Sentencia 2011-05839 de mayo 2 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 110011102000201105839 01 01

Ref.: Proceso disciplinario contra la abogada Luz Carlina Gracia Hincapié.

Aprobado según Acta 32 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Es esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, competente para conocer y decidir de los recursos de apelación impetrados en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con los mandatos establecidos en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 59 numeral 1º y 89 del Código Disciplinario del Abogado.

En concreto, el problema jurídico a dilucidar en este asunto y por el cual fue sancionada la abogada Gracia Hincapié, es determinar si la esta profesional del derecho calló situaciones inherentes a la gestión encomendada o alteró la información correcta con el ánimo de desviar la libre decisión de sus poderdantes sobre el manejo del asunto, pudiendo incurrir en la falta a la debida lealtad profesional con el cliente tipificada en el literal C del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor reza:

“ART. 34.—Constituyen faltas a la lealtad con el cliente:

(...).

C. Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto”.

Entonces, entra la Sala a decidir si confirma o revoca la sentencia dictada el día 31 de julio de 2012, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses a la abogada Luz Carlina Gracia Hincapié, al encontrarla responsable de incurrir en la conducta establecida en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.

Esta corporación se ocupará de analizar los argumentos expuestos por la doctora Gracia Hincapié, así:

1. Los quejosos no probaron sus afirmaciones en contra de la disciplinada.

Argumentó respecto a este tema, la doctora Gracia Hincapié:

“la prueba aportada por los quejosos, para sustentar sus dichos lo constituye el contrato de prestación de servicios, y en él se consigna, contrario a todo lo afirmado en mi contra, que mi obligación como su abogada era de medios y no de resultados. Si ello fue así, como en efecto consta en el contrato, lo quejosos no acreditaron que la suscrita antes de iniciar el trámite de todos los procesos (audiencia de conciliación previa para el levantamiento de patrimonio de familia, proceso divisorio y proceso ejecutivo) les hubiese dicho que en el proceso ejecutivo no habría ningún problema, en particular con lo de la prescripción. No aportaron ninguna prueba de ello, y el magistrado ponente, aplicando una responsabilidad objetiva en contra de la disciplinada, desde la formulación del cargo, señaló que era a título de dolo. No hay prueba ni de la supuesta promesa de no riesgo en el proceso ejecutivo, ni que dolosamente la suscrita quería que el demandado alegara la prescripción en contra de los intereses de mis representados, o que me hice otorgar los poderes para inicio de toda la gestión judicial ya mencionada, o que esta no fuera viable en favor de los clientes”(13).

Esta Sala no comparte los anteriores argumentos, toda vez que los medios probatorios allegados por los quejosos permiten aseverar la existencia de la falta, esto es, los testimonios de Patricia Sánchez Carvajal y Carolina Pachón Sánchez, quienes aseguraron que la doctora Gracia Hincapié les manifestó que la sentencia no se encontraba prescrita, que podían optar por la prescripción de 10 años que trataba el Código Civil, pero que en ningún momento les anunció los riesgos que se podían llegar a presentar, esto es, la posibilidad de que el demandado se acogiera a la Ley 791 de 2002, la cual contenía un término de prescripción más favorable para él, situación que efectivamente se presentó. Se enfatiza, que si la disciplinada les hubiera explicado todas las posibilidades que se podían llegar a presentar, los quejosos habrían podido tener un juicio libre con el fin de decidir acudir a otro profesional del derecho o abstenerse de iniciar la respectiva acción judicial.

Por eso entonces, el juzgador de primera instancia señaló al respecto:

“y, se hallan los testimonios de Patricia Sánchez y Carolina Pachón, quienes bajo la gravedad del juramento, afirman que la señora abogada nada les dijo acerca de la prescripción de la sentencia. Así las cosas, respecto al citado presupuesto se tiene que la prueba documental y testimonial aportada al diligenciamientos, demuestran con certeza que la doctora Luz Gracia no advirtió a sus poderdantes, sobre los riesgos de formular la demanda ejecutiva, con un título valor que se encontraba prescrito; máxime cuando les aseguró que dicha sentencia podría cobrarse, razón para que, finalmente la contrataran y cancelaran honorarios”(14).

Argumentos valederos para esta colegiatura, toda vez que se infiere de los testimonios presentados que la doctora Gracia Hincapié al no advertirles el posible riesgo que se podía presentar referente a la prescripción de la acción, lo cual nubló a todas luces el juicio de los quejosos para poder elegir a otro profesional derecho, o asumir el riesgo correspondiente con la disciplinada.

De igual manera cabe afirmar que las declaraciones hechas por los quejosos dentro del trámite disciplinario surtido en primera instancia, se hicieron bajo la gravedad del juramento razón por la cual, son aceptadas como medios probatorios que conducen al juzgador a establecer la existencia de la falta, encontrando fuerza de convicción en la regla de la experiencia atinente a que en casos como el analizado, es decir, en presencia de títulos que por encontrarse vencido el término para poder accionar ejecutivamente, lo cercano a lo que normalmente sucede es que sus acreedores no intentan adelantar proceso de esa naturaleza, menos que contraten a un abogado asumiendo el riesgo de ser decretada la prescripción.

2. En la calificación del único cargo no hubo prueba de que la presunta conducta endilgada hubiese sido cometida título de dolo. Adicional debió excluirse como prueba la supuesta versión telefónica de los hechos que se le hizo a la quejosa Carolina Pachón en contra de la disciplinada, por falta de publicidad y ser violatoria.

Respecto a este punto, la disciplinada afirmó en el recurso de apelación:

“En efecto, independientemente de la discusión sobre lo que es el dolo eventual y el dolo directo, sobre la cual hay mucho por disertar, y por la brevedad del caso, precisase que la acción dolosa se estructura cuando para conseguir la ejecución de un acto el abogado se vale de toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero. O cualquier artificio, o manejo de astucia para lograr la confianza del cliente para que este le otorgue poder para el inicio de una determinada gestión judicial”(15).

Respecto al argumento aquí esgrimido por la disciplinada, cabe resaltar que es de la naturaleza propia de la falta que se le está endilgando que se realice a título de dolo, toda vez que al no haberle comunicado a los quejosos que el inicio de la acción ejecutiva corría algún riesgo referente la prescripción de la misma, estos hubieren podido abstenerse de otorgarle poder so pretexto de ser condenados en unas costas tan elevadas como efectivamente ocurrió e igualmente habría perdido la oportunidad de lucrarse con los honorarios que efectivamente le fueron cancelados, para lo cual conscientemente prefirió callar ese tema, y con ello perjudicó los intereses de sus mandantes.

Dentro del mismo punto de sustentación de su escrito de alzada, la doctora Gracia Hincapié señaló:

“En este asunto como medio de prueba, que no es válido, el despacho ha tomado la versión de los quejosos, destacando el dicho de la quejosa Carolina Pachón Sánchez, respecto de la cual a decir verdad en la actuación no se ha identificado si es quejosa, y así debe considerársele porque suscribió la denuncia en dicha condición, o si es testigo de su progenitora y de sus hermanos. Esta consideración, porque en la audiencia del 26 de abril de 2012, quedó claro que el despacho supuestamente se comunicó vía telefónica con Carolina Pachón Sánchez, identificándola como testigo del caso, lo cual de haber sido cierto, no se dejó constancia en el expediente, y con ello se me vulneró el derecho de contradicción respecto de lo que aparentemente expresó esta persona al despacho relacionado con los hechos de la queja en mi contra, ahora bien de la declaración rendida por esta testigo en audiencia, en nada se probó con aquella, pues es el mero dicho, sin que existiera en realidad que desvirtuaran las afirmaciones hechas por la suscrita”(16).

Esta corporación no puede acoger lo señalado por la abogada disciplinada, toda vez que si bien, la señorita Carolina Pachón Sánchez fue llamada a declarar por ser testigo presencial de los hechos, tal como obra en telegrama Nº 0367-2011-5839-AVM de 8 de febrero de 2012(17), como en todo momento lo ha señalado la disciplinada, sin que por ello pierda la calidad de quejosa; además, no es cierto que se le haya violado el derecho de contradicción, toda vez que dentro de la audiencia del 7 de marzo de 2012(18), en la cual la señorita Pachón Sánchez, rindió su testimonio, el magistrado instructor le dio la oportunidad a la doctora Luz Carlina Gracia Hincapié para que la interrogara, situación que efectivamente sucedió, tal como se desprende del audio de la audiencia, quedando así demostrado, que se le garantizó el derecho de contradicción, sin que se haya presentado vicio alguno entorno al derecho mencionado.

3. Uso de responsabilidad objetiva, ya proscrita en el derecho penal como en el derecho disciplinario.

Al respecto, señaló la enjuiciada:

“en esta oportunidad solicito, como insistentemente lo he señalado en este escrito se tenga en cuenta que sin existir ninguna prueba en mi contra se formuló un cargo a título doloso, sin el cumplimiento de los presupuestos que demanda este tipo de acusación”(19).

Como se ha expuesto en acápites anteriores de este proveído, la falta atribuida a la aquí disciplinada es dolosa por naturaleza, ya que al callar sobre los riesgos que podían surgir de iniciar un trámite judicial con un título ejecutivo ya vencido, evidencia la intención de la abogada de adelantar dicho trámite, sin realizar algún tipo de estipulación dentro del contrato de prestación de servicios(20), el cual se erigía como un aspecto de suma importancia, que permitiría dejar claridad respecto a este tema y lograr salvar su responsabilidad ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar, y más aún cuando acordó unos honorarios que para sus representados no son un suma irrisoria debido a su condición económica, con lo cual no se pretende creer que fue una omisión o un descuido por parte de la disciplinada, sino que claramente para esta colegiatura permite inferir la intención de la togada de lucrarse sin importar el deber que le asistía de lealtad con sus clientes.

Se resalta aún más que, pese a experiencia y estudios universitarios y post universitarios que hizo valer la doctora Gracia Hincapié, dentro del trámite procesal surtido en primera instancia, torna más difícil a esta Sala aceptar el argumento que sí les dijo a sus poderdantes sobre los riesgos que corría el inicio del proceso ejecutivo, y ante la importancia de esa cuestión para la gestión que se le encomendaba no haya hecho si quiera alguna salvedad o anotación alguna en el contrato de prestación de servicios que permitiera salvar su responsabilidad.

De igual manera, en primera instancia el magistrado instructor, ilustró de forma clara la responsabilidad en que incurrió la disciplinada, en ningún momento estableciéndole el tipo de responsabilidad objetiva, la cual alega la recurrente, sino que acorde a las normas sustanciales y procesales que rigen la materia se le atribuyó la responsabilidad que en derecho le correspondió, expresándolo en esta forma:

“ahora bien, debió hacerse la reseña procesal del ejecutivo, en lo pertinente, para evidenciar que, ciertamente, para cuando se presentó la demanda ya se encontraba prescrito el título base de la acción, esto es la sentencia de alimentos del 12 de octubre de 1999, ejecutoriada el 26 siguiente...

...para la Sala, dichas exculpaciones no encuentran asidero, toda vez que, no resulta comprensible, como señala la acusada, que aquellos hubiesen ordenado dar inicio a la ejecución, a sabiendas que era precisamente, el prescribiente quien tenía la potestad de elegir cuál de las normas se aplicaría, en su caso y que de perder serían condenados en costas. Pues ante tal realidad procesal, especialmente el hecho de la condena y el riesgo de la acción, resulta extraño que la doctora Carlina Gracia, nada haya consignado en el contrato de Prestación de Servicios que suscribió con los mismos, dado que por sus efectos se erigía en un aspecto importante a señalar y, como se aprecia, frente al mandato de la ejecución se obligó a iniciar demanda ejecutiva con medidas cautelares en favor de aquellos, con fundamento en la aludida sentencia, sin advertir los riesgos, que no eran simplemente, que se venciera o no en juicio; ante el hecho de que frente a la norma vigente, la sentencia de alimentos, ya había superado los cinco años, y respecto del artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, era el demandado quien elegía”(21).

Razones por las cuales se vislumbra a todas luces que la primera instancia no realizó ningún tipo de imputación objetiva como erróneamente lo planteó la apelante, por el contrario, claramente se demuestra la tipificación subjetiva que se le estableció, la cual resulta acertada para esta Colegiatura, y por ende se, desestiman lo argumentos expuestos por la abogada Gracia Hincapié.

4. Ilicitud sustancial.

Al respecto, indicó la enjuiciada:

“revisando los deberes del abogado estipulados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, en ninguno de ellos aparece que un abogado debe incluir expresamente en el contrato de prestación de servicios que a los clientes se les notificó y enteró ampliamente sobre los riesgos que se corren frente a la posibilidad que tiene el demandado de alegar una prescripción, y menos que de consignar dicho contrato que a los cliente se les garantiza absoluto éxito. Obsérvese como en el contrato de prestación de servicios aportado como prueba se consignó que la gestión de la abogada es de medios y no de resultados. Nunca les prometí o les dije a los clientes quejosos que en el cobro de las obligaciones por cuotas alimentarias no se iba a tener ningún riesgo como malintencionadamente señalaron en la queja y en su ampliación, amén de que ninguna prueba en este sentido se aportó...”(22).

Si bien lo señalado por la recurrente es acertado parcialmente, en lo referente a que la Ley disciplinaria del abogado no establece que dentro del contrato de prestación de servicios deba estipularse expresamente el riesgo que con determinada acción judicial puede correrse, sí está en la obligación de cumplir con el deber consagrado en el literal a, numeral 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007(23), situación la cual se le está reprochando toda vez que no informó completamente a sus poderdantes sobre los riesgos y consecuencias que se podían derivar del inicio de la pluricitada acción ejecutiva, callando el deber que tenía para con sus clientes de informales todo lo relacionado con la gestión, situación que si efectivamente les hubiera comentado ellos habría podido retractarse de iniciar un trámite con base en una acción ejecutiva ya prescrita y evitar ser condenados en unas costas judiciales(24) tan elevadas, que para la capacidad económica de los quejosos, no puede afirmarse que sea irrisoria y no hubieren precavido su actuar.

Lo anterior es el reproche que se le ha venido realizando a lo largo de todo el trámite procesal a la doctora Gracia Hincapié, el no advertir todos los aspectos relativos a la gestión que iba a comenzar, la cual hubiera podido tener variaciones determinantes e incluso se hubiesen abstenido de comenzar si efectivamente se les hubiera anunciado que se iniciaría un trámite casi perdido y en consecuencia los podían condenar.

5. Violación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la graduación de la pena.

Manifestó la disciplinada que en primera instancia no se tuvieron en cuenta los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, además de la inexistencia de antecedentes disciplinarios, para imponerle la sanción mediante la sentencia del 31 de julio 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, así lo indicó:

“En el caso de autos, por falta de prueba en contra de la disciplinada, y no existir ningún antecedente, la sanción impuesta en el fallo de primera instancia resulta desproporcionada e ilegal...”(25).

Señaló la jurisprudencia de la H, Corte Constitucional, respecto del tema:

“Si bien ha admitido la Corte que el control de constitucionalidad en materia disciplinaria resulta de una intensidad menor que en materia penal, al determinar la gravedad de las faltasy la intensidad de las sanciones, el legislador debe orientarse por criterios de proporcionalidad y razonabilidad y, especialmente por los principios de lesividad y necesidad(26)”.

Hay que hacer referencia al hecho de que en la imposición de la sanción impuesta a la abogada Luz Carlina a no se tuvo en cuenta la atenuación de la inexistencia de antecedentes disciplinarios de la togada, a este respecto nos ilustra el tratadista Carlos Mario Isaza Serrano:

“principio de proporcionalidad: atañe a una negociación generalizada de la discrecionalidad en materia sancionatoria. Trata de que la sanción sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, con lo cual se erige en un principio normativo que obliga al operador disciplinario a efectuar una adecuación de la sanción al hecho investigado. Esta negación generalizada de la discrecionalidad igualmente apunta a vincular al operador disciplinario a los límites legales de la sanción, en atención a que el principio de proporcionalidad puede ser violado no solo cuando aquel la impone por fuera del límite legal en cuanto a contenido y tiempo se refiere, sino también, cuando externamente respeta estos límites, pero internamente desconoce los criterios señalados para seleccionarla o graduarla. Tales son la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado aunque sido en forma parcial, la situación económica del sancionado, el estipendio diario derivado de su trabajo y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagarla”(27).

En ningún momento dentro del fallo de primera instancia, en el acápite de la sanción, se tuvo en cuenta los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción que le fue impuesta la doctora Luz Carlina, únicamente se limitó a señalar que fue una falta de aquellas que le hace daño a la sociedad, desprestigian la profesión de abogado y no cumple con el ejercicio leal de la misma.

En efecto, la doctora Luz Carlina Gracia Hincapié, alegó que no posee antecedentes disciplinarios, lo que resulta demostrado con los certificados de antecedentes disciplinarios(28) que obran dentro del plenario, lo cual refleja su apego durante su vida profesional a las normas que rigen la disciplina.

En este aspecto, señala el máximo órgano guardián de la Constitución:

“la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad. La racionalidad, en cambio, expresa el ejercicio de la razón como regla y medida de los actos humanos. Es, simplemente, producto de la esencia racional del ser humano. Por lo anterior es posible afirmar que no es improbable que se presente la eventualidad de que un trato desigual racional el supuesto de hecho, el trato desigual y la finalidad sean coherentes entre sí no sea razonable, porque la finalidad perseguida no es constitucionalmente admisible, como tampoco cabe desechar que unos supuestos de hecho distintos con una estructura razonable sea objeto de una diferenciación irracional.

Y en el aspecto de la inexistencia de antecedentes disciplinarios se ha pronunciado esta Sala, así:

“Frente a los argumentos de apelación, encuentra esta corporación que la sanción de suspensión impuesta a la jurista debe modificarse, ya que en efecto, para la falta endilgada a la investigada consagra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, tres tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión.

En el presente caso, y una vez revisada la actuación se observa a folio 14 del cuaderno de segunda instancia que la togada no registró sanción alguna en su certificado de antecedentes disciplinarios, siendo este el argumento con el que la apelante a tener la decisión del a quo, en procura de obtener disminución de la sanción impuesta la cual considera que debe ser la de censura.

Por lo anterior, considera esta instancia que para la dosificación de la sanción el fallador disciplinario debe tener en cuenta: la relativa trascendencia social de la conducta de la disciplinada, la modalidad de la misma, el grado de culpabilidad, culposa el perjuicio ocasionado a la quejosa, el que es significativo, por el tiempo que ha esperado para que se le defina el asunto y el dinero invertido en el mismo; y la falta de antecedentes disciplinarios de la investigada, lo que nos indica que en su vida profesional ha sido cumplidora con sus deberes, aspectos contenidos en el artículo 13 de la Ley 1123 e 2007, para la graduación de la referida sanción, la cual debe imponerse dentro de los límites señalado en lo principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad(29). (negrillas fuera del texto original).

Con base en lo anterior, mal se haría en confirmar íntegramente el fallo proferido el 31 de julio 2012, mediante el cual se le impuso como sanción la suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión, toda vez que se ha demostrado que no la doctora Gracia Hincapié registra antecedentes disciplinarios en su reporte personal, lo que permitirá reducir la sanción a suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión de abogado.

6. En la sentencia se usan en la fundamentación consideraciones y hechos propios de cargos en mi contra que fueron desestimados en la calificación provisional, lo cual viola el derecho de defensa, y genera nulidad procesal que se plantea con base en el artículo 29 de la Constitución Política.

Alegó la recurrente en este punto:

“en la motivación de la sentencia sancionatoria, el fallador de primera instancia, tomó y usó consideraciones contrarias a la que expresó en la desestimación de cargos, en la audiencia de calificación provisional, para motivar el cargo único que le endilgó a la disciplinada, con el fin de imponer la sanción, lo cual atenta contra el derecho de defensa y contradicción de la suscrita, en particular en la parte que usó para la dosificación de la sanción, en donde no tuvo en cuenta que en la suscrita no existen antecedentes disciplinarios. Pero puntualmente, en el fallo termino usando consideraciones propias de otros cargos que no vienen al cargo que se me formuló”(30).

Respecto de la sanción y la no existencia de antecedentes disciplinarios, esta corporación se pronunció en el acápite anterior, por eso no se repetirán esas consideraciones.

Con relación a la nulidad impetrada por la doctora Gracia Hincapié, en lo atinente a violación al derecho de defensa y contradicción, toda vez que se sustentó en el auto de cargos que le imputó la falta descrita en el literal c del artículo 34 de la Ley 1123, con base en argumentos de otras disposiciones por la cuales se le estaba acusando, esta Sala no comparte tal afirmación, ya que una vez analizado el audio de la audiencia del 26 de abril de 2012, diligencia en la que se le formularon cargos a la disciplinada, el magistrado de primera instancia indicó: “No se le señala en ningún momento reproche alguno sobre la diligencia y atención que tuvo sobre la actuación para la cual fue contratada, mucho menos por abandono de su labor, toda vez que renunció al poder que le confirieron sus mandantes, diseminando él mismo una posible indiligencia por parte de la abogada enjuiciada”; luego, el magistrado instructor se dedicó a pronunciarse sobre la advertencia de los riesgos e implicaciones jurídicas que la doctora Luz Carlina calló a sus poderdantes sobre el inicio del trámite judicial con una acción ya prescrita, lo que sus poderdantes bajo la gravedad del juramento afirmaron a lo largo del trámite disciplinario.

En ningún momento se evidencia lo alegado por la recurrente, es decir, que el a quo haya utilizado argumentos de otros cargos para fundamentar el que le fue imputado finalmente, por el contrario, como se mencionó anteriormente, utilizó los argumentos de la indiligencia que inicialmente le fue plasmada en la queja para exonerarla al respecto, y posteriormente solo se utilizó la falta por la que viene sancionada para emplear argumentos exclusivamente sobre la no advertencia a sus poderdantes de los riesgos que se presentaban al iniciar un trámite judicial con un título ejecutivo prescrito.

Por estas razones se desestima lo alegado por la disciplinada y no se evidencia causal alguna de nulidad.

7. Existencia de duda razonable.

En este punto argumentó la doctora Luz Carlina Gracia Hincapié:

“sin admitir o consentir en nada el fallo de primera instancia, alego en mi favor la existencia de una duda razonable, pues el caso se falló con el solo dicho de los quejosos en mi contra sin ninguna otra prueba distinta que la del contrato de prestación de servicios, en donde se consigna todo lo contrario a lo dicho de los quejosos. En efecto, aparece en dicho contrato que la obligación de la suscrita abogada para con los clientes-quejosos fue de medios y no de resultados, y no existe prueba en contrario por parte de estos que la abogada disciplinada les hubiese dado certeza de ningún riesgo ante el inicio del proceso ejecutivo, como dando a entender que les prometí un resultado”(31).

Consideró la disciplinada que se le está condenando únicamente con lo dicho por los quejosos y que para ella no es prueba suficiente para que se le imponga la sanción. Al respecto se le reitera a la apelante que el testimonio rendido tanto por la señora Patricia Sánchez como por su hija Carolina Pachón Sánchez, es prueba válida para que haga parte dentro del plenario disciplinario, medios probatorios aceptados por la ley colombiana para los fines presentes(32), resaltándose que se realizaron bajo la gravedad del juramento(33), y que tal como se expuso, las reglas de la experiencia sobre el asunto, en los términos razonados por la sala, afianzar el mérito de credibilidad de dichos testimonios.

De igual manera, el testimonio del doctor Ariel José Miranda Castillo, tal como lo señaló la primera instancia, no puede tenerse como absoluto, toda vez que a él no le consta los hechos que fueron puestos de presente en la queja, ya que afirmó que sí había escuchado a su colega Gracia Hincapié y a las señoras Patricia Sánchez y Carolina Pachón haberles comentado sobre “algún tema relacionado con una prescripción”(34), alrededor del mes de septiembre del año 2009, pero que no le constaba sobre qué versaba el problema jurídico que dio lugar al inicio de la labor de la togada Luz Carlina; testimonio que de ninguna manera prohíja la exculpación de la disciplinada, toda vez que el contrato de prestación de servicios(35) suscrito entre la señora Patricia Sánchez Carvajal y sus hijos y la abogada Luz Carlina Gracia Hincapié se firmó el día 16 de marzo de 2009, fecha que dista mucho del mes de septiembre en el que afirmó el testigo Miranda Castillo había escuchado sobre el tema de la prescripción entre la quejosa y disciplinada; quedando claro para esta corporación que al testigo no le constan los hechos que alega en su defensa la doctora Luz Carlina Gracia Hincapié.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO ACCEDER a la nulidad impetrada por la disciplinada conforme a lo motivado en esta providencia.

2. REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el día 31 de julio de 2012, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión de por el termino de cuatro (4) meses a la abogada Luz Carlina Gracia Hincapié, para en su lugar disminuir la sanción a dos (2) meses de suspensión, al hallarla responsable de la comisión de la falta descrita en el literal c del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia proferida el día 31 de julio de 2012, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

4. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

5. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese y cúmplase».

(13) Folio 152 cuaderno de primera instancia.

(14) Folio 134 cuaderno de primera instancia.

(15) Folio 153 cuaderno de primera instancia.

(16) Folio 154 cuaderno de primera instancia.

(17) Folio 66 cuaderno de primera instancia.

(18) Copia en audio de la audiencia en 1 cd a folio 72.

(19) Folio 158 cuaderno de primera instancia.

(20) Folio 5 ibídem.

(21) Folio 137-138 cuaderno de primera instancia

(22) Folio 158 cuaderno de primera instancia

(23) ART. 18.—Informar con veracidad a su cliente sobre las siguientes situaciones:

a) Las posibilidades de la gestión, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable;

(24) costas judiciales que ascendían a la suma de $ 2.750.000.

(25) Folio 160 cuaderno de primera instancia.

(26) Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(27) Teoría General del Derecho Disciplinario, Carlos Mario Isaza Serrano, segunda edición, editorial Temis, Bogotá D.C. págs. 215-216.

(28) Folios 30, 97 y 120 cuaderno de primera instancia.

(29) Radicado 660011102000201100463-01, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.

(30) Folio 161 cuaderno de primera instancia.

(31) Folio 162 cuaderno de primera instancia.

(32) ART. 175.—Medios de prueba: Código de Procedimiento Civil: sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicara las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.

(33) ART. 383.—Código de Procedimiento Penal: Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales.

ART. 389.—Código de Procedimiento Penal: Juramento.Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce.

(34) Audiencia del 28 de junio de 2012.

(35) Folio 5 ibídem.