Sentencia 2011-03765 de septiembre 30 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201103765 01 (10868-25)

Aprobado según Acta de Sala 82

Asunto

Bogotá, D.C., treinta de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor YESID BOCANEGRA CLEVES en su condición de Juez Treinta Civil Municipal de Bogotá, contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se le sancionó con UN SALARIO LEGAL MENSUAL VIGENTE que devengaba para el año 2011, e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de treinta 30 días, como autor responsable del incumplimiento del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al vulnerar el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, asimismo, los artículos 133, 162, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conducta calificada como grave a título de dolo.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Calidad del sujeto disciplinable.

El Seccional de Instancia acreditó la calidad de disciplinable con el Acta de Posesión 153 del doctor YESID BOCANEGRA CLEVES, identificado con la cédula de ciudadanía 5.983.402, como Juez Treinta Civil Municipal de fecha 5 de marzo de 2010. (Folio 172 c.o)

3. De la apelación.

Al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente:

“El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (negrilla fuera del texto original).

4. Del caso en concreto.

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el funcionario sancionado, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el recurrente en la sustentación de su apelación, como quiera que es en éstos donde se exponen las razones de inconformidad con la decisión impugnada.

La situación fáctica que dio génesis al presente disciplinario fue la compulsa de copias realizada por la Magistrada JEANNETH NARANJO MARTÍNEZ en el mes de junio de 2011, donde solicitó investigar al doctor Juez YESID BOCANEGRA CLEVES en su condición de Juez Treinta Civil Municipal de Bogotá, por haberse negado a posesionar a la abogada INDIRA ROSA GRANADILLO ROSADO, quien integraba la lista de elegibles para la provisión del cargo de “secretario” de ese despacho judicial. (Folio 1 a 8 c.o)

Tal comportamiento fue enmarcado por la Colegiatura de primera instancia como incumplimiento del numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por inobservancia de los artículos 6 y 29 de la Constitución Política; el artículo 48 de la Ley 270 de 1996; el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso penal por remisión del artículo 23 de la Ley 600 de 2000:

Establece el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996:

ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

Por su parte, la contenida en la Ley 734 de 2002, dispone:

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

En lo atinente al primer punto de apelación, consistente en aseverar configurada la causal de exclusión de responsabilidad contenida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esta corporación, confrontando si el Juez implicado se enfrentó a un error capaz de conducir al quebrantamiento del deber funcional en la obligación que tenía a su cargo (posesionar a la nueva secretaria), reitera la posición de la Sala en punto de que el único error que podría justificar la conducta omisiva es uno insuperable o invencible, entendiendo como tal, aquel con entidad suficiente para que una persona con mediana prudencia y diligencia no incurra en él.

Abordando el tratamiento del error en materia disciplinaria, doctrinariamente se ha considerado ser un problema que atañe directamente a la culpabilidad, “se presenta cuando existe una discordancia entre la conciencia del autor y la realidad; a su vez, los errores puede ser vencibles o invencibles dependiendo de si el autor hubiera podido salir de él aplicando esfuerzos razonables o si pese a poner la diligencia debida no hubiese podido salir del error. Así, en el error de hecho la representación equivocada recae sobre los presupuestos fácticos del deber sustancialmente infringido, la colisión de deberes, la colisión entre deber y derecho y el aspecto objetivo de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”(2).

De esta manera, el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 consagra como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria “la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Para que opere la exención de responsabilidad establecida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, es obligatorio además de la existencia del error, que éste sea invencible. Es necesario que el disciplinado tenga la creencia plena y sincera de que actuaba ajustado al ordenamiento jurídico, y adicionalmente, que el error de apreciación no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que éste se realizó, lo cual no se evidencia en el presente evento, porque de la prueba recaudada (copia de la Resolución 2 de 2011 obrante a folio 7 c.o) se colige que el investigado actuó descuidadamente, pues de forma caprichosa y sin ningún fundamento decidió no posesionar a la doctora GRANADILLO ROSADO, a pesar que dada su condición de Juez de la República debía conocer que era su obligación dar cumplimiento a la lista de elegibles para la provisión del cargo de secretario enviado por la Sala Administrativa mediante oficio N. SACUN 11-876 de 8 de febrero de 2011, lo cual significa que el error invencible alegado por el investigado, no lo era.

Conforme a lo anterior, no es de recibo como causal de justificación lo alegado por el disciplinable, pues lo que se advierte en este caso es que el disciplinado sin justificación legal alguna decidió apartarse de lo ordenado por la Sala Administrativa, profiriendo la Resolución 002 del 31 de marzo de 2011 en la cual se abstuvo de dar posesión a la doctora INDIRA ROSA GRANADILLO ROSADO, en el cargo de Secretaria Nominado, para el cual había sido nombrada mediante Resolución 001 del 25 de febrero de 2011, aspecto que no puede ser catalogado como un error insuperable, pues dada su trayectoria, el funcionario judicial simplemente debía dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Administrativa.

De otra parte, en relación al segundo punto de la apelación, referente a la inexistencia del elemento de tipicidad de la conducta disciplinaria, pues su actuación estuvo en cumplimiento con la Constitución y la Ley y tampoco es antijurídica porque no afectó ni lesionó el deber funcional

Pues bien, sobre este aspecto en particular encuentra la Sala que, la conducta omisiva realizada por el disciplinable de abstenerse de posesionar en el cargo de secretaria a quien estaba en la lista de elegibles, considerando que la doctora GRANADILLO ROSADO no cumplía con los requisitos para el cargo, implica la inobservancia del numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuanto se abstuvo sin fundamento legal de posesionar a la concursante nombrada, quien había superado todas las etapas de selección de ingreso a la carrera judicial.

El argumento indicado por el funcionario disciplinado para no dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Administrativa obedeció a que en su criterio la elegible no cumplía con el requisito de dos años de experiencia relacionada para ocupar el cargo de secretario (Folios 5 a 7 c.o), no siendo labor del disciplinable verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el cargo, toda vez que tal como lo dispone el Acuerdo 106 de agosto 16 de 2006, dentro del proceso de selección hay una etapa de “verificación de requisitos” el cual ya había sido superado por la doctora GRANADILLO ROSADO.

Por tanto, esta Corporación concluye que no le asiste razón al apelante y que, en consecuencia, la decisión del Juez Disciplinario de primer grado fue acertada; lo anterior, en razón a que si bien es cierto, los funcionarios judiciales gozan del principio de autonomía e independencia judicial, también lo es que éstos deben ser cuidadosos al emitir las respectivas decisiones en este caso al abstenerse de nombrar a una profesional en el grado de Secretario que había concursado y superado todas las etapas para obtener el cargo, dicho comportamiento se erige en falta disciplinaria, como ocurre en este evento, donde el actuar del operador de justicia acusado, trajo como consecuencia la afectación de la naturaleza esencial de la administración pública.

Conforme lo anteriormente analizado, estima esta Colegiatura que como bien se plasmó en la sentencia objeto de apelación, el funcionario disciplinable no atendió la lista de elegibles para la provisión del cargo de Secretario enviada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Por tanto esta Colegiatura CONFIRMARÁ la sentencia apelada proferida el 20 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual fue sancionado el doctor YESID BOCANEGRA CLEVES en su condición de Juez Treinta Civil Municipal de Bogotá, con UN SALARIO LEGAL MENSUAL VIGENTE que devengaba para el año 2011, e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de treinta 30 días, como autor responsable del incumplimiento del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al vulnerar el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, asimismo, los artículos 133, 162, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conducta calificada como grave a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 20 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual fue sancionado el doctor YESID BOCANEGRA CLEVES en su condición de Juez Treinta Civil Municipal de Bogotá, con UN SALARIO LEGAL MENSUAL VIGENTE que devengaba para el año 2011, e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de treinta 30 días, como autor responsable del incumplimiento del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, al vulnerar el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, asimismo, los artículos 133, 162, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conducta calificada como grave a título de dolo, de acuerdo con lo considerado en la parte motiva de este pronunciamiento.

2. Por Secretaría Judicial notifíquese a las partes de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente al seccional de origen.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase»

(2) Gómez Pavajeau Carlos Arturo. Dogmática del derecho disciplinario. Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Pág. 393