Sentencia 2011-02800 de septiembre 3 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201102800 01

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según acta 069 de la fecha

Referencia abogado apelación

Denunciada Nebis Petrona Acosta Suárez

Informante de oficio - dirección de representación judicial y administrativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Primera instancia: censura

Segunda instancia: confirma

Bogotá, D.C., tres de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de la Justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”.

Asunto a resolver. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el doctor Giovanny Flórez Chaparro , defensor de confianza de la disciplinada contra la decisión proferida el 21 de marzo de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, con censura, tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, circunscribiéndose al objeto de impugnación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a ello, conforme lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 171 del Código Único Disciplinario, al cual se llega por remisión expresa del artículo 16 de la ley 1123 de 2007.

Válido resulta anotar que el recurso de apelación es un medio de carácter procesal que la ley confiere a los intervinientes damnificados por una decisión judicial, para solicitar ante el juez que la dictó dentro del plazo legal y debidamente fundamentado la revisión de la actuación, habilitando al superior jerárquico para auscultar en los hechos frente al derecho y decidir la cuestión en alzada en aquello que concretamente se coloca bajo la esfera de su competencia para que lo revoque o enmiende.

Descripción de la falta disciplinaria. La abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, fue encontrada responsable de la comisión de la falta a la debida diligencia profesional, tipificada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que establece lo siguiente:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

• Sobre la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007. El tipo disciplinario endilgado al profesional, previsto en esta norma concentró en un solo texto las faltas y las modalidades de comportamiento. Es por ello que hoy, los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el caso bajo estudio; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó la expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera.

En la misma falta disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta sub examine quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo.

Ahora, la conducta examinada ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyecta hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia(2).

Lo anterior para significar que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo confiado, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen.

En el presente caso, como se observó en el infolio, se parte del hecho cierto que la abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, recibió poder el 30 de agosto de 2007, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para hacerse cargo del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciada por Juan Carlos Suárez Muñoz contra la misma Empresa por haber sido declarado insubsistente conforme a la Resolución 8 del 6 de enero de 2006 de radicado 20060511000, que en principio correspondió al Juzgado 30 Administrativo de Bogotá, empero por descongestión fue enviado al Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de la misma ciudad para dictar sentencia.

En el Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de Bogotá el 18 de mayo de 2010 profirió sentencia de primera instancia adversa a los intereses de la empresa donde resolvió declarar no probadas las excepciones formuladas por la apoderada de la demanda y declarar la nulidad de la Resolución N°0008 de 6 de enero de 2006, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Juan Carlos Muñoz en el cargo de director operativo - código 009 - grado 089 - código dependencia 825-1 Dirección de Acueducto y Alcantarillado - zona 2 de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (fls. 316-370, c.a. 2), la cual fue notificada mediante edicto de 24 de mayo de 2010 desfijado el 26 de mayo de 2010 quedando ejecutoriado el 31 de mayo de 2010, sin que la contratista hubiere interpuesto el recurso de apelación (fls. 371 y 372, c.a. 2).

Ahora, si bien manifestó el defensor de confianza de la disciplinada que aquella no apeló la demanda en el entendido que la responsabilidad de la empresa estaba más que probada por la insubsistencia del nombramiento del actor en plena ley de garantías, como también lo aceptó la misma disciplinable a lo largo de la actuación, a más del cúmulo de trabajo - más de 152 procesos a su cargo y un resto de conciliaciones y que la compañía Litigando.com S.A., encargada de informar sobre el estado de los procesos de la contratante, también los es que ese argumento no puede ser aceptado, pues a voces del artículo 2142 del Código Civil(3), el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Así mismo el artículo 2144, ibídem(4) señala que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.

Es por lo anterior, que en cabeza de la profesional del derecho investigada estaba la responsabilidad de ejecutar la labor encomendada, sin que de ninguna manera pueda trasladar su injustificada negligencia, pues no otra cosa puede colegirse de las pruebas reseñadas, en donde claramente quedó demostrado que la disciplinada no desarrolló el cumplimiento de su función y retardó a su arbitrio un deber adquirido para con su cliente, irresponsabilidad profesional que asumió de manera voluntaria y consiente al omitir un manejo diligente en su actividad profesional; a quien además no le es permitido trasladar a los usuarios de la justicia la carga de su propia y exclusiva negligencia.

Cabe anotar que cuando el abogado asume una representación judicial mediante poder, se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender diligentemente los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo asignado, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto, tal como lo exige el Código Deontológico del Abogado; por lo tanto, cuando la profesional injustificadamente incurre en conducta desidiosa frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional.

Ahora, si en gracia de discusión de aceptarse que no apeló la sentencia, debió propender por la renuncia del mandato conferido en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil y no esperar que fuera otro abogado Pedro Augusto Santos Santos, quien en nombre y representación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pidió remitir el expediente en grado jurisdiccional de consulta establecido en el artículo 184 del otrora Código Contencioso Administrativo (fls. 373 al 377, c.o.).

No sobra recordar a los profesionales del derecho, esta vez la abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, los deberes profesionales a los cuales está obligada a cumplir como litigante, que se encuentran compilados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y de manera particularísima el numeral 10 que indica:

Ley 1123 de 2007.

(...).

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales...” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Así las cosas, en el caso bajo estudio la prueba allegada al proceso y reseñada en precedencia, indica en forma diáfana y contundente que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la indiligencia por parte de la inculpada, pues a pesar de haberse comprometido con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - informante, a representarla en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciada por Juan Carlos Suárez Muñoz, muy a pesar de dictarse sentencia adversa no la apeló, faltando con esta conducta al deber de obrar con celosa diligencia en el asunto encomendado defraudando la confianza que su mandante había depositado en ella. Entonces, forzoso es concluir, de acuerdo con la valoración del acervo probatorio y a la luz de las reflexiones hechas, que la profesional del derecho inculpada, incurrió en la falta a la debida diligencia sin emerger causal exonerativa para evitar el juicio de reproche y por la cual se le sancionó en primera instancia, soslayando el deber de actuar con celosa diligencia señalado.

De esta manera se despachan desfavorablemente los argumentos de apelación de la defensa de la disciplinada, por cuanto en momento alguno hubo contradicción en la primera instancia al emitir el fallo sancionatorio, pues analizó cada uno de los aspectos procesales y probatorios, incluida la carga laboral, de lo cual en el acápite pertinente hizo las consideraciones del caso, incluso para imponer la sanción sobre lo cual se hará las observaciones del caso.

En relación con la sanción impuesta censura, impuesta a la togada Nebis Petrona Acosta Suárez, por el juez disciplinario de instancia, observa esta Superioridad, que la misma guarda concordancia con la falta y consultó los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad culposa; las circunstancias de las mismas, los motivos determinantes y la ausencia de antecedentes disciplinarios de la infractora, para imponerla.

En consideración a lo anterior esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, habrá de confirmar el fallo apelado proferido el 21 de marzo de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, con Censura, tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo apelado, proferido el 21 de marzo de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Nebis Petrona Acosta Suárez, con censura, tras hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las consideraciones en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Cometario al Nuevo Código Disciplinario del Abogado, 1ª Edición, pág. 172-173. Luis Enrique Restrepo Méndez.

(3) ART. 2142.—Definición de mandato. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.

(4) ART. 2144.—Extensión del régimen del mandato. Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.