Sentencia 2011-02657 de enero 23 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000201102657 01 /F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 85, de la misma fecha.

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el título XII, capítulos 1 al 9 de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra las decisiones dentro de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios judiciales, que en primera instancia toman las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura .

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión nacional de disciplina judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el a quo, en las presentes diligencias.

Esta corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, solo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la disciplinada, contra la sentencia proferida el 22 de febrero de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por medio de la cual se impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por diez (10) años, a la doctora Nancy Enith Fernández Ortiz, en su condición de Juez Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira, tras hallarla responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al desconocer lo consagrado en el numeral 8º del artículo 154 y en el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Caso Concreto

Como se advierte, el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de revocar la sentencia, por no cumplir con los requisitos del artículo 170 de la Ley 734 de 2002, no es de recibo para la Sala en la medida que el fallo se encuentra debidamente motivado. La motivación de la sanción, la calificación de la falta y la culpabilidad, son fenómenos propios de la estructura de la falta disciplinaria de obligatorio acatamiento, y por lo tanto, valoraciones ineludibles para el juez disciplinario y en este caso, se cumplió con esas exigencias.

Desde los autos de apertura de indagación preliminar y de iniciación de investigación, como en el pliego de cargos, la disciplinada ha tenido conocimiento de los cargos, de las pruebas obrantes en la actuación y de la interpretación que la Sala de primera instancia ha realizado de los mismos.

De lo que puede adolecer la providencia recurrida, es de la no referencia y análisis de los testimonios del procurador judicial y del abogado defensor, pero en los mismos, solo se describe el procedimiento que se sigue en los juzgados penales municipales con función de control de garantías de Palmira, cuando se radica una solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos, lo cual no tiene ninguna incidencia de fondo, en el objeto de la investigación que se adelantó, porque no se cuestiona el procedimiento llevado a cabo, sino la decisión que tomo la disciplinada.

En cuanto lo argumentado por la doctora Nancy Enith Fernández Ortiz, en que su actuar y la decisión de otorgar la libertad a la condenada, estuvo de acuerdo a la ley, esta Instancia no lo comparte porque las funciones atribuidas por la Constitución y la ley a los funcionarios judiciales están regladas, y son taxativas. Y estuvo bien que se pronunciara sobre la solicitud de libertad que se había formulado en debida forma, pero el desconocimiento de sus funciones fue en la decisión que tomo de otorgarle la libertad a la condenada, cuando ya había perdido la competencia para ello. No es de recibo, el que afirme que no sabía que se había realizado el juicio y dictado, sentido del fallo, cuando en sus alegatos manifiesta que la fiscal del caso en su correspondiente intervención en la audiencia, informo que ya se había adelantado la totalidad del juicio, se dictó el respectivo sentido del fallo y se había fijado fecha para la audiencia de lectura de fallo, por lo tanto la actuación que se estaba adelantado, carecía de objeto. Por lo tanto, lo que le correspondía a la Disciplinada, era cerciorarse que lo manifestado por la fiscal fuera cierto, para así decidir conforme a derecho. Pero sin explicación alguna, ignora lo dicho por la delegada del ente acusador y profiere una decisión abiertamente contraria a la ley.

La amplia experiencia de la funcionaria, a la que ella misma alude en sus diferentes escritos defensivos, como lo manifestado por el procurador judicial y por el abogado defensor de la condenada, en los testimonios que vertieron en estas diligencias, va en contra de los argumentos esbozados en el recurso, porque lo procedente, era que la juez con función de garantías, por su experiencia, antes de decidir, se informara del estado en que se encontraba la actuación en el juzgado de conocimiento. La funcionaria judicial tiene el conocimiento pleno de la normatividad que rige para otorgar la libertad provisional por vencimiento de términos y es conocedora de los alcances de cada una de sus decisiones. Por el hecho de otorgar una libertad por vencimientos de términos, cuando ya no tenía competencia para ello, se tipifica conducta, actuar que consideramos, fue consiente. Razón fundamental para despachar en desfavor el argumento central de su insatisfacción, plasmada en la apelación.

Porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal establece:

“ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.”,

y en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 290 de 1996, que en su tenor literal expresa:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.”, la disciplinada incurrió en el desconocimiento de dicho deber, al desconocer lo consagrado en el numeral 8º del artículo 154 y en el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.

Dosificación de la sanción

Frente a la sanción impuesta en sede a quo, la cual fue de destitución del Cargo e Inhabilidad General por diez (10) años, a la doctora Nancy Enith Fernández Ortiz, en su condición de Juez Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira, esta Instancia la mantendrá, porque la misma se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de faltas, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones de la disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En cuanto a la gravedad o levedad de la falta, se demostró que la disciplinable ejercía el cargo de Juez Municipal con Funciones de Garantías y con su proceder afectó el nombre de la administración de justicia, porque fue negligente al no informarse en debida forma, en qué estado se encontraba la causa en el Jugado de Conocimiento antes de tomar la decisión, por lo que la calificación como falta gravísima a título de culpa gravísima, que realizó el a quo, es conforme a derecho.

En definitiva queda establecido sin mayores dificultad para esta Superioridad, que la doctora Fernández Ortiz, en su condición de Juez Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira, adecuó su comportamiento a la falta tipificada en el artículo 48 numeral 1º de la ley 734 de 2002, tras hallarla responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al desconocer lo consagrado en el numeral 8º del artículo 154 y en el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, es decir, incursa en la tipificación de la conducta y su actuar fue consiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca por medio de la cual se impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por diez (10) años, a la doctora Nancy Enith Fernández Ortiz, en su condición de Juez Cuarto (4) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira, tras hallarla responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al desconocer lo consagrado en el numeral 8 del artículo 154 y en el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cúmplase».