Sentencia 2011-02654 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000201102654 01

Aprobado en Acta 95 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá D.C., noviembre doce de dos mil catorce.

«EXTRACTOS: Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.

Dada la especial sujeción de los servidores con el Estado, la potestad sancionadora de éste se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre los mismos y en razón de la relación jurídica surgida por la facultad de administrar justicia. Se pretende, entonces, que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de las normas del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia, los cuales deben caracterizar sus actuaciones.

La potestad disciplinaria es entendida, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

“…como la facultad para corregir las fallas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales…”(9).

En este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento por parte del servidor judicial trae como consecuencia una respuesta represiva por parte del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomienda.

Así, el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, al presumir el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal apelante, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Caso concreto

Mediante sentencia del 14 de agosto de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó a los doctores Jhon Arbeláez Gallego en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) encargado y Antonio María Martínez Montero, Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) respectivamente para la época de los hechos, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de doce (12) años, al encontrarlos responsables de incurrir en la falta descrita en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el tipo penal de prevaricato consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, por infringir el deber contenido en el artículo 153, numeral 1º de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 6-1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y artículos 13 y 86 de la Constitución Política.

De la solicitud de nulidad

El doctor Antonio María Martínez Montero, solicitó se decretara la nulidad desde el momento procesal anterior al pliego de cargos, para que sea efectivamente el funcionario de primera instancia el que tramite por completo el proceso, por cuanto en el presente caso se comprometió su derecho a la defensa, al juez natural, la doble instancia y la imparcialidad, al haberse tramitado un procedimiento violatorio de las formas propias del juzgamiento disciplinario, pues la sentencia se basó en los cargos formulados por el Superior a quien nuevamente se remitió el proceso para ser fallado en segunda instancia, irregularidad sustancial que afecta el debido proceso.

Sobre el particular, observa la Sala que no le asiste razón al disciplinable en cuanto a que se haya presentado una irregularidad sustancial que afectara el debido proceso, pues si bien, se presentó una situación extraordinaria que dio lugar a que inicialmente, con fundamento en el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura avocara el conocimiento de la investigación y llegara a formular pliego de cargos, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de dicha norma por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-619 del 8 de agosto de 2012, esta Superioridad debió remitir por competencia la actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, pues perdió el ejercicio del poder preferente por ministerio de la ley.

De tal manera, que no se trató de un error de procedimiento, ni se pretermitieron etapas procesales o instancias, simplemente, dando cumplimiento a un fallo de constitucionalidad el trámite de la primera instancia dentro del presente proceso cambió de funcionario instructor sin que ello afectara el curso de las actuaciones, razón por la cual se negará la declaratoria de nulidad deprecada.

De la Apelación del doctor Antonio María Martínez Montero

Los argumentos de su inconformidad se resumen en los siguientes:

a) Que no incurrió en la falta asociada al tipo penal descrito en el artículo 413 de la Ley 599 de 200(sic), pues no violó manifiestamente la ley, ya que en los acciones de los ex trabajadores de Telecom existió una divergencia interpretativa frente a la vulneración de derechos fundamentales, es por ello que los jueces de todo el país consideraron procedentes acciones de tutela similares, por lo que no puede hablarse de prevaricato en la decisión que profirió en segunda instancia.

b) Que no actuó con dolo, pues consideró evidente la vulneración de los derechos fundamentales invocados y, precisamente, debido a las diversas interpretaciones por parte de múltiples autoridades judiciales en acciones de tutela similares a la objeto de actuación, es que la Corte Constitucional debió intervenir.

c) Que actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues consultó la decisión con su equipo de trabajo, fue objeto de vigilancia administrativa sin haberse encontrado ninguna anormalidad y, tampoco fue seleccionada en sede de revisión por la Corte Constitucional.

De la Apelación del doctor Jhon Arbeláez Gallego

Los argumentos de su inconformidad se resumen así:

a) Que el juzgador de primer grado no tuvo en cuenta el principio del in dubio pro reo, pues ninguna de las dudas que surgieron en el proceso se estimaron como es debido.

b) Que la actuación desplegada al tramitar la acción de tutela no fue dolosa, pues no obró con desviación de poder.

c) Que no se consideró el derecho de acción frente a la vulneración de los derechos fundamentales frente al principio de inmediatez.

d) Que las sentencias de la Corte Constitucional enunciadas por el a quo tienen efectos inter partes, no son fallos de unificación y, de acuerdo con el artículo 230 Superior, los jueces al proferir sus decisiones están obligados a cumplir la Constitución y la ley pues la jurisprudencia es un criterio auxiliar, bajo el respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.

En suma, observa la Sala que los argumentos de los apelantes se concretan a que no obraron con dolo, no desconocieron el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a las tutelas de ex trabajadores de Telecom como es el caso objeto de la presente actuación y, obraron con la convicción de haber acertado al ordenar la protección de los derechos fundamentales.

Pues bien, las providencias cuestionadas a los funcionarios datan del 30 de noviembre de 2009(10) y 5 de febrero de 2010(11), proferidas dentro de la acción de tutela 2009-00631 instaurada por Carlos Gentíl Granja y otros.

En la sentencia del 30 de noviembre de 2009, el doctor Jhon Arbeláez Gallego en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) tuteló los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, asociación sindical y mínimo vital de los accionantes y en consecuencia, ordenó que en el término de 48 horas la entidad accionada patrimonio autónomo de remanentes de Telecom iniciara el trámite para reconocer y pagar los salarios dejados de percibir por los demandantes provocado por el despido sin justa causa, pago que incluía reajustes y prestaciones, todo a título de indemnización por la imposibilidad del reintegro y que debía liquidarse mediante incidente en un término no mayor a 5 días hábiles.

A su turno en sede de apelación, el Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) en la sentencia del 5 de febrero de 2010 revocó parcialmente la de primera instancia al declarar improcedente la acción de amparo respecto de algunos accionantes, habida cuenta de la existencia de otra demanda en el mismo sentido en la cual otro juez constitucional ordenó el pago de las acreencias laborales. En segundo lugar, confirmó el resto de la decisión con algunas modificaciones, la primera de ellas condicionando el pago de algunos accionantes siempre que el proceso ejecutivo por ellos instaurado no diera los resultados esperados. La segunda de ellas, es que respecto de los demás tutelantes se ordenaba el pago de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que el juez laboral haya emitido la autorización para legalizar los despidos. Finalmente, frente a aquellos accionantes por quienes la demandada no haya obtenido la aprobación del juez ordinario, los emolumentos debían cancelarse hasta la fecha de la providencia de tutela.

Ahora, con respecto al precedente jurisprudencial la Corte Constitucional ha precisado(12) que, de conformidad con lo establecido el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena, si una de las salas de revisión se apropia de dicha función se estaría extralimitando en el ejercicio de sus competencias con grave violación del debido proceso. Así, con el fin de determinar si desconocer la jurisprudencia equivale a un cambio de jurisprudencia prohibido por la citada previsión normativa la Corte precisó el alcance de la expresión “desconocimiento de jurisprudencia”.

Esta expresión podría ser comprendida de distintas maneras:

a) Como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia presuntamente desconocedora del precedente;

b) Como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta;

c) Como la posibilidad de la Sala Plena de obrar como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.

Según la Corte, de estas tres acepciones sólo la primera implica desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues la segunda vulnera el significado de la autonomía e independencia judiciales de las salas de revisión de tutela y, la tercera, desborda la competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Esa Corporación, citando su propia jurisprudencia precisó: “para que la Sala Plena anule una sentencia por desconocimiento de la línea jurisprudencial, es indispensable que se reúnan los siguientes presupuestos materiales: “(1) Que la sentencia objeto de la solicitud de nulidad en forma expresa acoja una interpretación normativa contraria a una línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, definida de manera reiterada y uniforme en varias sentencias y que esta no haya sido modificada por la Sala Plena; (2) Que entre unas decisiones y otras exista identidad de presupuestos fácticos; (3) Que la diferencia en la aplicación del ordenamiento jurídico conlleve que la resolución adoptada en la sentencia atacada sea diferente a la que se venía adoptando. Es decir, que las diferencias en la argumentación no sean accidentales e intrascendentes sino que, por el contrario, se refieran a la ratio decidendi(13).

Y en pronunciamiento posterior reiteró(14), que “el precedente está constituido así por aquellos apartes específicos y concretos de las sentencias de tutela o de constitucionalidad, que tienen relación “estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva” de la decisión. En este sentido, en la Sentencia SU-047 de 1999, la Corte señaló que aquella parte de las sentencias que se denomina precedente o ratio decidendi es “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”, a diferencia del obiter dictum que constituye “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”.

Para la época en que fueron proferidas las decisiones de los funcionarios investigados, ciertamente no existía un precedente jurisprudencial sobre las acciones de tutela instauradas por los ex trabajadores de Telecom, sin embargo, precisamente ante el volumen de amparos de este tipo invocados por demandantes de todo el país en los que los jueces tomaron diversas posiciones, decretaron medidas provisionales y embargos contra el patrimonio público, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-377 del 12 de junio de 2014(15) decidió unificar los criterios de procedencia que debían tener en cuenta los jueces de la República, al resolver tutelas por derechos fundamentales supuestamente conculcados en el desenvolvimiento de procesos de liquidación de entidades públicas, incluida Telecom.

En efecto, la Corte encontró que en los distintos expedientes seleccionados para revisión, había posiciones encontradas entre jueces y partes en torno al modo de definir la legitimación en la causa por activa y pasiva, la competencia territorial de los jueces de tutela, la competencia de estos últimos para ordenar embargos o liquidaciones de sumas concretas de dinero, la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre un caso ya resuelto por otros jueces en procesos ordinarios o de tutela, la subsidiariedad y, finalmente, la inmediatez. Dicha unificación pretendió contribuir a que la disparidad existente no se siguiera presentando de nuevo en el futuro.

De lo anterior se concluye, que efectivamente para la época de las providencias emitidas por los investigados, no existía un precedente jurisprudencial, es decir, una postura unificada de la Corte Constitucional en materia de tutelas de ex trabajadores de Telecom o de otras empresas en liquidación, que orientara a los jueces sobre la procedencia o no de dichas acciones o la decisión de medidas provisionales y otros temas conexos, pues la providencia del Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó es del 5 de febrero de 2010, mientras que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional se profirió el 12 de junio de 2014.

Tampoco podía concluirse como lo hizo el Seccional, que los autos A-241 del 14 de julio de 2010 y A-105 del 25 de mayo de 2011 constituían precedente jurisprudencial desconocido por los inculpados, pues aunque éstos efectivamente suspendieron el cumplimiento de las órdenes impartidas en sentencias de tutela, éstas no corresponden a las cuestionadas a los investigados, además, no son sentencias de constitucionalidad ni de unificación de la Sala Plena de esa Corporación, sólo tienen efectos para los sujetos de dichas acciones(16), que se itera, no incluyen la acción 2009-00631 por la cual se adelantó la presente investigación e incluso, el segundo de ellos es posterior a la sentencia del 5 de febrero de 2010 proferida por el Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia), es decir, ni siquiera es un precedente desde el punto de vista cronológico.

Sin embargo, resulta tema inescindible a los argumentos de alzada y que de contera hace que éstos no puedan enervar la decisión impugnada, el de la competencia territorial, que en este caso no sólo fue desconocido por el Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) sino también, por el de segunda instancia, Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia), quienes conocieron y llevaron hasta su terminación la acción de tutela 2009-00631 instaurada por ex trabajadores de Telecom que no residían en dichos municipios ni tampoco fueron éstos su último lugar de servicios donde fueron despedidos de sus puestos de trabajo, es decir, los hechos motivo de tutela no ocurrieron en los territorios sede de los despachos a cargos de los disciplinados.

Es así como, frente a la competencia por razón del territorio en materia de tutela, la Corte Constitucional ya había sentado un precedente en el Auto 124 del 25 de marzo de 2009(17) en el cual hizo una reiteración de la jurisprudencia de esa Corporación sobre el particular, al precisar lo siguiente:

“(…) la Sala Plena considera de fundamental importancia dejar claras las consecuencias que se deducen de la jurisprudencia constitucional que ha sido reiterada y precisada mediante el presente auto.

Se tiene entonces que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que ha sido reiterada, las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación. Mientras que el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto”.

En dicho Auto, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció las siguientes reglas en materia de competencia sobre acciones de tutela:

a) El Juez de tutela que de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 deba declararse incompetente por factor territorial o acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, debe remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible.

b) Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.

c) Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción constitucional.

d) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

De conformidad con lo anterior, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 prevé lo siguiente:

“ART. 37.—Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

En el caso en examen, tal como se desprende de la acción de tutela(18) los accionantes eran trabajadores oficiales de las empresas asociadas a Telecom tales como, Telecaquetá S.A. ESP en liquidación, y Teletuluá S.A. ESP en liquidación, es decir, los hechos que motivaron la solicitud por vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los tutelantes, ocurrieron en municipios de los departamentos del Valle del Cauca y Caquetá, jurisdicción que no comprende el territorio de ninguno de los funcionarios que tramitaron la acción de tutela 2009-00631, pues tanto el Juez Promiscuo Municipal de Carepa como el Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó, tienen su sede en el Departamento de Antioquia.

De ahí que los disciplinados hayan incurrido en la falta prevista en al artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, por violación directa y manifiesta del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin justificación alguna, menos aún cuando el órgano de cierre en materia de acciones de tutela ya había fijado claramente en su jurisprudencia las reglas de competencia, precedente al que debieron ceñirse cuando hicieron el estudio para avocar el conocimiento por parte del juez de primera instancia, como del juez de segunda al recibir el expediente para el trámite del recurso de apelación.

De esta manera, la suerte del Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) es la misma del Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia), pues el primero al recibirla por reparto no se percató de la evidente falta de competencia por factor territorial, ampliamente abordada por la Corte Constitucional y, el segundo, quien también pudo haberla advertido, no lo hizo, resolviendo de fondo un asunto que no podía ser de su conocimiento.

De ahí que no exista duda de la responsabilidad de los disciplinados, por cuanto se acreditó la materialidad de la falta, así como la modalidad de la conducta y la carencia de justificación frente al incumplimiento del deber funcional consagrado en el artículo 153, numeral 1º de la Ley 270 de 1996(19), se itera, en cuanto a la infracción de la norma que establecía para los funcionarios una regla de competencia que no podían desconocer.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los funcionarios no incurrieron en la falta descrita en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002 por violación del precedente jurisprudencial en materia de tutelas de ex trabajadores de Telecom, pues, como antes se explicó, la unificación de criterios al respecto por parte de la Corte Constitucional se hizo en providencia posterior a las emitidas por los disciplinados, considera la Sala, que aún tratándose de una falta gravísima dolosa, tal como está prevista en dicha norma, en concordancia con los artículos 43 y 44, numeral 1º de la misma ley, debe reducirse la sanción de inhabilidad a la mínima prevista en el artículo 46(20) inciso 1º ibídem, esto es, a 10 años, pues finalmente la conducta constitutiva de falta se limitó a un sola, esta fue, la falta de competencia para avocar la acción de tutela 2009-00631.

Así las cosas, habrá de modificarse el fallo del 14 de agosto de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio del cual sancionó a los doctores Jhon Arbeláez Gallego en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) encargado y Antonio María Martínez Montero, Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) para la época de los hechos, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de doce (12) años, al encontrarlos responsables de incurrir en la falta descrita en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el tipo penal de prevaricato consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, por infringir el deber contenido en el artículo 153, numeral 1º de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 6-1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y artículos 13 y 86 de la Constitución Política, en el sentido de dejar la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años y confirmar en lo demás, por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NIÉGASE la solicitud de nulidad presentada por el doctor Antonio María Martínez Montero.

2. MODIFICAR el fallo del 14 de agosto de 2014 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio del cual sancionó a los doctores Jhon Arbeláez Gallego en su condición de Juez Promiscuo Municipal de Carepa (Antioquia) encargado y Antonio María Martínez Montero, Juez 2 Penal del Circuito de Apartadó (Antioquia) para la época de los hechos, con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de doce (12) años, al encontrarlos responsables de incurrir en la falta descrita en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el tipo penal de prevaricato consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, por infringir el deber contenido en el artículo 153, numeral 1º de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 6-1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y artículos 13 y 86 de la Constitución Política, en el sentido de dejar la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONFIRMAR en lo demás.

4. Por la Secretaría de la Sala, notifíquese la presente decisión.

5. DEVUÉLVASE el expediente al seccional de origen, una vez surtidas las notificaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

9 Corte Constitucional. Sentencia C-028/2006.

10 Folios 28-49, anexo 10.

11 Folios 50-84, anexo 10.

12 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 164 del 21 de julio de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.

13 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 053 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gíl.

14 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 208 del 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

15 M.P. María Victoria Calle Correa.

16 “Decreto 2591, artículo 36. Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.

17 Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

18 Folio 8, anexo 3.

19 ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos (…)”.

20 “ART. 46.—Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente”.