Sentencia 2011-02442 de octubre 5 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

SALA DUAL 4

Rad.: 110010102000201102442 00

Aprobado según Acta 021

Magistrada ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto el cuatro(4) de octubre de dos mil once (2011)

Aprobado según Acta 021

Bogotá. D.C., cinco de octubre de dos mil once.

Objeto del pronunciamiento

Procede la Sala Dual 4, conforme la competencia conferida por el artículo 116 de la Constitución Política, en consonancia con el art. 86 ibidem, así como el Acuerdo 75 del 28 de julio de 2011(1), a emitir el fallo que en derecho corresponda, en la acción de tutela presentada por los señores Gustavo Maldonado Cardona y Fabio Manuel Avendaño Ayala contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por la presunta violación de los derechos al debido proceso y juez natural.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Sala

Características de la acción de tutela. Del contenido del artículo 86 de la Carta Política de 1991 y de los abundantes desarrollos jurisprudenciales emanados de la honorable Corte Constitucional, se desprende que la acción de tutela constituye una garantía y un mecanismo constitucional de protección, directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, cuyo trámite compete a los distintos jueces de la República, a fin de que resuelvan sobre las situaciones de hecho que por esas circunstancias se presenten.

Dicha acción muestra por su finalidad un carácter extraordinario, en la medida en que su utilización parte del respeto legal de las jurisdicciones ordinarias y especiales, así como de las respectivas acciones, procedimientos, instancias y recursos que ante las mismas se surten, lo que supone un uso en forma supletiva con carácter subsidiario; de manera que, la procedencia de la tutela se restringe a la inexistencia de otros medios de defensa judicial o a la ineficacia de los mismos, como también a su utilización transitoria ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, con una operancia inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

Procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales. Como bien lo ha expresado la honorable Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, las providencias judiciales sólo son atacables ante la jurisdicción constitucional cuando ellas se apartan de su naturaleza y se convierten en un instrumento para la actuación arbitraria del funcionario judicial, quien, desatiende el ordenamiento jurídico que gobierna sus actuaciones, desacata sus deberes constitucionales y actúa movido por su propio arbitrio, generando con ello una “(...) manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial (...)”, que implica la “(...) descalificación como acto judicial (...)” de la providencia respectiva(13).

Por lo tanto, esos “(...) pronunciamientos judiciales arbitrarios y caprichosos, abiertamente contrarios a la Constitución y la ley, no merecen el tratamiento de providencias, porque su ruptura con el ordenamiento jurídico es tan ostensible, y el abuso contra los indefensos ciudadanos de tal envergadura, que no se pueden considerar el desarrollo de la función jurisdiccional, sino un abuso de su ejercicio (...)”(14). En tales eventos, si esa causal genérica de procedibilidad vulnera o amenaza derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para proteger a la persona afectada, si esta no cuenta con un mecanismo judicial idóneo, o el amparo constitucional resulta indispensable para evitar un perjuicio irremediable.

Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, las distintas formas de vías de hecho en que pueden incurrir los operadores judiciales, desconociendo así los derechos fundamentales de los afectados, han sido resumidas en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, quien ha señalado que debe estar presente al menos uno de los siguientes cuatro defectos, en forma protuberante: (i) un defecto sustantivo, “(...) que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable (...)”(15), “(...) ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado (...)”(16), (ii) un defecto fáctico, “(...) que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión (...)”(17), es decir, “(...) cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia (...)”(18); (iii) un defecto orgánico, que “(...) se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello (...)”(19) (iv) un defecto procedimental, “(...) que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido (...)”(20) (v) un error inducido, (vi) una decisión sin motivación, (vii) el desconocimiento del precedente, u (viii) una violación directa de la Constitución(21).

No debe perderse de vista que, como se señaló en la Sentencia T-1143 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, “(...) muchos de los mencionados defectos presentes en las decisiones judiciales son una conjunción de las hipótesis mencionadas y en determinadas ocasiones es casi imposible definir los contornos entre unos y otros. A manera de ejemplo, el desconocimiento de la ley aplicable al caso concreto debido a una interpretación caprichosa (sin el fundamento argumentativo adecuado) o arbitraria (sin justificación alguna) de la normatividad, muy seguramente dará lugar a la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de (i) la actividad hermenéutica caprichosa del juez (defecto sustantivo) y (ii) de la denegación del derecho al acceso a la administración de justicia que tal entendimiento de la normatividad genera (defecto procesal)”.

Como se indicó, la aplicación de esta doctrina constitucional, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Por tal razón, las vías de hecho deben estar presentes en forma tan protuberante, y deben tener tal magnitud, que sean capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento(22).

Adicionalmente, para que la acción de tutela sea procedente en estos casos, debe darse cumplimiento al mandato, según el cual, esta solo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de 2003(23) y T-996 de 2003(24), la Corte Constitucional resumió así los requisitos de tipo formal para la procedencia de la acción de tutela:

“(...) a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario(25), que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el legislador(26), y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos(27), pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial(28).

b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, esta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción(29).

c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional. (...)”.

Como puede verse, el desconocimiento por el juez de las pautas normativas que rigen su actuación debe ser evidente, manifiesto y burdo, para que la providencia que ha dictado pueda ser impugnada por vía de tutela. En caso de que ello no sea así, en virtud del respeto a la seguridad jurídica, la independencia judicial, y la separación funcional entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, la providencia judicial es inimpugnable por vía de tutela, tal y como la Corte Constitucional lo estableció en la Sentencia C-543 de 1992.

Las anteriores consideraciones muestran que no es posible cuestionar, por vía de tutela, una decisión judicial, únicamente porque el actor considera que la valoración de los hechos o la interpretación de las disposiciones legales realizada por el funcionario judicial fueron discutibles, pues, es necesario que estas —interpretaciones y valoraciones— sean equivocadas en forma evidente y grosera para justificar la procedencia del amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no solo desconocer la autonomía funcional de los jueces para interpretar el derecho(30), sino que, además, desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.

Así las cosas, lo primero en advertir la Sala, es la necesidad de establecer si la pretensión tutelar sobrepasa el test de procedibilidad que obliga hacer tanto el artículo 86 de la C.P., como el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991(31).

En este sentido, frente a la existencia de otro mecanismo de defensa, como lo alegaron los presidentes de esta colegiatura y de la Sala accionada, es necesario indicar que el apoderado de los hoy accionantes, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, la remisión de la investigación disciplinaria a la oficina de control interno de la entidad en la que laboran, petición que fue denegada mediante los autos dictados los días 12 y 15 de septiembre de 2011, prosiguiendo con el trámite.

Por lo tanto, no puede este juez constitucional obligar a los actores a reiterar la petición de nulidad a lo largo del proceso disciplinario, la cual se itera, ya fue presentada y denegada por la Sala accionada.

Por otro lado, es necesario indicar que si bien en la actualidad se encuentra surtiendo el grado de consulta del auto por medio del cual, se impuso suspensión provisional a los actores, tal procedimiento no puede entenderse como otro mecanismo de defensa judicial para hacer valer el argumento consistente en la incompetencia de la Sala a quo, pues el mismo tiene como finalidad analizar si se cumplen con los requisitos y se presentan los eventos en que es procedente dicha medida, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002.

Lo anterior en consideración a los siguientes argumentos:

La ley estatutaria de administración de justicia, en su artículo 112 que contiene las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, también faculta a esta corporación para conocer en consulta las sentencias emitidas por las Salas de primera instancia, en los siguientes términos:

“PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados”.

De dicho precepto normativo, claramente se colige que el grado de consulta, procede:

1. Contra sentencias o providencias que pongan fin de manera definitiva al proceso disciplinario.

2. El grado de consulta es subsidiario del recurso de apelación

3. Solo se consultarán las decisiones desfavorables al procesado.

El alcance de dicho grado jurisdiccional, ha sido analizado por la Corte Constitucional, que en múltiples oportunidades, ha señalado que el superior tiene la potestad de verificar si la actuación y la decisión surtida corresponden a los presupuestos fácticos y jurídicos de la investigación disciplinaria.

Al respecto, se ha dejado sentado lo siguiente:

“... La consulta es un grado de jurisdicción que, por ope legis, le otorga al ad quem competencia para conocer determinados fallos del a quo, pudiendo el primero confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia. La competencia en grado de jurisdicción de consulta no se encuentra limitada por el principio de la no “reformatio in pejus”, pues el hecho de no ser un recurso y operar por mandato de la ley, le permite al superior decidir sin limitación alguna sobre la providencia consultada...”(32).

Luego entonces, el grado de consulta se torna como un control del Estado, donde al superior le asiste el control de legalidad tanto del proceso como de la sanción impuesta.

Descendiendo al proceso disciplinario adelantado contra los accionantes, es necesario señalar que efectivamente está en curso la consulta, pero no de la sentencia o decisión que pone fin a la actuación, sino del auto por medio del cual, la Sala de primera instancia, los suspendió provisionalmente, en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, que regula de forma específica este asunto en los siguientes términos:

“ART. 157.—Suspensión provisional. Trámite. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.

El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de única, procede el recurso de reposición.

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia” (resaltado nuestro).

Es decir, el legislador previó de forma específica que el auto por medio del cual se impone la suspensión provisional deberá ser automáticamente consultado, es decir, opera por mandato de la ley y dicho grado jurisdiccional no es subsidiario de la no interposición del recurso ordinario.

Sin embargo, el alcance de dicha consulta, se circunscribe únicamente a la decisión de suspensión adoptada y no a la totalidad del trámite, pues se itera, no se está ante una decisión que pone fin al proceso disciplinario, para dar aplicación al artículo 112 de la Ley 270 de 1996, sino a un auto específico, al que el legislador consideró necesario consultar de forma automática ante el superior.

Razón por la cual, la labor del ad quem al conocer en el grado jurisdiccional de consulta, el auto por medio del cual se impone la suspensión provisional, se circunscribe únicamente a determinar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002 para imponer tal medida, sin que le sea dado desbordar su competencia pronunciándose sobre asuntos ajenos a tal decisión.

Corolario de lo anterior, si el grado jurisdiccional de consulta no es algo pedido o que deba pedir el disciplinado en pro de sus intereses, sino que es un mecanismo controlador, unilateral y automático reservado para el Estado, strictu sensu no podría considerarse como un mecanismo de defensa judicial, sino una herramienta de auto —control o de auto— tutela.

Así las cosas, resulta evidente entonces que la acción de tutela se torna procedente, ante la inexistencia de otro mecanismo judicial, por medio del cual los señores Maldonado Cardona y Avendaño Ayala, puedan hacer valer la pretensión de incompetencia de la Sala Disciplinaria accionada.

Ahora bien, en lo referente al defecto orgánico alegado, el cual consiste, como se dijo, en que el funcionario que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia para ello, procede esta Sala Constitucional a analizar el problema jurídico planteado, que no es otro que establecer si los actores, al emitir un dictamen pericial al interior de un proceso penal, como médicos forenses, pueden considerarse auxiliares de la justicia, y de esta forma, ser disciplinados por la jurisdicción disciplinaria, representada por la corporación accionada, en virtud de la facultad conferida por la Ley 1474 de 2011.

En este orden de ideas, debe señalarse que en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra debidamente estructurado y reglado el tema de los auxiliares de la justicia. Tal como pasa a explicarse:

En primer lugar, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 8º trae el concepto que de auxiliar de la justicia en los estos términos:

“Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan que se les dispense justicia por parte del poder público”.

Concepto que fue recogido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a quien la ley estatutaria de administración de justicia, encargó la labor de establecer el régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia(33).

En efecto, mediante el Acuerdo 1518 de 2002, definió la naturaleza y el carácter de este servicio, en el siguiente sentido:

“Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben desempeñar personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación, incuestionable imparcialidad, versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, con título profesional, tecnológico o técnico legalmente expedido”.

Aclarando que “Los auxiliares de la justicia prestan colaboración en el ejercicio de la función judicial”.

En dicha normativa, se reguló también lo concerniente a la integración de la lista de auxiliares de la justicia (requisitos, causales de no inclusión, de exclusión y de incompatibilidad), sin diferenciar o excluir de dichos auxiliares a los empleados de entidades públicas, tanto así que de la misma, podrán hacer parte:

Personas naturales.

Personas jurídicas.

Secuestres.

Entidades públicas.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) habla de peritos oficiales y no oficiales, en los siguientes términos:

“ART. 249.—Procedencia. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.

ART. 250.—Posesion de peritos no oficiales. El perito designado por nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En tratándose de asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses, demostrará su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en la práctica pericial.

En aquellas zonas del país, en donde no haya cobertura directa del sistema médico-legal, serán los médicos oficiales y los del servicio social obligatorio quienes se desempeñen como peritos, quedando obligados a reportar su actividad al sistema médico-legal y seguir sus orientaciones”.

Así mismo, la Ley 906 de 2004, de forma expresa enlista a los expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como peritos, así:

“ART. 406.—Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y particulares especializados en la materia de que se trate.

Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren intervenido en la parte que les corresponda.

Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del juramento”.

Sobre los denominados peritos oficiales, la Corte Suprema de Justicia, ha señalado:

“... Entre las labores de los peritos oficiales, como los del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se encuentra la de examinar pacientes a solicitud de la autoridad competente, a petición de la Fiscalía o de la defensa. Para tal efecto los médicos forenses estudian la historia clínica del paciente, o analizan la información por él suministrada, u otros datos o documentos, con el fin de tenerlos como elementos de su praxis profesional y rendir el informe que será la base de su dictamen...”(34).

En otra oportunidad, dicha corporación dejó sentado:

“... Significa lo anterior que los dictámenes no solo pueden rendirlos servidores públicos expertos en determinadas actividades a quienes se denomina peritos oficiales, por cuanto tienen dentro de su actividad reglada la función de emitir opiniones dada su especialidad, sino también aquellos particulares que en atención a sus conocimientos, moralidad, seriedad, capacidad, pueden también elaborar un concepto sobre determinado tema que requiera conocimientos especializados...”(35)(resaltado nuestro).

Y por último, el Código de Procedimiento Civil, también faculta a los funcionarios judiciales a solicitar informes técnicos o científicos “a los médicos legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en general a las entidades y dependencias oficiales que dispongan de personal especializado...”. Además los funcionarios podrán “utilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas, con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen...” (art. 243).

Igualmente, en palabras de la Corte Constitucional, los peritos, son colaboradores técnicos del juez y la función que cumplen está claramente señalada en ley, pues “la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”(36).

En este orden de ideas, se advierte que el concepto de auxiliares de la justicia, no hace referencia única y exclusivamente a personas particulares que de forma transitoria, prestan colaboración a la administración de justicia, como lo alegaron los accionantes.

Contrario sensu, se pudo establecer que nuestro ordenamiento jurídico permite a los operadores judiciales acudir a las distintas entidades públicas especializadas en algunas materias, para que a través de sus empleados, presten la citada asistencia en los asuntos en los que se necesita su pericia.

Y un ejemplo de tal situación lo constituye el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que no es ajena a la administración de justicia, como pretenden hacerlo ver los accionantes, toda vez que pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa(37).

Además, por mandato legal, su misión fundamental es “prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses”.

Y entre sus funciones se encuentran las siguientes:

Prestar los servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los fiscales, jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.

Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses.

Por lo tanto, el hecho de que los señores Maldonado Cardona y Avendaño Ayala sean empleados del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desempeñando los cargos de profesional universitario forense clase II, grado 7, de la unidad de básica de Bello y profesional universitario forense clase I, grado 6, de la unidad de básica de Itagüí, respectivamente, ello no impide que en su condición de servidores públicos expertos en medicina forense, emitan opiniones relacionadas con su especialidad, es decir, funjan como peritos oficiales.

De manera que, en el momento en que los accionantes emitieron el informe técnico legal de estado de salud 2011 03011514571 del 12 de agosto de 2011, solicitado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín y en el cual concluyeron que: “... el manejo médico y quirúrgico integral del señor Rendón, con miras al óptimo manejo de su patología, con el fin de obtener el mejor pronóstico posible, es incompatible con el encarcelamiento”, puede afirmar sin dubitación alguna que auxiliaron a la administración de justicia.

Ciertamente, este dictamen sirvió de fundamento para que el citado despacho judicial, suspendiera la detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Alirio de Jesús Rendón Hurtado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 362 del CPP, y en consecuencia ordenara su permanencia en el lugar de residencia.

Así las cosas, es evidente que dicho Informe técnico legal, se realizó por petición previa elevada por el juez de conocimiento, quien necesitaba establecer la condición física del procesado, y para ello acudió al Instituto de Medicina Legal, quien designó a los hoy accionantes para que realizaran la valoración correspondiente, y luego de analizar el estado de salud, haciendo uso de sus conocimientos científicos, determinarán si la situación médica del procesado era compatible con la reclusión en establecimiento carcelario o no.

No en vano, la competencia en la jurisdicción disciplinaria, resulta respaldada por el concepto dado por el propio Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que al contestar la acción de tutela impetrada, señaló:

“... los empleados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son investigados y sancionados por la oficina de control disciplinario interno dando aplicación a la norma general Ley 734 de 2002, régimen disciplinario de los servidores públicos.

La Ley 1474 de 2011, en el capítulo III artículo 42 adicionada la Ley 734 de 2002, y le otorga un poder preferente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la de los consejos seccionales para examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia.

Teniendo en cuenta las reglas sobre la validez y aplicación de las leyes de acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, en el caso que nos ocupa, se debe dar aplicación a la disposición especial señalada en la Ley 1474 de 2011...

Aunado a lo anterior y considerando que los doctores Gustavo Maldonado Cardona y Fabio Manuel Avendaño Ayala, actuaron como auxiliares de la justicia en la medida que su pericia científica sirvió de base probatoria para la decisión de la concesión de sustitución de detención domiciliaria tomada por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, considerando que los mismos servidores públicos cuando actúan dentro de un proceso judicial hacen parte del sistema orgánico que integran la administración de justicia y en aras a ello, el legislador quiso que fueran nuevos sujetos disciplinables de la jurisdicción del Consejo Superior de la Judicatura.

Considerando que los médicos antes mencionados rindieron dictámenes atinentes a establecer y dar claridad al operador judicial sobre el estado de salud del interno, es decir, en sus calidades de profesionales de la salud, cumplieron con funciones de auxiliares de la justicia, ilustrándolo mediante herramientas legales necesarias para entrar a determinar la procedencia de la medida, es así como los peritos médicos forenses como hombres de ciencia ponen al servicio de la justicia sus conocimientos y procedimientos para aclarar u orientar a los funcionarios encargados de administrar justicia, es decir, se constituyen en coadyuvantes de los funcionarios y de las agencias judiciales, tratándose de una labor trascendental, y por ende como auxiliares de la justicia deben ajustar sus actuaciones a la normatividad legal y en razón a ello sus actuaciones pueden ser objeto de investigación disciplinaria conllevando lo anterior a que con la expedición de la Ley 1474 de 2011, dicha función radique en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.

Con fundamento en lo anterior el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha iniciado ningún tipo de procedimiento disciplinario a través de la oficina de control disciplinario interno por estos hechos...”.

Corolario de lo anterior y en virtud de la pretensión expuesta por los actores respecto de la cual presentan una dualidad competencial frente a su comportamiento como servidor público o como auxiliar de la justicia, lo cierto es que en el orden jurídico colombiano la jurisdicción está dada por la Constitución política y la competencia se regula por regla general, a través de la ley. Es decir, no le asiste razón al manifestar una incompetencia de la jurisdicción disciplinaria por temor a que se desconozcan los mandatos en esa materia dada por la Ley 734 de 2002.

Temor infundado en tanto si bien la competencia o juez natural es un asunto procesal de orden sustantivo no puede desconocerse que la nueva ley que recoge la materia rige en su integridad y vincula a quienes han de aplicarla. Caso concreto, cuando la Ley 1474 de 2011 —estatuto anticorrupción— dispuso la nueva competencia para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia cuando cumplen ese roll específico, llámense personas naturales, jurídicas o servidores públicos, simplemente quiso decir que ya no es el que lo elige de la lista ni la oficina de control Interno de la respectiva entidad pública, quien ostenta dicha facultad o potestad otorgada por el Estado.

Quiere decir entonces que ninguna pugna existe entre las normas del Código Disciplinario Único y el nuevo estatuto anticorrupción al mutar una competencia de estirpe administrativo a otra netamente jurisdiccional, sin dejar de lado, que cuando estos servidores públicos sean sujetos disciplinables en el ejercicio de la función que no sea estrictamente auxiliar de la justicia, como en el caso concreto, es obvia y actual la competencia de los órganos de control interno y excepcionalmente de la Procuraduría General de la Nación, a través del poder preferente.

Por lo anterior, emerge con meridiana claridad que al emitir tal concepto, los accionantes prestaban colaboración en el ejercicio de la función judicial y por ende, pueden considerarse como auxiliares de la justicia y por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011(38), son sujetos disciplinables por la jurisdicción disciplinaria, representada en este caso, por la Sala accionada.

Luego entonces, al no advertirse vulneración alguna a los derechos de debido proceso y juez natural, por cuanto en el presente caso, quien adelanta la actuación disciplinaria en contra de los accionantes, es el Juez autorizado para hacerlo, por las razones señaladas en precedencia, esta Sala Constitucional, negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Dual 4—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR EL AMPARO deprecado por los señores Gustavo Maldonado Cardona y Fabio Manuel Avendaño Ayala, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión en los términos previstos en la ley.

3. De no ser impugnada la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia la secretaría judicial de esta Sala REMITIRÁ el presente expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

Comuníquese a las partes en los términos de los artículos 16 del decreto ley en cita y 5º del reglamento 306 de 1992 y cúmplase».

(1) Reglamento Interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

(13) Sentencia T-231 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(14) Sentencia T-1009 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 2.2. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1992, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-572 de 1994, SU-429 de 1998, T-204 de 1998, T-001 de 1999, SU-047 de 1999 y T-121 de 1999.

(15) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(16) Sentencia SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(17) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(18) Sentencia T-442 de 1994.

(19) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(20) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(21) Respecto de los defectos enumerados en los numerales (5) al (8), ver la Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(22) Sentencia T-933 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.

(23) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(24) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(25) Sentencia T-001 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(26) Sentencia SU-622 de 2001 M.P. Jaime Araújo Rentería.

(27) Sentencia T-116 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(28) Sentencias C-543 de 1992, T-329 de 1996, T-567 de 1998, T-511 de 2001, SU-622 de 2001, T-108 de 2003.

(29) Sentencia T-440 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.” En sentido similar pueden consultarse las Sentencia T-329 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-567 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(30) Constitución Política artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

(31) Artículo 86 C.P.: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (...) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Artículo 6º Decreto 2591 de 1991, numeral 1º causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1º) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellas se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

(32) T-201 de 1997.

(33) Artículo 85, numeral 21 de la Ley 270 de 1996.

(34) Sala de Casación Penal. Sentencia del 19 de agosto de 2009. Radicado 31950. M.P. Sigifredo Espinosa.

(35) Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de febrero de 2007. Radicado 26011. M.P. Sigifredo Espinosa.

(36) Sentencia C-990 de 2006, M.P. Álvaro Tafúr Galvis.

(37) Ley 938 de 2004, artículo 33 y siguientes.

(38) “ART. 41.—Funciones disciplinarias de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la justicia”.