Sentencia 2011-02638 de septiembre 9 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 05001 1102000 2011 02638 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en Sala Nº 76 de la misma fecha.

Ref.: Apelación fallo sancionatorio de primera instancia en contra de abogado.

Asunto

Bogotá, D. C., nueve de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia, de la apelación de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2.2. Fundamentos de la decisión.

La Corte Constitucional, en diversos fallos, se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(...) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la administración de justicia y de la propia sociedad”(7).

El Derecho Disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por su parte, el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 establece como presupuestos probatorios para proferir fallo sancionatorio la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En efecto, de una lectura sistemática del Código Disciplinario del Abogado se desprende que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse dentro del proceso a cualquiera de los medios probatorios existentes, siempre que las pruebas se encuentren legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.

Así, al momento de proferir el fallo, corresponde al operador disciplinario hacer un análisis en conjunto de cada uno de los elementos con que cuenta la investigación, de conformidad con las reglas de la sana crítica, a efectos de determinar si existe prueba que ofrezca certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

De este modo, la legislación disciplinaria ha adoptado como método para la valoración de la prueba el denominado sistema de persuasión racional, según el cual ningún medio de prueba tiene previamente señalada la valoración que debe darle el funcionario que conoce del asunto -tarifa legal-, por el contrario, corresponde a aquél examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias.

El sistema de valoración de la prueba descrito está llamado a coadyuvar en la conquista de los fines del proceso disciplinario, especialmente, el de la aproximación razonable a la verdad material.

Adicionalmente, el análisis de las pruebas en las que se basa el fallo constituye garantía para preservar uno de los principios rectores de la ley disciplinaria cual es la motivación de los actos, pues la decisión definitiva del proceso en torno a la responsabilidad de los implicados, bien sea sancionatoria o absolutoria, sólo puede desprenderse de la valoración probatoria.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-244 del 30 de 1996 sostuvo:

“(…) Como es de todos sabido, el juez, al realizar la valoración de la prueba, la que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. (…)”.

En todo caso, nótese que las pruebas objeto de valoración por parte del intérprete son aquellas allegadas en forma regular al proceso, esto es, cumpliendo con todos los principios generales de la prueba judicial, incluido, el de oportunidad de la prueba. Así, las pruebas deben ser practicadas dentro de las etapas preclusivamente establecidas por el legislador para ello; y sólo sobre ellas se puede fundar la motivación de la decisión, pues éstas son el camino a través del cual el operador se aproxima, en forma razonable, a la realidad material que debe conocer observando el debido proceso.

En este orden de ideas, dentro del proceso disciplinario la prueba cumple un papel fundamental cual es conducir al operador a una mayor aproximación a la verdad real sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado, requisitos esenciales para proferir fallo sancionatorio, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

En materia de derecho procesal, se dice que quien tiene la titularidad de la carga de la prueba es la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que sustentan su pretensión (Teoría de Michelli - Teoría de la Carga de la Prueba según el efecto jurídico perseguido por las partes); asimismo, dichos presupuestos deben estar contemplados en la norma con la finalidad de que sean de aplicación en el proceso mismo. En caso contrario, la misma no se le aplicará, quedando sin sustento su pretensión o defensa (Teoría de Rosemberg - Teoría Normativa). La carga de la prueba durante el litigio tiene una doble dimensión: una carga de prueba formal, al corresponder a las partes probar los hechos introducidos en sus alegaciones y una carga de prueba material, al ofrecer al operador judicial un criterio para resolver dudas sobre medios probatorios desestimando las pretensiones según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos inciertos.

La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley.

La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe probar. El que afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un hecho positivo. Peirano sostiene que la prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se produce una distribución de la carga de la prueba.

Por su parte la adecuación típica, tiene que ver con el hecho de subsumirse la conducta en la descripción abstracta que hace el legislador. Cuando se está en presencia de una conducta ejecutada por un sujeto disciplinable, le corresponde a operador judicial verificar si encuadra perfectamente en la norma sustantiva disciplinaria, vale decir si es típica.

La conducta típica o tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como falta dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código.

Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo disciplinario. Si se adecúa es indicio de que es falta. Si la adecuación no es completa no hay tipicidad.

Tradicionalmente la tipicidad, desde la dogmática del derecho penal, comprende una parte subjetiva y otra objetiva, la primera referida a los aspectos intelectual y volitivo del dolo, mientras que la segunda implica la inmersión de la conducta del sujeto activo en la acción u omisión típica y la descripción del resultado, es decir, que la conducta es objetivamente típica, cuando la conducta se encuadra en la descripción legal, atendiendo en todo caso, los elementos normativos y descriptivos del tipo.

El tipo disciplinario consagrado en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 exige para su estructura, que el abogado demore la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o deje de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, las descuide o las abandone.

2.3. Caso concreto.

Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por el abogado disciplinado, se fundó en varios aspectos, atacando cada cargo endilgado, por lo se tiene que el recurso está encaminado a que se revoque la decisión mediante la cual se le declaró disciplinariamente responsable al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO y en su lugar solo se le sancione a la luz de la falta consagrada en el artículo 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados como disenso. Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial -en este caso la sentencia-, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.

En este sentido, la Sala se pronunciará única y exclusivamente de cara a lo manifestado por el recurrente, esto es, verificar si la sentencia de primera instancia es acorde y se encuentra dentro del marco legal, o si por el contrario fue producto de una indebida valoración probatoria y está en contravía de dichos presupuestos, para el efecto esta Corporación entrará a estudiar cada cargo por el cual resultó sancionado el abogado FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO.

La Sala desde ya anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad del doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO frente a las faltas consagradas en los artículos 35 numerales 4 y 6, y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por las siguientes razones:

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante fallo del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), que declaró disciplinariamente al abogado FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, por la incursión en las faltas disciplinarias descritas en los artículos 35 numerales 4 y 6, y 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, al considerar, que el profesional del derecho faltó a sus deberes al haber recibido dinero producto de una sentencia laboral sin haber expedido los recibos correspondientes a su cliente, descontar un valor por concepto de honorarios el cual no estaba fijado por las partes y por último, haber recibido poder para adelantar un proceso ejecutivo el 24 de febrero de 2011 y solo interpuso la demanda hasta el 11 de junio de 2013.

Para poder establecer si la sanción impuesta al disciplinado se encuentra legalmente soportada, se hace necesario establecer el origen de dicha sanción.

Pues bien, el proceso disciplinario adelantado en contra del doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, tiene su génesis en la sentencia de una demanda ordinaria laboral en donde el demandante era el mismo quejoso señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS. Como producto de esa sentencia los demandados le entregaron al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, en dos contados, la suma de $2338.667 de los cuales el abogado investigado adujo que se había pactado el 35% de las resultas del proceso por lo que descontó ese monto, entregándole a su cliente la suma de $1.300.000.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2011, el señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS confirió poder al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO para que adelantara un proceso ejecutivo, sin embargo no fue sino hasta el 11 de junio de 2013 que presentó la correspondiente demanda.

Para establecer si el disciplinado es responsable o no de las conductas atribuidas y determinar si es objeto de la Ley 1123 de 2007, se cuenta en primer lugar con la denuncia disciplinaria presentada el 7 de octubre de 2011 por el quejoso señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS la cual se rindió bajo la gravedad de juramento, de igual forma con su ratificación de la denuncia llevada a cabo en la audiencia de Pruebas y Calificación del 27 de junio de 2013 , también se cuenta con el acuerdo de pago presentado ante el Juzgado 2º Laboral del Circuito en Descongestión de Medellín, dos recibos de caja por valor de $1.169.333 y $1.170.000 por concepto de pago de sentencia al doctor JAVIER TORO QUINTERO, y por último se cuenta con el proceso ejecutivo presentado por el doctor JAVIER TORO QUINTERO como apoderado del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS que le correspondió por reparto al Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín bajo el radicado 2013-0706.

Como se señaló en párrafos precedentes, esta Superioridad entrará a estudiar cada cargo endilgado al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO.

1. Primer Cargo

La primera conducta se refiere a la presunta violación del artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal reza:

ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

(…)

Se tiene probado que el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO representó como abogado al quejoso al interior de un proceso laboral ordinario en el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín bajo el radicado 2004-0478. En el citado proceso, una vez emitida la sentencia se llegó a un acuerdo de pago con los demandados, en donde estos se comprometerían a pagar la suma de $2.338.667 en dos contados como en efecto ocurrió, recibiendo el pago el abogado investigado.

Es así que al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO como apoderado del quejoso, si no había un contrato de prestación de servicios o un documento que expresara la voluntad de fijar honorarios, le asistía la obligación de hacerle entrega al quejoso del 75% de los $2.338.667 recibidos, es decir $1.754.000 y haber descontado por concepto de honorarios la suma de $584.667 que corresponde al 25% del monto total de lo recibido; sin embargo, el señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS manifestó en su queja y en su ratificación y ampliación de la denuncia que solo recibió la suma de $1.300.000, lo que significa una diferencia de $454.000, suma que el abogado investigado indiscutiblemente se apropió.

Esta Superioridad no comparte lo esbozado por el recurrente en donde afirma que quedó probado que se pagó la suma de $1.520.000, pues contrario a ello en la queja presentada por el señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS y posteriormente en su ratificación y ampliación de la queja afirmó que solo se le habían entregado $1.300.000, y en gracia de discusión, aun habiendo entregado esa suma, existiría una diferencia de $220.000 en favor del quejoso, motivo por el cual se concluye que indiscutiblemente el togado se apropió de unas sumas de dinero que le pertenecían al señor VÉLEZ MACÍAS, configurándose así la incursión del doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO en la falta antes descrita.

Cabe destacar que si existía una discordia en el monto pactado por los honorarios, el abogado tiene mecanismos que se encuentran establecidos en la ley para lograr que su cliente le reconozca ese rubro; no obstante el abogado investigado optó por evadir la entrega de ese dinero por lo que consecuente a ello incurrió en contravía de la Ley 1123 de 2007.

Por lo anterior se tiene que el abogado disciplinado actuó dolosamente, pues a pesar de tener conocimiento de que su actuar afectaría al señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS, decidió conscientemente obtener ese resultado, por lo que no cabe duda sobre la responsabilidad del doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, quien al omitir hacer la entrega del dinero por concepto de la sentencia ya referida, afectó el patrimonio económico de su cliente.

2. Segundo cargo

El segundo cargo se refiere a la comisión de la falta consagrada en el artículo 36 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, que reza:

ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

6. No expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos.

De cara a este cargo, esta Corporación no hará pronunciamiento alguno por cuanto la misma falta fue aceptada por el recurrente en su escrito de impugnación, de tal suerte que al no haber sido objeto de disenso, resulta inane hacer emitir manifestación alguna, máxime cuando se tiene que el disciplinado aceptó no haber expedido los recibos, y aceptó(8) la comisión de esta falta.

3. Tercer cargo

El tercero de los cargos endilgados al abogado disciplinado se encuentra consagrado en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal reza:

Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

(…)

Frente esta conducta, se tiene que dentro del proceso disciplinario adelantado, quedó demostrado que el señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS el 24 de febrero de 2011 le confirió poder al señor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, con el propósito de que promoviera un proceso ejecutivo, hecho que fue aceptado por las partes.

Se tiene también demostrado que el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO presentó la demanda ejecutiva el 11 de julio de 2013 como apoderado del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS, correspondiéndole por reparto al Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín, bajo el radicado 2013 - 0706.

Es así que el hecho de haber recibido poder el 24 de febrero de 2011, por parte del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS, obligaba al doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO para que en un término razonable presentara la correspondiente demanda ejecutiva en favor de su cliente, pero se demostró con las pruebas obrantes en el expediente y la versión libre del abogado investigado, que esto ocurrió trascurridos más de dos años, demorando la gestión encomendada, lo que a todas luces lo hace merecedor de la sanción impuesta por la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Para esta Superioridad no es del recibo el argumento defensivo del doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO al manifestar que no había promovido la demanda ejecutiva con anterioridad, porque no se había puesto de acuerdo respecto de sus honorarios con el quejoso o porque éste no le había pagado por gestiones anteriores de otras asesorías, pues ese hecho no lo exime de responsabilidad teniendo en cuenta que si el togado disciplinado no logró llegar a un consenso con su cliente respecto al precio por los servicios profesionales, lo correcto era comunicarle a su poderdante que no daría trámite a la gestión encomendada, pero esto no ocurrió, por el contrario transcurrió un periodo de tiempo importante sin que el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO haya realizado gestión alguna, consumándose así la falta antes descrita.

Cabe destacar que si el abogado FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, hubiera encaminado su gestión por velar por los interese del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS dentro de un tiempo razonable y proporcional, no incurriría en este tipo disciplinario; contrario a ello, se verificó que el poder otorgado fue guardado por el disciplinable y solo fue hasta la presentación de la queja disciplinaria, cuando el togado hizo uso del mandato conferido, por lo que a la postre, el quejoso fue el único que resultó perjudicado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin que se haya procurado por sus intereses.

En conclusión, para esta Sala no cabe duda que el actuar del abogado disciplinado es merecedor de total reproche pues el hecho de no haber expedido los recibos de dinero entregados al cliente, los cuales tenían una doble connotación, de una parte dar fe de la entrega de dinero a su mandante y de otra, también servía como prueba del pago por honorarios, asimismo da haberse apropiado de dineros de su cliente, y por no haber realizado a la menor brevedad posible la gestión encomendada, afectó los intereses patrimoniales del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS.

En el asunto sometido al estudio de la Sala, se puede afirmar que el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, como abogado es conocedor de las leyes incluyendo las normas del Código Disciplinario del Abogado, sin embargo decidió de manera consiente opto por contrariar las normas disciplinarias, por lo que se tiene que el profesional del derecho incurrió en el artículo 35 numerales 4º y 6º de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo y en el artículo 37 numeral 1º ibídem a título de culpa.

Para la Corporación no existe el más mínimo asomo de duda respecto de la materialidad de la conducta, toda vez, que las pruebas obrantes en el informativo corroboran que el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO, actuó dolosamente, pues como profesional del derecho debe saber que no entregar a brevedad posible los dineros que le pertenecen a su cliente y no expedir los correspondientes recibos, se traducen en faltas disciplinarias; no obstante, en este caso, pese a conocer las consecuencias optó por actuar en contravía del ordenamiento. De igual forma, por no haber adelantado en dentro de un tiempo razonable la demanda ejecutiva, se tiene que afectó los derechos del señor SAÚL DARÍO VÉLEZ MACÍAS, hecho que es merecedor de total reproche.

De otra parte, aunque el doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO haya mencionado su intención de hacer devolución de los dineros que le pertenecían al quejoso, una vez escuchado los audios, se verificó que no existe constancia de dicha entrega, tampoco en el dossier existe documento que así lo acredite y el la sentencia de primera instancia tampoco se refirió a ese hecho, de tal suerte solo se cuenta con lo dicho por el abogado disciplinado en la audiencia de juzgamiento, que refiere a su intención de pago, por lo que no se puede hacer mención sobre la ocurrencia o no de ese hecho. Respecto del documento visible a folio 94 del cuaderno original, se tiene que no se encuentra suscrito por el quejoso, por lo que el mismo no tiene vocación probatoria.

Así las cosas, esta Colegiatura encuentra que la sanción impuesta en la sentencia de primera instancia de suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión de abogado y la multa en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, deberá confirmarse, ya que la misma se encuentra acorde a las faltas cometidas por el abogado disciplinado doctor FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO y el daño causado al quejoso.

Por lo demás se observaron las ritualidades del trámite disciplinario, se respetaron los derechos del abogado disciplinado y la sentencia está cimentada en pruebas legalmente recaudadas que llevan a la certeza de la materialidad de la conducta, de la responsabilidad del profesional del derecho y el daño causado al quejoso, amén que la sanción cumple con los criterios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el cual se sancionó al abogado FRANCISCO JAVIER TORO QUINTERO con cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente por haber incurrido en las faltas disciplinarias consagradas en el artículo 35 numerales 4 y 6, y artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a las autoridades que deben hacer cumplir su ejecución y a las que deban registrarla en sus bases.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(7) Corte Constitucional, sentencia C-196 de 1999.

(8) Folio 90 del cuaderno original.