Sentencia 2011-02939 de octubre 27 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110010102000201102939 03

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según acta 99 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma se desarrolló en el artículo 112 del estatuto orgánico de la administración de justicia, al fijar las funciones de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 4º dispuso: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de la presente investigación, es conveniente tener presente el alcance del artículo 6º de la Constitución Política, al señalar: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la nulidad invocada. Alegó el actor como causal de nulidad afincada en el numeral 1º del artículo 143 del Código Disciplinario Único, el que al declararse la inconstitucionalidad del artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, mediante Sentencia C-619 del 8 de agosto de 2012, poder preferente de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, debía rehacerse todo el trámite disciplinario y anularse la sentencia de primera instancia de fecha del 28 de febrero de 2013.

Solicitud que no tiene vocación de prosperar, en la medida en que precisamente en la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Constitucional colombiana se decidió declarar INEXEQUIBLE el artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, de manera taxativa, nada se decidió respecto a las decisiones tomadas con anterioridad, esto es, las derivadas de la vigencia del artículo 42 de la Ley 1474 de 2011, en consecuencia, los efectos de la providencia producen efectos cuando cobran vigencia, estando salvaguardadas todas las actuaciones precedente por la presunción de legalidad que nunca fue cuestionada a los largo del proceso.

En consecuencia se niega la solicitud de nulidad deprecada.

3. Asunto a resolver.

Resulta en consecuencia imperioso analizar si en su actuar funcional, el doctor HUGO HERNANDO MORENO MUNEVAR, en su calidad de Juez 37 Civil del Circuito de Bogotá, para la época de los hechos, incurrió en las conductas por las cuales se le corrió pliego de cargos y de las cuales fue sancionado, en la providencia que es objeto de apelación, o si por el contrario, varían o se revocan, al ser analizadas al tenor de los argumentos del apelante. En este orden de ideas, se enfatiza que en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado.

De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomiendan. Las faltas disciplinarias por las cuales el a quo formuló el pliego de cargos fueron las descritas en las normas cuyo tenor literal es el siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

“ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

DECRETO 2591 DE 1991:

ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

“ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

LEY 734 DE 2002

Artículo 153 numeral 1º.

“Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

3. Decisión del caso.

Procede este juez colegiado a resolver los puntos del recurso de apelación formulada contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo 171 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002). Los argumentos que cuestionan la decisión de primera instancia, son los siguientes:

1. Respecto a la falta de legitimación en la causa, por activa, consideró que, a diferencia del fallador de primer grado, la misma no era causal para inhibirse de proferir sentencia, sino para declarar la improcedencia de la misma. Consideró que no era constitucional, ni legalmente admisible que la razón de mantener una buena marcha en la administración de justicia, implicara que el funcionario disciplinante imponga a sus disciplinados como deben fallar y sustanciar los asuntos de su conocimiento. Alegó que quien debe imponer tales criterios es el respectivo órgano de cierre en materia de acciones constitucionales, esto es, la Corte Constitucional.

Respecto a este argumento, es menester señalar, por esta colegiatura que el disciplinable pretender atribuir a esta Sala, una responsabilidad que sólo el(sic) era endilgable, cumplir el precedente de la Corte Constitucional en materia de test de procedibilidad de las acciones de tutela, lo que no hizo. Luego, no se está imponiendo el criterio del juez disciplinante. Todo lo contrario, esta corporación, y sus seccionales, verifican y deben velar, porque los funcionarios judiciales, cumplan en materia constitucional, en obedecimiento al tribunal de cierre, esto es la Corte Constitucional, sus directrices estructuradas en las sentencias. Ello no es óbice, para que se considere cercenada la autonomía judicial, son los límites que el Estado de derecho, mediante el precedente vertical, ha configurado, para que el proceder de los jueces, no denote arbitrario, como ocurrió en este caso, al invocar la autonomía judicial.

En situaciones como las que nos ocupa, esta Sala ha sentado un precedente sobre el límite de la autonomía funcional de los jueces de tutela, que pasan por alto el test de procedibilidad, y al respecto se ha dicho:

“Es así como, por ahora resulta evidente que el actor en la acción de tutela que dio origen a la presente actuación disciplinaria, había iniciado el adelantamiento de los mecanismos judiciales ordinarios y no los había culminado, situación que curiosamente no tuvo en cuenta el juez constitucional cuando obviando el test de procedibilidad y por tanto la normatividad en cita y el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, decidió fallar de fondo el asunto puesto a su conocimiento, tutelando los supuestos derechos fundamentales de la sociedad actora, pero sin considerar los intereses patrimoniales de la Nación. Así lo ha reiterado esta Sala, cuando señaló:

“Tampoco les era dable desconocer la ratio decidendi contenida en las sentencias de tutela proferidas sobre el mismo punto de derecho, cuyo precedente es obligatorio no sólo por provenir de la corporación de cierre en materia de derechos fundamentales, sino por la necesidad de respetar el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima.

Ahora bien, el último principio referido —Vertrauenschutz, legitimate expectations, legittimo affidamento, estoppe—, reconocido como un parámetro constitucional relevante, protege a los destinatarios del ordenamiento jurídico de comportamientos ulteriores asimétricos, contradictorios o incompatibles con los anteriores y de cambios sobrevenidos, inesperados, súbditos e intempestivos(23).

En torno al argumento referido a la no obligatoriedad del precedente, advierte la Sala que si bien es cierto que la parte resolutiva de una sentencia de tutela únicamente tiene efectos inter partes, no puede sostenerse lo mismo de la ratio decidendi, en la medida en que la misma constituye una norma, al adquirir alcance general, pues es obligatoria su aplicación en todos los casos que se subsuman dentro de la hipótesis prevista por la regla judicial, como lo exige el respeto por el derecho a la igualdad en la aplicación de los artículos 13 y 29 de la Carta.

La Corte Constitucional ha reiterado que frente a los precedentes derivados de las sentencias de sus superiores funcionales y, en particular, de las corporaciones que están en el vórtice de la estructura judicial colombiana, el juez está en la obligación de acatarlas, es decir, se aplica el principio stare deciris(24).

En estos eventos, la autonomía judicial se restringe al máximo, de suerte que únicamente podrá apartarse del precedente fijado por tales autoridades judiciales si se verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso concreto”(25).

Entonces, la anterior realidad fáctica y probatoria nos permite concluir, que existe mérito suficiente para llevar a juicio al funcionario aquí disciplinado para que responda por la omisión en que incurrió, por no respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, la ley y el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el test de procedibilidad y el juez natural”(26).

Así mismo, en Sentencia C-417 de 1993, la Corte Constitucional, advirtió que, aunque los jueces gozan de autonomía e independencia para interpretar las normas, su facultad no es absoluta.

Con todo, aunque los jueces gozan de autonomía e independencia para interpretar las normas, su facultad no es absoluta. En ese sentido, lo viene señalando la Corte Constitucional(27):

“Resulta evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible. El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento.

En estas condiciones, no puede sostenerse que la autonomía judicial equivalga a libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho. Por el contrario, de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (…)”.

Y es precisamente en ejercicio de este principio constitucional en el que los jueces pueden variar de criterio, siempre que sus nuevas posturas o interpretaciones consulten con la Carta Política, el ordenamiento jurídico, sean compatibles con los principios y valores del sistema jurídico y respeten los derechos constitucionales y fundamentales de los asociados, pero también que no sea abiertamente irrazonables y manifiestamente caprichosas o arbitrarias, sin que ello apareje que el operador de justicia, siempre deberá mantener la misma interpretación frente a una norma, pues ello sería tanto como petrificar el derecho, desconociendo lo dinámico y cambiante que es.

2. En cuanto a el perjuicio irremediable en la acción de tutela cuestionada, proferida por el inculpado en las actuaciones, increpó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y la correspondiente medida de suspensión provisional, no resultaba eficaz frente a la protección deprecada por los actores de la misma, pues además, era un hecho notorio, la congestión en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Sobre este aspecto el argumento central consta de dos vertientes, el primero, es que los actores carecían de legitimidad en la causa por activa, para instaurar la cuestionada acción. Ese será un aspecto que irradiará necesariamente el segundo, que es el perjuicio irremediable, que los mismos invocaban, y que tampoco se logró demostrar. A continuación se estudiará, cada uno de estos elementos, para concluir, que el cargo del disciplinado, no está llamado a prosperar.

El a quo estudió y comprobó con rigor, en relación a este punto, que se allegó copia de la acción de tutela 2011/0553 que los ciudadanos Claudia López Ochoa, Luz Muñiz Zaraza y Hernán Rivera Torres formularon contra la Superintendencia Nacional de Salud (anexo), que sustenta fue conocida por el doctor Hugo Hernando Moreno Munévar, en su calidad de Juez 37 Civil del Circuito de Bogotá. Acción cuyas pretensiones principales y subsidiarias se fundan en dejar sin efecto las resoluciones 801 del 11 de mayo 7 01644 del 12 de julio de 2011, para ordenar a la accionada, la devolución inmediata de la administración de Saludcoop EPS, “de conformidad al estado en que estaba… antes de la intervención” de aquella; así mismo que la devuelva y entregue”… los bienes y haberes de SALUDCOOP EPS, objeto de toma y posesión por parte de aquella”. O bien, que se ordene la suspensión provisional de dichos actos administrativos, hasta que se pronuncie la justicia contencioso administrativa: Amén del amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, presunción de inocencia, bien nombre, defensa, contradicción, entre otros.

Amparo, donde se aprecia la respuesta de la oficina asesora de la Superintendencia Nacional de Salud, en que explica su actuación frente a la intervención de SALUDCOOP EPS y plantea la improcedencia de la acción con base en la existencia de otro mecanismo judicial y la inexistencia de un perjuicio irremediable.

También se halla la respuesta de SALUDCOOP EPS, donde se explican los motivos de intervención, y se propone la falta de legitimidad en la causa por activa, se propone la improcedencia de la tutela ante la existencia de otro mecanismo judicial y la inexistencia del perjuicio irremediable, entre otros.

Luego, el 31 de octubre de 2011, el doctor Hugo Hernando Moreno Munévar, en su calidad de juez 37 Civil del Circuito de Bogotá, profiere fallo, que en su parte resolutiva dispuso: “…CONCEDER el amparo al derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, el cual subsume las formas propias del proceso administrativo, especialmente las reseñadas en la parte motiva del presente fallo”.

Como consecuencia de ello, ordenó:

“… 3. SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA Y PROVISIONAL las resoluciones 801 del 11 de mayo de 2011 y 1644 del 12 de julio de 2011, proferidas por la Superintendencia de Salud, por el término de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto con el cual se resuelva el recurso de reposición interpuesto, si a ello hubiere lugar, en caso que la decisión sea desfavorable.

4. Ordenar a la Superintendencia Nacional de Salud, que en el término de cuarenta y ocho … horas, contada a partir … de la notificación del presente fallo, proceda a devolver la administración de la EPS SALUDCOOP, la cual involucra la devolución y entrega inmediata de los bienes, haberes y negocios objeto de la toma de posesión.

5. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud para que resuelva dentro el término de tres … días, el recurso de reposición interpuesto del presente fallo.

6. CONMINAR a la Superintendencia Nacional de Salud para que en un futuro se abstenga de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la acción de tutela referida. (…)”

Así, quienes actuaron como accionantes dentro de la referida acción constitucional, solicitaron —como ya se advirtió— al juez constitucional como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales invocados, suspender o inaplicar las resoluciones 801 del 11 de mayo de 2011 y 1644 de 12 de julio del 2011 expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, así como ordenar a dicha entidad la devolución inmediata de la administración, de los bienes y haberes de SALUDCOOP EPS. Pretensiones que en efecto, fueron acogidas por el funcionario de primera instancia —hoy disciplinado—, pero revocadas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sede de impugnación(28).

Consideró el señor juez investigado que, “la acción procedente para reclamar derechos subjetivos, sería la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o en últimas, la acción de reparación directa de que trata el artículo 86 ibídem, en la cual ellos tendrían que demostrar la violación efectiva a sus derechos legítimos, para obtener la reparación de los daños y es precisamente lo que se pretende evitar mediante el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para precaver un perjuicio irremediable, tal como lo señalaron en el escrito de tutela: …

En consecuencia, por este medio pretenden que se evite la configuración de un perjuicio irremediable, por ello acogiendo que la H. Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada, que es posible que, de manera excepcional, se pueda acudir a la vía de acción de tutela, a pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste mecanismo se utilice única y exclusivamente para precaver un perjuicio irremediable, ya que aunque existe otro medio de defensa judicial, éste no resultaría lo suficientemente eficaz dada la urgencia de la protección de los derechos fundamentales invocados, prueba de ello es que a pesar, que en su momento se interpuso el recurso de reposición del acto administrativo que ordenó la toma de posesión, es lo cierto que hasta la fecha este no ha sido resuelto y aunque ha operado el silencio administrativo negativo, para acudir a la acción de nulidad, los particulares no contarían con la suficiente inmediatez que demanda el amparo, dada la formalidad de la acción”(29).

Sin embargo, y de manera contradictoria, olvidó el juez de tutela que para obtener los mismos efectos buscados con la acción de amparo invocada por los accionantes, éstos tenían otro mecanismo igualmente eficaz, cual era precisamente solicitar la suspensión de los aludidos actos administrativos proferidos por la Superintendencia Nacional de Salud, en el mismo momento en que fuere utilizada o mejor, promovida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez natural, para el efecto, la contenciosa administrativa; pues recuérdese que justamente el hecho de que el recurso de reposición no hubiere sido resuelto en término, le daba vía libre a los interesados para iniciar la mencionada acción contenciosa, y por ende para solicitar desde la misma presentación de aquella, medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos presuntamente ilegales o violatorios del debido proceso, mecanismo que contrario a lo sostenido por el disciplinado como se plasmó atrás, resultaba no menos eficaz que la acción de tutela, porque debía ser resuelto en el mismo auto admisorio de la demanda como lo disponen los artículos 152 del Código Contencioso Administrativo y porque además, la misma Constitución Política en su artículo 238 otorga dicha posibilidad. Normas, vigentes para la época de los hechos, que señalaban:

Código Contencioso Administrativo.

“ART. 152.—PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 31 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor. (…)

ART. 154.—PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 32 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Los procesos ante el Consejo de Estado, la solicitud de suspensión provisional será resuelta por la Sala o Sección en el auto admisorio de la demanda.

Contra el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, procede el recurso de reposición.

El auto que disponga la suspensión provisional se comunicará y cumplirá previa ejecutoria.

ART. 155.—PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Subrogado por el artículo 33 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los tribunales administrativos la solicitud de suspensión provisional debe resolverse por la correspondiente Sala, Sección o Subsección.

Contra el auto que resuelva la solicitud de suspensión provisional, en los procesos de que conoce el tribunal en única instancia, procede el recurso de reposición. En los de primera instancia, el auto que decida la petición de suspensión provisional es apelable en el efecto suspensivo para ante el Consejo de Estado y la orden de suspensión se comunicará y cumplirá, si fuere el caso, sólo cuando la decisión del superior quede ejecutoriada.

Este recurso no suspenderá la tramitación del proceso ante el inferior, el cual actuará con la copia de las piezas correspondientes, cuyos originales se enviarán al Consejo de Estado.

El Consejo de Estado decidirá de plano el recurso de apelación”.

Constitución Política.

“ART. 238.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

Pero adicionalmente, téngase en cuenta que sobre este punto el juez investigado extrañamente tampoco atendió la respuesta presentada por el representante de la EPS SALUDCOOP, cuando al respecto manifestó que “los accionantes pretenden por este medio de la acción de tutela reemplazar el procedimiento judicial idóneo, especial, especifico por la jurisdicción contenciosa administrativa para dejar sin efectos los actos administrativos —resoluciones 801 del 11 de mayo de 2011 y 1164 de julio de 2011 proferidas por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante las cuales se ordenaron la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios; y la intervención forzosa administrativa y prorrogar la intervención de SALUDCOOP EPS O.C.”.

Y es que al respecto, en amplia jurisprudencia la Corte Constitucional ha dicho que aún cuando los procesos administrativos pueden resultar demorados, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho constituye un mecanismo idóneo para la protección de los derechos de las personas frente a los eventuales excesos de la administración, precisamente porque a través de la precitada acción puede utilizarse la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos a demandar constituyendo así una vía que ofrece garantías suficientes para los interesados.

Es así como a modo de ejemplo, podemos citar la Sentencia T-629 de 2009 de la Corte Constitucional(30), donde sobre el tema en particular se señaló lo siguiente:

“2. La jurisprudencia de esta Corte ha indicado que la procedencia del amparo está sujeta a que el actor acredite sumariamente las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. En este sentido observa la Sala, que el demandante no señala por qué, en su momento, no acudió al mecanismo judicial ordinario ni por qué se hace imperativo desestimar la vía usual por la cual se ventila este tipo de controversias. Simplemente anota en la tutela que no acude a la vía contenciosa porque la decisión que se adoptaría en sede contenciosa sería tardía e inútil respecto del perjuicio eventualmente causado a sus derechos fundamentales. En palabras del actor “la acción de tutela procede porque la vía de defensa judicial existente tarda bastante tiempo y además, sólo tendría una pretensión indemnizatoria que no cubre todas las dimensiones de los derechos que se me conculcarían si se ejecutara el errado fallo disciplinario”.

La Corte Constitucional en muchas ocasiones ya ha sostenido que es cierto que el trámite de la acción de tutela es más rápido que el de otras acciones judiciales, pero si este fuera un criterio para la procedibilidad de la acción de tutela, todos los procesos terminarían tramitándose por esa vía, desconociendo su finalidad de mecanismo subsidiario y residual(31).

3. Las sentencias que son objeto de revisión por esta Sala, obviaron un presupuesto de procedibilidad y fallaron de fondo una tutela que era improcedente porque incumplía claramente la regla general aplicable en estos casos. En materia constitucional —cuando se trata del estudio concreto de constitucionalidad vía de amparo o tutela- existen unas causales legales específicas de procedencia e improcedencia contempladas en los artículos 5º y 6º del Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, las sentencias de instancia, fallaron un asunto que no cumple los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal(32).

(…).

7. En relación con las razones por las cuales no se interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción competente, valgan las siguientes precisiones: (i) respecto de los mecanismos de defensa judicial principales u ordinarios, esta corporación ha sostenido que debe evaluarse el hecho de “que no todos tienen similares características, pues algunos son procesalmente más rápidos y eficaces que los demás”(33); (ii) así, tratándose de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejercen ante la jurisdicción contencioso administrativa, éstas se consideran mecanismos en principio más eficaces en cuanto su ejercicio puede ir acompañado de la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo atacado, solicitud que debe ser resuelta en el auto admisorio de la demanda(34).

La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, “hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto(35). El tema fue abordado por la Corte en la Sentencia T-640 de 1996, en los siguientes términos:

“....resulta ser que la suspensión provisional de los actos administrativos es trámite que se ubica como una de las medidas que deben solicitarse antes de que sea admitida la demanda que se formule en contra del acto correspondiente; es concebida como medida cautelar en presencia de excepcionales casos en los que la vulneración de normas superiores sea manifiesta, y como tal es cuestión previa a decidir en el trámite de la acción que se adelanta. Así las cosas, esta posibilidad judicial resulta ser un trámite pronto, y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la tutela. Luego tampoco por este concepto encuentra la Sala motivo para conceder el amparo solicitado”.

Dicho criterio ha sido a su vez reiterado, entre otras, en las sentencias T-533 de 1998, T-127 de 2001 y SU-544 de 2001 y más recientemente en decisión de Sala Plena —SU-037 de 2009— donde se ha afirmado:

“Por ello es pertinente reiterar aquí la jurisprudencia de esta corporación, transcrita en la misma demanda, según la cual la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios expuestos a lo largo del líbelo, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción de estos, si se pudiere escoger alternativamente y por esa circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario para la definición apremiante de los derechos reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la verdadera finalidad constitucional encaminada a la protección de los mismos, previo el cumplimiento de los presupuestos requeridos” (resaltado fuera de texto).

Por ello, no es atendible, que con base en un perjuicio irremediable, no demostrado, se pretenda cuestionar la eficacia del jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, aún si así fuere, el Estado de derecho colombiano, implica respetarlas. En conclusión, claramente el amparo declarado por el juez MORENO MUNEVAR, no resultaba procedente ni siquiera como mecanismo transitorio, porque como ya se indicó, los accionantes por un lado no eran los directamente perjudicados con la actuación desplegada por la entidad accionada, esto es, por la Superintendencia Nacional de Salud, y por otro, por cuanto el presunto “perjuicio irremediable”, no se encontraba probado, contrario sensu, estaba demostrado que SALUDCOOP EPS seguía funcionando y prestando sus servicios acordes con su objeto social, tanto así, que los accionantes, seguían vinculados en las mismas condiciones en que se presentaron para actuar, es decir, como trabajadores, cooperados y usuarios de la EPS, independientemente de quien estuviere ejerciendo su administración; pues incluso, así lo dejo vislumbrado el representante legal de la mencionada entidad en su intervención procesal cuando se opuso a las pretensiones de los demandantes como quedó arriba advertido.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala procederá a confirmar íntegramente la decisión apelada, toda vez que la misma atendió con acierto la realidad procesal, atendió los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en un Estado social de derecho, al igual que la responsabilidad del investigado frente a los cargos irrogados, con lo que se colmaron los requisitos previstos en el artículo 142 del CDU para proferir sentencia sancionatoria, pues se tiene la certeza sobre la existencia objetiva de las faltas y el grado subjetivo de responsabilidad con que actuó el disciplinado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar la solicitud de nulidad deprecada por el disciplinable, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la providencia del 28 de febrero de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(36), mediante la cual se le sancionó con SEIS (6) MESES DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO, por incurrir en vulneración del deber previsto en el artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996, al desconocer el contenido de los artículos 86 inciso 3º de la Constitución Política, y 6º numeral 1º, y 10º del Decreto 2591 de 1991, en contra del doctor HUGO HERNANDO MORENO MUNEVAR, en su calidad de Juez 37 Civil del Circuito de Bogotá, para la época de los hechos, contra.

3. NOTIFÍQUESE esta decisión al disciplinado, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.

4. Ejecutoriada la presente sentencia, comuníquese a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a las Presidencias de las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura del Bogotá y al Tribunal Superior de Bogotá, conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.

5. Devuélvase el expediente al Seccional de origen para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

23 “Hartmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Auflage, München, Beck, 2009; P. Craig, Substantive Legitimate Expectations in Domestic and European Law, CLJ, 1996; Denis Mazeaud, La confiance légitime et l’estoppel, Revue Internationale de droit comparé, Nº 2, París, 2006, citados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil WNV, expediente 11001-02-03-000-2005-00251-01 14 de fecha”.

24 “Este principio consiste en el respeto por las decisiones precedentes, es decir, decisiones tomadas previamente por otros tribunales que resolvieron un problema semejante”.

25 Providencia mediante la cual se profirió pliego de cargos y suspensión provisional en contra de magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, en Sala Nº 05 del 25 de enero de 2012, M.P. Dr. JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ, radicado 201002406 00.

26 Providencia del 8 de febrero de 2012, aprobada en Sala 007, M.P. Dr. HENRY VILLARRAGA OLIVEROS, expediente 201102237.

27 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-1185 de 2001.

28 Según providencia del 17 de noviembre de 2011, visible a folios 125 y ss. del c.o.

29 Ver folio 63 del c.o., donde encontramos el fallo de primera instancia cuestionado.

30 M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, expediente T-2266809, septiembre 4 de 2009.

31 Cfr. la Sentencia T-504 de 2000 entre muchas.

32 Sentencia T-883 de 2008.

33 Sentencia SU-544 de 2001.

34 La posibilidad de suspender provisionalmente los actos administrativos se encuentra consagrada en el artículo 238 de la Constitución Política, el cual establece expresamente que: [l]a jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. Dicho mandato es a su vez desarrollado por los artículos 152 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

35 Sentencia SU-544 de 2001.

36 Sala integrada por los magistrados Alberto Vergara Molano (ponente) y María Lourdes Hernández Mindiola.