), los cuales en el acta ya me había comprometido a pagar el día 15 de julio del año 2011” (…) De buena fe pacté y pagué a la abogada Gloria Cortés Flautero los honorarios de su gestión como abogada de mi nieta, el 50% del valor de los honorarios fueron pactados por el 20% de los treinta millones de pesos ($30.000.000) acordados, o sea la suma de seis millones de pesos ($6.000.000) pagando en los primeros día de enero tres millones de pesos ($3.000.000) y garantizando el saldo mediante título judicial letra por tres millones de pesos ($3.000.000) que deberán ser cancelados el 28 de febrero de 2011 a fin de garantizar los honorarios por los servicios prestados por la doctora Gloria Cortés Flautero a la menor (sic para lo transcrito), sobre lo cual esta Sala en relación a la falta prevista en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, advierte que el cobro de estipendios efectuados por la abogada inculpada no se erige en cobro desproporcionado, porque fue producto del acuerdo de voluntades, tal y como lo señaló el querellante en la aludida denuncia.

Lo anterior, por cuanto del acervo probatorio (cuaderno de anexos) allegado al plenario se colige que efectivamente la abogada investigada adelantó las gestiones necesarias ante el Juzgado 18 de Familia de Bogotá, labor por demás eficiente al punto de obtener un acuerdo favorable a su mandante, como a bien tuvo reseñarse se suscribió un acuerdo conciliatorio en el cual la investigada obtuvo el pago de $30.000.000: además, acordado con la contratante Luz Tulia Acosta modificó el pacto de sus honorarios, por ello no puede inferirse desproporcionalidad en la remuneración obtenida, se itera, porque se trató de acuerdo de voluntades.

En cuanto al segundo de los argumentos aducidos en la apelación, respecto a que era de vital importancia escuchar el testimonio de Luz Tulia Acosta Vanegas, por cuanto fue quien representó a su hija menor Lizeth Vanessa y la adecuada valoración de la declaración rendida por la odontóloga María Ignacia Arias, quien firmó como testigo el contrato de prestación de servicios, considera esta corporación que como se plasmó en precedencia, tanto la prueba testimonial como la documental recaudada en este caso, permite colegir sin elucubración alguna que la profesional del derecho acusada, no incurrió en la falta a la honradez por la cual fue sancionada en primera instancia, pues como se ha venido señalando, el monto de los estipendios profesionales pactados obedeció a un acuerdo de voluntades, aunado al hecho de las varias gestiones (cuaderno de anexos) que la inculpada llevó a cabo para alcanzar con éxito el reconocimiento de lo adeudado por concepto de cuota alimentaria de su representada.

La falta endilgada exige que los profesionales del derecho sean honrados y leales en sus relaciones profesionales y, sobre ese supuesto, como ocurre en este evento, obligaba a la inculpada a fijar sus honorarios de manera equitativa, justificada y proporcional al servicio prestado o de acuerdo con las normas previstas para tal efecto, estos honorarios no tienen una tarifa exacta pues dependen, del prestigio profesional, la naturaleza y complejidad del asunto, pero sobretodo del acuerdo de voluntades entre la profesional del derecho y sus clientes, de esta forma la ley disciplinaria no puede entrar a cuestionar los honorarios pactados entre la abogada implicada y sus poderdantes, pues se deben respetar y proteger esos acuerdos, lo anterior debido a que prevalece el principio de la autonomía de la voluntad privada.

Así las cosas, esta corporación ABSOLVERÁ a la profesional del derecho inculpada de la falta a la honradez descrita en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, se itera, por cuanto, el cobro de honorarios profesionales obedeció al acuerdo de voluntades entre las partes.

Por lo anterior, la Sala Revocará la sentencia apelada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de la cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Gloria Cortés Flautero, como autora responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar absolverla del cargo formulado en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada proferida el 30 de agosto de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de la cual sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Gloria Cortés Flautero, como autora responsable de incurrir en las falta prevista en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por secretaría judicial de la Sala notifíquese a la partes, una vez cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».