Sentencia 2011- 05705 de mayo 12 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001110200020110570501

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta Nº 40 de la misma fecha

Ref.: Consulta sentencia abogado Armando Castro Mendoza

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud a lo previsto por los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política, 112, numeral 4º y parágrafo de la Ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionatoria del Estado se extiende para inspeccionar y vigilar las profesiones.

El artículo 26 de la Constitución Política garantiza, por una parte, la libertad de escoger profesión u oficio y, por otra, la facultad del Estado de inspeccionar y vigilar su ejercicio. Esa facultad de inspección y vigilancia tiene su principal fundamento en el riesgo social que representa para la sociedad el ejercicio de las profesiones y de ciertos oficios. Sobre el particular la Corte Constitucional ha señalado que:

“La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales”(31).

Ese riesgo social justifica la existencia de la normatividad expedida por el legislador(32), que tiene por objeto no solo reglamentar la profesión sino sancionar su ejercicio indebido o irresponsable y, en ese sentido, se reprocha el desconocimiento de las normas de conducta que cada actividad impone, pues se exige una serie de “comportamientos éticos que le den seguridad, confianza y rectitud al ejercicio de la profesión”(33) y salvaguarden el interés general inmerso en su ejercicio.

Partiendo de la base que, el grado jurisdiccional de Consulta es una garantía que tienen los sancionados para que el Superior funcional del juez, sin necesidad de petición alguna, revise la legalidad del fallo, debe la Sala examinar en toda su dimensión, sin límites, la actuación cumplida por la primera instancia a fin de establecer la procedencia o no de confirmar la sentencia del 27 de junio de 2014, por medio de la cual se sancionó al doctor Armando Castro Mendoza con suspensión de un (1) año, por las hipótesis antiéticas contenidas en los artículos 32 y 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, esto es, por haber inobservado los deberes consagrados en los numerales 6º y 7º del artículo 28 ibídem.

En ese orden de ideas, debe advertirse que la actuación no presenta vicios que puedan invalidarla, pues el disciplinado fue citado a las direcciones respectivas y fue asistido por defensor de oficio.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los requisitos(34) que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para el fallo sancionatorio, esto es, la certeza de la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado, tampoco dificultad alguna presenta el proceso, síntesis que permite desde ahora diagnosticar la confirmación del proveído en consulta.

Así las cosas, con pleno acatamiento de las formalidades expuestas, se procederán a estudiar las faltas por las cuales fue llamado a juicio el abogado Castro Mendoza. Las normas disciplinarias las describen así:

Ley 1123 de 2007:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

8. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones o excepciones, manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y de las tramitaciones legales y, en general, el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad.

En el caso sub judice, conforme con los medios de convicción allegados a la presente actuación, se pudo constatar que el doctor Armando Castro Mendoza actuó como apoderado de las señoras Luz Marina y Martha Jeaneth Castro Mendoza, dentro del proceso abreviado de restitución de inmueble con radicación 2007- 0140 que adelantó el Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, donde ejerció su mandato con la interposición constante y repetitiva de recursos y escritos improcedentes, que además de estar encaminados a entorpecer la actuación judicial, fueron injuriosos y claramente irrespetuosos, al punto de atentar contra la dignidad de la juez de conocimiento y demás personas intervinientes.

En efecto, de los documentos arrimados a la investigación, como fueron las copias del proceso abreviado de restitución, se desprende que el disciplinado atentó contra la ética, desconociendo la mesura, ponderación y respeto que debe guardar en sus actuaciones hacia la Juez, su equipo de trabajo y demás sujetos procesales, utilizando palabras desobligantes e irrespetuosas y en la ejecución de conductas procesales que manifiestamente buscaban dilatar y entorpecer el trámite, en perjuicio del proceso y la administración de justicia.

Claro es pues, que los comportamientos reprochados por la Seccional se mantuvieron, por parte del abogado, a lo largo del proceso referido, y que motivó la compulsa de copias, por parte de la Juez 61 Civil Municipal, fue el recibido por esa instancia el 1 de junio de 2011.

De cara a la anterior circunstancia, no es admisible este tipo de comportamientos en los profesionales del derecho, pues estos están compelidos a actuar con mesura y respeto hacia los intervinientes en las actuaciones judiciales, deber consignado en el numeral 7º del artículo 28 del Estatuto del abogado.

Ahora bien, analizando en concreto lo escrito por el encartado, con plena certeza se observa, que las palabras utilizadas en sus memoriales, se consideran como actos injuriosos, atentando contra la dignidad humana, tanto de la Juez como de los intervinientes en el proceso, derecho que según la Corte Constitucional envuelve tres ámbitos, entre ellos la intangibilidad del cuerpo y el espíritu:

“(...) que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida)”(35).

En relación a este tipo disciplinario debe advertirse que los verbos rectores que estructuran la falta son injuriar y acusar. El Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define injuriar como agraviar, ultrajar con obras o palabras; y, acusar, como Imputar a alguien algún delito, culpa, vicio o cualquier cosa vituperable”.

Y para la configuración de la injuria, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado que se requiere el ánimus injuriandi, o sea, la conciencia del carácter injurioso de la acción.

La Corte Constitucional retomando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado que este requisito, comporta “(...) (i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona”(36).

En efecto, se encuentra plenamente acreditado, que las afirmaciones del togado, fueron preparadas y calculadas, en sus varios e insistentes escritos, y que la única finalidad, fue la de afectar e injuriar a la Juez de conocimiento y no la de propender por la defensa de los intereses de sus poderdantes, con argumentos jurídicos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo de la conducta, ha de observarse que tampoco aprieto alguno se presenta, pues el doctor Castro Mendoza es el único autor y responsable de las injurias inferidas a la funcionaria judicial, en la medida que fue quien en el escrito del 1 de junio de 2011, mancilló la administración de justicia al señalar con sarcasmo cuando la señala: “usted prevarico – y continuo – su acelere a – rematar un bien al que le tiene ganas” [sic a lo transcrito] y “esto es abuso de la Función Pública – Vía de Hecho – Abuso de Poder – Prevaricato por Acción y Omisión”, lo cual realizó de manera consciente y voluntaria, es decir, dolosamente, pues dada su vasta experiencia como profesional del derecho (tarjeta profesional Nº 80.225) es conocedor de las conductas antiéticas y, por qué no, contrarias a la dignidad de las personas, y aún con esa capacidad de discernimiento, intencionalmente y en pleno uso y goce de sus facultades, suscribió aquellas frases insultantes.

Por esta razón, no puede aceptarse el argumento de la defensa, al considerar que no se trató de expresiones dolosas y que fueron justificadas, toda vez que, al interior del proceso abreviado de restitución de inmueble se presentaron presuntas irregularidades procesales. La argumentación esgrimida no es excusa suficiente para validar la conducta del abogado, pues son precisamente la mesura y el decoro los valores que deben prevalecer y relucir en la actuación de todo profesional del derecho, y no la soberbia y la altanería, comportamientos que no se compadecen de la dignidad de la profesión.

Igualmente hay que precisar que no obra prueba alguna en la que conste que el doctor Castro Medina (sic), padece alguna patología que debilite sus condiciones mentales, no siendo más que conjeturas formuladas por la defensa que no revisten validez alguna, por lo que no son de buen recibo por parte de esta Sala la solicitud que el comportamiento del doctor Castro Mendoza, quedaba resguardada bajo las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en los numerales 5º y 6º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que no se trataba de hechos sobreviniente, ni que se trataba de una situación imposible de resistir, pues era conocido por el abogado desde el año de 2007, y desde su condición de apoderado de la parte demandada, tenía el deber de ejercer juiciosamente la defensa de los intereses de su cliente dentro de las oportunidades procesales y bajo los parámetros y límites que la ley le imponía, siendo abiertamente incompatibles los tratos denigrantes, oprobiosos que amenazan o afectan el buen nombre y la dignidad de aquellas personas relacionadas con el ejercicio de la profesión.

Si bien el encartado no estaba obligado a guardar silencio frente a las decisiones de la funcionaria judicial, tampoco estaba facultado para ultrajarla e injuriarla, la misma norma establece que frente a estas circunstancias, si el profesional del derecho tiene reproches o asuntos que denunciar debe hacerlo por los medios pertinentes y ante las autoridades competentes, más no abordar de manera ofensiva al servidor público, es decir, lo que se reprocha y que resulta a todas luces antijurídico, en los términos del artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, es el empleo de frases injuriosas suscritas por el ahora disciplinado.

Significa lo anterior que, el letrado actuó de manera antijurídica(37), en tanto afectó los deberes profesionales consagrados en la Ley 1123 de 2007, sin que al respecto exista justificación alguna, habida cuenta que, las pruebas arrimadas al proceso son lo suficientemente claras, como lo es el memorial motivo de compulsa dentro del expediente cursado en el Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, y que gozan de validez, pertinencia y conducencia.

El anterior análisis probatorio y la ausencia de una explicación de recibo por el abogado o su defensor, permiten afirmar de manera categórica que efectivamente incumplió con el deber de observar el debido respeto hacia la Administración de Justicia, representada en este caso sub examine tanto por la Juez, como por los demás intervinientes.

Ahora bien, en cuanto a la segunda imputación, se demostró que el disciplinado desplegó actuaciones que atentaron contra el deber consignado en el numeral 6º del artículo 28 del CDA, e incurrió en la falta consagrada en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, pues como bien lo señala el artículo 4º ibídem, un abogado incurre en falta antijurídica cuando su conducta afecta, sin justificación, cualquiera de los deberes contenidos en la ley, queriendo decir esto que, para exigir responsabilidad disciplinaria a un abogado, debe este haber desconocido o quebrantado con su conducta un deber profesional.

En efecto, se observa que el abogado Castro Mendoza actuó con pleno desconocimiento de este deber, y que, con sus conductas incurrió en falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, toda vez que, desplegó sistemáticamente y de manera repetitiva solicitudes, recursos, escritos y prerrogativas procesales, con el fin último, de entorpecer y dilatar el normal transcurrir de un proceso, que a pesar de ser de trámite preferente y de única instancia, logró que se prolongara en el tiempo.

Así mismo, con certeza se denota, la intención manifiesta del encartado, de dilatar la actuación procesal, con la presentación del memorial del 1º de junio de 2011, mediante el cual interpone recursos de reposición, apelación, queja, nulidades, revocatoria, recusaciones y declaratoria de impedimentos, todas improcedentes por ser injustificadas y extemporáneas, que no buscaban atacar las decisiones de la Juez en debida forma, como lo prevé la ley, desgastando el sistema judicial, tal como se lo advirtió dicha funcionaria, y los cuales se encuentran descritos en el capítulo de Pliego de Cargos de esta providencia.

Así las cosas, se insiste, el encartado incurrió en la falta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, pues las pruebas llevan a la conclusión, más allá de toda duda, de la materialización de esta.

En ese orden de ideas, con todo lo anterior, queda demostrado con suma claridad, el compromiso disciplinario del encartado en las dos faltas que se le enrostraron, pues como se dijo, en dichas conductas concurren los elementos cognoscitivo y volitivo, dada su formación profesional y vasta experiencia, era conocedor que su actuar era desmedida e irrespetuosa para con la Juez y que con sus diversos escritos, dilatar la actuación judicial.

Para terminar, en torno a la sanción de suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión, habrá de mantenerse, porque tratándose la consulta de un instituto orientado a la revisión de los aspectos desfavorables al disciplinado, no puede la Sala agravar su situación, teniendo en cuenta que el a-quo dosificó la sanción según límites fijados en los artículos 40, 43 y 45, en cuanto concurre el agravante previsto en su numeral 6º, del literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, debido a la trascendencia social y la mala imagen para la profesión dentro del conglomerado social; además, siendo la sanción impuesta necesaria, razonable y proporcional, en los términos del artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, teniéndose en cuenta que se trata de dos faltas dolosas, y la gravedad de las mismas, pues no solo se atenta contra el deber de colaborar lealmente con la administración de justicia, sino también contra el deber de observar mesura y respeto para con los funcionarios públicos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia consultada por medio de la cual se sancionó al abogado Armando Castro Mendoza con suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión, al hallarlo responsable dolosamente de las faltas previstas en los artículos 32 y 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, conforme con las razones expuestas en la parte motiva.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho Registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

3. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión al abogado disciplinado, y de no ser posible en la forma subsidiaria.

Notifíquese y cúmplase».

31 Cfr. Sentencia C-568 de 2010. M.P.

32 Cfr. Sentencia C-177 de 1998. M.P.

33 Cfr. Sentencia C-190 de 1996. M.P.

34 “Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable”.

35 Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

36 Corte Constitucional, Sentencia C – 489 de 2002.

37 Art. 4º Ley 1123 de 2007: “Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.