Sentencia 2011-04799 de julio 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001 1102000 2011 04799 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Discutido y aprobado en Sala Nº 52 de la misma fecha.

Ref.: Apelación fallo sancionatorio de primera instancia en contra de abogado.

Bogotá, D. C., dos de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3o de la Constitución Política, 112 numeral 4o de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1o de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia, de la apelación de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

2.2. Fundamentos de la decisión.

La Corte Constitucional, en diversos fallos, se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

"(...) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad"(5).

El Derecho Disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por su parte, el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 establece como presupuestos probatorios para proferir fallo sancionatorio la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. En efecto, de una lectura sistemática del Código Disciplinario del Abogado se desprende que para la demostración de estos dos aspectos puede acudirse dentro del proceso a cualquiera de los medios probatorios existentes, siempre que las pruebas se encuentren legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.

Así, al momento de proferir el fallo, corresponde al operador disciplinario hacer un análisis en conjunto de cada uno de los elementos con que cuenta la investigación, de conformidad con las reglas de la sana crítica, a efectos de determinar si existe prueba que ofrezca certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado.

De este modo, la legislación disciplinaria ha adoptado como método para la valoración de la prueba el denominado sistema de persuasión racional, según el cual ningún medio de prueba tiene previamente señalada la valoración que debe darle el funcionario que conoce del asunto -tarifa legal-, por el contrario, corresponde a aquél examinar la prueba conforme a las reglas de la lógica, el correcto entendimiento humano, los principios generales del derecho, con el propósito de obtener certidumbre sobre la cuestión fáctica que será el objeto de análisis desde el punto de vista de las diferentes normas disciplinarias.

El sistema de valoración de la prueba descrito está llamado a coadyuvar en la conquista de los fines del proceso disciplinario, especialmente, el de la aproximación razonable a la verdad material.

Adicionalmente, el análisis de las pruebas en las que se basa el fallo constituye garantía para preservar uno de los principios rectores de la ley disciplinaria cual es la motivación de los actos, pues la decisión definitiva del proceso en torno a la responsabilidad de los implicados, bien sea sancionatoria o absolutoria, sólo puede desprenderse de la valoración probatoria.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-244 del 30 de 1996 sostuvo:

“(…) Como es de todos sabido, el juez, al realizar la valoración de la prueba, la que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación de la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. (…)”.

En todo caso, nótese que las pruebas objeto de valoración por parte del intérprete son aquellas allegadas en forma regular al proceso, esto es, cumpliendo con todos los principios generales de la prueba judicial, incluido, el de oportunidad de la prueba. Así, las pruebas deben ser practicadas dentro de las etapas preclusivamente establecidas por el legislador para ello; y sólo sobre ellas se puede fundar la motivación de la decisión, pues éstas son el camino a través del cual el operador se aproxima, en forma razonable, a la realidad material que debe conocer observando el debido proceso.

En este orden de ideas, dentro del proceso disciplinario la prueba cumple un papel fundamental cual es conducir al operador a una mayor aproximación a la verdad real sobre la existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado, requisitos esenciales para proferir fallo sancionatorio, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Por su parte la adecuación típica, tiene que ver con el hecho de subsumirse la conducta en la descripción abstracta que hace el legislador. Cuando se está en presencia de una conducta ejecutada por un sujeto disciplinable, le corresponde a operador judicial verificar si encuadra perfectamente en la norma sustantiva disciplinaria, vale decir si es típica.

La conducta típica o tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como falta dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código.

Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo disciplinario. Si se adecua es indicio de que es falta. Si la adecuación no es completa no hay tipicidad.

Tradicionalmente la tipicidad, desde la dogmática del derecho penal, comprende una parte subjetiva y otra objetiva, la primera referida a los aspectos intelectual y volitivo del dolo, mientras que la segunda implica la inmersión de la conducta del sujeto activo en la acción u omisión típica y la descripción del resultado, es decir, que la conducta es objetivamente típica, cuando la conducta se encuadra en la descripción legal, atendiendo en todo caso, los elementos normativos y descriptivos del tipo.

El tipo disciplinario consagrado en el numeral 32 de la Ley 1123 de 2007 exige para su estructura, que el abogado injurie o acuse temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervienen en los asuntos profesionales.

2.3. Caso concreto.

Tenemos, que el Juzgado 10º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, dispuso compulsar copias a la Jurisdicción Disciplinaria a fin de que se investigara la posible comisión de falta disciplinaria en que haya podido incurrir el abogado LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ, en virtud de haber presentado poder el 16 de junio de 2011 para actuar como abogado suplente del doctor Abraham Guerra Marchena dentro de la causa penal bajo el CUI 11001 6000049 2007 03344 NI 54248 seguida en contra de la señora Marisol Polania Martínez por el delito de falsedad material en documento privado y otros, el 17 de junio siguiente se presentó nuevamente en el Despacho Judicial a efectos de revisar el proceso y a tomar algunas copias. Llegado el 20 de junio de 2011, fecha en la cual estaba programada la audiencia de juicio oral, una vez instalada la misma el doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ, solicitó el aplazamiento de la diligencia aduciendo que el abogado principal no le había suministrado la información ni la documentación necesaria para ejercer la defensa de la acusada, situación que afectó el principio de celeridad y defensa técnica, considerando el informante, que es susceptible de ser investigada por la jurisdicción disciplinaria.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante fallo del 11 de marzo de 2013 declaró disciplinariamente responsable al abogado por la incursión en la falta disciplinaria consagrada en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que el profesional no debió aceptar el poder si no estaba capacitado para asumir la defensa de la procesada, sancionándolo con censura en el ejercicio de la profesión.

Por su parte, el abogado de oficio en sus argumentos defensivos en sus alegatos de conclusión como en su recurso de apelación señaló que la intensión de su defendido al haber solicitado el aplazamiento de la diligencia del 20 de junio de 2011, era ser diligente y garantizarle a la procesada una adecuada defensa técnica, por lo que no le es atribuible el hecho de no haber podido acceder a los documentos y a la información que tenía en su poder el abogado Guerra Marchena y a la cual no pudo acceder para poder ejercer en debida forma su encargo. Esta Superioridad se encargará entonces del estudio de la providencia recurrida para determinar si es factible o no su absolución.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.

Se debe determinar entonces, i) si el hecho generador de una conducta de interés disciplinario existió, ii) si esa conducta se encuentra establecida como falta, iii) determinar la culpabilidad del disciplinable, y iv) fijar la sanción aplicable.

Desde ya se anuncia que esta Corporación atendiendo el material probatorio obrante en el expediente, procederá a revocar el fallo de primera instancia, dado que la conducta no se ajusta al tipo disciplinario consagrado en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, que literalmente reza:

“Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.

Son dos los verbos alternativos que contiene el citado tipo disciplinario, uno el de aceptar el encargo y no estar capacitado, y el otro, el no poder atender con diligencia la gestión encomendada en razón al exceso de compromisos del profesional del derecho. En el presente caso el Seccional adecuó la conducta del doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ en el primer evento, esto es, no estar capacitado para ejercer la defensa de la señora Marisol Polania Martínez dentro del proceso penal.

Debe recordarse que en el presente caso, el doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ, el 16 de junio de 2011 recibió poder por parte del doctor Abraham Guerra Marchena para actuar como abogado suplente dentro del proceso penal ya referido, siendo su primera actuación el haber asistido a la audiencia de juicio oral el 20 de junio siguiente, en la que solicitó el aplazamiento de la diligencia al considerar que no podía ejercer en esas condiciones la defensa técnica de la procesada, en razón a que no contaba con los elementos necesarios para ejercer la defensa.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala observa que el doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ contaba con muy poco tiempo para preparar la defensa de la señora Marisol Polania Martínez dentro del proceso de penal, tarea que no puede hacerse apresuradamente, máxime cuando en la etapa en que se encontraba el proceso penal es la de juicio oral, momento en donde se practican pruebas y se controvierten las mismas, labor que requiere de tiempo suficiente para su preparación y elaboración de estrategia, por lo que ha de señalarse que no es desproporcionado ni irracional el hecho de que el defensor haya solicitado un aplazamiento al juez de conocimiento a efectos de poder preparar su estrategia defensiva.

La defensa técnica asumida al interior de un proceso penal no puede adelantarse de manera improvisada, contrario a ello, ese ejercicio debe ser planificado, ya que eventualmente puede afectar el derecho a la libertad de la personal procesada, de ahí que en el presente caso, el juez de conocimiento accedió al aplazamiento solicitado por LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ.

De otra parte, esta Sala no comparte la posición del Seccional cuando afirma que el doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ no se encontraba capacitado para adelantar la gestión que asumió días antes, adecuando su conducta a la del literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en tanto una cosa es que el abogado haya manifestado dentro de la audiencia del día 20 de junio de 2011 que no puede llevar a cabo la diligencia por la falta de los documentos y la información de la estrategia defensiva que el doctor Guerra Marchena ya había trazado pues era éste quien venía fungiendo como defensor primigeniamente, y otra muy distinta, es que no sea capaz de asumir la defensa técnica dentro del proceso penal de la señora Marisol Polania Martínez, en otras palabras, una cosa es que un abogado no cuente con la capacidad o idoneidad profesional para asumir un encargo, y otra es que el abogado teniendo la capacidad como profesional del derecho, en un momento determinado no pueda ejercer su labor por no contar con los elementos necesarios para realizar una diligencia.

Si bien es cierto, en algunos casos se puede predicar la incompetencia de algunos abogados al pretender asumir encargos de los cuales no están capacitados profesionalmente dada su complejidad, también lo es que en materia penal, el juez tiene la facultad, ante la falta de defensa técnica relevar o asignar un defensor de oficio, lo cual impide que de presentes más adelante causales de nulidad dentro del proceso; sin embargo, en el sub examine no se probó que el abogado LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ, no haya tenido la idoneidad para asumir la defensa de la señora Marisol Polania Martínez, por lo que se desdibuja la comisión de la falta contenida en el literal i) de la Ley 1123 de 2007.

Para esta Corporación resulta claro no se logró demostrar que el abogado LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ no estaba capacitado para llevar a cabo la defensa dentro del proceso penal como lo afirmó el Seccional, pues no se desvirtuaron sus competencias como profesional del derecho, contrario a ello, el mismo investigado manifestó(6) que contaba con 22 años de experiencia, haber sido defensor público y haber ganado un concurso de méritos en una institución, situación que desvirtúan lo argumentado por el a quo, y que fue sustento para la sanción impuesta.

Itera esta Superioridad, que el actuar del abogado LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ no se adecúa a falta alguna descrita en la Ley 1123 de 2007, pues por hecho de haber solicitado un aplazamiento por no tener conocimiento del proceso, no permite predicar su incapacidad de asumir el encargo, en tal sentido, se revocará la decisión de primera instancia para en su lugar absolver al doctor LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ, de la incursión en la falta disciplinaria consagrada en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), proferido por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante el cual sancionó al abogado LUIS RAFAEL DE LEÓN MARTÍNEZ con CENSURA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN por haber incurrido en la falta descrita en el literal i) del artículo 34 de la ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLO.

2. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-196 de 1999.

(6) Audiencia de pruebas y calificación de fecha 6 de febrero de 2013.