Sentencia 2011-2484 de septiembre 9 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000201102484 01 (10267-22)

Aprobado según acta de Sala 76

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D. C., nueve de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa de confianza de la doctora N. XXXX en condición de Juez Sexta Adjunta Laboral del Circuito de Cali, contra la sentencia emitida el 29 de agosto de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual se le sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuarenta y cinco días.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la apelación.

Al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (negrilla fuera del texto original).

3. De la calidad de funcionaria de la disciplinable.

Se acreditó la calidad de disciplinable de la doctora N. XXXX como Jueza Sexta Laboral Adjunta del Circuito de Cali con copia del acta de posesión 1548 del 2 de marzo de 2010. (fl. 324 cdno. original 2 primera instancia).

4. Del caso en concreto.

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la funcionaria sancionada, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la defensa de confianza de la doctora N. XXXX en la sustentación de su apelación, como quiera que es en estos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión impugnada.

La situación fáctica que dio génesis al presente disciplinario se funda en la presunta transgresión al régimen disciplinario por parte de la disciplinable en su condición de Juez Sexta Laboral Adjunta de Cali, al considerar la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que en la sentencia complementaria 146 del 5 de noviembre de 2010, la funcionaria acusada revocó su propio fallo adoptado en Sentencia 141 del 26 de octubre de 2010.

Tal comportamiento fue enmarcado como incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil.

La preceptiva de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios (entiéndase judiciales) y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Por su parte, las contenidas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, señalan:

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

ART. 60.—Análisis de las pruebas. El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo.

ART. 61.—Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

Finalmente, las del Código de Procedimiento Civil, rezan:

Código de Procedimiento Civil

ART. 309.—Aclaración. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:>

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.

ART. 310.—Corrección de errores aritméticos y otros. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989 (sic). El nuevo texto es el siguiente:> Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y revisión.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 320.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

ART. 311.—Adición. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 141 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.

Obra en el expediente, copia de la Sentencia 141 dictada el 26 de octubre de 2010 por la funcionaria investigada dentro del proceso ordinario laboral 2008-0892 instaurado por Ángela Patricia Jiménez Gómez contra Aeroenvíos, en cuyo numeral primero de la parte resolutiva dispuso condenar a la demandada al pago de los siguientes conceptos y valores:

• Cesantías año 2007 $ 3.106.944.41.

• Intereses sobre las cesantías (2007) $ 372.833.32.

• Indemnización por despido injusto $17.894.479.67.

• Indexación de la indemnización $ 8.052.515.85.

Igualmente ordenó a la demandada Aeroenvíos al pago a título de sanción moratoria de la suma de $101.293.33 por retardo en el pago de las cesantías del 15 de febrero de 2007 e indemnización moratoria por valor de $2.734.919.91 del 7 de junio al 3 de julio de 2008 (fls. 17 a 42, cdno. original primera instancia)

Posteriormente, por auto del 28 de octubre de 2010, obrando de conformidad con el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, la implicada fijó el 5 de noviembre de 2010 para proferir sentencia complementaria.

Así el 5 de noviembre de 2010, profirió sentencia complementaria 146, razonando que al revisar nuevamente la sentencia, el despacho no se pronunció respecto de una importante prueba obrante en el folio 60 del expediente, concerniente al estado de cuenta en cesantías de la demandante, en virtud del cual consta que las cesantías del año 2007 habían sido consignadas el 1º de julio de 2008. Por tanto, complementó su sentencia adiada 26 de octubre de 2010, teniendo como prueba el estado de cuenta, corrigiendo los numerales 1º, 2º y 5º en la siguiente forma:

• Reajuste de cesantías año 2007 $ 3.106.944.41.

• Indemnización por despido injusto $17.894.479.67.

• Indexación de la indemnización $ 8.052.515.85.

Asimismo, ordenó a la demandada Aeroenvíos al pago a título de sanción moratoria de la suma de $101.293.33 por retardo en el pago de las cesantías del 15 de febrero de 2007 e indemnización moratoria por valor de $3.646.559.88 del 15 de febrero al 1 de julio de 2008 (fls. 44 a 49, cdno. original primera instancia)

Esta corporación respecto del único argumento del defensor de confianza de la disciplinable, según el cual aquella jamás revocó el fondo del fallo laboral de primera instancia emitido el 26 de octubre de 2010, sino que en su facultad interpretativa, de oficio procedió a dar aplicación al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil profiriendo sentencia complementaria, pues el fallo siguió siendo condenatorio, garantizando el debido proceso para la parte demandada que realmente había cancelado unos valores.

Al respecto, es preciso anotar que en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la adición o complementación de la sentencia debe solicitarse por las partes o producirse de oficio dentro del término de ejecutoria, sin que sea permitido hacerlo en un momento diferente.

De otro lado, el artículo 310 del CPC se refiere a la posibilidad de corregir los errores puramente aritméticos en que haya incurrido la sentencia.

Respecto al tema, la Corte Suprema de Justicia enunció(2):

Pues bien, por sabido se tiene que la actuación procesal, comienza cuando se pone en vigor el derecho constitucional denominado de acción, el que en estrictez se materializa con la presentación del escrito incoativo, siempre y cuando, desde luego, se le notifique a la parte convocada a juicio el auto que lo admitió, o al curador ad litem cuando haya lugar a ello, para de esta forma dar inicio al proceso.

Con posterioridad a la publicidad o conocimiento de la providencia en precedencia, surgen una serie de actos procesales, del juez y de las partes, que tienen como finalidad desarrollar principios tales como el debido proceso, defensa y contradicción y ejercitar las partes los derechos, facultades, deberes, cargas y responsabilidades que la ley adjetiva les otorga; relación jurídica que culmina con la definición de las súplicas y excepciones a través de la sentencia debidamente ejecutoriada, que hace tránsito a cosa juzgada.

Ante la verdad, inconcusa e insoslayable, de ser el juez un hombre falible, el legislador estatuyó una serie de instrumentos con el objeto de reparar, de ser el caso, los diferentes yerros en los que pueda incurrir el director del juicio, tales como los recursos, las aclaraciones, correcciones o adiciones de las providencias.

Cuando el juez, por ejemplo, omite u olvida la resolución de cualquiera de las pretensiones del escrito inaugural del proceso, su reforma y/o las excepciones propuestas por la demandada (minus o citra petita ), el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisión analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagra un remedio procesal para subsanarlo consistente en que aquel puede, de manera oficiosa o a solicitud de parte dentro del término de ejecutoria, proferir sentencia complementaria.

(…).

De manera que, para que proceda la adición, en este caso de la sentencia, deben confluir, entre otros, los siguientes requisitos: a) que el juez no haya resuelto íntegramente sobre las diferentes materias o puntos de la litis; y b) que la adición se efectué, bien en forma oficiosa ora a petición de parte, dentro del término de la ejecutoria.

Ahora, el término de ejecutoria de la sentencia comienza una vez se surta la respectiva notificación y va hasta cuando culmina el lapso que la ley otorga para recurrir o tres días después cuando carecen de recursos.

Conviene aquí precisar que, son diferentes los conceptos de notificación, término de ejecutoria, ejecutoria de la sentencia, y cosa juzgada puesto que para que se verifique el segundo, se requiere, rigurosamente, el cumplimiento del primero; en tanto no es dable hablar de firmeza de un fallo, sin antes haberse agotado el término de ejecutoria; y no hay cosa juzgada sin ejecutoria. Estos pasos en mención, si se quiere no lesionar el debido proceso, deben agotarse uno a uno y en el orden que establece la ley” (subraya fuera de texto).

Ahora bien, la juez investigada resolvió sobre lo pedido y demostrado, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico, luego entonces, la valoración probatoria no concierne realizarse en sede disciplinaria; no obstante, aclarar no es sinónimo de modificar ni revocar, se modifica cuando ciertos aspectos son cambiados y se revoca cuando se cambia algo en su totalidad, además el juez que dicta la sentencia no está facultado para ello.

En consonancia con lo anterior se evidencia que la determinación asumida por la funcionaria disciplinable no se trató de confusiones o ausencia de pronunciamiento respecto de alguna de las pretensiones de las partes trabadas en la litis, si bien se evidencia que el fallo continuó siendo de carácter condenatorio, lo cierto es que la disciplinable modificó la sentencia, lo cual le competía a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como juez de la segunda instancia.

Así las cosas, en atención a la calificación de la falta endilgada a la investigada, así como la culpa grave con que actuó, la sanción que corresponde a estos cargos es la de suspensión, se itera, porque la juez acusada profirió sentencia complementaria en virtud de lo cual modificó el contenido del fallo emitido el 26 de octubre de 2010.

Así las cosas, resulta imperativo para esta colegiatura confirmar, la sentencia apelada proferida el 29 de agosto de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual se sancionó a la doctora N. XXXX, en su condición de Juez Sexta Laboral Adjunta de Descongestión de Cali, con suspensión de cuarenta y cinco (45) días en el ejercicio del cargo, como autora responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por desconocer las preceptivas contenidas en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y los artículos 305 y 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, falta calificada como grave a título de culpa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 29 de agosto de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante la cual se sancionó con suspensión de cuarenta y cinco (45) días en el ejercicio del cargo, a la doctora N. XXXX, en su condición de Juez Sexta Laboral Adjunta de Descongestión de Cali, como autora responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por desconocer las preceptivas contenidas en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y los artículos 305 y 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, falta calificada como grave a título de culpa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Comisiónese al magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para que en el término de ley, notifique a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Radicación 29416 del 14 de agosto de 2007, M.P. Isaura Vargas Díaz.