Sentencia 2011-03743 de octubre 11 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201103743 01

Magistrado Ponente:

Dr. Edilberto Carrero López

Aprobado según Acta 97 de la misma fecha

Bogotá, D.C., once de octubre de 2011.

Asunto

Aceptados los impedimentos a los magistrados Henry Villarraga Oliveros, José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez, Angelino Lizcano Rivera, María Mercedes López Mora y Jorge Armando Otálora Gómez, procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Manuel Antonio Ramos Sanchez interpuesta contra el fallo proferido el 21 de junio de 2011, por medio del cual la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), que “negó la acción de tutela” presentada contra las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy Bogotá.

1. Antecedentes y actuación procesal.

1. Mediante escrito el abogado Luis Fernando Gómez Robayo, solicitó el amparo del derechos fundamentales al “debido proceso, defensa técnica, contradicción, aporte, solicitud y controversia probatoria, igualdad y trabajo”(sic), que considera vulnerados en el trámite del proceso disciplinario llevado en su contra bajo el radicado 200803254.

1.1. Fundamentó su afirmación en los siguientes hechos:

1.1.1. Que la magistrada ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional incurrió en un defecto fáctico y procedimental , al dejar de insistir en la presencia de la quejosa a ampliar su ratificación de queja, habiendo sido legalmente decretada, con lo cual dice, vulneró el procedimiento y de cantera los derechos fundamentales de debido proceso, defensa y controversia probatoria de su representado, sobreponiendo el principio de celeridad, desatendiendo las súplicas del actor quien pretendía demostrar con esa prueba la ausencia de antijuridicidad de su actuar y la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria; así como también le cercenó la oportunidad procesal para presentar sus alegaciones finales.

1.1.2. Argumenta además, que se vulneró el derecho de defensa del accionante por cuanto ante la ausencia de su defensora la audiencia se debió posponer y al no haber accedido la funcionaria instructora a su petición de suspensión y nulidad se quedó sin defensa técnica, aunado a su estado anímico que le impidió asumir su propia defensa, hecho que se constituye en violatorio de su derecho y como tal la segunda instancia estaba en la obligación de decretar la nulidad de forma oficiosa acogiendo lo establecido en el artículo 98 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, lo cual no sucedió.

1.1.3. Afirma que la segunda instancia al resolver su solicitud no realizó pronunciamiento alguno respecto de la nulidad solicitada por el disciplinado, violando con ello el debido proceso; así como tampoco se refirieron al resolver el recurso de apelación, a los temas referentes a la ausencia de antijuridicidad de la conducta del accionante y la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria igualmente alegadas.

1.2. Con fundamento en lo anterior, el peticionario solicitó que se amparen sus derechos; que se dejen sin valor y efecto las sentencias del 21 de mayo de 2010 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy Bogotá— y del 1º de septiembre del mismo año dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por las que se aplicó sanción al actor, con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) años y que se disponga que la magistrada instructora del proceso disciplinario objeto de acción o quien haga sus veces, fije fecha para llevar a cabo audiencia de juzgamiento dentro del proceso disciplinario asegurando previamente la comparecencia de la señora Pilar Angarita Rueda y el ejercicio de la defensa material y técnica del implicado, en este caso, accionante. Allega copias de las decisiones atacadas y de decisiones a que hace referencia en su escrito de tutela y anexos (fls.1 a 138).

2. El a quo mediante auto del 9 de junio de 2011, avocó el trámite de la acción de tutela y ordenó notificar su admisión a la accionada e intervinientes, ordenando las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos (fl. 141 y 142, cdno. primera instancia).

3. Mediante proveído del 9 de junio de 2011, el Magistrado de instancia resolvió la solicitud de medida provisional elevada por el accionante, decidiendo no acceder a la misma (fls. 151 a 155).

4. En escrito presentado fechado 13 de junio de 2011, la doctora Olga Fanny Pacheco Álvarez, en calidad de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en respuesta del traslado de tutela, luego de advertir que asumió el cargo el 2 de mayo de 2011, manifestó que por regla general la acción de tutela no es procedente contra decisiones judiciales, salvo las causales de procedibilidad establecidas por la jurisprudencia constitucional, dentro de las cuales no se encuentra inmerso el presente caso, al tratarse de una decisión donde se aplicó el ejercicio de la función judicial en desarrollo de los principios constitucionales de autonomía e independencia previstos en los artículos 228 y 230 de la constitución política (fl. 156 a 159).

5. Por su parte la magistrada Luz Helena Cristancho Acosta, en escrito dando respuesta a la acción de tutela, luego de hacer un recuento de la actuación surtida dentro del proceso disciplinario radicado bajo el 2008-03254, explica el trámite dado a la solicitud de nulidad propuesta por el abogado accionante en audiencia de juicio y concluye que dentro de la citada actuación no se le vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto el desarrollo del proceso disciplinario se evacuó en estricto acatamiento de las reglas constitucionales, legales adjetivas y sustanciales que lo rigen (fls. 164 a 166).

Providencia impugnada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en providencia del 21 de junio de 2011, determinó “negar la acción de tutela” presentada por el señor Manuel Antonio Ramos Sánchez.

Después de realizar una exposición de los hechos, el trámite procesal y la respuesta de la entidad accionada, analizado el trámite dado al proceso disciplinario atacado por vía de tutela en especial a la solicitud de nulidad deprecada por el accionante, determinó que las decisiones atacadas fueron proferidas con observancia de las reglas consagradas en la Ley 1123 de 2007, que no fueron caprichosas, arbitrarias o irracionales, lo que lo llevó a concluir que las Salas accionadas de primera y segunda instancia no incurrieron en vía de hecho al resolver las decisiones atacadas (fl. 170 a 192).

Argumentos de la impugnación

El apoderado del accionante mediante escrito del 30 de junio de 2011, impugnó el fallo referido y lo sustentó mediante escrito radicado en esta Sala el día 11 de julio de la presente anualidad, para lo cual hace referencia a la vulneración del derecho de defensa, arribando análisis de las normas constitucionales y tratados internacionales que rigen la materia, concluyendo que al no haber sido asistido en la audiencia pública de juzgamiento dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, todos los actos procesales subsiguientes en el mismos con contrarios al principio fundamental del debido proceso.

Así mismo considera que el hecho de no haberse practicado la prueba previamente decretada consistente en el testimonio de la señora Pilar Angarita Rueda, conlleva igualmente a la violación de los mismos derechos fundamentales alegados.

Por último argumenta que la presente acción de tutela se encuentra viciada de nulidad por cuanto su trámite no le ha sido notificado a la quejosa, quien, a decir del impugnante, le asiste un interés directo en la determinación del pluricitado proceso disciplinario (fls. 5 a 23, cdno. segunda instancia).

Con escrito allegado por la parte accionante el 11 de septiembre de 2011, allega copias de dos decisiones adoptadas dentro de proceso radicado bajo el número 200907233, a fin de que sean analizadas en el presente asunto.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo:

“El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

2. Caso concreto.

Se analiza en esta oportunidad una acción de tutela contra providencias judiciales, orientada a dejar sin efectos los fallos del 21 de mayo de 2010 y del 1º de septiembre de 2010 proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy Bogotá— y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respectivamente, con ocasión de las cuales fue emitida y confirmada la sanción de suspensión de dos años en el ejercicio de la profesión al abogado Manuel Antonio Ramos Sánchez, accionante dentro de la presente actuación.

Lo anterior, al considerar el petente que se configura una afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa técnica, contradicción, aporte, solicitud y controversia probatoria, igualdad y trabajo por errores de hecho y de derecho en el trámite disciplinario referenciado.

Siendo así, procede esta corporación a pronunciarse en torno a la impugnación formulada contra el fallo de tutela de primera instancia proferido dentro de la presente actuación, para determinar si a la luz de los valores y principios constitucionales las entidades accionadas conculcaron el derecho fundamental referido al proferir y confirmar una decisión judicial adversa a sus intereses.

3. Test de procedibilidad.

En primer lugar, esta corporación dada la exigencia material que debe cumplir la acción de tutela cuando se ataca una decisión judicial, debe verificar los principios procedimentales que orientan el conocimiento judicial por el operador constitucional, siendo el primero de ellos la inmediatez.

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, acorde con el artículo 6º del Decreto 2591, es claro que en principio, no procede la tutela para analizar la vulneración de los derechos fundamentales cuando no se cumple con dicha exigencia, pues se actúa como si dicho postulado fuese un mecanismo ordinario y alternativo para la protección de los derechos constitucionales.

Al respecto ha establecido la Corte Constitucional lo siguiente:

“La jurisprudencia de la Corte también ha sido enfática en sostener que la controversia en sede de tutela de las providencias judiciales no puede convertirse en un recurso o en una instancia adicional. El principio de autonomía judicial contenido en los artículos 228, 230 y 246 superiores, impide que el juez constitucional adelante un control de legalidad sobre el procedimiento judicial, por lo que su competencia se encuentra limitada exclusivamente a los conflictos de rango constitucional que surjan de la actividad judicial”(2).

Por ello, y con el fin de preservar el principio de autonomía judicial, que exige un rigor en el análisis de procedencia de la tutela en estos casos, pues lejos está de ser un capricho del operador jurídico o una excusa para no analizar de fondo la propuesta jurídica, el de acudir a los principios genéricos de procedibilidad para desechar la petición de amparo; por el contrario dadas sus exigencias y las consecuencias legales que tiene desestructurar una sentencia, lógico es que sea revisada con un examen exhaustivo, en primer lugar de viabilidad de la acción.

La reiterada jurisprudencia constitucional ha señalado que la formulación de la pretensión de protección en ejercicio de la acción que prevé el artículo 86 de la Carta Política se ha de presentar en un tiempo razonable, toda vez que la existencia de un perjuicio irremediable queda desvirtuado, cuando la pasividad del supuesto afectado, contrariando la filosofía de la tutela, dilata en el tiempo su interposición en un término prudencial, contado desde el momento en que se presenta la amenaza o vulneración del derecho fundamental.

Sobre el punto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 1999 precisó:

“... 5. Alcances del artículo 86 de la Constitución en cuanto al término para interponer la tutela.

“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, y como lo sostuvo la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 (Sent. C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández), la acción de tutela se puede interponer en cualquier tiempo, y sería inconstitucional pretender darle un término de caducidad.

“La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello, es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental?

“Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia. Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea irrelevante.

“(...).

“Hay otro supuesto en el cual, sin que se trate de hechos superados, el tiempo, en conjunto con otros factores, puede jugar un papel determinante. Se trata de casos en los cuales la tutela, por no haberse ejercido dentro de un plazo razonable, vulnera derechos de terceros. Ello hace que se rompa la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas.

“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

“Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo esta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es improcedente cuando el accionante dispone de otros medios de defensa judicial. Ha determinado también que dichos medios de defensa deben tener la misma eficacia que la tutela para proteger los derechos invocados por los accionantes:

‘Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.

“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

“Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando estas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”.

Por si lo anterior no bastara, la Corte Constitucional, en concreto, sobre la procedencia de la tutela, cuando se trata de atacar providencias judiciales en Sentencia T-905 de 2006, agregó:

“... La Corte Constitucional ha sido clara en indicar que el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente. Para determinar la manera como la jurisprudencia constitucional ha analizado el cumplimiento del requisito de inmediatez tratándose de tutelas dirigidas contra decisiones judiciales, a continuación, la Sala realizará un repaso de algunos precedentes recientes en la materia.

“La inmediatez tiene particular relevancia tratándose de la impugnación de providencias judiciales, porque no puede mantenerse indefinidamente la incertidumbre en torno a la firmeza de las decisiones judiciales. De esta manera, si bien, de manera excepcionalísima, cabe la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se pueda establecer que en realidad ellas constituyen una vía de hecho, la naturaleza grosera y protuberante del defecto presente en la actuación judicial que abre la vía para el amparo, exige que el mismo se solicite de inmediato, sin que resulte admisible que las partes afectadas dejen transcurrir pasivamente el tiempo para acudir, después de un lapso razonable, a cuestionar la actuación judicial y solicitar que la misma sea nuevamente revisada. Esa inacción de las partes, a menos que tenga una explicación suficientemente fundada, es denotativa de la ausencia de un perjuicio que exija el remedio inmediato a cuya provisión se ha previsto la acción de tutela”.

De cara a este requisito, es imperioso señalar que el actor circunscribe su petitum a la violación que se presenta del derecho fundamental referido por el proferimiento de dos pronunciamientos judiciales el 21 de mayo de 2010 y 1º de septiembre de 2010, por lo tanto, teniendo en cuenta las causales genéricas de procedibilidad, y el hecho que la decisión de aclaración de la decisión adoptada en segunda instancia fue notificada mediante telegrama el 30 de mayo de 2011, es dable concluir que la fecha reseñada habilita al juez de tutela para el conocimiento de la acción ante el cumplimiento del presupuesto de inmediatez.

Ahora, en cuando al requisito de subsidiariedad es claro para la Sala que, por regla general, no procede la tutela para analizar la vulneración de los derechos fundamentales cuando existe un mecanismo ordinario idóneo de protección de tales derechos. Además, en principio, la tutela es improcedente si dentro del mismo proceso en el cual se profirió la providencia o providencias atacadas existen recursos mediante los cuales se pueda cuestionar la validez de las decisiones tomadas por el funcionario judicial.

En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, precisó:

“... b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(3). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última...”.

En consecuencia, la Corte Constitucional ha concluido(4), que mientras la persona que se dice amenazada o vulnerada en uno de sus derechos fundamentales disponga de otro medio de defensa judicial para lograr su protección, no es procedente la acción de tutela; aclarando que esta solo es viable, a falta de otro mecanismo de defensa judicial y no es en manera alguna, una vía de la cual se pueda hacer uso paralelamente con otras acciones o recursos judiciales.

En el asunto materia de examen, es claro que el accionante no cuenta con otro medio de defensa de sus intereses, ya que se agotó el trámite correspondiente y por ende no tiene la posibilidad de acudir a un medio o vía alterna de defensa distinta a la acción constitucional regulada por el artículo 86 superior.

4. La acción de tutela contra providencias judiciales y la inexistencia de los defectos indicados por el accionante.

Bajo el presupuesto de que la temática central sobre la cual gira el examen concreto del caso, involucra el estudio del contenido y las consecuencias de las providencias motivo de ataque constitucional; resulta pertinente señalar que la doctrina constitucional, a partir de la Sentencia T-079 de 1993, concedió la tutela contra una sentencia judicial, respetando la ratio decidendi de la Sentencia C-543 de 1992, definiéndose así, paulatinamente, y a través de su línea jurisprudencial, el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la procedencia del amparo en estos eventos.

Posteriormente, la misma corporación, recogió el enunciado dogmático “... vía de hecho...”, previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial anómala, y reformuló los denominados criterios de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; vale decir, concibió las pautas que soportan la plataforma teórica general de dicha acción contra actuaciones jurisdiccionales y que por tanto, constituyen el trasfondo de las causas generadoras de la violación de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.

Así las cosas, se redefinió el concepto de vía de hecho, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario(5) producto de la carencia de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para concernir al juez constitucional, lo que dio paso a la formulación de los criterios, que sistematizaron y racionalizaron las causales o defectos con base en un mismo origen.

En efecto, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:

“... Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (C.N., art. 2º) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (C.N., arts. 1º, 2º, 13, 86, 228 y 230).

“... En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita “armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado...”.

Como se puede advertir, son variados los pronunciamientos en los cuales la Corte Constitucional ha dejado atrás el concepto —vía de hecho o ausencia de requisitos de procedibilidad— y su alcance, para diseñar un nuevo derrotero; por ello para determinar la procedencia o no del pedimento tutelar en el caso concreto, es necesario recordar los criterios que en adelante sirvieron de brújula, para determinar la procedencia o no de la acción de tutela en estos casos.

En la Sentencia T-1285 de 2005, la Corte Constitucional, expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la siguiente manera:

“... La sistematización de los criterios o causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la Constitución. En este punto es necesario prevenir que la corporación ha definido e identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad los derechos fundamentales que se encuentren en disputa. El principio de eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política y los derechos fundamentales.

“Pues bien, conforme a los anteriores presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente manera:

i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: la acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido.

ii) Defecto fáctico: cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido.

iii) Error inducido o por consecuencia: en la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia.

iv) Decisión sin motivación: cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos.

v) Desconocimiento del precedente: en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia.

vi) Vulneración directa de la Constitución: cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto”.

Así pues, ha dicho la Corte Constitucional “... el hecho que se configure una causal de procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial, en todo caso y sin lugar a equívocos lleva a la conclusión que el juez en su decisión ha incurrido en una “actuación defectuosa” que ha suscitado la vulneración de los derechos fundamentales de uno o varios ciudadanos, la cual debe ser reparada...” (Sent. T-049/2007)

En este orden de ideas, hay que precisar que los defectos que reseñó la jurisprudencia son anomalías superlativas y excepcionales que justifican la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Estos tienen como ámbito especial de acción, la definición de aquellos episodios que menoscaban gravemente el derecho fundamental al debido proceso.

Por lo anterior, la Sala debe advertir que en el caso objeto de estudio la censura formulada por el accionante contra los fallos mencionados es intrascendente y carente de sustento, en tanto busca que el juez constitucional efectúe una nueva valoración y análisis del contenido y alcance de la determinación adoptada por el juez ordinario; solo basta leer el escrito de tutela, para entender que el accionante pretende convertir la acción constitucional en una instancia adicional, elevando sin rigor juicios descalificatorios contra la decisión judicial que en criterio de esta Sala, fueron estructuradas bajo un juicioso análisis de los medios de convicción obrantes en el expediente, haciendo uso de la potestad de valorarlos, con un discernimiento correcto y en ejercicio de la autonomía e independencia judicial.

Vale destacar, que en la decisión del Consejo Superior de la Judicatura del 1º de septiembre de 2010 y del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —hoy Bogotá— del 21 de mayo de 2010, se recogen los enunciados genéricos del caso y se desarrollan en la parte considerativa de la decisión, efectuando una valoración razonada y razonable del trámite disciplinario, en el que no puede ingresar el juez de tutela para desvirtuar los contenidos de la decisión, máxime cuando se advierte coherencia y sano juicio en las interpretaciones efectuadas, las que en conclusión están sustentadas en los contenidos fácticos y probatorios que obran en el proceso.

Respecto de la nulidad planteada es claro para la sala que esta no se presento dentro del proceso y ello es claro ya que la quejosa Pilar Angarita Rueda, presentó la queja, colocándola en la calidad de interviniente en el proceso disciplinario y no como testigo como lo quiere hacer ver el accionante, es preciso tener en cuenta que además la señora Pilar Angarita Rueda, realizo ampliación de la queja disciplinaria y en dicha diligencia fue interrogada tanto por la magistrada ponente, como por el Dr. Ramos Sánchez, aspecto que hacía innecesario insistir en la comparecencia. Al respecto observa la Sala que no se dan los presupuestos exigidos por los numerales 2º y 3º del artículo 98 de la ley 1123 de 2007. Finalmente el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007 dice: “ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para: ... PAR.—El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia”.

En este orden de ideas, es claro que las accionadas, procedieron conforme a los lineamientos establecidos para el trámite específico, realizaron un análisis acertado, con rigurosa sujeción a lo que obraba en el proceso, donde se le brindaron todas las garantías constitucionales y legales al abogado procesado, lo que impide señalar que en el trámite procesal se alteraron los contenidos del debido proceso o derecho de defensa, por ello teniendo en cuenta que el a quo negó la protección de los derechos invocados, la Sala confirmara tal decisión en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia impugnada, proferida el 21 de junio de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en la que se denegó el amparo solicitado a través de apoderado, por el señor Manuel Antonio Ramos Sánchez.

2. POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992.

3. REMITIR en su oportunidad la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Edilberto Carrero López—Jorge H. Valero Rodríguez—Santos Alirio Rodríguez Sierra—Isnardo Gómez Urquijo—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Jesús Antonio Guarnizo Puentes—Orlando Enrique Puentes.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Sala integrada por los magistrados Alberto Vergara Molano (ponente) y Elka Venegas Ahumada.

(2) Sentencia T-266 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Sentencia T-504 de 2000.

(4) Ver entre otras, las sentencias T-015 de 1995, T-142 de 1998 y T-554 de 1998.

(5) Sentencia T-008 de 1998.