Sentencia 2011-05567 de marzo 18 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201105567 02

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta Nº 021 de la fecha

Referencia: Abogado en apelación

Investigada: Nelly Montero Arias

Quejosa: Doris María Rivas

Primera instancia: Sanción de suspensión por 4 meses. Numeral 10 artículo 33 Ley 1123 de 2007.

Decisión: Absuelve.

Bogotá, D. C., marzo dieciocho de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir el recurso de apelación de conformidad con los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en armonía con el parágrafo 1º de la última norma citada y en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Determinada la condición de la inculpada doctora Nelly Montero Arias, se resuelve el recurso que interpuso contra la sentencia del 19 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio profesional, por haber incurrido en la falta disciplinaria establecida en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, falta que a la letra reza:

“10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa”.

Se procederá analizar los hechos por los cuales fue sancionada la doctora Montero Arias, a saber:

Memorial del 23 de noviembre de 2009, a través del cual la togada allegó al Juzgado 33 Civil Municipal de Bogotá relación de gastos con soportes de la administración del conjunto residencial, con el cual adjunta los gastos procesales para que fueran tenidos en cuenta al momento de liquidar las costas del proceso, resuelto mediante auto del 25 de noviembre de 2009 de manera desfavorable.

Memorial del 10 de septiembre de 2010, mediante el cual la profesional del derecho allegó al juzgado liquidación expedida por la administradora del edificio el Cedrito II. Acta Nº 038 donde se incrementa la cuota de administración para el año 2010, con respecto al apartamento 301 el aumento fue del 4.7% es decir la cuota de administración es de $158.050, entonces la administradora indicó que la demandada no había pagado la totalidad de la obligación, por lo anterior solicitó la actualización conforme a la liquidación allegada.

Ante el panorama fijado, el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogotá mediante auto del 14 de septiembre de 2010 procedió a la liquidación del crédito conforme al oficio allegado por la abogada, impartiendo su aprobación mediante auto del 26 de octubre de 2010 pues este no fue objetado; empero mediante auto del 31 de mayo de 2011 dejó sin valor los autos aprobatorios de las liquidaciones de crédito del 25 de noviembre de 2009 y 27 de octubre de 2010 por cuanto en el mandamiento de pago solo se incluyeron cuotas de abril de 2007 a noviembre de 2008; argumentando que el mandamiento de pago no podía modificarse.

De la prescripción como casual de extinción de la acción disciplinaria en el Ley 1123 de 2007. Así, en primer orden, la Sala precisa que la prescripción es una causal de la extinción de la acción disciplinaria y que conforme las conductas señaladas, específicamente sobre la cometida el 23 de noviembre de 2009, ya operó el fenómeno de la prescripción, pues el Estado perdió el poder punitivo de investigar la misma, la cual se encontraba prescrita al momento de arribar el expediente judicial a este despacho esto es el 24 de noviembre de 2014, y la conducta prescribió el día 22 de noviembre de 2014.

Así las cosas el Estado ha perdido su poder punitivo, sancionador frente a la implicada por cumplirse los términos señalados en la Ley 1123 de 2007, es válido a manera de información precisar que la Corte Constitucional, sobre el fenómeno de la prescripción, precisó:

“Prescripción - Definición. La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva —ius puniendi— por el cumplimiento del término señalado en la ley.

Prescripción en materia disciplinaria - alcance - finalidad y fin esencial. Al tiempo que la prescripción constituye una sanción frente a la inactividad de la administración, el fin esencial de la misma, está íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación, lo que violaría su derecho al debido proceso y el interés de la propia administración a que los procesos disciplinarios concluyan.

Prescripción de la acción disciplinaria en debido proceso - núcleo esencial - debido proceso - culminación de acción con decisión de fondo. Prescripción en debido proceso - núcleo esencial. La prescripción no desconoce ese núcleo esencial, toda vez que su declaración tiene la virtualidad de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada, contrariamente a lo que ocurre con los fallos inhibitorios, que no resuelven el asunto planteado y que dejan abierta la posibilidad para que se dé un nuevo pronunciamiento. La declaratoria de prescripción contiene una respuesta definitiva fundada en derecho que pone fin a la acción iniciada.

Cosa juzgada en la prescripción. Dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite tener certeza de que a partir de su declaratoria la acción disciplinaria iniciada deja de existir. En este sentido, la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub judice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente, justifica el necesario acaecimiento de la prescripción de la acción”(15).

Ahora bien, encontrándose vigente el término para investigar la conducta referida al memorial presentado por la profesional del derecho del 10 de septiembre de 2010 (fl. 15 c. 1), a través del cual solicitó la letrada la reliquidación del crédito, señalando que “el incremento de la cuota de administración para el año 2010 era del 4.7% con respecto al año anterior”, lo que indicaba que la demandada no había pagado la totalidad de la obligación; entrará esta Sala hacer el análisis pertinente para determinar si la falta atribuida es imputable a la misma.

De la conducta imputada

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa”.

Así pues, el problema jurídico a dilucidar en este asunto, se circunscribe a determinar si la disciplinada efectivamente incurrió en la conducta que atenta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, que ameritó la sanción impuesta por la Sala a quo, dentro del proceso ejecutivo singular Nº 2008-01722 adelantado contra la señora Doris María Romero deudora de cuotas de administración.

Sobre la falta mencionada se tiene que con ella se pretende inducir en error al funcionario, empleado o auxiliar de la justicia, contrariar al principio de lealtad con la administración de justicia y con la justicia misma, pues una decisión adoptada con base en afirmaciones maliciosas no puede ser catalogada como justa.

Acerca de la descripción típica examinada ha sostenido la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “El estatuto deontológico forense contempla dentro de su catálogo de faltas disciplinarias contra la lealtad debida a la administración de justicia, el “acudir a afirmaciones o negaciones maliciosas o las citas inexactas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios encargados de definir una cuestión jurídica”, descripción típica que congloba diversos comportamientos antiéticos a saber: 1. El abogado que conscientemente afirma o niega hechos o situaciones que van en contravía de la realidad, o tergiversa o desfigura su verdadera esencia y contenido, con el propósito de incidir en la recta ponderación y análisis del funcionario encargado de decidir sobre determinado asunto jurídico, como cuando contrariando la realidad, se afirma ante la jurisdicción civil que no se ha promovido acción de resarcimiento de perjuicios ante la jurisdicción penal con ocasión de un ilícito. 2. El abogado que conscientemente acude a citas legales, jurisprudenciales, doctrinales, procesales o de cualquier otra índole, que no corresponden a su verdadero alcance o contenido, o las sesga para postular una verdad contraria a la que de su contexto integral se evidencia, o incluso cuando acude a citas inexistentes, con el ánimo de incidir en el recto criterio del funcionario judicial”(16).

Así las cosas, entrara esta Instancia a determinar si la falta es típica, antijurídica y culpable.

Así las cosas es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.

La Corte Constitucional estableció que en este principio se vislumbran garantías, siendo la “primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración”(17).

Precisó, además que “(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del Legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado”.

Hechas las anteriores precisiones no considera esta instancia que la falta sea típica, toda vez que la afirmación de la encartada no es falsa ni maliciosa pues la liquidación del crédito la actualizó con base en las cuotas de administración; cuestión diferente es que no se encontraban en el mandamiento de pago, motivo por el cual no se observa que se den los presupuestos transcritos anteriormente para encuadrar la conducta como típica; lo que podría denotarse es un descuido de la abogada en la presentación de la liquidación o una tesis jurídica diferente, más no una afirmación inexacta (fls 17 a 19 c. 1).

Antijuricidad. En este caso, deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte del disciplinable, de los deberes que le impone el ejercicio de la profesión, y descritos en el pliego de cargos formulados por el a quo, traducidos en el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto penal, por lo tanto es aquel juicio impersonal y objetivo sobre la contraindicación existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico.

Por lo anterior efectuando un análisis objetivo de los hechos se denota que la actuación desplegada por la doctora Nelly Montero Arias, no es antijurídica, toda vez que la misma actuando en ejercicio de su profesión presentó una liquidación adicional y diferente a la del mandamiento de pago, por cuanto consideró que era procedente actualizar los valores remitidos por la administradora del conjunto residencial El Cedral II P.H, lo cual no deviene en un hecho antijurídico, más aún cuando es el juez quien finalmente decreta y aprueba la liquidación.

En asentimiento de lo anterior prescribe el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil que:

“ART. 521.—Liquidación del crédito y de las costas. “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 279 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente”: Ejecutoriada la sentencia de que trata el artículo 507 o la contemplada en la letra e), del numeral 2º del artículo 570, se practicará por separado la liquidación del crédito y la de las costas. Para la de estas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393; la del crédito se sujetará a las siguientes reglas:

“1. El ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior, según el caso, deberá presentar la liquidación especificada del capital y de los intereses, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

“2. De dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días, mediante auto que no tendrá recursos, dentro de los cuales podrá formular objeciones y acompañar las pruebas que estime necesarias.

“3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto apelable en el efecto diferido, recurso que no impedirá efectuar el remate de los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de la apelación.

“4. Expirado el término para que el ejecutante presente la liquidación, mientras no lo hubiere hecho, el ejecutado podrá presentarla y se aplicará lo dispuesto en los numerales anteriores. Si pasados veinte días ninguno la hubiere presentado, la hará el secretario y se observará lo prevenido en los numerales 2º y 3º.

“5. De la misma manera se procederá cuando se trate de liquidación adicional”.

Culpabilidad y modalidad de la conducta. En lo referente a este deber específico no vislumbra la Sala que la doctora Montero Arias, haya actuado con dolo al presentar el escrito de liquidación elaborado por la administradora del conjunto residencial El Cedral II, a través del cual se incrementaron las cuotas de administración, toda vez que no se observa la intensión de la abogada de hacer incurrir en un yerro al juez, así mismo recaudadas las pruebas en primera instancia no se encuentra desvirtuada la presunción de buena fe de la togada y menos se reitera una actitud mal intencionada por parte de la profesional del derecho.

De otra parte, el juzgado de conocimiento mediante proveído del 31 de mayo de 2011 declaró sin valor y efecto las liquidaciones que había aprobado señalando que la liquidación del crédito debía ajustarse al mandamiento de pago, quedando un saldo a favor de la demanda de $119.522,43 el cual señaló se imputaría a la liquidación de las costas (fls. 25 y 26 c. 1).

La conducta endilgada, fue imputada a título doloso, pero considera esta instancia que la misma se realizó a título de culpa, pues carece la abogada de alguna intensión de que la liquidación se aprobara en un mayor valor, motivo por el cual al ser la misma la que exige un desarrollo doloso y ser este inexistente no puede endilgarse el elemento culpabilidad.

Debe atenderse que la culpabilidad, como elemento estructurante de la responsabilidad en el presente caso se exige a título de dolo, como ya se explicó la abogada no actuó de dicha forma, pues nunca tuvo el ánimo de hacer desviar el curso del proceso, ni tampoco efectuó afirmaciones falsas, razón por la cual sancionarla conduciría a una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en el ordenamiento jurídico colombiano.

En sentencia C-155 de 2002, se indicó:

“Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandis en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado… la culpabilidad es “supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”[11]. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del CDU acusado, al disponer que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación al señalar que “el hecho de que el código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso —con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso—, y que dentro de este se haya establecido la responsabilidad del disciplinado”.

Como consecuencia de lo anterior procederá esta instancia a revocar la decisión de primera instancia esto es la suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión, como responsable de haber incurrido en la conducta descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 impuesta a la doctora Nelly Montero Arias, por no haberse configurado en su actuar los elementos constitutivos de la responsabilidad, como son la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, para en su lugar ABSOLVERLA.

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia APELADA de fecha 19 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Nelly Montero Arias como responsable de la falta disciplinaria descrita en el artículo 33 numeral 10 de la ley 1123 de 2007, en el sentido de ABSOLVER a la profesional del derecho de la falta endilgada, conforme la parte motiva de esta providencia.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

3. Por Secretaría líbrese las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

(15) Sentencia Corte Constitucional C-556 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis - mayo 31 de 2001.

(16) Sentencia del 9 de octubre de 2004, M. P. Temístocles Ortega Narváez - Radicado 200100320.

(17) Sentencia C-030 de 2012.