Sentencia 2011-04605 de octubre 9 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201104605 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Aprobado según Acta 77 de la fecha.

Proyecto registrado el ocho de octubre de dos mil trece

Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Esta colegiatura tiene competencia para conocer y decidir el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto contra el fallo sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996(11). Ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

En el presente asunto, luego de evaluar los argumentos que sustentan el fallo apelado y el disenso propuesto por el recurrente salta a la vista que la controversia principal gira en torno a la materialidad de las conductas imputadas, esto es, si el encartado vulneró los deberes ético profesionales invocados y por ello incurrió en las faltas que le fueron endilgadas. Subsidiariamente, resulta necesario entrar a analizar si se configura la casual de ausencia de responsabilidad alegada.

Por tanto, para efectos de resolver la controversia jurídica propuesta en el recurso de apelación que activa la competencia de esta colegiatura se resolverán los siguientes problemas jurídicos en el mismo orden en que son formulados:

1. ¿La suspensión del ejercicio profesional impide al abogado sancionado sustituir los poderes que le habían sido conferidos previamente?

2. De no ser así, ¿cuál es el momento oportuno para efectuar dicha sustitución?

3. ¿Impetrar la condena en costas de un cliente implica una actuación con mala fe de parte de su apoderado jurídico?

4. ¿Alguno de los comportamientos investigados se encuentra excusado en virtud de la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el artículo 22-6 de la Ley 1123 de 2007?

Solución del caso

1. Efectos de la suspensión del ejercicio profesional:

Para dilucidar las consecuencias que se generan a partir de la imposición de esta sanción disciplinaria y su incumplimiento, resulta necesario rememorar las normas que regulan el tema en el Código Disciplinario de los Abogados, así:

“ART. 43.—Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años.

ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...)

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión.

ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(...)

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión.

ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

A la luz de tales normas, examinadas de manera conjunta y sistemática, colige esta corporación lo siguiente:

— La suspensión del ejercicio profesional, al igual que las demás sanciones disciplinarias, empieza a regir y ostenta efectos vinculantes a partir de su inscripción en el registro nacional de abogados.

— Dicha sanción impone al profesional del derecho suspendido la obligación de sustituir o renunciar a los poderes, encargos o mandatos que le hubieren sido confiados previamente, toda vez que el ejercicio de la abogacía está prohibido durante el lapso de la sanción.

— En caso de optarse por la sustitución de poderes, esta resulta procedente, a más tardar, inmediatamente comience a surtir efectos la suspensión del ejercicio profesional, teniendo en cuenta, en primer lugar, que a partir de ese momento el sancionado pierde la capacidad para ejercer actos propios de la abogacía (como la potestad de sustituir, habitualmente otorgada mediante poder) y, en segundo lugar, por cuanto dicho profesional del derecho ha sido notificado previamente de la decisión sancionatoria definitiva, lo cual implica que conoce con antelación las obligaciones que ello implica y tiene oportunidad para prepararse ante tal eventualidad.

— De contera, el hecho de no renunciar o sustituir oportunamente a los referidos poderes o mandatos en cualquier caso implica que el abogado sancionado como mínimo continúa ejerciendo el rol de apoderado legal —lo cual constituye un acto propio y exclusivo de la profesión—, actuación que por estar transitoriamente prohibida, implica un flagrante desconocimiento del deber profesional estudiado.

En el presente asunto, de las copias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicado 2009-0009, promovida por Beatriz Forero de Arana contra la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares ante el Juzgado Noveno Administrativo de la Sección Segunda de Bogotá, y de las propias declaraciones del disciplinable contenidas en sus múltiples versiones libres, se colige, más allá de toda duda razonable, lo siguiente:

i) Mediante telegrama del 16 de septiembre de 2009, el secretario de la referida sede judicial informó a la accionante que su apoderado, el abogado León García, había sido “sancionado..., por el termino de cuatro (4) meses a partir del 8 de septiembre de 2009(12) (negrillas fuera de texto).

ii) El 26 de noviembre de ese mismo año el profesional del derecho Isaías León García radicó memorial sustituyendo el poder concedido por la accionante “con iguales facultades que me fueron otorgadas”, en el abogado Vicente Soto Lara(13).

iii) El 4 de diciembre de 2009 el señor juez noveno administrativo de la sección segunda de Bogotá no aceptó dicha sustitución por improcedente, toda vez que quien la concedió, esto es, el abogado investigado, estaba inhabilitado en ese momento preciso para el ejercicio de la profesión(14).

A la luz de tales elementos de juicio refulge que el encartado, pese a que la sanción disciplinaria que previamente le había sido impuesta surtió efectos vinculantes a partir del 8 de septiembre de 2009 —momento a partir del cual le estaba expresamente prohibido el ejercicio de la profesión durante 4 meses—, omitió sustituir oportunamente el poder otorgado y, por tanto, continuó asumiendo el rol de apoderado de la parte demandante ininterrumpidamente (inclusive para intentar sustituir el mandato extemporáneamente), actuación propia y exclusiva del ejercicio de la profesión de abogado en virtud del derecho de postulación(15).

De contera, salta a la vista que incumplió el deber dispuesto en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto no acató el régimen de incompatibilidades en lo concerniente a que por estar suspendido del ejercicio de la profesión no podía fungir como apoderado de persona alguna al interior de procesos judiciales o administrativos (entre otras acciones), tal como lo prevé el artículo 29-4 ídem.

Por tanto, salta a la vista que dicha conducta resulta evidentemente típica frente a la falta consagrada en el citado artículo 39 del Estatuto Ético Profesional de la abogacía.

2. De la solicitud para que se condene en costas a la poderdante:

— Mediante memorial radicado el 4 de octubre de 2010 el abogado León García, a quien no se le había revocado formalmente el poder para actuar en calidad de apoderado de la señora Beatriz Forero de Arana en la referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho (contrario a lo referido por el apelante), impetró se adicionara el auto que aceptó el desistimiento promovido por su clienta, condenando a aquella en costas conforme lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil o, en subsidio, se concediera el recurso de apelación contra tal proveído.

Sumado a lo anterior, manifestó su inconformidad respecto de las razones aducidas por la señora Forero de Arana para impetrar el desistimiento, concluyendo lo siguiente: “...la señora Beatriz Forero De Arana ha actuado indebidamente dentro del proceso, pero más culpable es el profesional del derecho que la asesoró...”(16).

El 8 de abril de 2011 el señor juez noveno administrativo de la sección segunda de Bogotá, negó por improcedente dicha solicitud, por cuanto como apoderado de la demandante el encartado no estaba legitimado para actuar en su contra(17).

— Sobre el tema, el encartado refirió que lo que pretendía era obtener el pago de los honorarios a los cuales ostentaba derecho y que no fueron sufragados por su expoderdante y que se diera cumplimiento a la ley, más concretamente, al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, norma que preceptúa:

“ART. 345.—Presentación del desistimiento, costas y apelación. El escrito de desistimiento deberá presentarse personalmente en la forma indicada para la demanda.

Siempre que se acepte un desistimiento se condenará en costas a quien desistió, salvo que las partes convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

El auto que resuelva sobre el desistimiento de la demanda es apelable en el efecto suspensivo” (negrillas fuera de texto).

— Dicha conducta, a juicio de la Sala a quo, implica el desconocimiento del deber consistente en “Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión” dispuesto en el artículo 28-5 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, la configuración de la falta contra la dignidad del abogado dispuesta en el artículo 30-4 ídem por “obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

— Para efectos de dilucidar sí la conducta acaecida se adecua o no a la falta imputada, lo primero que debe precisar esta colegiatura es que sí un abogado actúa en contra de los intereses de su cliente en el mismo proceso en el cual se comprometió a defenderlos, ciertamente está actuando con mala fe, por las siguientes razones:

i) El ejercicio de la profesión del abogado conlleva especiales requerimientos éticos debido a la responsabilidad social que implica la defensa de derechos e intereses ajenos, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-819 del 1º de noviembre de 2011, en los siguientes términos:

“4.4. Pues bien, dentro del marco legal que regula la profesión de abogado, este tribunal viene sosteniendo que su ejercicio implica el desarrollo de una función social que conlleva responsabilidades, lo cual, a su vez, justifica plenamente la atribución otorgada al legislador para crear instrumentos y diseñar mecanismos, entre otros de control disciplinario, que le permitan al Estado encausar dicha actividad y conseguir las finalidades que ella persigue, impidiendo el ejercicio indebido de la correspondiente actividad profesional(18).

4.5. La función social, que resulta ser consustancial a la actividad del abogado, se concreta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1º y 2º del Decreto 196 de 1971, en los siguientes deberes: (i) colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia; (ii) defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares; y (iii) asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. Los citados deberes, se ven complementados con otros establecidos en los artículos 1º, 2º, 13 y 16 de la Ley 1123 de 2007, como son los de: (iv) observar la Constitución y la ley, (v) defender y promocionar los derechos humanos, (vi) prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, (vii) facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, y (viii) abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias.

4.6. Cabe destacar, como ya lo ha hecho la Corte en anteriores pronunciamientos, que el abogado lleva a cabo su actividad profesional, principalmente, en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, prestando asesoría y consulta a quienes así lo soliciten, y (ii) dentro del proceso o juicio, representando legalmente a las personas —naturales o jurídicas— que deban concurrir a la administración de justicia en procura de resolver sus controversias(19).

4.7. Conforme con ello, también ha destacado la jurisprudencia que, en el desarrollo de sus actividades profesionales, y en razón a los importantes fines constitucionales que persiguen, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, “que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico”,(20) y cuyo incumplimiento implica riesgos sociales. En esa dirección, sostuvo la Corte “que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe(21).

ii) Atendiendo entonces el marco ético y axiológico que limita y regula el ejercicio de la profesión del abogado dispuesto en la ley y el citado procedente de constitucionalidad, se colige como una obligación primordial del profesional del derecho —cuando actúa como apoderado de una persona natural o jurídica en un proceso judicial—, la defensa en justicia de sus derechos e intereses procurando resolver las controversias jurídicas que lo aquejan, guardando debido respeto y lealtad procesal para con las otras partes.

iii) Así las cosas, cuando el profesional del derecho obra en contra de los derechos o intereses de su prohijado, entorpece o incrementa el conflicto jurídico que lo motivó a contratar sus servicios, además de desconocer evidentemente el objeto de la gestión profesional contratada y defraudar la confianza de la persona a la cual se comprometió a proteger, puede vulnerar derechos fundamentales como “la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia”.

iv) Sumado a lo anterior, a la luz de la jurisprudencia constitucional se tiene que defraudar la confianza puesta por el interlocutor afectado en una relación jurídica configura la presencia de mala fe, como por ejemplo ocurre cuando un poderdante resulta traicionado por su apoderado, pues, en lugar de defender sus derechos, actúa para causar detrimento a sus intereses. Sobre el tema, en la Sentencia C-840 de 2001, se precisa lo siguiente:

“Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto, desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe”.

— Descendiendo al estudio del caso concreto, se advierte que el encartado, pese a continuar ostentado calidad de apoderado de la accionante y motivado por el desasosiego que le produjo el desistimiento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por aquella —tal como lo manifestó expresamente en sus versiones libres—, impetró que fuera condenada en costas, es decir, solicitó expresamente al juez del conocimiento que profiriera una decisión evidentemente contraria a los intereses de su prohijada, refiriendo que aquella había actuado de manera indebida dentro del proceso.

Dicha solicitud, a juicio de esta colegiatura, constituye una acción intencional e indiscutiblemente dirigida a causarle detrimento a su cliente como retaliación por la terminación anticipada del proceso —con la que no estaba conforme—, lo cual evidencia que el abogado investigado traicionó la confianza depositada por aquella para la defensa de sus intereses, desconociendo el objeto de la gestión profesional contratada, configurándose así la mala fe en su proceder que a su vez constituye el principal elemento dogmático estructural de la falta que le fue imputada consagrada en el artículo 30-5 de la Ley 1123 de 2007,(22) toda vez que en lugar de conservar el decoro y la dignidad profesional que le eran exigibles conforme lo dispuesto en el artículo 28-5 ídem, prefirió traicionar a su cliente.

Lo anterior, atendiendo además que las exculpaciones sobre el tema carecen completamente de sustento jurídico o lógico, en primer lugar, por cuanto no existe norma legal alguna que lo facultara para impetrar la condena en costas en contra de su propia prohijada y, en segundo lugar, teniendo en cuenta que si lo que pretendía era cobrar los honorarios a los cuales podía ostentar derecho, bien pudo invocar el incidente de regulación de honorarios ante el juez del conocimiento o promover acciones ordinarias o laborales tendientes al cumplimiento de la contraprestación originada en el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado.

De contera, salta a la vista que la conducta examinada también resulta típica frente a la falta endilgada.

3. De la causal de exclusión de responsabilidad invocada:

— Sobre el tema, el numeral 6º del artículo 22 del Estatuto Ético Profesional tantas veces citado, preceptúa:

“ART. 22.—Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

(...)

6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

— De la simple lectura de tal norma se advierte que para la configuración de la causal eximente de responsabilidad disciplinaria se requiere demostrar que el implicado obró con convicción errada e invencible de que no estaba incurriendo en falta alguna.

En el presente asunto, la tesis del apelante en tal sentido carece completamente de respaldo probatorio, toda vez que ninguna de las pruebas allegadas al proceso permite corroborar tal señalamiento y, por el contrario, lo que si se advierte del paginario es que las conductas que resultaron típicas frente a las dos faltas imputadas se configuraron en modalidad dolosa, lo cual excluye de plano la posible existencia de la causal eximente de responsabilidad examinada.

— Lo anterior, por cuanto atendiendo su formación universitaria como abogado, los más de 40 años de experiencia profesional pregonados en sus intervenciones y el hecho de haber estado previamente vinculado a otro proceso disciplinario en el cual resultó sancionado, permiten inferir que investigado conocía plenamente el catalogo ético y axiológico de deberes que le eran exigibles (entre estos conservar y defender la dignidad de la profesión y respetar el régimen de inhabilidades), y las consecuentes faltas profesionales contenidas en la Ley 1123 de 2007.

Además, por cuanto a la luz del artículo 28-3 de esta misma norma también le asistía el deber de “Conocer, promover y respetar” dicho Estatuto Ético Profesional.

Así la cosas, como no se exponen siquiera razones que permitan inferir por qué el implicado estaba impedido para conocer tales deberes o que motivos justificaban su desconocimiento, se infiere que actuó intencionalmente toda vez que no acató oportunamente la suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión que le imponía la obligación de sustituir o renunciar a los poderes y encargos profesionales previamente otorgados, determinación que conoció previamente a que se materializaran sus efectos, esto es, tras la notificación del fallo sancionatorio, lo cual se infiere de sus propias versiones en las cuales reconoce que estuvo al tanto de tal devenir procesal y que siempre ha considerado injusta la sanción que le fue impuesta.

De otro lado, en lo atinente a la falta contra la dignidad de la profesión, basta señalar que al haberse demostrado que actuó con mala fe, esto es, con intención nociva, al solicitar que su cliente fuera condenada en costas, no cabe otro grado de configuración de la conducta que el doloso, pues se demostró que el motivo por el cual elevó tan exótica petición fue el desasosiego que le produjo el desistimiento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por aquella, tal como lo reconoció durante sus versiones.

— Así las cosas, al encontrarse acreditado que las conductas ejecutadas por el encartado resultaron típicas frente a las dos faltas que le fueron endilgadas y que aquel es responsable de ellas más allá de toda duda razonable, en modalidad dolosa, se impone la confirmación integra del fallo sancionatorio apelado, máxime si en cuenta se tiene que al no prosperar ninguna de las alegaciones del recurrente sobre la materialidad de dichos comportamientos y su responsabilidad no se afectó ni modificó ninguno de los factores tenidos en cuenta por el a quo para dosificar en seis meses de suspensión la sanción impuesta, entre los cuales se encuentra la trascendencia social de los comportamientos acaecidos, el perjuicio ocasionado y la existencia de antecedentes disciplinarios recientes,(23) lo cual aplica directamente para la falta contra la dignidad de la profesión tal como acertadamente lo concluyó el a quo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual el abogado Isaías León García fue sancionado con suspensión en el ejercicio de la profesión durante seis (6) meses, al encontrarlo responsable de las faltas contempladas en los artículo 30-4 y 39 de la Ley 1123 de 2007, a título doloso, conforme las razones consignadas en la motivación de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia al sancionado —y de no ser posible procédase conforme los mecanismos subsidiarios dispuestos en la ley—. Cumplido lo anterior, DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen.

3. Surtido lo anterior, ANÓTESE la sanción en la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a dicha oficina, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual empezará a regir la sanción.

Cúmplase».

(11) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”.

(12) Folio 68, cuaderno de anexos.

(13) Folio 69 ídem.

(14) Folio 70 ídem.

(15) Respecto al derecho de postulación y la representación jurídica que este posibilita, la Corte Constitucional en Auto 25 de 1994 preceptúa: “El artículo 229 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia y deja en manos del legislador la facultad de señalar en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

El Dr. Hernando Devis Echandía, al referirse al derecho de postulación lo define como el derecho que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona. Agrega el autor, que no se trata de disminuir la capacidad para comparecer en procesos, sino de reglamentar su ejercicio en defensa de los mismos interesados y de la profesión de abogado que, por su contenido social merece protección.

El apoderado judicial es el mandatario que la parte designa para el proceso y que lo representa mediante un poder general o especial. Vemos así, como el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, indica que los poderes generales se entienden conferidos para toda clase de procesos y solo podrán otorgarse por escritura pública y no requieren registro si es solo para pleitos. En cambio, el poder especial, que es el otorgado para un proceso, puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda, es decir, personalmente, de lo cual debe dejarse constancia escrita” (negrilla fuera de texto).

(16) Folios 137 y 138, cuaderno de anexos.

(17) Folio 141 ídem.

(18) Cfr. Las sentencias C-002 de 1993, C-064 de 1994, C-196 de 1999, C-393 de 2006, C-212 de 2007, C-290 de 2008 y C-819 de 2010.

(19) Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(20) Sentencia C-393 de 2006.

(21) Sentencia C-290 de 2008. Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, también se puede consultar la Sentencia C-540 de 1993.

(22) “4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

(23) Mediante sentencia del 9 de julio de 2008 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, fue suspendido del ejercicio de la profesión durante 4 meses, por incurrir en las faltas dispuestas en los artículos 50 y 52 del Decreto 196 de 1971, sanción que se materializó entre el 8 de septiembre de 2009 y el 7 de enero de 2010.