Sentencia 2011-04353 de mayo 4 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad.:110011102000201104353 01

Aprobado Según Acta 38 de la misma fecha

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 4º del canon 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a esta Colegiatura le corresponde decidir los recursos de apelación en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De legitimación de los intervinientes para apelar:

Al tenor de lo reglado en el artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, los intervinientes en la actuación disciplinaria están legitimados para apelar, disponiendo la referida norma:

“ART. 66. —Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…)

2. Interponer los recursos de ley.

(…)”

3. De la Calidad del Inculpado:

El disciplinado Armando Rodríguez Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía 19.451.942, aparece inscrito en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la Tarjeta Profesional 50.479, vig. (fl. 20 cdno. 1ª inst.).

4. De los deberes y las faltas endilgadas.

Los deberes y su correspondiente falta que se le endilgaron al abogado disciplinado se encuentran descritos en los artículos:

“ART. 28.—Deberes Profesionales del Abogado. Son deberes del abogado:

(…)

6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

(…)

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

(…)

“ART. 28.—Deberes Profesionales del Abogado. Son deberes del abogado:

(…)

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

(…)

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales. “ART 28.—Deberes Profesionales del Abogado. Son deberes del abogado:

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.

(…)

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

(…)

5. De la apelación.

Procede esta Colegiatura a resolver el recurso de apelación formulado por el doctor Armando Rodríguez Pérez, contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo 171 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Así las cosas, procede la Sala a estudiar cada uno de los argumentos esgrimidos por el recurrente así:

I) En cuanto al primer argumento del recurso de apelación impetrado, esgrimió el abogado inculpado con fundamento en el principio constitucional de igualdad, que no se le juzgó de manera adecuada, toda vez que la Fiscalía tardó más de 5 años en iniciar el proceso contra el señor Yaisson Ríos.

Debe señalar esta Sala que este argumento del recurrente además de ser reiterativo en el escrito de apelación, también fue argüido por el mismo en el transcurso de la primera instancia, el cual no fue acogido por el a quo, y encuentra esta Sala que no tiene vocación de prosperar.

Lo anterior con fundamento en que esta Jurisdicción disciplinaria se limita a establecer la posible comisión de faltas éticas de los juristas, para lo cual el estudio del Juez Disciplinario consiste en evaluar las conductas desplegadas por el encartado en el proceso penal radicado 2007-06454 ante el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, conforme lo establecido en el Estatuto Deontológico del Abogado, la Ley 1123 de 2007, reiterando que la naturaleza del proceso disciplinario es indagar sobre el comportamiento ético de los abogados en el ejercicio de la profesión.

Así, considera esta Corporación que no es válido, tal como pretende el recurrente, que las conductas por las cuales se le investigó y sancionó sean confrontadas con las de otras personas o en este caso entidades, porque se reitera, no es la naturaleza del proceso disciplinario.

II) En cuanto al segundo argumento esgrimido en el recurso de apelación, el disciplinado se pronunció sobre muchas de las actuaciones que se dieron dentro del proceso penal adelantado contra el señor Yaisson Ríos, en el sentido de justificar la ocurrencia de las mismas. En este orden, dijo sobre la solicitud de audiencia de prescripción y caducidad que fueron limitadas, y explicó en cuanto a la renuncia del poder y luego el haber reasumido la representación que ello obedeció a la mora en pago de honorarios y luego a la voluntad particular de reasumir. En cuanto a las solicitudes de suspensión o aplazamiento señaló que estas son normales en el proceso penal, y provienen de muchos factores, y que si se le castiga a él por tales solicitudes también se debería reprochar a miles de abogados.

Señaló también que en el presente caso se le está juzgado dos veces por los mismos hechos, toda vez que el Juez Penal de Conocimiento al advertir y conocer sobre las actuaciones que se le endilgaron, al momento de decidir sobre las solicitudes del proceso se limitó a hacer reproche y compulsar copias. Esta Corporación abordará el análisis de este argumento refiriéndose en primera medida a la parte inicial del mismo, es decir, se pronunciará sobre las actuaciones por las cuales se sancionó al abogado y sobre las faltas y deberes que se le imputaron, para luego analizar lo referente a un doble juzgamiento.

De las conductas desplegadas por el abogado investigado en el desarrollo del proceso penal radicado 2007-06454:

En esta oportunidad la Sala encuentra que si bien la inasistencia a las audiencias de fechas del 3 febrero de 2011 y del 31 de marzo de 2011 se encuentran prescritas, la conducta investigada persiste por las demás audiencias y se limitará a señalar las actuaciones relevantes y por las cuales se le investiga al abogado dentro del proceso mencionado, con fundamento en la copia de la actuación contra el señor Yaisson Ríos remitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a la primera instancia, que obra a folios 61 y anexos del cuaderno original de primera instancia y por la relación y señalamiento que hizo la Magistratura Primaria sobre los mismos hechos.

En este sentido se encuentra que:

— El 25 de octubre de 2010 se realizó la imputación en donde el Señor Yaisson Ríos fue asistido por el hoy disciplinado, y no aceptó los cargos.

— El 24 de noviembre de 2010 se registró la audiencia de acusación, correspondiéndole al Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento la cual no se realizó porque no compareció el defensor, lo cual no se atribuyó en el auto de cargos.

— Fijada nuevamente la fecha para el 3 de febrero de 2011, el abogado presentó memorial manifestando las razones por las cuales no había comparecido a la anterior audiencia, y solicitando suspensión de la misma, diciendo que había solicitado la aplicación de la suspensión del procedimiento a prueba regulada en los artículo 325, 326 y 334 numeral 3 de la Ley 903 de 2004 y en procura de que su señoría recomiende a la Fiscalía analizar esta opción; previa presentación del plan de reparación por parte de su defendido proyectado a quienes les asistía derecho, al tiempo que solicitó copia del escrito de acusación. Es de aclarar que el abogado solamente presentó tal memorial pero no asistió a la audiencia en fecha, y que el plan de reparación no incluía a la totalidad de las víctimas.

— En nuevo memorial del 8 de febrero de 2011, dijo que no había comparecido a la audiencia anterior por distintos motivos, entre ellos por petición de su defendido.

— El 29 de marzo de 2011 el abogado allegó memorial, diciendo que las audiencias de prescripción y caducidad iban a realizarse en los primeros días del mes de abril de ese año, y que igualmente había solicitado audiencia de suspensión del procedimientos a prueba que iba a realizarse el 5 de abril del mismo año, pues las denuncias estaban prescritas o caducadas, y además tenía la intención de cancelar a quienes acreditaran lo verdaderamente adeudado.

— Se realizó audiencia el 31 de marzo de 2011 oportunidad en la que compareció el defensor manifestando desconocer el motivo de inasistencia del acusado. El Juez hizo una relación de lo sucedido resumiendo lo ya actuado, le recordó al abogado, que su inasistencia a varias audiencias no estaba justificada. Se fijó audiencia para el 9 de mayo de 2011, en la cual se la Fiscalía debería hacer sus solicitudes probatorias, librando las consecuentes comunicaciones.

— El 12 de abril de 2011, el abogado investigado ante el Juez 8 con Función de Control de Garantías, mediante memorial solicitó la suspensión del procedimiento a pruebas para aplicación del principio de oportunidad, a al cual, ni el implicado ni las víctimas se hicieron presente.

— El 29 de abril de 2011 el abogado presentó ante el Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento un memorial informando y solicitando al Juez que no tenía interés en burlar a la justicia. Además solicitó la suspensión de la audiencia fijada para el 9 de mayo de 2011 en subsidio, señalando que aún no tenía una defensa preparada, aspecto este esgrimido por 3ª vez.

El 9 de mayo de 2011 se realizó la audiencia preparatoria con presencia del abogado, pero no pudo realizarse en tiempo, y en ella se requirió a las víctimas de acuerdo a la Sentencia C-517 de 2007 que tuvieran un solo apoderado.

El 1 de junio de 2011 se pretendía llevar a cabo la audiencia preparatoria, pero esta no se pudo realizar debido a aquel el acusado manifestó que le revocó el poder al abogado hoy investigado porque consideró que este no estaba adelantado una buena defensa.

De la relación con conductas desplegadas por el abogado y la violación de deberes y faltas endilgadas al abogado disciplinado:

Procede esta Superioridad a resaltar lo pertinente de la sentencia de primer grado del 17 de mayo de 2013, en lo referente a la relación conductas imputadas al abogado Rodríguez Pérez:

En cuanto a la violación del numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 con lo cual incurrió en la falta contemplada en el artículo 34 literal i ibídem, señaló el a quo que durante todo el proceso el togado señaló no estar capacitado para llevar el proceso, por tener otros compromisos profesionales, los cuales le impedían estudiar, pese a tener conocimiento desde el principio de encontrarse frente a un concurso de estafas con muchas víctimas, y en este sentido su preparación requería algún tiempo, porque si bien el procesado tenía derecho a tener un tiempo para la defensa, el disciplinado fue el defensor desde la misma convocatoria a audiencia de imputación y desde entonces hizo peticiones de suspensión del proceso y de presentar otras audiencias, tales circunstancias no justifican su actuar. Sobre el punto la Sala señaló:

Se trata de una situación delicada, a la cual ha debido sacar tiempo, o apartarse desde el principio. Sin embargo, dice que al principio tuvo problemas con sus honorarios, pero después, al parecer arregla ese problema, pero ninguna de las actuaciones deja ver que no estaba capacitado ni preparado para llevar esa defensa, y él mismo lo admitía, además llevaba unos acuerdos de pago que indican que estaba siendo desleal con su cliente.

El 29 de abril el abogado presenta un nuevo memorial solicitando se realizará audiencia de preclusión, y que en caso de no ser aceptada, se suspendiera la audiencia programada para el 9 de mayo, porque tenía que preparar la defensa, y su defendido iba a conciliar.

De común acuerdo se fijó para el 1 de junio y en esta audiencia el procesado le revoca el poder porque no ofrecía una adecuada defensa.

Ninguna de las actuaciones del abogado dejan ver que se encontrare capacitado, llevaba acuerdos de pago que no estaban terminados, que no comprendían a todas las víctimas y por ello 34.I (por acción por aceptar un acuerdo profesional para el cual no se encontraba capacitado, y dolosa porque era consciente de que tenía que acudir debidamente preparado… (fl. 161 y 162 del cuaderno original de primera instancia). (Sic)

En cuanto a la violación del artículo 28.10 con lo cual incurrió en falta a la debida diligencia profesional contemplada en el artículo 37.1:

por dejar de hacer las actuaciones propias cuales eran las de comparecer a las audiencias, y demás no comparecer a impedir que se realizaran, como en la del 3 de febrero de 2011 (no comparece), la del 31 de marzo de 20122 (Comparece pero lo que hace es una petición de suspensión so pretexto de realizar otras audiencias que para nada incidían en su realización), y a la del 9 de mayo de 2011 (comparece pero con otra nueva petición de que iba a hacer una indemnización), y finalmente a la del 1 de junio de 2011 (no comparece) dejando de hacer las gestiones propias de la defensa, cuáles eran las de asistir, permitiendo que las audiencia se realizarán con una presencia activa, y no con una presencia llamada a poner una talanquera en su adelantamiento (fl. 163 del cdno. original 1ª instancia). (Sic)

Y en cuanto a al último deber endilgado, es decir, la violación al artículo 28.6 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en falta contemplada en el artículo 33.8 de la misma normatividad:

porque en defensa del señor Yaisson Ríos en el proceso penal radicado 2007.06454 ante el Juzgado 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, proponía incidentes, entendiendo por tales cualquier petición accesoria al proceso, encaminados a demorarlo, en los cuales asumía competencias que solo tenía la Fiscalía tales como solicitar la suspensión a prueba del proceso para solicitar el principio de oportunidad, pedía suspensión de las audiencias sobre la base de estar realizando otras audiencias, etc. (fl. 163 y 164 del cdno. original 1ª inst.). (Sic)

De este recuento de conductas reprochadas al disciplinado, y de la violación a los deberes profesionales y la incurrencia en su correlativa falta endilgadas por el a quo, se deduce que no es posible conceder razón a las sustentaciones realizadas por el recurrente en el inicio de este segundo argumento. Porque queda en evidencia que lo único realizado por el abogado Rodríguez Pérez durante el tiempo que fungió como apoderado judicial del señor Yaisson Ríos fueron actuaciones tendientes a dilatar el proceso, como lo fue la presentación en 3 oportunidades de solicitudes para la suspensión de audiencias, como lo resaltó la primera instancia, sin tener en cuenta la cantidad de víctimas y las notificaciones a las mismas.

Se demostró también su falta de idoneidad para desarrollar el encargo profesional, toda vez que, fue el mismo disciplinado quien manifestó en los diferentes memoriales de suspensión o aplazamiento de las audiencias no haber preparado la defensa. Este pretende excusarse con la cantidad de demandas y víctimas conformantes del proceso, pero tal excusa no es válida ni suficiente, porque el togado al acertar el encargo profesional en comento, sabía de esta circunstancia y precisamente con conocimiento de causa aceptó la representación, y puedo una vez advirtió no tener la capacidad para adelantar en su integridad el asunto encomendado podía haber renunciado al poder, o buscar colegas ayudantes, pero ninguna de estas circunstancias las realizó el togado investigado.

En cuanto a la segunda parte de este argumento, es decir, el señalamiento de un doble juzgamiento por los mismos hechos, debe anotar esta Sala que tal afirmación carece de fundamento jurídico y fáctico pues el recuento de la actuación procesal realizado por la primera instancia y visible a folios 148 al 163 del cuaderno original de primera instancia, da cuenta de cómo ante los hechos que fueron objeto de la compulsa, el Juez de Conociendo le llamó la atención al togado sobre las irregularidades e impertinencia de los mismos, también se prueba esta situación cuando el recurrente en el escrito de sustentación de la apelación señaló que tuvo desacuerdos con el Juzgador Penal originados precisamente en ese reproche que le realizó el funcionario ante sus conductas poco éticas.

Así que en este caso, no se configura un doble enjuiciamiento, porque se debe diferenciar el control jurídico y de comportamiento que puede realizar un Juez de la Republica en su despacho a un abogado en trámite de un proceso de su conocimiento, de aquel reproche ético y disciplinario que realiza la Jurisdicción Disciplinaria a abogados en el ejercicio de la profesión.

III) En cuanto al tercer argumento esgrimido en el recurso de apelación, el recurrente manifestó no estar de acuerdo con las sanciones impuestas, debido a que en cuanto al deber contenido en el artículo 28.6 de la Ley 1123 de 2007 dijo que el acudió a los mecanismos alternativos de solución de conflictos con base en las apreciaciones de su defendido, cumpliendo así con el deber consagrado en el artículo 28.13 ibídem.

En cuanto a la falta contemplada en el artículo 34.i, refutó que se encontraba absolutamente capacitado para el caso en cuestión, razón de tal circunstancia lo prueba la ausencia de antecedentes disciplinarios. Sobre la falta del artículo 33.8 ejusdem señaló que es propio del sistema penal acusatorio.

Evidencia esta Colegiatura que son argumentos reiterativos del disciplinado, que ya fueron estudiados, pues se evidenciaron materialmente las actuaciones dilatorias, las invocaciones propias del mismo disciplinado aseverando que no estaba preparado para defender a su cliente, y por tal motivo se estima conveniente invocar lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-819 de 2011, respecto a la relevancia y exigencia del ejercicio de la abogacía en una sociedad, así:

“Pues bien, dentro del marco legal que regula la profesión de abogado, este Tribunal viene sosteniendo que su ejercicio implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades, lo cual, a su vez, justifica plenamente la atribución otorgada al legislador para crear instrumentos y diseñar mecanismos, entre otros de control disciplinario, que le permitan al Estado encausar dicha actividad y conseguir las finalidades que ella persigue, impidiendo el ejercicio indebido de la correspondiente actividad profesional.

La función social, que resulta ser consustancial a la actividad del abogado, se concreta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1º y 2º del Decreto 196 de 1971, en los siguientes deberes: (i) colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia; (ii) defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares; y (iii) asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Los citados deberes, se ven complementados con otros establecidos en los artículos 1º, 2º, 13 y 16 de la Ley 1123 de 2007, como son los de: (iv) observar la Constitución y la ley, (v) defender y promocionar los derechos humanos, (vi) prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, (vii) facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, y (viii) abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias. (Énfasis de la Sala).

Cabe destacar, como ya lo ha hecho la Corte en anteriores pronunciamientos, que el abogado lleva a cabo su actividad profesional, principalmente, en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, prestando asesoría y consulta a quienes así lo soliciten, y (ii) dentro del proceso o juicio, representando legalmente a las personas —naturales o jurídicas—que deban concurrir a la administración de justicia en procura de resolver sus controversias.

Conforme con ello, también ha destacado la jurisprudencia que, en el desarrollo de sus actividades profesionales, y en razón a los importantes fines constitucionales que persiguen, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, “que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”, y cuyo incumplimiento implica riesgos sociales. En esa dirección, sostuvo la Corte “que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”. (Énfasis de la Sala).

Por las razones anteriormente estudiadas procederá Corporación a Confirmar la sentencia apelada proferida el 17 de mayo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con Suspensión de Dos (2) Meses en el Ejercicio de la Profesión al abogado Armando Rodriguez Pérez, tras hallarlo responsable de incumplir los deberes profesionales consagrados en los numerales 6, 8 y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y a consecuencia de ello, la comisión de las faltas descritas en el artículo 34 literal I, artículo 33 numeral 8º, en la modalidad de acción y a título de culpa, y la falta del numeral 1 del artículo 37 ibídem, en la modalidad de omisión a título de culpa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 17 de mayo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con Suspensión de Dos (2) Meses en el Ejercicio de La Profesión al abogado Armando Rodriguez Pérez, tras hallarlo responsable de incumplir los deberes profesionales consagrados en los numerales 6, 8 y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y a consecuencia de ello, la comisión de las faltas descritas en el artículo 34 literal I, articulo 33 numeral 8º, en la modalidad de acción y a título de culpa, y la falta del numeral 1 del artículo 37 ibídem, en la modalidad de omisión a título de culpa.

2. Por Secretaría Judicial de esta Sala notifique a los intervinientes en los términos establecidos en la ley. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a ésta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y Cúmplase».