Sentencia 2011-03988 de agosto 23 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201103988 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto el 12 de agosto de 2011

Aprobado según Acta de Sala Nº 080

Bogotá D.C., veintitrés de agosto de dos mil once

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De la recusación. Como se dejó reseñado, la accionante presentó escrito de recusación contra todos los integrantes de esta corporación, al considerar que se configuraba la causal prevista en el numeral 2º del artículo 84 de la Ley 734 de 2002.

Al respecto, es necesario señalar que a partir del régimen legalmente establecido para la recusación dentro de la dinámica de la acción de tutela, no es posible que esta Sala pueda pronunciarse en forma diferente a su total improcedencia, y más aún, de plano y sin pronunciamiento de fondo que pudiera desbordar el ámbito de su competencia.

No estaría de más advertir que una acción constitucional como la de tutela, es al funcionario a quien exclusiva, autónoma y unilateralmente le compete manifestarse impedido, y no le corresponde a uno de los eventuales intervinientes, invitarlo, sugerirle, requerirlo, apremiarlo o presionarlo para que lo haga, pues ello deviene absolutamente contrario a la filosofía y naturaleza de los impedimentos y recusaciones.

Por otra parte, es necesario recordar que el trámite de la tutela se caracteriza por su rapidez e informalidad, por eso, de ninguna manera resulta plausible que, so pretexto de acatar la literalidad de algún texto normativo, se le imprima a la tutela la racionalidad propia de los procesos judiciales ordinarios, procedimentalizándola y desnaturalizando su filosofía. Siendo esta la razón por la cual, el legislador excluyó tal figura del trámite tutelar.

En efecto, el Decreto 2591 de 1991, en su canon 39 consagra:

“ART. 39.—Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si fuere el caso”.

Aunado a lo anterior, es menester señalar que los doctores Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Henry Villarraga Oliveros, José Ovidio Claros Polanco, Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano Rivera, magistrados de esta corporación, manifestaron su impedimento para conocer las presentes diligencias, toda vez que suscribieron una de las decisiones atacadas en esta acción constitucional y por tal razón, los mismos fueron aceptados en providencia del 26 de julio de 2011, en una Sala conformada por los restantes magistrados —quienes no se encuentran impedidos— y conjueces designados.

En consecuencia, se rechazará la recusación formulada por la actora y se procederá a emitir la decisión que en derecho corresponda.

De la prescripción. En el mismo memorial, la actora solicitó que al momento de emitir la decisión que en derecho corresponda, se tenga en cuenta que el proceso disciplinario seguido en su contra, se encuentra prescrito, tal como lo declaró la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca en proveído del 11 de marzo de 2011.

Al respecto, es necesario señalar que dicha decisión fue emitida en cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela de la primera instancia, pues al dejar sin efectos todas las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario a partir de la expedición de la Sentencia 035 de marzo de 2010, y ordenar a las Salas Jurisdiccionales Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca como del Consejo Superior de la Judicatura que rehagan sus actuaciones, es evidente que el término prescriptivo se reactivó y por ende, la decisión a adoptar en cumplimiento de tal fallo de tutela, no podía ser otra que el reconocimiento de la prescripción.

No obstante lo anterior, al emitirse dicha decisión en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, la cual tiene cumplimiento inmediato por mandato legal, ello no obsta para que esta superioridad resuelva la impugnación presentada por las accionadas y defina de forma definitiva la acción de tutela.

Procedencia de la acción de tutela contra de providencias judiciales. Como bien lo ha expresado la honorable Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, las providencias judiciales solo son atacables ante la jurisdicción constitucional cuando ellas se apartan de su naturaleza y se convierten en un instrumento para la actuación arbitraria del funcionario judicial, quien, desatiende el ordenamiento jurídico que gobierna sus actuaciones, desacata sus deberes constitucionales y actúa movido por su propio arbitrio, generando con ello una “(...) manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial (...)”, que implica la “(…) descalificación como acto judicial (...)” de la providencia respectiva(28).

Por lo tanto, esos “(…) pronunciamientos judiciales arbitrarios y caprichosos, abiertamente contrarios a la Constitución y la ley, no merecen el tratamiento de providencias, porque su ruptura con el ordenamiento jurídico es tan ostensible, y el abuso contra los indefensos ciudadanos de tal envergadura, que no se pueden considerar el desarrollo de la función jurisdiccional, sino un abuso de su ejercicio (...)”(29). En tales eventos, si esa causal genérica de procedibilidad vulnera o amenaza derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para proteger a la persona afectada, si esta no cuenta con un mecanismo judicial idóneo, o el amparo constitucional resulta indispensable para evitar un perjuicio irremediable.

Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, las distintas formas de vías de hecho en que pueden incurrir los operadores judiciales, desconociendo así los derechos fundamentales de los afectados, han sido resumidas en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, quien ha señalado que debe estar presente al menos uno de los siguientes cuatro defectos, en forma protuberante: (i) un defecto sustantivo, “(...) que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable (...)”(30), “(...) ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado (…)”(31), (ii) un defecto fáctico, “(...) que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión (...)”(32), es decir, “(...) cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia (...)”(33); (iii) un defecto orgánico, que “(...) se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello (...)”(34), (iv) un defecto procedimental, “(...) que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido (...)”(35), (v) un error inducido, (vi) una decisión sin motivación, (vii) el desconocimiento del precedente, u (viii) una violación directa de la Constitución(36).

En tal sentido, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte Constitucional explicó:

“(...) 10. Esta Corte en sentencias recientes(37) ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (C.P., art. 2º) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 86, 228 y 230).

En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita “armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”(38).

Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.

Para la Corte, no se trata de una modificación sustantiva del régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, implica, en cambio, una revisión sistemática de la práctica jurisprudencial de la Corte que consulta la doble necesidad de sistematización y racionalización de la actividad jurisprudencial, y de coherencia y fidelidad con los mandatos constitucionales.

De esta manera, son las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, definidas a lo largo de la jurisprudencia, ahora sistematizadas y que continúan siendo por regla general excepcionales, las que permiten de manera simultánea, proteger y hacer compatibles los valores de eficacia de los derechos fundamentales y de autonomía judicial, como principios fundantes e insustituibles del Estado constitucional (...)”.

No debe perderse de vista que, como se señaló en la Sentencia T-1143 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, “(...) muchos de los mencionados defectos presentes en las decisiones judiciales son una conjunción de las hipótesis mencionadas y en determinadas ocasiones es casi imposible definir los contornos entre unos y otros. A manera de ejemplo, el desconocimiento de la ley aplicable al caso concreto debido a una interpretación caprichosa (sin el fundamento argumentativo adecuado) o arbitraria (sin justificación alguna) de la normatividad, muy seguramente dará lugar a la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de (i) la actividad hermenéutica caprichosa del juez (defecto sustantivo) y (ii) de la denegación del derecho al acceso a la administración de justicia que tal entendimiento de la normatividad genera (defecto procesal)”.

Como se indicó, la aplicación de esta doctrina constitucional, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de independencia de la administración de justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Por tal razón, las vías de hecho deben estar presentes en forma tan protuberante, y deben tener tal magnitud, que sean capaces de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento(39).

Adicionalmente, para que la acción de tutela sea procedente en estos casos, debe darse cumplimiento al mandato, según el cual, esta solo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En las sentencias T-639 de 2003(40) y T-996 de 2003(41), la Corte Constitucional resumió así los requisitos de tipo formal para la procedencia de la acción de tutela:

“(...) a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se pretende prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario(42), que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el legislador(43), y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos(44), pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial(45).

b) Sin embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no imputables a la persona, esta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción(46).

c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes instancias, pero donde es necesaria la adopción de alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera provisional. (...)”.

Como puede verse, el desconocimiento por el juez de las pautas normativas que rigen su actuación debe ser evidente, manifiesto y burdo, para que la providencia que ha dictado pueda ser impugnada por vía de tutela. En caso de que ello no sea así, en virtud del respeto a la seguridad jurídica, la independencia judicial, y la separación funcional entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, la providencia judicial es inimpugnable por vía de tutela, tal y como la Corte Constitucional lo estableció en la Sentencia C-543 de 1992.

Las anteriores consideraciones muestran que no es posible cuestionar, por vía de tutela, una decisión judicial, únicamente porque el actor considera que la valoración de los hechos o la interpretación de las disposiciones legales realizada por el funcionario judicial fueron discutibles, pues, es necesario que estas —interpretaciones y valoraciones— sean equivocadas en forma evidente y grosera para justificar la procedencia del amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no solo desconocer la autonomía funcional de los jueces para interpretar el derecho(47), sino que, además, desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.

El asunto concreto. Desde un punto de vista general, es evidente que la pretensión de la señora Myrian Nolmy Arias del Carpio, en su condición de disciplinada, es que se dejen sin efecto las decisiones disciplinarias proferidas en su contra, tal como en efecto lo dispuso la Sala de primera instancia.

En particular, el punto central de discusión, radica en que la accionante en su condición de Juez 14 Civil del Circuito de Cali, fue sancionada con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes, al encontrarla disciplinariamente responsable de la falta consagrada en el artículo 153 numeral 15 de la Ley 270 de 1996, y fue absuelta de la prevista en el numeral 2º ibídem.

Las decisiones sancionatorias fueron emitidas en primera instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el 25 de marzo de 2010(48), y en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 22 de septiembre del mismo año(49).

La actora considera que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y defensa, pues se desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, al omitir analizar el presupuesto de la responsabilidad, además indicó que las decisiones emitidas fueron incongruentes, pues si se absolvió de la falta consagrada en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es porque se demostró que actuó con celeridad y eficiencia.

Así mismo adujo que al quedar sin efectos la disposición que ordenó la compulsa de copias en su contra, se le adelantó un juicio oculto, pues jamás tuvo conocimiento sobre el medio de prueba que llevó a la magistrada de primera instancia a adelantar la investigación de oficio. Por lo que atacó la inspección judicial practicada a la acción de tutela y consideró que la prueba en que se basa toda la investigación es nula de pleno derecho, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política.

Procediendo esta superioridad a analizar cada uno de los aspectos referidos por la accionante, cotejándolos con los elementos de juicio que fue necesario alegar en esta instancia, ante la inactividad que en este sentido, evidenció la Sala de primera instancia.

De la valoración probatoria

De acuerdo con la reiterada y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, tenemos que para poder predicar la existencia de un defecto fáctico, se debe demostrarse que la “valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva”(50). Circunstancia que se presenta cuando:

— Se deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso.

— Se excluye injustificadamente una prueba relevante.

— La valoración de la prueba se hace por fuera de los cauces racionales.

— Se supone una prueba.

Sobre el particular dicha corporación señaló:

“De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el defecto fáctico se presenta cuando un juez toma una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.

Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial.

En cuanto a los fundamentos y al marco de intervención que compete al juez de tutela, en relación con la posible ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha sentado los siguientes criterios:

El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la Sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló:

“(...) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (...), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”(51).

Descendiendo al asunto examine, tenemos que la impugnante afirmó que la prueba en que se basa toda la investigación es nula de pleno derecho de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política, pues se originó en una compulsa de copias ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en Resolución 006 de 2006, sin embargo tal decisión fue revocada mediante la Resolución 014 de ese mismo año, sin que tal irregularidad pueda subsanarse con la inspección judicial practicada en el curso de las diligencias.

Al respecto, en primer lugar, es necesario señalar que tal argumento fue esgrimido por la profesional del derecho a lo largo de todo el proceso disciplinario, y el mismo fue analizado y desestimado fundadamente por el juez disciplinario, tal como pasa a explicarse:

Peticiones presentadas por la disciplinadaRespuestas emitidas por la Sala a quo
1. Memorial del 12 de junio, la disciplinada señálalo: “... comoquiera que el auto relativo a la compulsación de copias, fue revocado mediante resolución que me fuera notificada... respetuosamente solicitó archivar la indagación preliminar que me fuera anunciada...”.
Petición reiterada el 31 de octubre de 2007, en la que anotó: “se compulsaron las copias, antes de resolver el recurso de reposición interpuesto precisamente sobre este punto, por lo que rogué oficiar a la Sala Disciplinaria, a fin de que cesara la investigación preliminar iniciada con base en una resolución administrativa revocada… se me está notificando en la actualidad la apertura de una investigación que no tiene fundamento legal...”.
1. El 27 de febrero de 2008, la Sala de primera instancia consideró: “acontece que, si para la Sala Administrativa fueron suficientes las argumentaciones de la funcionaria para echar por tierra la compulsa de copias ordenada en la resolución citada, para esta jurisdicción no ocurre lo mismo ya que en tratándose de la acción de tutela, los términos son perentorios… de donde resulta que el auto de inicio de investigación disciplinaria no es ilegal, en tanto que en primer lugar, dentro de los asuntos disciplinarios no cabe el desistimiento, que se asimilaría a la dejación sin efectos de la compulsa de copias que alega la disciplinada y, segundo, lo que analizó la Sala fue el hecho superado y con ello encontró justificada la mora, cosa que en materia disciplinaria tiene distinta perspectiva y debe demostrarse plenamente, como se señaló, la justificación de la conducta abstentiva...”.
2. El 14 de mayo de 2008, cuando se le corrió el traslado para descargos, la funcionaria investigada deprecó la nulidad de lo actuado, señalando que “... como he probado in extenso dentro de la investigación disciplinaria que no había base ni para iniciarla, ni proseguirla, por cuanto, repito la resolución que compulsó las copias a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, en la cuales se afinca el auto que avoca la investigación disciplinaria, el de apertura de la misma y el pliego de cargos fue revocada...”.2. En proveído del 30 de julio de 2008, la Sala de primera instancia, negó la nulidad deprecada, al señalar que “una vez la Sala tiene conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de falta disciplinaria cometida por un funcionario judicial, conocimiento que puede llegar por noticia de un particular o de otro organismo judicial o administrativo, o también por observación hecha directamente por la Sala, se encuentra en el deber de adelantar la correspondiente investigación. Iniciada la investigación no es viable terminarla o peor dejarla sin validez porque el particular haya desistido de la misma o el órgano judicial o administrativo haya variado su posición frente al hecho irregular. El trámite disciplinario debe cumplir su finalidad de manera independiente a quien sirvió como medio para conocer del hecho y por tanto llegar hasta la etapa en que se tome la decisión que de fondo corresponda. No existe razón a la funcionaria investigada en cuanto encuentra menoscabado su derecho al debido proceso y tampoco desconocer que ha sido notificada personalmente de cada una de las decisiones frente a ellas se ha pronunciado y sus pronunciamientos han recibido respuesta de parte de esta Sala...”.
3. En los alegatos de conclusión presentados el 1º de junio y 28 de octubre de 2009, la funcionaria reiteró sus planteamientos.3. En la sentencia emitida el 25 de marzo de 2010, la Sala de primera instancia nuevamente se pronunció al respecto, señalando que “tuvo conocimiento de los hechos por compulsa de copias que se hiciera por la Sala Administrativa de esta Seccional, compulsa que posteriormente revocó y que ha servido de argumento a la disciplinada para sostener que se constituye ilegal este procedimiento. Frente a los argumentos de la disciplinada, tal como se lo ha hecho saber en anteriores pronunciamientos, la competencia para conocer de las faltas disciplinarias se funda en el acto administrativo que ordenó poner en conocimiento el hecho, pues tal conocimiento puede llegar a esta corporación a través de cualquier medio externo o interno, como la queja, la compulsa de copias, determinar la existencia del hecho dentro de otra investigación disciplinaria, comunicados de prensa e incluso anónimos...”.
4. En el recurso de apelación, la operadora sancionada insistió en su argumento.4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, también desestimó el argumento, al señalar que “el hecho que la decisión administrativa en la cual se dispuso la compulsa de copias contra la funcionaria judicial investigada, haya quedado sin efectos sobre lo resuelto con la vigilancia judicial administrativa, no se puede pregonar lo mismo en cuanto a la compulsa de copias, pues es posible que esta jurisdicción disciplinaria de oficio conozca los hechos puestos en consideración de la misma, los cuales ameritan la correspondiente investigación…”.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario advertir que la doctora Arias del Carpio esgrimió dicho planteamiento de forma reiterada a lo largo del proceso disciplinario seguido en su contra y el mismo fue analizado y desechado por la Sala a cargo de las diligencias.

Tal situación evidencia la improcedencia de la acción constitucional, porque este asunto ya fue resuelto en el escenario natural previsto en la ley para ello, luego entonces, no puede pretender la funcionaria sancionada reiterar dichos argumentos a través de un mecanismo de naturaleza residual y subsidiaria como es la acción de tutela. En efecto, debe recordarse que esta acción no puede utilizarse como un mecanismo alternativo, supletivo o sustitutivo de los medios judiciales ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico.

Siendo importante resaltar además que ningún vicio puede endilgarse a las decisiones atacadas que puedan tener el mérito de dar al traste con las mismas y de paso quitarle sus efectos vinculantes, pues cuando se trata de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico por parte de los jueces, precisamente habilitados para ese ejercicio en uso de la función pública de administrar justicia y para lo cual están investidos de jurisdicción asignada por la misma Constitución Política y, mientras no sea una actuación abusiva del juez, el debate queda circunscrito a una diferencia de criterios, que por serio no siempre deben coincidir con la que plantean las partes en contienda, por lo tanto no se trata de una vía de hecho, sino una interpretación en derecho distinta a la que pretende la interesada hacer valer en determinado caso.

Sin que se advierta entonces la existencia de la causal de procedibilidad alegada por la actora.

De la incongruencia

La actora indicó que las decisiones emitidas fueron incongruentes, pues si se absolvió de la falta consagrada en el numeral 2º del artículo 153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es porque se demostró que actuó con celeridad y eficiencia, razón por la cual, no se podía sancionar por lo previsto en el numeral 15 ibídem.

Al respecto es necesario indicar que en proveído del 27 de febrero de 2008, la Sala de primera instancia irrogó cargos a la doctora Arias del Carpio por la presunta comisión de la falta consagrada en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

No obstante, en decisión del 30 de septiembre de 2009 dichos cargos fueron variados imputándole a la disciplinada el presunto desconocimiento de los deberes previstos en los numerales 2º y 15 del artículo 153 de la citada Ley Estatutaria. Y en sentencia dictada el 25 de marzo de 2010, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Valle del Cauca impuso sanción disciplinaria al encontrarla responsable de infringir los citados deberes.

No obstante lo anterior, en el fallo de segunda instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, modificando la decisión recurrida en el sentido de absolver a la encartada del deber previsto en el numeral 2º del citado artículo, confirmándola en todo lo demás. El fundamento de dicha decisión fue el siguiente:

“... Conforme a lo anterior se le reprochó el hecho de haber demorado 10 días en proferir el fallo de segunda instancia en la acción de tutela instaurada por la señora María Clara Botero contra Humana Vivir EPS, lo que al decir de la instancia, tal conducta constituyó el incumplimiento de deberes funcionales, sin embargo, la Sala, en respeto por el principio del nom bis ídem (sic), y de acuerdo a la situación fáctica objeto de juzgamiento disciplinario, no puede endilgársele dos faltas por los mismos hechos, esto es, la prevista en el numeral 2º y la del numeral 15 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, razón por la cual se absolverá de la falta consagrada en el numeral 2º de la norma en cita y se estructurará el incumplimiento de los deberes en falta consagrada en el numeral 15 pues dicha norma recoge con mayor riqueza descriptiva la conducta de la doctora MIRIAM MOLMY (sic) ARIAS DEL CARPIO, máxime cuando el reproche ético a la funcionaria deviene de haber demorado injustificadamente el fallo de segunda instancia en la referida acción tutelar…

Así las cosas, esta Sala Constitucional no advierte la existencia de incongruencia alguna, pues téngase en cuenta que las sentencias dictadas fueron acordes con los cargos formulados y su respectiva variación, respetando siempre la imputación fáctica realizada, que no fue otra, que el desconocimiento de los términos en la citada acción de tutela.

Sin que el hecho de que se halla absuelto a la disciplinada de una de las faltas imputadas, no por la inexistencia del hecho, pero sí por respeto pleno al principio del non bis in idem, constituya incongruencia, contrario sensu, dicha decisión se adoptó en pleno respeto a los derechos y garantías de la procesada, al abstenerse de sancionar el mismo hecho con dos conductas disciplinarias distintas.

En efecto, es necesario recordarle a la accionada que la incongruencia procesal implica una evidente ruptura del principio de identidad entre los cargos irrogados y los juzgados, pues supone, para quienes forman parte de un proceso, la afectación al principio de contradicción y derecho de defensa, al desconocer el marco de referencia en el que se adelantó el proceso, afectándose de contera con el resultado de la sentencia la buena fe de la persona juzgada, por franca imposibilidad de controvertir las bases en las cuales se fundó la sentencia adversa.

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que al juez disciplinario le está vedado desconocer la imputación fáctica, jurídica y probatoria irrogada en el pliego de cargos, y si llegase a estar en desacuerdo con la misma, puede hacer uso de la figura de la variación, mediante la cual solamente se puede modificar la imputación jurídica, pues la fáctica se deberá mantener incólume a lo largo del proceso, so pena de desconocer los derechos y garantías del implicado.

Luego entonces, ninguna irregularidad se advierte en este sentido, contrario a lo señalado por la accionante.

De la ausencia de ilicitud

Finalmente, la actora considera que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y defensa, pues se desconoció lo previsto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, al omitir analizar el presupuesto de la responsabilidad, en el proceso disciplinario adelantado en su contra, reiterando que en momento alguno causó daño con su actuación.

Planteamiento que fue acogido por la Sala a quo y que constituyó el fundamento para dejar sin valor y efecto las sentencias dictadas en el proceso disciplinario seguido contra la doctora Arias del Carpio. Al respecto, esta superioridad estima pertinente realizar las siguientes precisiones:

En términos textuales de la previsión dada por el legislador en la codificación disciplinaria dispuesta para controlar y corregir la conducta oficial de los servidores públicos, la ilicitud se desarrolló como principio de lesividad y se define como aquella falta antijurídica por afectar el deber funcional sin justificación alguna(52), con la consecuente exigencia de que esa ilicitud sustancial no solamente debe ir acompañada de la afectación del deber funcional, sino con la afectación de la eficiencia y de la eficacia del destinatario en el cumplimiento de la función o con el daño causado a la administración pública.

Ello es así, por cuanto el fundamento constitucional del derecho disciplinario está en las relaciones especiales de sujeción, es decir, el servidor público tiene especiales deberes para con el Estado, que deviene del ejercicio de la función pública, lo cual implica que lo relevante sea la conducta valorada en interferencia con la función oficial. Es la razón por la que solo debe sancionarse aquellos comportamientos que, examinados en el contexto de su realización, impliquen la afectación sustancial de los deberes y, por contera, de la función encargada.

Tales afirmaciones ponen en evidencia que el ilícito disciplinario se funda, como se dijo, en la norma subjetiva de determinación y que, por lo tanto, el dolo y la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales, pues “El grado de culpabilidad constituye el elemento subjetivo de la conducta y, por ende, debe hacer parte de su descripción, precisando que tal elemento tiene una faz intelectiva (conocimiento) y otra volitiva (motivación)”(53).

Pensar en la infracción al deber por la sola ocurrencia de la conducta contribuye al inicio de un retroceso frente a los pasos de avanzada que ha dado la dogmática para hacer evolucionar, dentro de la estructura de la falta disciplinaria, el principio de lesividad, el cual desarrolla precisamente la ilicitud sustancial en esta materia, es decir, se aportaría negativamente al renacimiento de la proscrita responsabilidad objetiva, en tanto la exigencia legal de la sustancialidad en la infracción, impide valorar el comportamiento por el simple hecho de su ocurrencia, sino que debe hacerse conforme a las responsabilidades inherentes a la función, en cumplimiento de esa relación de sujeción que le ata y le vincula con los fines del Estado.

Es por ello que la ilicitud sustancial, como principio rector de la ley disciplinaria, permite que la conducta sometida al juicio valorativo implique la vulneración formal de la norma, que contiene el deber y la razón de ser de ese deber.

La conducta objeto de reproche disciplinario es aquella que atenta contra la funcionalidad deontológica del deber. De ahí que la imputación disciplinaria desvalore la infracción de los deberes funcionales que le competen al sujeto disciplinable, de donde no queda duda, como se viene desarrollando, que el principio de lesividad en esta materia ético-funcional obedece a la relación con la función pública, cuyos elementos son el decoro, eficiencia y eficacia, son ellos los acompañantes del deber funcional necesario para no lesionar ni poner en entredicho la buena marcha de la administración.

Definitivamente, tanto la ley, la jurisprudencia y la doctrina imperantes tienen debidamente establecido el rigor de la concepción y comprensión legislativa para verificar que una conducta pueda ser objeto de reproche disciplinario, donde se itera, en obedecimiento al principio de ilicitud sustancial que desarrolla a su vez el principio de lesividad, la exigencia de tener que afectar el decoro, la eficiencia y eficacia de la administración; el servicio público o “lo relacionado con el logro de sus objetivos, no puede catalogarse, menos recriminarse como falta disciplinaria, en tanto no pone en peligro y menos lesiona la estabilidad o los fundamentos del servicio público. Por fortuna se sustituyó este principio peligrosista, un tanto delicado, en nuestro criterio, ya que seguramente hay o habrá conductas que no ponen en riesgo o peligro esos tres elementos (decoro, eficacia o eficiencia) pero si ponen en peligro otros principios superiores como los consagrados en el artículo 209 de la Constitución, como son la igualdad, la economía, la imparcialidad, la publicidad y la celeridad y quedarán sin sanción por el hecho de que el principio de lesividad no los previó”(54).

Dígase que los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores públicos, por ello entran en juego en la definición de falta disciplinaria elementos propios de la función pública, por ende interesan sobre todo a contenidos político-institucionales, en aras de asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público(55).

Bajo este contexto, mal puede asimilarse entonces como igual conceptos o acepciones como injusto e ilícito, cuyas categorías como fases en la estructura del delito o de la falta disciplinaria, difieren substancialmente, pese a que ambas son criterios legislados en la búsqueda de una mayor eficacia en el ejercicio del poder punitivo del Estado, pero teniendo como marco referencial el principio mayor previsto en la norma normarum, que regula la concepción del Estado colombiano como democrático social de derecho(56), cuyo cumplimiento de sus fines interesa a todos sus integrantes, pero radicado el ilícito como basamento de la formación del derecho disciplinario para correccionar a los encargados de hacer cumplir esos fines, pues se tiene como referente las especiales reglas de sujeción.

Así se ha venido construyendo y desarrollando el derecho disciplinario; de allí que, cuando “se afirma que el derecho disciplinario está basado en la infracción de deberes, no se está innovando ni postulando tesis de avanzada; por el contrario, tal postura únicamente busca redireccionarlo hacia sus verdaderos orígenes, naturaleza y fines, pues de no ser así no se entiende cómo el Estado podría sostener válidamente un juicio de reproche en sede disciplinaria sin el basamento fundamental de la infracción al deber, cuando justamente esa es la razón que sustenta su autonomía e independencia”(57).

En esta misma providencia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria profundizó en la materia para significar que el “problema es cuando se busca interpretar y dinamizar el derecho disciplinario acudiendo a la tradición jurídica colombiana en materia penal, donde el concepto de injusto se entiende prevalentemente como norma objetiva de valoración, según la cual, en consideración a la función principal del derecho penal de protección de bienes jurídicos, importa definir la lesión o puesta en peligro de esos bienes que al Estado interesa proteger (...).

... el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo reconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria (...).

El injusto disciplinario necesita de un referente material en orden a su configuración, de lo que se sigue que su naturaleza, de cara a la teoría del injusto, es prevalentemente subjetiva. Este referente material necesariamente debe ir ligado al concepto de infracción de deber, lo que implica que el examen de la conducta del atente no va encaminado hacia determinar el grado de lesividad a afectación de los bienes jurídicos...

En el caso de los regímenes disciplinarios, no aparece consagrado el principio de antijuridicidad material, ya que pugna abiertamente con su naturaleza, habida consideración a que su fin no es la protección de bienes jurídicos, por lo que no importa establecer la lesión o puesta en peligro efectiva a los mismos, sino el grado de afectación a los deberes funcionales.

Es por eso que la Ley 734 de 2002 trae consigo el concepto de ‘ilicitud sustancial’ para referirse a la antijuridicidad, que es de carácter sustancial y se conecta a la afectación de deberes y no de bienes jurídicos”(58).

En conclusión, para definir la ilicitud sustancial, de la mano de aquella concebida por el doctrinante Jaime Mejía Ossman, se sostiene que como principio básico traducido en categoría, comporta en el Estado social y democrático del derecho, para asegurar los fines de la función pública y de esta manera realizar la misión el Estado, que la conducta sometida al juicio valorativo del derecho sancionatorio implique no solo la vulneración formal de la norma que contiene el deber, sino, y sobre todo, la razón de ser de este deber. La conducta objeto de reproche disciplinario es aquella que atenta contra la funcionalidad deontológica del deber. De ahí que la imputación disciplinaria desvalore la infracción de los deberes funcionales que le competen al servidor público. Mas no entran en su campo la afectación material de derechos o de bienes jurídicos, cuyo amparo es de competencia restrictiva del derecho penal(59).

Así las cosas, es necesario señalar que contrario a lo planteado por la accionante y por la Sala de primera instancia, para verificar la ilicitud de la conducta por ella desplegada y de esta forma irrogarle sanción disciplinaria no era necesario demostrar la existencia de un daño o lesión a los intereses de la usuaria de la administración de justicia, que interpuso la acción de tutela, en la que la juez Arias del Carpio desconoció el término previsto en la ley para resolver la impugnación señalada.

La ilicitud de la conducta de un funcionario judicial, no depende del daño causado, o la lesión de la buena marcha del Estado, como señaló el a quo, sino del grado de perturbación de la función pública de administrar justicia que le ha sido confiada.

Nótese cómo la administración de justicia en su naturaleza es un servicio esencial a disposición de los administrados, quienes acuden a la misma con la perspectiva de que sus asuntos sean resueltos oportunamente, especialmente cuando se trata de una acción de tutela, pero el incumplimiento de los términos genera desconcierto precisamente por la trascendencia social que engendra esa función pública.

No es apresurado afirmar que tener tal morosidad e indiligencia para proferir una decisión, trasciende al orden social, pues no debe desconocerse el papel que juegan los administradores de justicia al interior del conglomerado, que como cabeza reconocida y visible del mismo, les está obligado mediar con su ejercicio funcional, en aras de que realmente sea esa función pública que cumple el Estado, la encargada de “hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas —refiere a la Constitución y la ley—, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”(60).

En efecto se advierte que la doctora Arias del Carpio desconoció un mandato constitucional, profiriendo el fallo de una acción de tutela por fuera del término previsto para tal fin, sin una justa causa para ello, razón por la cual su conducta se hizo merecedora de reproche disciplinario. Tal como en efecto, lo argumentaron las Salas accionadas en los fallos dictados:

En primer lugar, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, en el fallo de primer grado, consideró:

“... Es cierto que en este caso concreto, por haber sido satisfecha la necesidad que motivaba la demanda de tutela no se derivó perjuicio para la interesada, ello no exime de responsabilidad a la funcionaria para cumplir con su deber de observar los términos procesales y con mayor razón en cuanto tiene que ver con acciones constitucionales, como ha sido el caso que nos ocupa. Es que los funcionarios judiciales tienen a su cargo resolver situaciones jurídicas a través del pronunciamiento de las providencias judiciales que correspondan en cada caso y no pueden obviar esta responsabilidad por el hecho de considerar que ya no son necesarias, si situación que van a regular ya no existe, porque en tal caso la decisión debe dictarse en el sentido que corresponda...”.

Y la Sala de segunda instancia, sobre tal aspecto resaltó:

“... De tal manera, que está plenamente establecido que la actuación de la funcionaria es contraria a derecho, pues no cumplió con el término señalado para decidir la acción de tutela dentro de los términos perentorios e improrrogables señalados en anteriormente, ejecutando por esta razón una conducta que vulnera la ley, y por lo tanto incumpliendo su deber funcional, independientemente que con su decisión haya protegido el derecho fundamental de la accionante, pues su principal deber, era proferir la decisión de segunda instancia dentro de los términos señalados en la norma...”.

En suma, esta Sala estima que contrario a la señalado por la primera instancia, en el proceso disciplinario seguido contra la accionante, no solamente se demostró la tipicidad de su conducta, sino también la ilicitud de la misma, al concluirse que desconoció sin justa causa, el deber funcional irrogado, razón por la cual, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se negará el amparo deprecado, dejando sin efectos las decisiones judiciales y administrativas que se adoptaron en cumplimiento de este. Quedando de esta forma, en firme, las sentencias dictadas por las Salas accionadas y por ende, la sanción impuesta a la doctora Myriam Nolmy Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.

En mérito de lo expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. RECHAZAR LA RECUSACIÓN formulada por la accionante, al ser a todas luces improcedente, de acuerdo con las consideraciones esgrimidas en esta providencia.

2. REVOCAR el fallo impugnado y en su lugar NEGAR EL AMPARO deprecado por la doctora Myriam Nolmy Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.

3. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las decisiones judiciales y administrativas que se adoptaron en cumplimiento del fallo dictado en la primera instancia. Quedando de esta forma, en firme, las sentencias dictadas por las Salas accionadas y por ende, la sanción impuesta a la doctora Myriam Nolmy Arias del Carpio, en su condición de Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.

Devuélvase, notifíquese y cúmplase.

(28) Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(29) Sentencia T-1009 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 2.2. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1992, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-572 de 1994, SU-429 de 1998, T-204 de 1998, T-001 de 1999, SU-047 de 1999 y T-121 de 1999.

(30) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(31) Sentencia SU-1185 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(32) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(33) Sentencia T-442 de 1994.

(34) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(35) Sentencia T-318 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(36) Respecto de los defectos enumerados en los numerales (5) al (8), ver la Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(37) Sentencia T-441, T-462 y T-589 de 2003.

(38) Sentencia T-462 de 2003.

(39) Sentencia T-933 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.

(40) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(41) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(42) Sentencia T-001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(43) Sentencia SU-622 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(44) Sentencia T-116 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(45) Sentencias C-543 de 1992, T-329 de 1996, T-567 de 1998, T-511 de 2001, SU-622 de 2001, T-108 de 2003.

(46) Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la procedencia de la tutela la Corte señaló: “(…) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (…). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados”. En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-329 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(47) Constitución Política artículo 230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

(48) Con ponencia de la magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas.

(49) Con ponencia del doctor Angelino Lizcano Rivera.

(50) Recientemente en Sentencia T-156 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(51) Sentencia T-302 de abril 3 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(52) Artículo 5º de la Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.

(53) Sentencia SU-901 de 2005, Corte Constitucional.

(54) Jorge Enrique Bulla Romero. Derecho Disciplinario. Editorial Temis. Segunda edición. Pág. 36.

(55) Sentencia C-148 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(56) Art. 1º de la C.P.: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general”.

(57) Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia del 16 de septiembre de 2003, M.P. Temístocles Ortega Narváez. Radicado 19971473-01.

(58) Ob.

(59) Jaime Mejía Ossman. Régimen Disciplinario. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2007, pág. 14.

(60) Es el tenor literal del artículo 1º de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—.