Sentencia 2011-03288 de marzo 16 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201103288 01 /F

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 26, de la misma fecha.

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil dieciséis

Extractos «Consideraciones

I. Competencia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y el Título XII, Capítulos 1º al 9º de la Ley 1474 de 2011, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra las decisiones dentro de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios judiciales, que en primera instancia toman las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

II. Aspectos Generales de la competencia

Es necesario advertir inicialmente el alcance de la apelación interpuesta y concedida por el A quo, en las presentes diligencias.

Esta Corporación ha sostenido de tiempo atrás, que en sede de apelación el pronunciamiento de la segunda instancia se debe ceñir únicamente a los aspectos impugnados, partiendo del hecho que se presume que aquellos aspectos que no son objeto de sustentación, no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, de forma tal que ésta superioridad solo pude extender la competencia a asuntos no impugnados, sólo si ellos, resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

En cuanto a la competencia, esta Colegiatura ha reiterado el criterio expuesto por la jurisprudencia, en el sentido que el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad absoluta para decidir sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir por un lado de los argumentos que se presenten y por el otro del material probatorio allegado al plenario, todo ello a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,(4) por medio de la cual se impuso sanción de Suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, calificada a título grave dolosa.

La Sala al emitir su pronunciamiento, lo hará con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

III. Caso Concreto.

Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de revocar la sentencia, que no se recaudaron pruebas para sustentar el dolo y que no se desarrolló el análisis de fáctico y jurídico para sancionarlo como lo pretende el funcionario disciplinado, no están llamados a prosperar.

En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada consistió en que el disciplinable adquirió obligaciones civiles las cuales terminaron en procesos que adelantó como ejecutivos esa jurisdicción, de los cuales dos (2) culminaron en sentencia, (Procesos 2019-00487 y 2009-01500), independientemente del estado de los demás procesos que cursaron o cursen contra el disciplinable, el hecho de haber más de uno, es un hecho reiterado, lo cual despeja cualquier duda frente a esta inconformidad del apelante, por lo que frente a este hecho la Sala llega a la conclusión de que no le asiste razón al recurrente, por el contrario, este comportamiento reiterado permite afirmar que se cumple con el antecedente jurisprudencial, con el cual pretendía que se revocara la decisión.

Así mismo en cuanto al elemento subjetivo de que sea injustificado que reitera no está probado, tampoco tiene la vocación de prosperar, por cuanto el funcionario judicial por su condición de abogado, tiene el conocimiento pleno de la normatividad que rige para el desempeño en la Rama Judicial, y es conocedor de los alcances de cada una de los deberes, inhabilidades y prohibiciones, así mismo de los alcances de las mismas, el hecho de endeudarse de manera desproporcionada, es decir mucho más allá de su capacidad financiera, situación que hace que pueda entrar en una situación de insolvencia por falta de capacidad de pago, situación que efectivamente ocurrió la cual era de su conocimiento y sin embargo asumió el riesgo que se convirtió en procesos que se vinieron en su contra, lo que hace que un funcionario que administra justicia le está vedado esta clase de comportamientos, dado que terminan vulnerando la majestad de la justicia y por ende la confianza del público, quedando no solo incurso en la tipificación de la conducta, sino que su actuar fue consiente, que es elemento fundamental dentro de una actuación dolosa, como acertadamente lo sustentó el a quo y que por tanto esta sala lo confirmará

De las pruebas allegadas al dossier, esta Sala encuentra que investigación adelantada en contra del aquí encartado, por lo que los argumentos expuestos por el a quo, en el pliego de cargos le imputó las siguientes conductas y faltas:

Numeral 6º del artículo 154 del Ley 270 de 1996, que establece:

Que el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal expresa:

“(…). ART. 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación. Numeral declarado Exequible, con excepción del texto subrayado que se declaró Inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 2002. (…).”

Que el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 290 de 1996, establecen:

“(…). ART. 154. Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: 6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. (…).”

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal establece:

“(…). ART. 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código. (…).”

Es relevante indicar frente a los reclamos que en la apelación arguye el disciplinado, no son de recibo para esta Sala, como ya se observó con anterioridad, por cuanto la reiteración se prueba con las dos sentencias en su contra y de otra parte y el que sean injustificadas, se presenta cuando siendo funcionario judicial, contraiga obligaciones que de manera consiente lo iban a llevar a una situación de insolvencia, y sin embargo lo hizo, pues no solo se trataba de estas obligaciones, que llegaron a sentencia, sino que fueron instaurados otros procesos ejecutivos en su contra, lo que hace que su comportamiento encuadre dentro del término injustificado; tampoco presentó ninguna justificación teniendo la oportunidad de hacerlo cuando se le notificaba las diferentes etapas del disciplinario seguido en su contra, sustrajo a atender los llamados oportunidad que tenía para ejercer su derecho a la defensa, incuria que trae el elemento a sabiendas, hecho que lo hace responsable y por tanto su comportamiento es típico y encuadrara dentro de la normatividad que ha sido transcrita en los párrafos anteriores, las cuales le había enrostrado en el pliego de cargos y que fue ratificada en la sentencia; solo compareció al notificarle la sentencia de primera instancia comportamiento de desdén e incuria frente a sus actuaciones y responsabilidades y frente a quien le hacía los llamados par que compareciera.

Es de resaltar que efectivamente se trata de una conducta hecha a sabiendas, entonces se trata de una conducta dolosa, pues las normas transcritas deben ser observada de manera celosa por parte de los funcionarios judiciales en los asuntos relacionados con terceros, en cuanto a sus obligaciones civiles o comerciales, para no excederse y afectar de manera directa la imagen de la administración de justicia y por ende de quien acude a ella para recibir protección de sus derechos, por lo que se coincide con el Seccional de instancia de calificar la falta como dolosa.

1. De la Sanción.

En cuanto a la sanción impuesta de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, atribuida al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones de la disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve:

1. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se impuso sanción de Suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de grave culposa, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.

2. Remitir copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. Devolver el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cumplase».

(4) Sala integrada por los Magistrados: Antonio Suárez Niño (Ponente) y Rafael Vélez Fernández.